Judiciales
Misionera fue condenada junto a banda de policías secuestradores en La Matanza
Una misionera que integraba las filas de la Policía Bonaerense fue condenada a 5 años de prisión por ser parte de una organización criminal formada con camaradas de la misma fuerza de seguridad y que se dedicada a cometer secuestros extorsivos en el partido de La Matanza.
La implicada se trata de María Teresa Schinocca, de 41 años, oriunda de Posadas y con último domicilio radicado en la localidad de Villa Madero, en La Matanza, donde se desempeñaba como sargento de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
La mujer, junto a otros seis imputados, la mayoría de ellos también uniformados, fue condenada recientemente tras una sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de San Martín.
La misionera recibió una pena de 5 años de prisión por al ser considerada partícipe secundaria de dos hechos caratulados judicialmente como “secuestro extorisvo agravado por su ejecución perteneciendo a la Policía de la provincia de Buenos Aires y por la participación de tres o más personas” y “robo agravado por haberse cometido con armas de fuego; en lugar poblado y en banda”.
La implicada había llegada a instancia de juicio cumpliendo arresto domiciliario pero ahora, tras el fallo dictado, se dispuso su excarcelación bajo caución juratoria y con una prohibición de salida del país vigente.
Policías secuestradores
La causa por la cual Schinocca ahora fue condenada se inició a a fines de 2020, cuando se descubrió que un grupo de policías bonaerenses se dedicaban a tender trampas a conocidos delincuentes para luego detenerlos, secuestrarlos y cobrar rescate por su liberación.
El primer caso se supo el 28 de septiembre a la noche, cuando cuatro jóvenes de Ciudad Oculta llegaron a la puerta del hospital Ballestini de La Matanza siguiendo instrucciones de un hombre identificado como “Pelado”, quien había prometido un robo como trabajo.
Sin embargo, apenas llegaron fueron embestidos por un patrullero Ford Ranger de la Bonaerense y arrinconados por policías armados, que detuvieron y maniataron a los cuatro jóvenes.
Los sindicados delincuentes finalmente fueron trasladados a una comisaría donde un policía los amenazó con “armarles una causa” y dejarlos detenidos si no reunían 300.000 pesos en efectivo en una hora.
Los detenidos comenzaron a comunicarse con familiares y amigos hasta que reunieron el dinero requerido para recuperar la libertad, aunque durante el transcurso de las “negociaciones” fueron golpeados y torturados.
Tan solo un mes después se concretó otro caso bajo el mismo modus operandi: promesa robo, operativo, secuestro y pedido de rescate.
Más tarde se supo que “Pelado” era, en realidad, Ramón Eduardo Medina, entrerriano, único civil de la banda, que operaba como el entregador de las víctimas.
De ahí, poco a poco los investigadores fueron identificando a los demás implicados, entre los que se encontraba la misionera Schinocca, que fue una de las primeras en ser detenida.
Casi cuatro años después, la banda llegó a juicio oral. El subcomisario Héctor Ricardo García y el teniente Daniel Alfredo Inverardi, los oficiales de mayor rango tanto en la estructura como policía como en el armado de la banda criminal paralela, recibieron las penas más importantes: 15 y 14 años de prisión, respectivamente. Los dos permanecen detenidos en la cárcel de Marcos Paz.
La sentencia, que lleva la firma de los magistrados Walter Venditti, Daniel Gutiérrez y Fernando Machado Pelloni, dispuso además la extracción de los testimonios vertidos en el juicio para iniciar al menos cuatro nuevas causas por más delitos.
Quince años de prisión fue la condena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Oberá contra un hombre acusado de abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos hijas menores de su concubina.
El imputado es oriundo de San Javier y la investigación en su contra comenzó en agosto de 2022 por una denuncia de violación contra una hijastra de 10 años.
De acuerdo a lo reconstruido, ese hecho sucedió en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, donde el hombre residía junto a su concubina, a las dos hijas menores de ella y a otros niños que tuvieron en común.
El abuso de la niña de 10 años se habría registrado mientras su madre no se encontraba en la casa y después de ese primer hecho la otra niña reveló haber padecido lo mismo años antes en otra vivienda.
