Judiciales
Misionera fue condenada junto a banda de policías secuestradores en La Matanza
Una misionera que integraba las filas de la Policía Bonaerense fue condenada a 5 años de prisión por ser parte de una organización criminal formada con camaradas de la misma fuerza de seguridad y que se dedicada a cometer secuestros extorsivos en el partido de La Matanza.
La implicada se trata de María Teresa Schinocca, de 41 años, oriunda de Posadas y con último domicilio radicado en la localidad de Villa Madero, en La Matanza, donde se desempeñaba como sargento de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
La mujer, junto a otros seis imputados, la mayoría de ellos también uniformados, fue condenada recientemente tras una sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de San Martín.
La misionera recibió una pena de 5 años de prisión por al ser considerada partícipe secundaria de dos hechos caratulados judicialmente como “secuestro extorisvo agravado por su ejecución perteneciendo a la Policía de la provincia de Buenos Aires y por la participación de tres o más personas” y “robo agravado por haberse cometido con armas de fuego; en lugar poblado y en banda”.
La implicada había llegada a instancia de juicio cumpliendo arresto domiciliario pero ahora, tras el fallo dictado, se dispuso su excarcelación bajo caución juratoria y con una prohibición de salida del país vigente.
Policías secuestradores
La causa por la cual Schinocca ahora fue condenada se inició a a fines de 2020, cuando se descubrió que un grupo de policías bonaerenses se dedicaban a tender trampas a conocidos delincuentes para luego detenerlos, secuestrarlos y cobrar rescate por su liberación.
El primer caso se supo el 28 de septiembre a la noche, cuando cuatro jóvenes de Ciudad Oculta llegaron a la puerta del hospital Ballestini de La Matanza siguiendo instrucciones de un hombre identificado como “Pelado”, quien había prometido un robo como trabajo.
Sin embargo, apenas llegaron fueron embestidos por un patrullero Ford Ranger de la Bonaerense y arrinconados por policías armados, que detuvieron y maniataron a los cuatro jóvenes.
Los sindicados delincuentes finalmente fueron trasladados a una comisaría donde un policía los amenazó con “armarles una causa” y dejarlos detenidos si no reunían 300.000 pesos en efectivo en una hora.
Los detenidos comenzaron a comunicarse con familiares y amigos hasta que reunieron el dinero requerido para recuperar la libertad, aunque durante el transcurso de las “negociaciones” fueron golpeados y torturados.
Tan solo un mes después se concretó otro caso bajo el mismo modus operandi: promesa robo, operativo, secuestro y pedido de rescate.
Más tarde se supo que “Pelado” era, en realidad, Ramón Eduardo Medina, entrerriano, único civil de la banda, que operaba como el entregador de las víctimas.
De ahí, poco a poco los investigadores fueron identificando a los demás implicados, entre los que se encontraba la misionera Schinocca, que fue una de las primeras en ser detenida.
Casi cuatro años después, la banda llegó a juicio oral. El subcomisario Héctor Ricardo García y el teniente Daniel Alfredo Inverardi, los oficiales de mayor rango tanto en la estructura como policía como en el armado de la banda criminal paralela, recibieron las penas más importantes: 15 y 14 años de prisión, respectivamente. Los dos permanecen detenidos en la cárcel de Marcos Paz.
La sentencia, que lleva la firma de los magistrados Walter Venditti, Daniel Gutiérrez y Fernando Machado Pelloni, dispuso además la extracción de los testimonios vertidos en el juicio para iniciar al menos cuatro nuevas causas por más delitos.
Judiciales
Compañeros de Barreto reconstruyeron la fuga y colisión que provocó su muerte
El juicio contra Rodrigo Dias Da Silva (27), imputado por chocar y matar al gendarme Robert David “Chato” Barreto (31) a bordo de una camioneta repleta de cigarrillos de contrabando, continuó esta mañana con la declaración de cuatro camaradas de la víctima, quienes relataron de qué manera sucedieron los hechos durante aquella tarde del 14 de septiembre de 2024 sobre la ruta provincial 103.
Ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, presidido por la magistrada Ruth María Ponce de León e integrado por sus pares Gustavo Cardozo y Enrique Bosch (subrogante), los cuatro testigos citados coincidieron en que el implicado hizo caso omiso al control dispuesto y en medio de la huida arrolló a Barreto, que murió minutos después de su traslado a un centro asistencial.
