El misionero Adrián Martínez Moreira, procesado por liderar una banda que estafaba al Estado con el cobro de reparaciones para víctimas y familiares de la última dictadura, fue condenado por el Tribunal Oral Criminal 16, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) a 14 años de prisión por la violación de un muchacho, a quien para abusarlo le dio tres puñaladas en la espalda y lo privó de su libertad, amenazándolo con dejarlo desangrarse si no le prometía que no formularía ninguna denuncia.

Según el fallo de los jueces Gustavo González Ferrari, Inés Cantisani y Valeria Rico, al que accedió La Voz de Misiones, el acusado, cuyo nombre real es Matías Ezequiel López, fue encontrado “plenamente responsable” de “abuso sexual con acceso carnal reiterado en tres oportunidades, dos de ellas agravado por el uso de arma, y hurto”.

El misionero se encontraba guardando prisión preventiva desde agosto del año pasado, esperando el desenlace del juicio oral por el hecho ocurrido en mayo de 2024 en su departamento, adonde mediante engaños había llevado a su víctima.

Según confiaron a LVM fuentes judiciales, entre los elementos de prueba, figuraban mensajes de Whatsapp Martínez Moreira con otros hombres, con quienes también habría empleado la misma metodología, y de hecho el misionero está procesado por otro caso de abuso, que habría ocurrido en julio de 2024, semanas antes de que el TOC porteño dictara su prisión preventiva en la causa por la que fue condenado ahora.

“Llevaba gente vulnerable y las abusaba bajo presión”, comentaron las fuentes y explicaron, en relación con este último caso que desembocó en su condena: “Esto era lo mismo, pero agarró un cuchillo porque parece que el tipo se quiso defender”.

“En un chat un tipo le decía ‘no puedo, estoy descompuesto con mi hijito’; él le decía ‘subí igual y lo dejamos por ahí’; el tipo vomitó y no subió”, relataron.

Fabulador

Martínez Moreira y otras cuatro personas están, asimismo, procesadas por conformar una organización criminal que engañaba a víctimas y familias de víctimas de la dictadura y estafaba al Estado con el cobro de las reparaciones por crímenes de lesa humanidad.

El misionero se presentaba desde hace años como hijo de una pareja de militantes paraguayos desaparecidos durante la dictadura del general Alfredo Stroessner, y viene acumulando denuncias desde 2015.

Entre las figuras penales incorporadas a la investigación se encuentran acciones judiciales que Martínez Moreira encaminó en la Justicia Federal de Posadas, donde se sospecha pudo haber utilizado testigos falsos y documentos adulterados.

Según la investigación judicial, la banda liderada por el misionero comenzó a operar en 2013, a través de una organización llamada “Comisión Nacional y Popular de Leyes Reparatorias”, con la que contactaba con víctimas y familiares del terrorismo de Estado y ofrecía representarlos en gestiones y demandas por sus indemnizaciones.

Martínez Moreira y su grupo se presentaban como abogados, pero distintas investigaciones periodísticas sostienen que no hay registro de ninguno de ellos en los colegios profesionales de Caba y la provincia de Buenos Aires.

El misionero afirmaba, además, ser sociólogo graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), y haber cursado el secundario en el Colegio Nacional de Buenos Aires.

Nada de esto era cierto. Tampoco su nombre. Una investigación de la Procuración General de la Nación (PGN) determinó que su nombre real es Ovidio Martínez, nacido el 30 de abril de 1993 en el hospital de Jardín América, hijo de Santa Moreira y Emilio Martínez, domiciliados en Puerto Leoni, quienes lo entregaron con fines adoptivos en la Defensoría Oficial de Puerto Rico, y cuya nueva familia lo anotó como Ezequiel Matías López.

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El joven acusado de matar y arrancarle los ojos a su compañero de tragos en San Vicente se abstuvo de declarar y fue imputado, por lo que continuará detenido mientras avanza la investigación del hecho ocurrido el 29 de julio.

