Judiciales
Juzgan al ex prefecto Barceló por múltiples violaciones contra una subalterna
Esta mañana, en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, comenzó el juicio oral contra el ex subprefecto bonaerense Jorge Daniel Barceló (39), acusado de siete conductas delictivas perpetradas contra una misma subalterna, hechos que van desde hostigamiento, maltrato, amenazas coactivas, acoso laboral y hasta reiterados abusos sexuales cometidos mientras compartían horas de servicio.
Este jueves, en la primera de doce jornadas previstas en total, y con el imputado conectado de manera virtual desde el penal de Marcos Paz, el tribunal procedió a dar lectura del requerimiento de elevación de la causa, que en la etapa de instrucción fue accionada por la fiscal federal Silvina Gutiérrez y dirigida por la jueza federal María Verónica Skanata.
En ese instrumento probatorio constan todas las acusaciones que pesan contra Barceló, que al momento del hecho se desempeñaba como primer jefe de la Oficina de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental (Sipa) de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en Posadas, con varios agentes designados a su cargo, entre ellos la víctima, una joven subalterna que cumplía funciones en la Estación de Buceo, con especializaciones y condecoraciones por su labor.
Según denunció la víctima, la extensa secuencia de hechos tuvo inicio a comienzos de 2020, apenas unos meses después del arribo de Barceló, que anteriormente estaba en Quequén, provincia de Buenos Aires.
Era el 8 de febrero de 2020 cuando la joven, que además estaba en pareja en un prefecto retirado y tenía dos hijos menores, se fracturó un brazo en un accidente de tránsito y Barceló le asignó tareas a pesar de que la muchacha estaba impedida de hacerlo, ya que lo correspondiente era el otorgamiento de una licencia médica.
La situación se agravó un mes después, más precisamente el 4 de marzo, cuando el subprefecto arrimó la silla de su computadora hacia la joven y abrazándola a la altura de los hombros la “invitó a salir”.
La invitación recibió un rechazo de parte de la muchacha, ante lo cual Barceló cambió completamente de actitud y al día siguiente exigió la presentación del certificado médico por la lesión de febrero, aunque para ese entonces ya había vencido el plazo para la presentación del documento, ante lo cual incurrió en una irregularidad que le significó una sanción.
En ese marco, el jefe comenzó con amenazas coactivas de más sanciones o de calificaciones negativas contra la joven, además de ejercer violencia psicológica, física, verbal y actos de acoso constante. Para la fiscalía todas estas acciones conforman un solo hecho y se encuadran como “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario pública y amenazas coactivas”.
El juicio se realiza en el Tribunal Oral Federal de Posadas y el acusado sigue el debate desde una celda de Marcos Paz.
Abusos
Pero eso fue tan solo el comienzo del infierno que la víctima denunció padecer de allí en adelante, con cinco hechos de abuso sexual en total, algunos en grado de tentativa, otros de tipo simple y tres violaciones consumadas, con acceso carnal.
De acuerdo al testimonio de la denunciante, el primer abuso ocurrió en 2021, un día en que fue abordada en el baño de la oficina de Sipa y luego llevada a la fuerza hacia el camarote masculino, donde en primera instancia fue manoseada y luego accedida carnalmente. Incluso, la joven narró que después del hecho Barceló “se fue a hacer un mate como si nada”.
El segundo caso de abuso sucedió pocos meses después, durante un servicio que ambos prestaron en Puerto Rico y mientras se alojaban en un inmueble de la misma fuerza, que linda con el edificio de la delegación de PNA en esa localidad.
En esa ocasión, la agente fue abordada después de la ducha y nuevamente sufrió tocamientos, aunque lo peor sucedió después, cuando Barceló la convenció de dar una caminata para “charlar” sobre lo sucedido, aunque volvió a insinuarse sexualmente, recibiendo otro rechazo.
Ante ello -denunció la víctima-, el subprefecto la llevó hacia un descampado, donde la arrojó al piso y volvió a violarla, provocándole además lesiones en distintas partes del cuerpo.
