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Misionera fue condenada junto a banda de policías secuestradores en La Matanza

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Una misionera que integraba las filas de la Policía Bonaerense fue condenada a 5 años de prisión por ser parte de una organización criminal formada con camaradas de la misma fuerza de seguridad y que se dedicada a cometer secuestros extorsivos en el partido de La Matanza.

La implicada se trata de María Teresa Schinocca, de 41 años, oriunda de Posadas y con último domicilio radicado en la localidad de Villa Madero, en La Matanza, donde se desempeñaba como sargento de la Policía de la provincia de Buenos Aires. 

La mujer, junto a otros seis imputados, la mayoría de ellos también uniformados, fue condenada recientemente tras una sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de San Martín.

La misionera recibió una pena de 5 años de prisión por al ser considerada partícipe secundaria de dos hechos caratulados judicialmente como “secuestro extorisvo agravado por su ejecución perteneciendo a la Policía de la provincia de Buenos Aires y por la participación de tres o más personas” y “robo agravado por haberse cometido con armas de fuego; en lugar poblado y en banda”.

La implicada había llegada a instancia de juicio cumpliendo arresto domiciliario pero ahora, tras el fallo dictado, se dispuso su excarcelación bajo caución juratoria y con una prohibición de salida del país vigente.

Policías secuestradores

La causa por la cual Schinocca ahora fue condenada se inició a a fines de 2020, cuando se descubrió que un grupo de policías bonaerenses se dedicaban a tender trampas a conocidos delincuentes para luego detenerlos, secuestrarlos y cobrar rescate por su liberación.

El primer caso se supo el 28 de septiembre a la noche, cuando cuatro jóvenes de Ciudad Oculta llegaron a la puerta del hospital Ballestini de La Matanza siguiendo instrucciones de un hombre identificado como “Pelado”, quien había prometido un robo como trabajo.

Sin embargo, apenas llegaron fueron embestidos por un patrullero Ford Ranger de la Bonaerense y arrinconados por policías armados, que detuvieron y maniataron a los cuatro jóvenes.

Los sindicados delincuentes finalmente fueron trasladados a una comisaría donde un policía los amenazó con “armarles una causa” y dejarlos detenidos si no reunían 300.000 pesos en efectivo en una hora.

Los detenidos comenzaron a comunicarse con familiares y amigos hasta que reunieron el dinero requerido para recuperar la libertad, aunque durante el transcurso de las “negociaciones” fueron golpeados y torturados.

Tan solo un mes después se concretó otro caso bajo el mismo modus operandi: promesa robo, operativo, secuestro y pedido de rescate.

Más tarde se supo que “Pelado” era, en realidad, Ramón Eduardo Medina, entrerriano, único civil de la banda, que operaba como el entregador de las víctimas.

De ahí, poco a poco los investigadores fueron identificando a los demás implicados, entre los que se encontraba la misionera Schinocca, que fue una de las primeras en ser detenida.

Casi cuatro años después, la banda llegó a juicio oral. El subcomisario Héctor Ricardo García y el teniente Daniel Alfredo Inverardi, los oficiales de mayor rango tanto en la estructura como policía como en el armado de la banda criminal paralela, recibieron las penas más importantes: 15 y 14 años de prisión, respectivamente. Los dos permanecen detenidos en la cárcel de Marcos Paz.

La sentencia, que lleva la firma de los magistrados Walter Venditti, Daniel Gutiérrez y Fernando Machado Pelloni, dispuso además la extracción de los testimonios vertidos en el juicio para iniciar al menos cuatro nuevas causas por más delitos.

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Oberá: 14 y 16 años de prisión para acusados de matar a golpes a un indigente

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El Tribunal Penal Uno de Oberá resolvió condenar a penas de 14 y 16 años de prisión a los dos jóvenes acusados de matar a golpes a un hombre en situación de calle durante un hecho registrado en agosto de 2024.

La sentencia impartida por los magistrados Horacio Paniagua, David Milicich y Graciela Heppner (subrogante) coincidió plenamente con el pedido efectuado minutos antes por el fiscal Juan Pablo Fernández Rissi durante la ronda de alegatos.

En su exposición, el fiscal calificó que los acusados actuaron con una “violencia irrefrenable contra la humanidad de la víctima” y entendió que ambos debían ser condenados.

El pedido fue formulado a media mañana, durante el inicio de la ronda de alegatos, desarrollada luego de la etapa de incorporación de pruebas en la que declararon una decena de testigos del hecho ocurrido el 21 de agosto de 2024 en perjuicio de Miguel Ángel García (55).

Fernández Rissi consideró acreditado el hecho y también la coautoría de los imputados Franco Ezequiel Paz (25) y Sergio Fabián Valenzuela (36) en el delito de “homicidio simple”.

“Sometimiento sin defensa”

El fiscal reconstruyó que ese 21 de agosto, a las 3 de la madrugada, García, que estaba en situación de calle, dormía frente a la sede de Rentas en Oberá, donde se encontraba junto a otras personas hasta que fue abordado y atacado por los acusados.

Según sus palabras, los imputados “propinaron una brutal agresión con golpes de puño y patadas y también con un elemento contundente tipo palo, provocando severísimas lesiones en la cabeza” de la víctima.

Se apoyó en el testimonio de los demás presentes en el lugar del hecho para afirmar que “la víctima estaba acostada, en estado de indefensión” y que “el ataque se prolongó durante varios minutos en los cuales anularon la defensa que pudieran intentar las personas que estaban con García”.

“Esto fue un homicidio doloso. Hubo un sometimiento sin defensa. Hubo dolo de golpear indiscriminadamente, en zonas vitales y sin detenerse por voluntad propia”, resumió Fernández Rissi.

