La Cámara de Diputados realizó hoy la primera de las dos audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares, en una jornada marcada por la controversia en torno a las restricciones impuestas a la participación de los miles de inscriptos para la convocatoria.

El acceso al Congreso, minado de agentes de seguridad, que filtraban el ingreso de los expositores anotados, en función de una lista que nadie sabe quién confeccionó, fue un cuello de botella político para el gobierno, que terminó cruzado por denuncias de la oposición en la Justicia Federal porteña.

De los más de 100.000 inscriptos para las dos jornadas de la audiencia pública por el proyecto de la Casa Rosada, de habilitar parte del área protegida de los glaciares a la explotación minera y petrolera, pudieron ingresar 300.

Diputadas y diputados de distintos bloques de la oposición presentaron un pedido de impugnación contra la convocatoria, por “irregularidades” en la selección de expositores y exigieron la “revisión y adecuación” del procedimiento a estándares democráticos.

Igualmente, el oficialismo logró imponerse y la audiencia se llevó a cabo en un clima accidentado, que trajo, una y otra vez, los cuestionamientos por el método quirúrgico de selección de expositores.

La indignación saltó enseguida a las redes, donde muchos de los inscriptos que no pudieron ingresar, entre profesionales, activistas ambientales, biólogos, trabajadores mineros; e incluso, varios diputados de la oposición, volvieron a cuestionar la validez de la convocatoria.

Negocios mineros

Finalmente, las comisiones de Recursos Naturales y Medio Ambiente, y de Legislación, cumplieron con la primera de las dos jornadas previstas para la discusión pública de la reforma a la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno de Javier Milei.

De la convocatoria de este miércoles, participaron los diputados misioneros, Yamila Ruiz y Alberto Arrúa, del Frente Renovador Neo; y Emmanuel Bianchetti, del PRO Misiones.

El desarrollo de la reunión tuvo cruces fuertes, como el de Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, quien anunció durante su exposición que mañana estará presentando una denuncia en Comodoro PY contra la senadora salteña Flavia Royón, por incompatibilidad en la función pública, ya que votó a favor de la nueva ley de Glaciares y tiene una consultora sobre minería.

“¿Ustedes saben que hay una senadora nacional que no representa a la provincia de Salta, sino que representa a las mineras directamente, que se llama Flavia Royón?”, preguntó Viale al recinto.

“Flavia Royón tiene una consultora que asesora a Río Tinto, que es una de las principales beneficiadas por esto. Y mañana la estamos denunciado penalmente por incompatibilidad en la función pública y que se investigue el cohecho”, anunció Viale, y miró al legislador libertario José Peluc, presidente de la Comisión de Recursos Naturales.

“¿Usted no tiene relación con proveedores mineros? La gente de su partido, ¿No tuvo una reunión hace poco con un proveedor minero? ¿Cuántos diputados hay así, cuántos diputados son proveedores mineros?”, lanzó.

“La verdad es que esto tiene nombre y apellido: son las grandes transnacionales mineras. ¡Le están entregando el agua y es para siempre!”, arremetió Viale.

El abogado Enrique Viale aseguró que denunciará penalmente a la senadora Flavia Royón por incompatibilidad con la función pública, al votar a favor de modificar la ley de Glaciares y tener una consultora que asesora a la minera Río Tinto.https://t.co/zmWGSNB20U pic.twitter.com/vMrDr6YiU4

— Diagonales (@diagonalesweb) March 25, 2026

Fue una de las intervenciones más encendidas de la jornada, que arrancó al mediodía y se extendió hasta las 19:00 horas, junto con las exposiciones de Bruno Giambelluca, de Greenpeace; la ex diputada Marta Maffei, autora de la Ley de Glaciares; Marcelo Arteaga, trabajador petrolero y opositor al proyecto; y el Nobel de Derechos Humanos, Adolfo Pérez Esquivel.

“La reforma busca borrar de un plumazo la protección de la zona periglaciar, permitiendo la destrucción de reservas de agua dulce que son críticas ante el cambio climático”, afirmó Giambelluca y disparó: “La historia los juzgará como los que remataron el agua de los argentinos”. Hubo aplausos y llamados al orden de los presidentes de comisión.