El primero en declarar fue el sargento primero Eduardo Corro, encargado de la patrulla que aquel día se instaló sobre ruta provincial 103, poco después del acceso al Parque Temático de la Cruz de Santa Ana para efectuar un control preventivo.
El uniformado se apoyó en un croquis para describir de qué manera se instaló en el control. Contó que en total eran cinco efectivos y describió que tenían cinco conos distribuidos sobre el asfalto y que cada uno de ellos contaba con chaleco refractario, además de contar con una camioneta Agrale Marrua de la institución al costado de la arteria.
“El primer cono estaba a 250 metros del puesto de control y el segundo cono estaba a 150 metros. Yo estaba ahí. Mi función era la de encausar el tránsito”, detalló Corro, que a la vez describió que “el clima estaba despejado, óptimo, con una buena visibilidad”.
Sobre el hecho, narró que “la camioneta hizo caso omiso a mis señales y cuando llegó hasta mí me hice a un lado. Cuando me pasó escuché que aceleró más y de ahí ya no pude ver mucho más, solo veía la parte de atrás de la camioneta. La camioneta perdió el control, se fue hacia la banquina y volcó”.

El sargento primero Eduardo Corro hizo un croquis y se quebró al recordar a su camarada.
Corro aseguró que en primera instancia no notó que la Amarok haya atropellado a su compañero y recién lo advirtió minutos después. “Me acerco y veo a una persona adentro de la camioneta y bultos con cigarrillo. Después busco a mi gente y no encontraba a Barreto. Él estaba más allá, en el suelo, tirado en posición fetal, semi cubierto por pastura y tierra. Fue inevitable quebrarme”, recordó.
Tanto el sargento primero como los otros tres gendarmes que declararon después coincidieron en la misma secuencia. Además, todos negaron haber contado con “clavos miguelitos” e indicaron que ninguno escuchó ruido de “frenadas” previo al impacto mortal.
El debate continuará el próximo 5 de octubre, a partir de las 8.30. En el proceso interviene el fiscal Pablo Di Loreto, mientras que el acusado es representado por el abogado particular Carlos Luis Ferreyra.
Da Silva está imputado por “encubrimiento de contrabando, resistencia a la autoridad y homicidio doblemente calificado cometido a un miembro de la fuerza de seguridad para procurar la impunidad, en concurso ideal”. En la primera audiencia pidió perdón y alegó que nunca quiso “hacer daño”.
Imputado por muerte del gendarme Barreto pidió perdón: “No quise hacer daño”
Judiciales
Comisario denunciado por abuso: declaró, fue imputado y seguirá detenido
El comisario retirado denunciado por abuso sexual en perjuicio de dos hijastras se defendió de las acusaciones en su contra, fue imputado y continuará detenido mientras avanza la investigación que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el ex uniformado identificado como Adolfo Miguel González (63), quien permaneció más de una semana en condición de prófugo, fue trasladado esta mañana hacia la dependencia judicial interviniente y ante el magistrado Juan Manuel Monte eligió declarar.
Si bien no trascendieron mayores detalles sobre su declaración, se pudo saber que el implicado negó las acusaciones que lo señalan por hechos de abuso contra dos hijas de quien fuera de su pareja.
En la misma audiencia, González fue imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado” y continuará detenido a disposición de la Justicia.
El comisario retirado se encuentra privado de su libertad desde el martes a la tarde, cuando se entregó después de más de una semana en condición de prófugo.
Comisario retirado denunciado por abuso se entregó tras ocho días prófugo
Judiciales
Se suspendió el juicio a ex gendarme acusado de matar a su esposa en 2001
El debate oral programado para hoy contra el ex gendarme Carlos Ramón Gómez, imputado por el asesinato de su esposa María Esther Barreda (36), cometido el 9 de diciembre de 2001, fue suspendido en virtud de “maniobras dilatorias” de sus abogados advertidas por el Tribunal Penal Dos de Posadas, que resolvió diferir el inicio de las audiencias y designar un defensor oficial sustituto para evitar que el accionar se repita en la próxima fecha a definir.