El sospechoso identificado como Franco Antonio D. L. (19) fue trasladado ayer a la mañana al Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, donde compareció ante el magistrado Gerardo Casco y optó por guardar silencio, tal como lo ampara su derecho.

En esa misma instancia fue notificado del hecho que se investiga, de las pruebas que lo incriminan y fue formalmente imputado por el delito de homicidio simple, figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

El joven está acusado por el asesinado del tarefero Luis Salvador Batista Da Silva (18), cuyo sin vida fue encontrado el 29 de julio en medio de un yerbal ubicado a la altura del kilómetro 5 de la ruta provincial 13.

El cuerpo estaba semidesnudo, rodeado de malezas y completamente embarrado. Tenía escoriaciones en la espalda, heridas cortantes en el rostro, cavidad bucal y mentón, además de contusiones en el cuero cabello y, lo más extremo, la ausencia de ambos globos oculares.

Una comisión policial inició la pesquisa tendiente a esclarecer lo sucedido y en ese marco establecieron que Batista Da Silva estaba desaparecido desde el domingo a la noche.

Los agentes reconstruyeron que ese domingo, hasta aproximadamente las 22, estuvo compartiendo bebidos alcohólicas con un joven de 19 años, con quien además salió caminando en dirección al lugar donde casi dos días después se encontró el cadáver de la víctima.

Ese joven que aparece como la última persona en tener contacto con Batista Da Silva se trata de Franco Antonio D. L., domiciliado en el barrio Tarumá de San Vicente, quien ahora se encuentra imputado por el caso.

Testimonios señalan que esa misma noche el muchacho llegó a la casa de sus familiares con los ojos de su víctima en la mano y señaló que asesinó a su compañero “porque era el Diablo”.

Encontraron un cadáver sin ojos en un yerbal de San Vicente: un detenido

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A una semana de la inyección de Dipirona que derivó en una grave infección generalizada en el cuerpo del pequeño Luciano, de apenas 12 meses, en manos de una médica del hospital de Candelaria; el abogado Federico Esquivel confirmó que presentará la denuncia penal, como querellante en la causa, y solicitará medidas ante el Colegio de Médicos de la Provincia de Misiones.

En comunicación telefónica con La Voz de Misiones, el letrado reconoció: “Es una situación grave. Siempre digo que una mala praxis hay que probar, nosotros lo vamos a hacer. Pero acá está claro. Las mismas colegas delataron a esta médica que le aplicó una Dipirona -siendo que no corresponde- a un bebé”.

Y agregó: “Voy a presentar la denuncia como abogado querellante en la causa. Vamos a hacer una profunda investigación del hecho y tomar las medidas pertinentes del caso, además de realizar presentaciones ante el Colegio de Médicos”.

El caso

Según consta la denuncia presentada el miércoles en la comisaría de Candelaria, todo comenzó el viernes 25 de julio alrededor de las 10, cuando el pequeño Luciano, quien cumpliría un año el próximo sábado, presentaba síntomas gripales con 38º de temperatura corporal.

Inmediatamente su madre Nilda Cabaña decidió llevarlo a la guardia del hospital local, donde la doctora Ramona B. dispuso el suministro inyectable de Dipirona 0,5 cc.

Más tarde fueron derivados al hospital de Posadas “para la realización de estudios complementarios”, en razón de que la médica “le diagnosticó un cuadro de neumonía”.

Luego de hacerle todos los estudios constataron que no tenía neumonía y le dieron el alta, pero al día siguiente la pierna comenzó a inflamarse con enrojecimiento, cuadro que se fue agravando con el correr de las horas, por lo que el día lunes 28 de julio fue internado en el hospital de pediatría de Posadas, donde permanece en estado crítico y con pronóstico reservado hasta el día de hoy.

En la mañana de este viernes el nosocomio emitió un informe que confirma la continuidad de una infección bacteriana, por lo que la salud de Luciano continúa en estado crítico “con requerimiento de soporte vital avanzado, hemodinámico y respiratorio”.

El parte médico agrega que “se han realizado cirugías de fasciotomias y toilette de la zona perineal glútea” y deberán proceder con nuevas cirugías en las próximas horas.

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