Maffei dijo que la modificación propuesta por el gobierno “omite los recaudos legales”, tachó de farsa la convocatoria y aclaró: “Mi participación no convalida esta aberración”.

“Hoy, el litro de agua cuesta más que el combustible”, tiró Arteaga y vaticinó: “El pueblo no va a tener para comprar agua mineral”.

“Por presión del Gobierno de Estados Unidos se quiere ingresar empresas a imponer esta ley de Glaciares”, señaló Pérez Esquivel y pidió “encontrar un equilibrio de las necesidades del ser humano con el desarrollo que necesitan los pueblos para su vida”.

“Por presión del Gobierno de Estados Unidos se quiere ingresar empresas a imponer esta ley de Glaciares”

Adolfo Pérez Esquivel señaló que se debe “encontrar un equilibrio de las necesidades del ser humano con el desarrollo que necesitan los pueblos para su vida”. pic.twitter.com/0XFzpVBomQ

— Corta (@somoscorta) March 25, 2026

Los riesgos de contaminación de las fuentes de agua potable de las regiones protegidas por la ley sancionada en 2009, es el centro de los cuestionamientos de las organizaciones ambientalistas y vecinales de las provincias afectadas, y de la oposición política kirchnerista y de izquierda.

Legisladores como Juan Grabois, Nicolás Del Caño, Cristian Castillo, Myriam Bregman, Sabrina Selva, Gabriela Estévez, Lucía Campora, María Inés Zirgaran, Adriana cristina Serquis y Maximiliano Ferraro, entre otros, fueron los que llevaron la voz cantante contra el proyecto.

Eco terroristas y máquinas

El oficialismo tiene como espadas a los diputados Guillermo Mosso y Nicolás Mayoraz, que este miércoles jugaron fuerte, en el límite del Reglamento de la Cámara.

Mosso fue la voz más combativa que se escuchó hoy a favor de la reforma. Al llegar al Congreso tuvo un cruce con los manifestantes, la mayoría expositores que quedaron afuera, y luego, en su discurso en la audiencia, tildó de “eco-terroristas” y “máquinas de impedir” a quienes se oponen a la minería.

Dijo que Argentina “necesita divisas de forma urgente” y que los glaciares “no se tocan”, pero que el área periglaciar, que el proyecto mileísta libera de protección, es “tierra productiva desperdiciada”.

Mayoraz, presidente de la comisión, cambió la retórica por la acción, e impuso límites de cinco minutos por orador, cortó micrófonos varias veces, cruzó los reclamos con insultos, y puso, por momentos, la sesión al borde de la disolución.

El gobierno sumó voces, como la UOCRA, Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina; la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN), y de la CAEM, la Cámara Argentina de Empresas Mineras.

La discusión sobre glaciares está cargada de exageraciones. No está en juego el agua que consumen las personas ni están en peligro los sistemas hídricos. En la cordillera, los ríos dependen principalmente de la nieve; en casi todo el país, de las lluvias. 2/5

— Guillermo Mosso (@guillemosso) March 25, 2026

Los argumentos se centraron en ecuaciones económicas y en “la necesidad de seguridad jurídica para las inversiones”. Hubo abucheos cuando afirmaron que la actividad minera actual tiene estándares que “conviven armoniosamente” con el medio ambiente.

Por Misiones no habló ninguno de los legisladores nacionales de la tierra colorada que integran las comisiones involucradas en la discusión del proyecto: Ruiz y Bianchetti, por Legislación; y Arrúa, por Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Los tres ya adelantaron públicamente que votarán por el proyecto que ya tuvo media sanción el Senado, con los votos de los tres parlamentarios misioneros, Omar Arce y Sonia Rojas Decut, de la Renovación Neo; y Martín Goerling, del PRO Misiones.

El peronista Arrúa opinó en los medios locales que la reforma de la Ley de Glaciares “protege el medio ambiente”. En el mismo sentido se despacharon Rojas Decut y Goerling, justificando su voto por un proyecto que, según organizaciones ambientalistas de Misiones y de otras provincias que no tienen glaciares, abre la puerta para la desregulación de normativas como la Ley de Humedales y la Ley de Bosques, que protege la selva misionera.

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