Judiciales
Caso Horacelia: Monzón sostiene que se defendió y reclamó por suero de la verdad
El juicio oral por el femicidio de Horacelia Marasca (16), asesinada a puñaladas y descuartizada en 2015 en su casa de Villa Cabello, comenzó esta mañana y el único acusado del caso, Martín Monzón (39), mantuvo la versión de que la muerte de la adolescente se produjo durante un forcejeo defensivo de su parte y volvió a pedir para declarar bajo los efectos del “suero de la verdad”.
“Como sabía que desde el principio no me iban a creer, había solicitado a través de mi defensa que se me tome declaración bajo los efectos del suero de la verdad, porque encontraba en eso la única manera de hacer creíble mi relato”, sostuvo el imputado ante el Tribunal Penal Dos de Posadas, apenas se le concedió la palabra esta mañana, luego de la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa y de la apertura formal del proceso oral en el que cual se ventilará el femicidio registrado el 16 de agosto de 2015 en Posadas.
En esa misma instancia, Monzón señaló que no iba a responder preguntas ni agregar nada, solamente deseaba ratificar lo ya declarado en indagatorias producidas durante la etapa de investigación, que estuvo a cargo del magistrado Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis de Posadas.
“No deseo agregar otra cosa, solo que se lea mi declaración ya escrita, sin agregar, ni quitar nada hasta que se me conceda el derecho de declarar bajo el suero de la verdad, porque encuentro esa la única forma de hacer creíble mis palabras. No voy a responder ninguna pregunta”, recalcó respecto a su planteo, lo cual ya fue solicitado en instancias previas por su defensa y rechazado hasta por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia.
En consecuencia, el tribunal, presidido por el magistrado César Yaya e integrado por Gregorio Busse y Fernando Verón (subrogante), ordenó que se leyera ante las partes las declaraciones indagatorias vertidas por el imputado durante la etapa de instrucción y agregadas al expediente.
Martín Monzón, de 39 años, está detenido desde 2015 y puede ser condenado a prisión perpetua.
La teoría defensiva
Dichas declaraciones fueron vertidas el 28 de agosto y el 14 de septiembre de 2015 y en las dos Monzón refiere haberse defendido de una agresión inicial de Horacelia, situación que devino en un forcejo en el que la joven culminó con un cuchillo incrustado en el pecho.
En esas declaraciones, el imputado sostuvo que había conocido a Horacelia cuando esta trabajaba de enfermera en casa de su madre y él decidió pelearse con su familia para convivir con ella.
Sostuvo que a los pocos meses de relación la joven quedó embarazada y que al tener al pequeño comenzaron los problemas, la mayoría de ellos vinculados a cuestiones de “infidelidad”.
Sobre el día del hecho, recordó que esa noche (16 de agosto de 2015) Horacelia pretendió irse de la casa, pero él se opuso, lo cual dio inicio a una discusión en la que -según Monzón- él fue atacado primero.
“Se vistió y me dijo que iba a salir. Yo le negué. Ahí ella trajo un cuchillo, empezó a amenazarme y en el forcejeo se le clava el cuchillo en el pecho. Ahí tuve miedo y me deshice del cuerpo e hice como si fuese que ella se había ido”, dijo en su primera indagatoria.
Luego, en la ampliación dada en septiembre, agregó que “ella me atacó con una puñalada, yo le torcí el brazo y cayó al piso. En el forcejeo veo el cuchillo incrustado en el pecho. Empezó a salir mucha sangre y empezó a temblar. Me asusté. Yo la quería mucho”.
El acusado, ante el tribunal y el fiscal Vladimir Glinka.
Sobre lo realizado posterior al crimen, es decir, el desmembramiento del cuerpo, manifestó que “a la mañana llevé los restos, dos bolsas dejé en un contenedor, dos en un desagüe y otra en un caño. Pensé que nunca se iba a saber nada”.
Durante esas mismas indagatorias le preguntaron si sabía que la joven ya no tenía signos vitales cuando procedió a descuartizar el cadáver y respondió que “sí, le toqué el puso. Si estaba viva yo juro que iba a pedir ayuda”.
Al culminar la lectura de sus declaraciones, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta mañana, a partir de las 8.30, para comenzar la etapa de testimoniales.
Según fuentes consultadas por La Voz de Misiones, hay al menos 26 testigos, entre familiares, vecinos, peritos y profesionales de diversas áreas, citadas a prestar declaración.
