Julio López (38), detenido en el marco de la investigación por la muerte de su pareja Norma Maidana (40), fue trasladado hoy al Juzgado de Instrucción Dos de Posadas para una ampliación de declaración indagatoria, instancia en la que ratificó que la mujer se autolesionó con fuego para quitarse de la vida, aunque de igual manera fue formalmente imputado por femicidio y continuará tras las rejas.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia se concretó esta mañana, instancia en la cual López aceptó declarar por primera vez, ya que en la primera indagatoria realizada cuando Maidana aún estaba con vida había optado por el silencia.

En ese contexto, las fuentes indicaron que el implicado ratificó la versión dada esa misma noche que la Policía intervino en el hecho, la cual apunta a que la mujer se presentó en su lugar de trabajo, en el establecimiento Mamá Chela, de Santa Inés, Garupá, donde se inició “una discusión por celos” y luego se prendió fuego a lo bonzo con intenciones suicidas.

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Tras declarar, fue notificado nuevamente de los elementos de que se registran en su contra y pasó de ser imputado por “femicidio en grado de tentativa” a “femicidio”, delito que prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser hallado responsable en un futuro juicio oral.

Las fuentes de LVM señalaron que en los pasillos del juzgado ya comenzaron a desfilar los diferentes testigos vinculados a la investigación, quienes fueron citados a prestar declaración testimoniales.

Entre ellos destaca el aporte que pudieran dar los primeros efectivos policiales que intervinieron en el caso, quienes aseguraron haber oído las últimas palabras de Maidana mientras se encontraba malherida a la espera de ser trasladada a un centro asistencial.

“Él fue. Él me hizo esto”, fue lo que oyó de parte de Maidana uno de los uniformados presentes en la escena de la hecho y lo dejó asentado en una testimonial dada en sede policial. Dicha cuestión debe ser ratificada o rectifica ante la Justicia. A partir de ahí, la declaración pasaría a conformar una prueba clave para la causa.

Mientras tanto, los investigadores judiciales aguardan también la recepción de informes criminalísticos de mayor complejidad que sirvan para esclarecer la mecánica de lo sucedido y/o despejar dudas respecto a cómo ocurrieron los hechos.

Otro punto en espera es la incorporación de pericias telefónicas a los celulares incautados.

El caso

El caso se registró el 21 de mayo a la madrugada y quien llamó a la Policía fue justamente Julio López, quien en esa instancia aseguró que la mujer llegó a su lugar de trabajo para reclamarle dinero correspondiente a una cuota alimentaria y, tras una discusión, se roció con nafta y prendió fuego con intenciones de quitarse la vida.

Julio López fue demorado y recuperó la libertad a las pocas horas, pero con el devenir de la pesquisa quedó formalmente detenido e imputado.

Al momento del hecho, estaba vigente una restricción de acercamiento para los dos y entre ambos se registraron denuncias cruzadas por hechos de violencia denunciados desde noviembre del año pasado.

Sobre el acusado, Esteban Maidana aseguró a LVM que “él dijo que mi hermana se intentó suicidar, cosa que creemos imposible porque nosotros somos cristianos y va en contra de nuestra creencia” y sostuvo que la mujer habría dicho a los policías intervinientes “que ella prendió un cigarrillo y Julio le tiró un líquido encima”.

La causa se lleva adelante en el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte.

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Dos policías fueron condenados a prisión perpetua y otros dos recibieron penas de 15 años por la denominada Masacre de San Miguel del Monte, hecho por el cual ya habían sido declarados culpables por un jurado popular tras el juicio realizado el mes pasado.

La sentencia fue impartida hoy por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Plata e impuso la pena máxima para el ex comisario Rubén García y para el oficial Leonardo Ecilapé, mientras los uniformados Mariano Ibáñez y Manuel Monreal recibieron 15 años de cárcel cada uno.

El fallo fue leído este mediodía por la jueza Carolina Crispiani y llegó tres semanas después de la resolución del jurado popular que decidió declarar culpables del delito de “homicidio agravado por el abuso de la función policial y por ser cometido mediante el empleado de arma de fuego”.

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De esta manera, los efectivos pagarán en prisión por la persecución que derivó en un accidente de tránsito en el que murieron Danilo Sansone (13), Camila López (13), Gonzalo Domínguez (14) y Aníbal Suárez (22), este último oriundo de la localidad misionera de Concepción de la Sierra.

Persecución, tiros, choque y muerte

La Masacre de San Miguel del Monte se registró en la madrugada del 20 de mayo de 2019, en dicha localidad bonaerense, cuando efectivos de la comisaría local persiguieron un Fiat 147 en el que viajaban las víctimas fatales y Rocío Quagliariello (13 años en ese momento), única sobreviviente.

Según se pudo reconstruir, el día del hecho, los cuatro adolescentes daban vueltas a la plaza en el auto al mando de Suárez mientras escuchaban música, cuando oficiales de la Policía bonaerense comenzaron a perseguirlos sin motivo.

