Judiciales
Misionera fue condenada junto a banda de policías secuestradores en La Matanza
Una misionera que integraba las filas de la Policía Bonaerense fue condenada a 5 años de prisión por ser parte de una organización criminal formada con camaradas de la misma fuerza de seguridad y que se dedicada a cometer secuestros extorsivos en el partido de La Matanza.
La implicada se trata de María Teresa Schinocca, de 41 años, oriunda de Posadas y con último domicilio radicado en la localidad de Villa Madero, en La Matanza, donde se desempeñaba como sargento de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
La mujer, junto a otros seis imputados, la mayoría de ellos también uniformados, fue condenada recientemente tras una sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de San Martín.
La misionera recibió una pena de 5 años de prisión por al ser considerada partícipe secundaria de dos hechos caratulados judicialmente como “secuestro extorisvo agravado por su ejecución perteneciendo a la Policía de la provincia de Buenos Aires y por la participación de tres o más personas” y “robo agravado por haberse cometido con armas de fuego; en lugar poblado y en banda”.
La implicada había llegada a instancia de juicio cumpliendo arresto domiciliario pero ahora, tras el fallo dictado, se dispuso su excarcelación bajo caución juratoria y con una prohibición de salida del país vigente.
Policías secuestradores
La causa por la cual Schinocca ahora fue condenada se inició a a fines de 2020, cuando se descubrió que un grupo de policías bonaerenses se dedicaban a tender trampas a conocidos delincuentes para luego detenerlos, secuestrarlos y cobrar rescate por su liberación.
El primer caso se supo el 28 de septiembre a la noche, cuando cuatro jóvenes de Ciudad Oculta llegaron a la puerta del hospital Ballestini de La Matanza siguiendo instrucciones de un hombre identificado como “Pelado”, quien había prometido un robo como trabajo.
Sin embargo, apenas llegaron fueron embestidos por un patrullero Ford Ranger de la Bonaerense y arrinconados por policías armados, que detuvieron y maniataron a los cuatro jóvenes.
Los sindicados delincuentes finalmente fueron trasladados a una comisaría donde un policía los amenazó con “armarles una causa” y dejarlos detenidos si no reunían 300.000 pesos en efectivo en una hora.
Los detenidos comenzaron a comunicarse con familiares y amigos hasta que reunieron el dinero requerido para recuperar la libertad, aunque durante el transcurso de las “negociaciones” fueron golpeados y torturados.
Tan solo un mes después se concretó otro caso bajo el mismo modus operandi: promesa robo, operativo, secuestro y pedido de rescate.
Más tarde se supo que “Pelado” era, en realidad, Ramón Eduardo Medina, entrerriano, único civil de la banda, que operaba como el entregador de las víctimas.
De ahí, poco a poco los investigadores fueron identificando a los demás implicados, entre los que se encontraba la misionera Schinocca, que fue una de las primeras en ser detenida.
Casi cuatro años después, la banda llegó a juicio oral. El subcomisario Héctor Ricardo García y el teniente Daniel Alfredo Inverardi, los oficiales de mayor rango tanto en la estructura como policía como en el armado de la banda criminal paralela, recibieron las penas más importantes: 15 y 14 años de prisión, respectivamente. Los dos permanecen detenidos en la cárcel de Marcos Paz.
La sentencia, que lleva la firma de los magistrados Walter Venditti, Daniel Gutiérrez y Fernando Machado Pelloni, dispuso además la extracción de los testimonios vertidos en el juicio para iniciar al menos cuatro nuevas causas por más delitos.
El maestro del Instituto Adventista Alta Gracia, detenido desde el 23 de junio por delito contra la integridad sexual de una alumna, recibió otra denuncia por un hecho similar y mañana enfrentará una nueva audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Juan Manuel Monte.
La nueva presentación en contra de Pedro N. (55) fue radicada ayer a la mañana en la sede del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, dependencia que ahora suma cuatro denuncias en contra del mismo sospechoso, aunque el número podría aumentar debido a que se aguarda la recepción de los expedientes iniciados en el Juzgado de Instrucción Tres.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el docente continúa detenido y su defensa ya planteó un pedido de excarcelación, aunque el trámite recién será resuelto una vez que el implicado comparezca a otra indagatoria por la última denuncia recibida en su contra.
