Judiciales
Penas de 7 y 8 años para narco paraguayo González Rojas y su banda
El debate oral debía empezar a fines de marzo, pero a último momento el sindicado narco paraguayo Eduardo González Rojas y su banda, vinculados a un cargamento de 8 toneladas de marihuana, acordaron un juicio abreviado que ahora se transformó en sentencia con penas de entre 8 y 7 años de prisión.
Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el extranjero fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión como coautor del delito de “transporte de estupefacientes agravado por la participación tres o más personas”, por lo que deberá continuar privado de su libertad.
Por su parte, sus cómplices Román Héctor Villán y Romina Analía Villán recibieron penas de 8 y 7 años de cárcel por el mismo delito.
El juicio abreviado fue firmado mediante un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y los acusados, quienes de esta manera debieron admitir su responsabilidad en los hechos endilgados.
La firma de este acuerdo obligó a la suspensión del debate oral que fue programa en varias oportunidades y cuya última fecha de inicio había sido programada para el 26 de marzo.
El acta fue analizada por los magistrados del Tribunal Oral Federal de Posadas, quienes recientemente homologaron el acuerdo, según confirmaron voceros de LVM.
El fallo también establece el decomiso de gran parte de los bienes y de la logística empleada por la banda para llevar adelante sus actividades vinculadas al narcotráfico.
Entre los elementos secuestrados hay, por ejemplo, casi 20.000 dólares, medio millón de pesos, dos camionetas, dos motocicletas Yamaha, una lancha y armas de fuego de diverso calibre.
Operativo Puerto Verde
La causa comenzó a investigarse a mediados de 2019 y tuvo su broche de oro durante una serie de procedimientos simultáneos realizados en octubre de 2020 en las localidades de Posadas, Gobernador Roca, Jardín América, Puerto Rico, Colonia Polana y Colonia Gisela.
El operativo, bautizado “Puerto Verde” por el ministerio de Seguridad de la Nación, fue ejecutado por el personal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y culminó con la detención de los implicados, además del secuestro de un camión con ocho toneladas de marihuana, vehículos, lanchas, armas y dinero, tanto en pesos como en dólares.
La pesquisa global, basada en seguimientos y escuchas telefónicas, determinó que González Rojas, de nacionalidad paraguaya, de profesión abogado y con negocios inmobiliarios en Encarnación, aparecía como el “cabecilla” de una organización con base en Jardín América dedicada al tráfico de estupefacientes hacia Buenos Aires.
Según se desprende de la investigación, las cargas de marihuana eran ingresadas desde Paraguay y el grupo contaba con una serie de fincas ubicadas en cercanías al río para el acopio de los cargamentos hasta su envío hacia sus puntos de destino en la capital del país.
Ejemplo de ese ardid fue la maniobra que el día del operativo Puerto Verde pretendían ejecutar. En esa oportunidad, la GNA incautó un camión Volvo NL-114 con más ocho toneladas de marihuana en un inmueble ubicado en cercanías a la ruta provincial 6, en Roca Chica, localidad de Gobernador Roca.
Los Villán operaban en suelo misionero desde sus casas en Jardín América, mientras González Rojas residía en Paraguay y cruzaba asiduamente (e ilegalmente) el río Paraná en lanchas. Se alojaba en hoteles y se movía en autos de alta gama. Al momento de su detención, tenía 8.000 dólares consigo.
Inicialmente la causa fue llevada adelante por la Fiscalía y el Juzgado Federal de Posadas, pero luego pasó a la órbita del Juzgado Federal de Oberá, cuyas autoridades finalmente dispusieron la elevación a juicio del expediente en mayo de 2022.
La audiencia de declaración indagatoria solicitada esta mañana por el ahora ex diputado Germán Kiczka (44) se extendió durante tres horas, instancia en la que se desligó de la notebook donde se detectaron más de 600 archivos con material de abuso sexual infantil (Masi) y atribuyó su viaje a Loreto (Corrientes) a un “retiro espiritual”, aunque no respondió ninguna de las preguntas formuladas por las autoridades judiciales que investigan el caso.