En el debate interviene el fiscal Vladimir Glinka, mientras que el imputado cuenta con la representación del abogado defensor oficial Miguel Ángel Varela.
Monzón está detenido desde el inicio de la causa y está imputado por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”, que prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser hallado responsable.
Tres golpes y tres puñaladas
Previo a comparecer Monzón ante el estrado, en la sala de audiencias se procedió a la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa, formulada en su momento por la fiscal María Laura Álvarez.
En ese documento se plasman las pruebas obrantes en la causa, se traza la hipótesis acusatoria y se califica el hecho según el encuadre legal que se considera pertinente.
Allí se detalló que la investigación del caso comenzó el 17 de agosto de 2015, a las 8.30, cuando el propio Monzón se acercó a la Comisaría Séptima para denunciar la desaparición de su pareja. En esa instancia, aseguró que a las 00.30 de esa madrugada él la vio por última vez, cuando “dejó que se vaya” porque la joven quería “rehacer su vida”.
La pesquisa terminó develando cuestiones totalmente contrapuestas. Es que, en base a los elementos recolectados, se reconstruyó que la noche previa, es decir, el 16 de agosto, entre las 21.30 y las 23, mientras se disputaba un partido entre Arsenal y Boca Juniors, se produjo una discusión entre Horacelia y Monzón en el interior de departamento 3, de la planta baja del edificio A, de la chacra 150 de Villa Cabello, donde residían hace unos meses.
Monzón es representado por el defensor oficial Miguel Ángel Varela -a la derecha-.
La hipótesis acusatoria sostiene que la discusión se originó por una relación paralela de la adolescente, tras lo cual se inició una pelea, en la cual Horacelia recibió tres golpes, uno en la cara, que le provocó el desprendimiento de tres piezas dentarias, y tres puñaladas con un cuchillo tipo carnicero, una de 14 centímetros de profundidad, que le perforó el pulmón y el corazón.
Posteriormente, fue desmembrada en cinco partes, puestas en bolsas de consorcio y descartada en distintos puntos del barrio, algunos en desagües que desembocan en el arroyo Mártires.
Gran parte de los restos -no todos- fueron hallados horas después gracias a los señalamientos dados por el propio imputado, según se consigna en el requerimiento de elevación a juicio leído esta mañana ante todos los presentes en la sala de audiencias.
Antes de arrancar el juicio, en el marco de los planteos preliminares, el defensor Varela solicitó la nulidad de algunas medidas previas, referidas principalmente al rechazo de algunos testigos y al uso de pentotal sódico, pero el tribunal desestimó todos los pedidos.
La joven que denunció por abuso sexual al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, se constituyó como querellante particular y a través de su representante legal podrá ser parte activa del proceso judicial, con el impulso de medidas probatorias y responder planteos defensivos.
Los trámites correspondientes fueron completados ayer, en paralelo a la audiencia de ratificación de denuncia, y el requerimiento fue aceptado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, dependencia judicial que lleva adelante el expediente.
Es Balanda Gómez el que dirige la investigación del caso, mientras que la acción pública es impulsada por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, rol que ahora compartirá con la querella particular que represente los intereses de la denunciante e incluso pueden trabajar juntos, aunando criterios y colaborándose mutuamente en la recolección de pruebas.
Denuncia y ratificación
En su denuncia, la joven, que trabaja en el Concejo Deliberante de Caraguatay, acusó al intendente de ese mismo municipio por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
La presentación que dio inicio al expediente se radicó el 25 de febrero y fue ratificada ayer, con una ampliación de su declaración ante el magistrado que instruye la causa, quien ya dispuso una serie de medidas preventivas, como una restricción de acercamiento y contacto contra el intendente, y órdenes de allanamiento en busca de elementos de prueba.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el primer suceso denunciado ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Pedido de licencia
Si bien la presentación inicial se radicó el 25 de febrero, el caso tomó estado público ayer y después de la ratificación de la denuncia efectuada por la joven, el gobernador Hugo Passalacqua le pidió a Peyer que se tome licencie en el cargo y enfrente a la Justicia.
“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, comunicó el gobernador en su cuenta de X.
Passalacqua pidió que el intendente denunciado por abuso se tome licencia
El gobernador Hugo Passalacqua le solicitó al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, denunciado por abuso sexual contra una trabajadora del Concejo Deliberante de esa localidad, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia.
El mandatario provincial hizo público su pedido a través de un posteo en su cuenta de X, donde esta noche escribió: “Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”.
Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera…
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) March 12, 2026
Denuncia y ratificación
El pedido del gobernador llega luego de que se hiciera público una grave denuncia que data contra el intendente desde el 25 de febrero pasado, cuando una empleada del Concejo Deliberante de Caraguatay acudió a la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico para realizar una presentación en la que acusaba al jefe comunal por hechos de acoso y abuso sexual.
El asunto tomó mayor relevancia este miércoles, luego de la que muchacha compareciera ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, para ampliar su denuncia y en dicha audiencia ratificara cada una de las acusaciones.
En esa instancia, la mujer dio un pormenorizado relato de los hechos padecidos, con precisión de días, horarios, circunstancias y modos.
Según pudo saber La Voz de Misiones, la joven relató que los hechos ocurrieron el año pasado. El primer suceso se dio el 8 de julio del año pasado, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, entre lágrimas y visiblemente conmovida, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Meses más tarde la mujer encontró contención en una abogada local que se interiorizó en el caso y le recomendó accionar penalmente, lo cual finalmente ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando radicaron la denuncia inicial ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, que en ese momento era subrogado por Jorge Fernández y que ahora nuevamente se encuentra a cargo de su titular Héctor Simón.
Como cierre de su testimonio, la denunciante agregó que el último sábado, a la medianoche, el intendente pasó en cercanías a su a casa a bordo de la camioneta del municipio y efectuó gestos amenazantes contra su hija de menor.
Con los elementos recolectados hasta el momento y atento a la inmunidad de arresto que Peyer goza por sus fueros como intendente, el juez Balanda Gómez dispuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante, entre otras medidas, principalmente de contención a la víctima y de recolección de pruebas para avanzar con la causa que, preliminarmente, configuraría delitos de “abuso sexual con acceso carnal”.
Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay
Contundente, detallado y angustiante. Así fue catalogada la ratificación de la denuncia por abuso sexual realizada hoy por una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay contra el intendente del mismo municipio, Mario Peyer, quien goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde pero que ya fue notificado de la instrucción de una causa penal en su contra y recibió una restricción de acercamiento hacia la víctima, entre otras medidas preventivas dispuesta por la Justicia.
Aunque los hechos descritos ocurrieron el año pasado, la denuncia que disparó el caso fue radicada el pasado 25 de febrero ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico y esta mañana la mujer fue citada a ratificar su presentación ante el Juzgado de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, donde brindó un pormenorizado relato de los sucesos padecidos ante el alcalde.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la mujer se presentó ante el juzgado que dirige el magistrado Manuel Balanda Gómez acompañada de su abogada y en su declaración ratificó las acusaciones, brindando un detallado relato con precisiones de días, horarios, lugares, circunstancias y modos en que ocurrieron los hechos.
La mujer contó que todo comenzó con miramientos, tocamientos y expresiones indebidas del intendente hacia ella, pero la situación se agravó el último 4 de septiembre, cuando el acusado se presentó en el Concejo Deliberante con obsequios para las trabajadores del lugar en el marco del Día de la Secretaria.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina donde estaba la denunciante y tras entregarle una caja de bombones y después de compartir una breve conservación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, entre lágrimas y visiblemente conmovida, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Meses más tarde la mujer encontró contención en una abogada local que se interiorizó en el caso y le recomendó accionar penalmente, lo cual finalmente ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando radicaron la denuncia inicial ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, que en ese momento era subrogado por Jorge Fernández y que ahora nuevamente se encuentra a cargo de su titular Héctor Simón.
Como cierre de su testimonio, la denunciante agregó que el último sábado, a la medianoche, el intendente pasó en cercanías a su a casa a bordo de la camioneta del municipio y efectuó gestos amenazantes contra su hija de menor.
Con los elementos recolectados hasta el momento y atento a la inmunidad de arresto que Peyer goza por sus fueros como intendente, el juez Balanda Gómez dispuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante, entre otras medidas, principalmente de contención a la víctima y de recolección de pruebas para avanzar con la causa que, preliminarmente, configuraría delitos de “abuso sexual con acceso carnal”.
Es la Ley Orgánica de Municipales que protege a Peyer de una medida coercitiva en su contra, aunque no impide que el implicado sea objeto de una investigación penal e incluso puede ser citado a prestar declaración indagatoria, lo cual podría ocurrir en los próximos días.
En ese panorama, fuentes de LVM explicaron que el Concejo Deliberante local tiene la potestad de actuar de oficio, solicitar informes a la Justicia y en base a eso decidir si avanza o no en un posible juicio política para desaforar al intendente.
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