El calvario de la joven se extendió durante un largo tiempo, período en el cual debió continuar compartiendo funciones con su abusador, que además era su jefe, con toda la significancia jerárquica que ello conlleva dentro de una fuerza.
Ya en 2022, en medio de tareas para el rescate de un barco hundido, el subprefecto volvió a realizar tocamientos contra la muchacha y un tiempo después consumó un último hecho abuso sexual con acceso carnal.
El Ministerio Público Fiscal es representado por Pablo Di Loreto.
Denuncia y juicio
Todo este historial de abusos fue finalmente expuesto en una denuncia que la uniformada radicó el 28 de octubre de 2022, lo cual dio inicio a una investigación que quedó manos de la fiscal federal Silvina Gutiérrez.
Barceló fue llevado a indagatoria tiempo después, el 26 de julio de 2023, instancia en la que se defendió de las acusaciones, alegando que todo consistió en una “falsa denuncia” orquestada para apartarlo de su cargo.
Desde ese momento el implicado se encuentra alojado en la Unidad Penal II de Marcos Paz, dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
El juicio en su contra comenzó hoy y se extenderá a lo largo de doce jornadas, aunque solo la audiencia de inicio y la audiencia de cierre serán abiertas al público, medida dispuesta para evitar la revictimización de la denunciante durante el aporte de testigos o la exhibición de pruebas que puedan herir su honor.
El tribunal encargado de llevar adelante es presidido por el magistrado Gustavo Cardozo e integrado por sus pares Manuel Alberto Jesús Moreira y Enrique Bosch.
En representación de la fiscalía interviene Pablo Di Loreto, en tanto que como Defensora Pública de la Víctima participa la letrada Andreina Fossatti. El acusado es defendido por los abogados particulares Federico Tilli y Cristian Bareiro.
La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de la provincia emitió una resolución judicial en la que confirmó la elevación a juicio oral de la causa por el asesinato de Fabiana Sirino, la niña de 8 años que a mediados de noviembre de 2024 fue interceptada, abusada y ultimada a cuchillazos en un hecho que tiene a su vecino Nanico Muller como único imputado.
El dictamen de la Cámara se firmó en la mañana de este miércoles y ratifica la medida dispuesta por el Juzgado de Instrucción Uno de Oberá, que dispuso la elevación a juicio del expediente que tiene a Marcelo Daniel “Nanino” Muller (35) procesado con prisión preventiva por “abuso sexual agravado por el uso de arma y homicidio agravado criminis causa”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
De esta manera, la causa regresa al juzgado de origen que, a su vez, deberá remitir el expediente hacia el Tribunal Penal Uno de Oberá para que fije fecha para la realización del debate oral donde se juzgará la responsabilidad del sospechoso detenido.
Fabiana Sirino alcanzó a identificar a su agresor antes de morir.
El crimen
Fabiana tenía 8 años y era hija de agricultores. El viernes 15 de noviembre de 2024 salió de la escuela y regresaba a su casa en el barrio Paraíso de 25 de Mayo cuando fue interceptada por el camino.
Su femicida la trasladó a un monte de la zona, donde la violó y le asestó treces puñaladas en diversas partes del cuerpo, aunque la niña no murió en el instante. Fabiana alcanzó a ser encontrada por su propia familia y mientras era llevada al hospital reconoció a su agresor.
“Fue Nanico, él me hizo esto”, fueron sus palabras. Más tarde murió de un shock hipovolémico ocasionado por las múltiples lesiones.
Gracias a ese aporte, dado con su último suspiro, la Policía activó un operativo para detener a Muller, quien continúa detenido bajo una acusación que puede llevarlo a pasar el resto de su vida en la cárcel y ser recordado como el autor de uno de los crímenes más atroces de la historia reciente de Misiones.