La comparecencia del ex legislador ante el juez Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, se desarrolló desde las 10 hasta las 13 de hoy, lapso en el cual el imputado ensayó una estrategia defensiva que consistió en desligarse de la notebook Acer que contiene gran parte del material probatorio que hoy lo mantiene preso y acusado por el delito de tenencia y distribución de archivos Masi, figura encuadrada bajo el artículo 128 del Código Penal de la Nación.
Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, al momento de declarar el apostoleño admitió el consumo de pornografía, aunque negó observar imágenes de pedofilia y tampoco se hizo cargo de la computadora portátil que fue incautada en la casa de su padre durante el allanamiento que disparó la causa a fines de febrero.
Kiczka afirmó que en 2019 dejó esa computadora en la casa de su padre -donde también reside su hermano Sebastián (47)- y que desde ese momento nunca más la manipuló, versión que se contradice con las pruebas que la Justicia considera tener para sostener la acusación en su contra.
“La notebook tenía su foto, su cuenta de usuario, su email. Incluso se halló una foto en la que él aparece en la oficina de la cigarrera utilizando esa misma notebook incautada”, graficó un vocero con acceso al expediente.
En otro tramo de la declaración el ex diputado de Activar, partido creado por Pedro Puerta, negó haberse fugado y argumentó que su presencia en el camping de Loreto (Corrientes) obedecía a “un retiro espiritual” para sobrellevar una discusión que había mantenido con su pareja y evadir el “asedio” de los medios de comunicación.
Al término de la audiencia, Kiczka volvió a ser trasladado a la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, donde permanece privado de su libertad desde el 31 de agosto, días después de ser capturado gracias a una vecina que lo reconoció en el camping donde se ocultaba desde antes de su desafuero.
En la misma cárcel, aunque en diferente pabellón, se encuentra su hermano Sebastián (47), imputado en el mismo expediente, aunque con pruebas que podrían agravar su acusación.
FOTO: Canal 12 – Marcos Otaño.
El -hasta hoy- diputado provincial Germán Kiczka pidió declarar ante la Justicia este jueves, trámite que se da horas antes de la sesión donde se tratará su expulsión de la Legislatura.
Según consignaron fuentes consultadas, a través de su abogado defensor, el apostoleño pidió declarar y la Justicia programó la audiencia para hoy a la mañana.
El detenido llegó al juzgado cerca de las 10, en medio de un amplio operativo de seguridad, tal y como sucedió en cada traslado.
De esta manera, Kiczka brindará su primera declaración judicial en el marco de la causa que lo tiene imputado por tenencia y distribución de archivos con material de abuso sexual infantil (Masi).
La audiencia será ante el magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, quien lleva adelante la causa que también compromete a Sebastián Kiczka, hermano del diputado, también preso en la cárcel de Cerro Azul.
En paralelo a la causa judicial, en la Legislatura hoy se tratará pedido de expulsión de Germán Kiczka luego del dictamen firmado por la comisión investigadora que se formó para analizar el caso.
El Tribunal Penal Uno de Oberá condenó ayer a la pena de 12 años de prisión a un hombre que llegó a juicio acusado de violar en dos oportunidades a su hija menor de edad, hechos que se registraron en la vivienda donde residían en la localidad de San Vicente.
La investigación del caso comenzó el 12 de abril de 2021, cuando la víctima, de 12 años, contó que su padre abusó de ella en dos ocasiones, tras lo cual el implicado fue detenido y ahora la causa llegó a juicio oral, proceso que se desarrolló ante el tribunal obereño, integrado por los magistrados Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Erasmo Villalba (subrogante).
Según indicaron fuentes del caso, al momento de declarar en Cámara Gesell la niña ratificó los hechos y contó que el primer abuso se concretó cuando ella tenía 10 años, mientras que el segundo ataque se produjo un año más tarde. Los dos sucesos se registraron en la vivienda donde residían en cercanías a la ruta nacional 14, en la localidad de San Vicente.
En esa misma instancia, la víctima también relató que después de cada hecho su padre la amenazaba con degollarla en caso que de cuente lo sucedido.
El expediente iniciado contra el acusado, identificado como T. T. B. -su nombre completo se preserva para no identificar a la víctima- fue ventilado en debate oral ayer y el tribunal lo condenó a 12 años de prisión como autor del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo”.
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