La decisión se tomó luego de que el imputado notificara un último cambio de defensa, designando a la letrada Olga Anahí Tabacchi, ex fiscal en Santo Tomé y con condena ratificada por la Corte Suprema por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, en lugar de la abogada posadeña María Laura Alvarenga.
En ese marco, el tribunal presidido por el magistrado César Antonio Yaya advirtió que la medida pudo corresponderse a una “maniobra dilatoria”, alegando que los anteriores abogados de Gómez (Eduardo Paredes y Mauricio Vergara) “exhibieron idéntica conducta procesal” en otros tres causas puntuales en las que renunciaron o solicitaron cambios a último momento, entre otros planteos.
Ante ese panorama, y a fin de asegurar el derecho de defensa del imputado y garantizar la realización del debate sin nuevas dilaciones, las autoridades resolvieron suspender la audiencia de hoy y pautar una nueva fecha de inicio, aunque antes de ello ordenó designar un defensor oficial sustituto para que actúe en caso de una nueva renuncia o cambio de abogado a último momento.
Gómez llega a esta instancia libertad y enfrenta cargos por “homicidio calificado”, figura bajo la cual puede ser condenado a prisión perpetua, pena que al momento del hecho preveía 25 años de cárcel.
El expediente quedó habilitado para tratarse en debate oral luego de que el pasado 7 de julio la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) fallara en contra de uno de los tantos planteos defensivos que los diferentes abogados de Gómez presentaron a lo largo de dos décadas.
Crimen y derrotero judicial
El hecho que se pretende esclarecer se registró el 9 de diciembre de 2001 y la víctima fue María Esther Barreda, una mujer de 36 años que estaba en pareja con el ex gendarme acusado.
Según lo reconstruido en su momento, el crimen ocurrió en una vivienda del barrio San Lucas, a pocas cuadras del club Centro de Cazadores de Posadas, donde Gómez habría encontrado a su pareja con otro hombre y la atacó a balazos con su arma reglamentaria.
La mujer recibió un total de cuatro disparos y falleció en el lugar, mientras que el ex uniformado huyó de la escena para un día después entregarse en el puesto de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) de San José.
Inicialmente, la causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, presidido en ese entonces por el magistrado Eduardo D’Orsaneo, aunque más tarde el caso ingresó en un largo proceso recursivo y el derrotero judicial que se extendió durante más de 20 años.
Tras las primeras actuaciones, el juez D’Orsaneo dictó la prisión preventiva para el imputado e incluso más tarde la fiscal Margarita Wenner avanzó con el requerimiento de elevación a juicio.
La defensa, por su parte, jugó otra carta. Se opuso al requerimiento y pidió el sobreseimiento de Gómez alegando una “inimputabilidad” de su cliente en razón de haber actuado en forma “enceguecida” por encontrar a su pareja con un presunto amante.
Para 2003, en el expediente intervino el Tribunal Penal Uno de Posadas, que resolvió revocar la elevación a juicio y dictar el sobreseimiento de Gómez, cuya ejecución fue apelada, no así la resolución que lo dispuso.
De ahí, el asunto pasó a manos del Tribunal Penal Dos, actuando como Cámara de Apelaciones, cuyas autoridades consideraron que el caso debía seguir siendo investigado y en consecuencia remitió las actuaciones al Juzgado de Instrucción Uno, entonces presidido por Horacio Gallardo (fallecido), que liberó al sospechoso y estableció una prórroga extraordinaria para resolver si Gómez debía ir al banquillo o no.
Los años pasaron y recién en 2013 el ex gendarme volvió a ser detenido para enfrentar el juicio. El inicio de las audiencias estuvo programado para 2018, pero fue suspendido por el pedido de licencia del fiscal.
En ese lapsus, la defensa volvió a jugar otra carta y recurrió al máximo órgano judicial del país aludiendo el sobreseimiento dictado en su momento a favor de Gómez, entre otros planteos como de prescriptibilidad, arbitrariedad y violación del principio de defensa en juicio por preclusión.
Ese planteo es el que recientemente respondió de manera negativa la Corte, aunque sin analizar la cuestión de fondo. Tras ese revés, Gómez quedó sin más posibilidades recursivas y, por eso, hoy debía sentarse en el banquillo de los acusados aunque el inicio del debate volvió a ser postergado.
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