Tras la denuncia, el acusado identificado como Antonio M. fue detenido y ahora llegó a instancia de juicio oral, donde finalmente fue condenado a 15 años de prisión, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
El fallo fue dictado por los magistrados Horacio Paniagua como presidente y Jorge Erasmo Villaba y Teresa Hedman como vocales en carácter de subrogantes.
En representación de la fiscalía intervino David Milicich, que en su alegato solicitó la misma pena impuesta, mientras que también hubo un querellante particular que había pedido 35 años de prisión contra el acusado y la defensa requirió la absolución.
El imputado fue condenado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, dos hechos en concurso real”.
Un día antes de enfrentar a la Justicia desde el banquillo de los acusados en un juicio oral, Fernando Ariel Skuarek (41) decidió reconocer su responsabilidad en la causa que se le seguía desde 2017 por “suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual” contra dos adolescentes posadeñas y firmó un acuerdo de juicio abreviado por 9 años de prisión.
El debate oral en su contra debía comenzar este miércoles a la mañana en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero todo quedó suspendido en virtud de un cambio de postura en el imputado, quien decidió admitir su culpabilidad y aceptar los 9 años prisión que la fiscalía propuso como pena.
Según adelantaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, Skuarek firmó el acuerdo ayer y este miércoles el acta sumó las rúbricas de los fiscales, del abogado defensor del imputado y de los letrados que intervinieron en la causa como querellantes particulares en representación de las dos denunciantes.
Además de los 9 de años de prisión establecidos como pena, el acuerdo también contempla una reparación integral para las víctimas. Todo lo firmado deberá ser analizado por los magistrados del TOF y posteriormente homologado como sentencia.
Resta determinar si el implicado continúa internado en una clínica especializada en salud mental o cumpla su condena con prisión efectiva en una unidad carcelaria de Misiones.
La causa
La investigación contra el imputado data desde 2017, cuando los padres de una adolescente denunciaron la privación de la libertad de su hija de 17 años.
Luego se sumó otra denunciante y las acusaciones avanzaron. Los señalamientos eran que Skuarek suministraba estupefacientes a las chicas, tras lo cual las exponía a contextos de encierro, violencia y abuso sexual.
Los hechos ocurrieron en diferentes departamentos que el muchacho habitaba en el microcentro posadeño y las denunciantes narraron haber sido drogadas con cócteles de alcohol, cocaína, éxtasis y ketamina, episodios que provocaron trastornos de salud mental que hasta ahora requieren tratamiento terapéutico.
El implicado, oriundo de Aristóbulo del Valle e hijo de un contador con vínculos políticos, más tarde fue procesado con prisión preventiva en orden a los delitos de suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual en perjuicio de dos adolescentes. Todo ello configura una violación a la ley 26.364 de Trata de Personas.
De ahí en más se sucedieron presentaciones judiciales y recursos de apelación. En mayo de 2023 quedó detenido por el revocamiento de una prisión domiciliaria, aunque más tarde consiguió que le acepten su internación en una clínica, condición que ahora podría volver a cambiar.
El médico acusado de entregar certificados médicos truchos fue imputado por la Justicia y continúa detenido a la espera de que se resuelva el pedido de excarcelación presentado por su defensa.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia de declaración indagatoria al médico Manuel Ramón G. (72) se concretó ayer a la mañana, ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.
La información obtenida añade que el profesional decidió abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y fue formalmente imputado por hechos que van desde estafa, falsificación de documentos, ejercicio irregular de la profesión hasta asociación ilícita.
La detención del psiquiatra se efectuó el jueves a la tarde, cuando la Policía irrumpió en su departamento del microcentro posadeño a raíz de una investigación por la confección de certificados truchos que luego eran utilizados para obtener licencias médicas.
La investigación comenzó en la empresa Casino Club, tras advertir que al menos una treintena de trabajadores solicitaron licencias con certificaciones firmadas por el mismo profesional médico.
A partir de ese dato profundizaron en una pesquisa interna y mediante una cámara oculta confirmaron el ardid, tras lo cual dieron intervención a la Justicia.
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