De acuerdo a los registros de las cámaras de seguridad del municipio, los oficiales comenzaron a dispararles, ya que observó a un efectivo en el lugar del acompañante de la patrulla, con medio cuerpo afuera y en actitud de disparo, lo que derivó en el choque del auto de las víctimas contra un acoplado.

La causa se encuentra desdoblada y otros 19 policías bonaerenses irán a otro juicio -en este caso sin jurado popular- “por encubrimiento agravado, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público”, aunque todavía no fue estipulada una fecha para el comienzo de ese debate.

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El misionero Aníbal Lotocki, más conocido como el “cirujano de las famosas” y quien ya fue condenado en 2022 por mala praxis, sufrió nuevo revés en la causa por la muerte de un paciente dado la Justicia agravó la acusación que pesaba en su contra y lo procesó por el delito de “homicidio con dolo eventual”, que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

La resolución fue dictada por el magistrado Luis Schelgel, titular del Juzgado Nacional de los Correccionales 11 de Buenos Aires, dando lugar así al requerimiento formulado meses antes por el fiscal Pablo Recchini, quien había solicitado cambiar la calificación legal de la causa contra Lotocki, que hasta ahora estaba configurada como “homicidio culposo”, cuya expectativa de pena tiene un máximo de 5 años de cárcel.

El fallo, al que accedió Télam, dispuso entonces el procesamiento sin prisión preventiva para el médico misionero, aplicándole sí una obligatoriedad de presentarse personalmente en el juzgado cada 15 días, además de trabar un embargo sobre sus bienes y/o dinero por $ 4.804.700.

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El hecho que se encuentra bajo investigación está relacionado a la muerte del paciente Christian Adolfo Zárate (50), registrado en abril de 2021.

Según se reconstruyó, Zárate ingresó a la clínica Cemeco, ubicada en el barrio porteño de Caballito, para realizarse una “dermolipoctomía programada”, intervención consistente en la remoción de tejidos en distintas partes del cuerpo.

Después de la operación, el hombre quedó en observación, pero luego se descompensó y fue intubado.

Allí “el personal de la clínica se comunicó con su obra social, desde la que enviaron una ambulancia, cuyos médicos advirtieron la complejidad del cuadro y convocaron a una segunda ambulancia, los profesionales que intervinieron señalaron que el hombre estaba “mal intubado”, consignaron en el fiscales.gob.ar.

Posteriormente, Zárate sufrió un paro cardíaco y falleció luego de que intentaran reanimarlo.

La resolución

“En efecto, como quedó acreditado según la valoración probatoria realizada, el fallecimiento de Zárate fue probablemente causado por la pluralidad de las graves acciones que Lotocki cometió, antes, durante y después, de la intervención quirúrgica del paciente que tenía bajo su responsabilidad, pues, todo eso fue lo que determinó un desequilibrio hemodinámico que no logró ser compensado y fue seguido de muerte”, afirmó el juez Schelgel en su resolución.

Y puntualizó que “sin embargo, al menos en los términos provisorios de esta etapa preliminar del proceso, está comprobado que Zárate no falleció por un problema estructural de salud previo que no fue advertido en los escuetos exámenes prequirúrgicos que le practicó Lotocki, ni por culpa de las ambulancias de Ayuda Médica que tardaron en llegar a Cemeco, ni porque estaba apurado por ser operado, ni porque intervino la mala fortuna, sino pura y exclusivamente porque, como bien propone el Fiscal de la causa, el acusado se representó que el paciente podía morir y, aún así, nada hizo para evitarlo”.

“Esto es, a pesar de tener conciencia de los múltiples riesgos a los que sometía a su paciente, Lotocki fue más allá de lo que se conoce como una violación objetiva al deber de cuidado en el ámbito quirúrgico, y no sólo previó la posibilidad de la muerte de Zárate sino que la aceptó y actuó según sus propios intereses, que consistían en operarlo a toda costa antes de una eventual restricción (por la pandemia y para asegurarse terminar de cobrar sus honorarios”, concluyó el magistrado.

Condenado en 2022

En febrero de 2020 el misionero Lotocki fue condenado a 4 años de prisión y 5 de inhabilitación por el delito de “lesiones graves” provocadas a cuatro mujeres durante distintas cirugías estéticas en las que utilizó metacrilato, una sustancia que dañó la salud de sus pacientes.

Las denunciantes en esa causa fueron las modelos Silvina Luna, Pamela Sosa -ex pareja del acusado-, Stefanía Xipolitakis y la empresaria Gabriela Trenchi.

Todas señalaron que después de las intervenciones quirúrgicas a las que se sometieron con el misionero resultaron con graves secuelas. Luna, por ejemplo, indicó que tras la mala praxis sufrida en 2011 ahora tiene muy bajos niveles de calcio y eso perjudica el funcionamiento de sus riñones.

Actualmente la modelo realiza diálisis tres veces por semana y requiere de un trasplante renal.

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