En la audiencia de la semana pasada el maestro se abstuvo de declarar y allí mismo fue formalmente imputado por hechos que configurarían abuso sexual simple.
Esa misma imputación recayó contra él en 2015, cuando fue denunciado por lo mismo y ante otra alumna del Alta Gracia, institución que ante los hechos recientes informó su “desvinculación inmediata”.
Por esa denuncia anterior Pedro N. afrontó un proceso judicial que e extendió durante varios años hasta que en 2018 se le dictó falta de mérito y dos años más tarde recibió el sobreseimiento, aunque esa resolución aún no está firme por lo que su situación es pasible de cambiar conforme al avance de esta nueva investigación.
Su situación actual ahora depende del avance la pesquisa que instruye el juez Monte, quien aguarda el resultado de pericias telefónicas y el informes de las cámaras Gesell efectuadas con las niñas denunciantes.
Maestro detenido por abuso había sido denunciado por lo mismo en 2015
El Tribunal Penal Uno de Posadas, en un fallo dividido, resolvió rechazar el pedido de cese de prisión preventiva o, de forma subsidiaria, el otorgamiento de arresto domiciliario para el ex diputado provincial Germán Kiczka (46), que de esta manera continuará cumpliendo su pena de 14 años de prisión por delitos con archivos Masi en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
Fueron los magistrados Gustavo Bernie y César Yaya (subrogante) los que votaron contra el pedido formulado por el abogado defensor Gonzalo De Paula, mientras que Viviana Cukla opinó en disidencia. La jueza rechazó el cese de la prisión preventiva, pero se mostró a favor del otorgamiento de la prisión domiciliaria con tobillera.
Previo a la decisión de los jueces, el fiscal Vladimir Glinka también había dictaminado en contra del pedido defensivo, alegando, entre otras cosas, que un arresto domiciliario implicaba un riesgo de fuga.
En su dictamen, el fiscal consideró que “no resultaba posible equiparar la situación de una persona imputada sin sentencia condenatoria con la de quien ya fue condenado, aun cuando el pronunciamiento no se encontrara firme. Sobre esa base, consideró que la sentencia condenatoria no firme, la gravedad de la pena impuesta y el estado procesal de la causa constituían elementos relevantes para ponderar la subsistencia del riesgo de elusión procesal. En particular, sostuvo que la prisión domiciliaria con control electrónico no neutralizaría adecuadamente el riesgo de fuga”.
De esta manera, el ex diputado condenado a 14 años de prisión como autor de los delitos de “tenencia, facilitación y distribución de archivos con material de abuso sexual infantil (Masi), agravado por ser las víctimas menores de 13 años en concurso real”, continuará purgando su pena en la cárcel de Cerro Azul.
La sentencia emitida en abril del año pasado fue recurrida y aguarda un análisis del Superior Tribunal de Justicia (STJ), razón por la cual la condena aún no está firme, argumento utilizado para solicitar el cese de la prisión preventiva.
El tratamiento del pedido formulado por la defensa comenzó en paralelo al anuncio de una huelga de hambre anunciada por los hermanos Germán y Sebastián Kiczka (48) luego de una requisa en la que detectaron que tenían dispositivos electrónicos ocultos en su celda a fines de mayo.
Fundamentos del fallo contra los Kiczka: “Cada uno actuó de manera autónoma”
Pedro N. (55), el docente detenido tras una serie de denuncias por hechos contra la integridad sexual de sus alumnas en el Instituto Adventista Alta Gracia, se abstuvo de declarar ayer ante la Justicia.
El maestro compareció ayer ante el magistrado Juan Manuel Monte, guardó silencio al momento de la indagatoria y fue imputado por hechos que configurarían abuso sexual simple.
Esa misma imputación recayó contra él en 2015, cuando fue denunciado por lo mismo y ante otra alumna del Alta Gracia, institución que ante los hechos recientes informó su “desvinculación inmediata”.
Por esa denuncia anterior Pedro N. afrontó un proceso judicial que e extendió durante varios años hasta que en 2018 se le dictó falta de mérito y dos años más tarde recibió el sobreseimiento, aunque esa resolución aún no está firme por lo que su situación es pasible de cambiar conforme al avance de esta nueva investigación.
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