Nanico se abstuvo de declarar y fue imputado por el femicidio de Fabiana
El maestro del Instituto Adventista Alta Gracia, detenido desde el 23 de junio por delito contra la integridad sexual de una alumna, recibió otra denuncia por un hecho similar y mañana enfrentará una nueva audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Juan Manuel Monte.
La nueva presentación en contra de Pedro N. (55) fue radicada ayer a la mañana en la sede del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, dependencia que ahora suma cuatro denuncias en contra del mismo sospechoso, aunque el número podría aumentar debido a que se aguarda la recepción de los expedientes iniciados en el Juzgado de Instrucción Tres.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el docente continúa detenido y su defensa ya planteó un pedido de excarcelación, aunque el trámite recién será resuelto una vez que el implicado comparezca a otra indagatoria por la última denuncia recibida en su contra.
En la audiencia de la semana pasada el maestro se abstuvo de declarar y allí mismo fue formalmente imputado por hechos que configurarían abuso sexual simple.
Esa misma imputación recayó contra él en 2015, cuando fue denunciado por lo mismo y ante otra alumna del Alta Gracia, institución que ante los hechos recientes informó su “desvinculación inmediata”.
Por esa denuncia anterior Pedro N. afrontó un proceso judicial que e extendió durante varios años hasta que en 2018 se le dictó falta de mérito y dos años más tarde recibió el sobreseimiento, aunque esa resolución aún no está firme por lo que su situación es pasible de cambiar conforme al avance de esta nueva investigación.
Su situación actual ahora depende del avance la pesquisa que instruye el juez Monte, quien aguarda el resultado de pericias telefónicas y el informes de las cámaras Gesell efectuadas con las niñas denunciantes.
Maestro detenido por abuso había sido denunciado por lo mismo en 2015
El Tribunal Penal Uno de Posadas, en un fallo dividido, resolvió rechazar el pedido de cese de prisión preventiva o, de forma subsidiaria, el otorgamiento de arresto domiciliario para el ex diputado provincial Germán Kiczka (46), que de esta manera continuará cumpliendo su pena de 14 años de prisión por delitos con archivos Masi en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
Fueron los magistrados Gustavo Bernie y César Yaya (subrogante) los que votaron contra el pedido formulado por el abogado defensor Gonzalo De Paula, mientras que Viviana Cukla opinó en disidencia. La jueza rechazó el cese de la prisión preventiva, pero se mostró a favor del otorgamiento de la prisión domiciliaria con tobillera.
Previo a la decisión de los jueces, el fiscal Vladimir Glinka también había dictaminado en contra del pedido defensivo, alegando, entre otras cosas, que un arresto domiciliario implicaba un riesgo de fuga.
En su dictamen, el fiscal consideró que “no resultaba posible equiparar la situación de una persona imputada sin sentencia condenatoria con la de quien ya fue condenado, aun cuando el pronunciamiento no se encontrara firme. Sobre esa base, consideró que la sentencia condenatoria no firme, la gravedad de la pena impuesta y el estado procesal de la causa constituían elementos relevantes para ponderar la subsistencia del riesgo de elusión procesal. En particular, sostuvo que la prisión domiciliaria con control electrónico no neutralizaría adecuadamente el riesgo de fuga”.
De esta manera, el ex diputado condenado a 14 años de prisión como autor de los delitos de “tenencia, facilitación y distribución de archivos con material de abuso sexual infantil (Masi), agravado por ser las víctimas menores de 13 años en concurso real”, continuará purgando su pena en la cárcel de Cerro Azul.
La sentencia emitida en abril del año pasado fue recurrida y aguarda un análisis del Superior Tribunal de Justicia (STJ), razón por la cual la condena aún no está firme, argumento utilizado para solicitar el cese de la prisión preventiva.
El tratamiento del pedido formulado por la defensa comenzó en paralelo al anuncio de una huelga de hambre anunciada por los hermanos Germán y Sebastián Kiczka (48) luego de una requisa en la que detectaron que tenían dispositivos electrónicos ocultos en su celda a fines de mayo.
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