En ese marco, pidió que ambos imputados sean condenados por homicidio simple. Para Paz pidió 14 años de prisión, mientras que para Valenzuela pidió 16 en virtud de registrar antecedentes condenatorios.

Filmaciones

El defensor oficial Matías Olivera, en tanto, cuestionó que durante la instrucción no se ordenaron las medidas suficientes para recabar filmaciones de cámaras de seguridad que pudieran dar certezas sobre lo ocurrido y alegó que esa situación vulneró el derecho de defensa de sus pupilos.

Olivera sostuvo que sus defendidos no niegan su presencia en el lugar del hecho, aunque consideró que no se pudo acreditar qué golpe fue causante de la fractura de cráneo en la víctima, como así tampoco quién fue el autor de dicha agresión.

“A lo mejor el golpe con el palo lo dio otro en medio del tumulto con las otras personas estaban en el lugar”, estimó Olivera.

En ese marco, solicitó que sus defendidos sean condenados a penas de 2 y 3 años como autores del delito de “lesiones graves en riña” y no por homicidio al considerar que García tuvo posibilidad de “sobrevida”.

Oberá: arranca el juicio a dos acusados de matar a golpes a un indigente

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Oberá: arranca el juicio a dos acusados de matar a golpes a un indigente

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Este martes, desde las 8.30, el Tribunal Penal Uno de Oberá juzgará a los dos jóvenes acusados de propinar una golpiza que derivó en la muerte de un hombre en situación de calle.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 21 de agosto de 2024 y la víctima fue identificada como Miguel Ángel García (55), un hombre que solía pasar las noches en el edificio de Rentas, ubicada sobre la avenida Sarmiento, entre calles Erasmie y 12 de Octubre de Oberá.

En ese lugar, aproximadamente a las 3 de la madrugada de aquel día, fue atacado a golpes de puños y patadas por dos jóvenes que más tarde fueron identificados como Franco Ezequiel Paz y Sergio Fabián Valenzuela, quienes finalmente fueron detenidos y ahora enfrentarán debate oral.

Como consecuencia de los golpes, García sufrió lesiones gravísimas y una semana después murió en el hospital con cuadro de hemorragia intracraneal.

Los dos acusados están imputados por el delito de “homicidio simple”, figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión. Uno de ellos arrastra en su prontuario una condena anterior por robo calificado. Hay nueve testigos citados a declarar. 

El tribunal encargado de llevar adelante el proceso estará integrado por los magistrados Horacio Paniagua, David Milicich y Graciela Heppner (subrogante). En la fiscalía intervendrá Juan Pablo Fernández Rissi, en tanto que como defensor oficial estará Matías Olivera, que aguarda acuerdo legislativo para ser designado como juez del mismo organismo.

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Imputado por muerte del gendarme Barreto pidió perdón: “No quise hacer daño”

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“Nunca quise hacer daño, fue un accidente y quiero pedir disculpas a la familia”, expresó esta mañana Rodrigo Dias Da Silva (27) en el inicio del juicio oral donde se determinará su responsabilidad por chocar y matar al gendarme Chato Barreto a bordo de una camioneta repleta de cigarrillos de contrabando dos años atrás en Santa Ana.

Da Silva llegó a esta instancia detenido y así continuará debido a que el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, presidido por la magistrada Ruth María Ponce de León e integrado por Gustavo Cardozo y Enrique Bosch (subrogante), prorrogó su prisión preventiva.

En la audiencia de hoy se leyó el auto de elevación a juicio del expediente, se resolvieron cuestiones preliminares planteadas por las partes y el tribunal le dio al imputada la posibilidad de declarar. Da Silva rechazó la oportunidad, aunque si aprovechó para dar unas palabras.

“Durante mucho tiempo se habló mucho de mí, pero no soy malo. Sé que el cigarrillo no es un delito mayor, yo nunca tuve quise hacer daño, lo que hice fue un accidente, fue todo muy rápido y salió mal”, expresó el joven oriundo de Oberá, aunque con domicilio en San Vicente ante el tribunal.

Y, entre lágrimas, pidió perdón: “Quiero pedirle disculpas a la familia y mis condolencias. Nunca, jamás, quise hacer daño”.

El debate oral continuará el próximo lunes con la declaración de los primeros testigos citados. En la fiscalía interviene Pablo Di Loreto, en tanto que también abogadas representantes de Defensorías Públicas de Víctimas, mientras que Da Silva es defendido por el letrado particular Carlos Luis Ferreyra. 

Dias Da Silva no declaró y solo se limitó a expresar disculpas por el hecho.

Fuga, choque y muerte

El hecho que se ventila en debate ocurrió hace exactamente dos años, sobre la ruta provincial 103, poco después del ingreso al Parque Temático de la Cruz de Santa Ana.

Robert David “Chato” Barreto (31) era uno de los gendarmes apostados sobre la ruta cuando Da Silva embistió el control vehicular a toda velocidad.

Según la reconstrucción del hecho, Barreto estaba apostado sobre la doble línea amarilla de la ruta, al lado de un cono vial, y al ver que la camioneta Volkswagen Amarok avanzaba en contramano corrió hacia la banquina para resguardarse.

En esas circunstancias, fue embestido, quedó tendido sobre el capot y fue arrastrado varios metros hasta que se produjo el despiste de la camioneta y fue despedido violentamente.

El gendarme atropellado quedó severamente herido al costado de la ruta y alcanzó a ser asistido, aunque falleció horas después en el hospital.

La camioneta que era conducida por Da Silva tenía pedido de secuestro por robo en la ciudad bonaerense de Quilmes y en su interior transportaba 20.000 paquetes de cigarrillos Eight valuados en más de 22 millones de pesos.

Contrabandista que chocó y mató a un gendarme irá a juicio el lunes

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