Judiciales
Misionera fue condenada junto a banda de policías secuestradores en La Matanza
Una misionera que integraba las filas de la Policía Bonaerense fue condenada a 5 años de prisión por ser parte de una organización criminal formada con camaradas de la misma fuerza de seguridad y que se dedicada a cometer secuestros extorsivos en el partido de La Matanza.
La implicada se trata de María Teresa Schinocca, de 41 años, oriunda de Posadas y con último domicilio radicado en la localidad de Villa Madero, en La Matanza, donde se desempeñaba como sargento de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
La mujer, junto a otros seis imputados, la mayoría de ellos también uniformados, fue condenada recientemente tras una sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de San Martín.
La misionera recibió una pena de 5 años de prisión por al ser considerada partícipe secundaria de dos hechos caratulados judicialmente como “secuestro extorisvo agravado por su ejecución perteneciendo a la Policía de la provincia de Buenos Aires y por la participación de tres o más personas” y “robo agravado por haberse cometido con armas de fuego; en lugar poblado y en banda”.
La implicada había llegada a instancia de juicio cumpliendo arresto domiciliario pero ahora, tras el fallo dictado, se dispuso su excarcelación bajo caución juratoria y con una prohibición de salida del país vigente.
Policías secuestradores
La causa por la cual Schinocca ahora fue condenada se inició a a fines de 2020, cuando se descubrió que un grupo de policías bonaerenses se dedicaban a tender trampas a conocidos delincuentes para luego detenerlos, secuestrarlos y cobrar rescate por su liberación.
El primer caso se supo el 28 de septiembre a la noche, cuando cuatro jóvenes de Ciudad Oculta llegaron a la puerta del hospital Ballestini de La Matanza siguiendo instrucciones de un hombre identificado como “Pelado”, quien había prometido un robo como trabajo.
Sin embargo, apenas llegaron fueron embestidos por un patrullero Ford Ranger de la Bonaerense y arrinconados por policías armados, que detuvieron y maniataron a los cuatro jóvenes.
Los sindicados delincuentes finalmente fueron trasladados a una comisaría donde un policía los amenazó con “armarles una causa” y dejarlos detenidos si no reunían 300.000 pesos en efectivo en una hora.
Los detenidos comenzaron a comunicarse con familiares y amigos hasta que reunieron el dinero requerido para recuperar la libertad, aunque durante el transcurso de las “negociaciones” fueron golpeados y torturados.
Tan solo un mes después se concretó otro caso bajo el mismo modus operandi: promesa robo, operativo, secuestro y pedido de rescate.
Más tarde se supo que “Pelado” era, en realidad, Ramón Eduardo Medina, entrerriano, único civil de la banda, que operaba como el entregador de las víctimas.
De ahí, poco a poco los investigadores fueron identificando a los demás implicados, entre los que se encontraba la misionera Schinocca, que fue una de las primeras en ser detenida.
Casi cuatro años después, la banda llegó a juicio oral. El subcomisario Héctor Ricardo García y el teniente Daniel Alfredo Inverardi, los oficiales de mayor rango tanto en la estructura como policía como en el armado de la banda criminal paralela, recibieron las penas más importantes: 15 y 14 años de prisión, respectivamente. Los dos permanecen detenidos en la cárcel de Marcos Paz.
La sentencia, que lleva la firma de los magistrados Walter Venditti, Daniel Gutiérrez y Fernando Machado Pelloni, dispuso además la extracción de los testimonios vertidos en el juicio para iniciar al menos cuatro nuevas causas por más delitos.
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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