Judiciales
Hijo de ex intendente Schoenfisch a juicio por crimen parricida en 2020

Tras más de dos años de proceso investigativo y recolección de pruebas, el Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado dispuso la elevación a juicio del expediente que se tramita contra Pablo Schoenfisch (20).
El joven está acusado de asesinar a su madre Faustina Antúnez y provocar lesiones irreversibles en su padre Arnoldo Schoenfisch, ex intendente de Santiago de Liniers, tras atacarlos a balazos mientras dormían en la casa que la familia compartía en la localidad.
De acuerdo a la información relevada por La Voz de Misiones, la resolución fue firmada ayer por el magistrado Roberto Saldaña y ahora el expediente será remitido al Tribunal Penal Uno de Eldorado, cuyas autoridades deberán fijar fecha para la realización del debate oral donde se esclarecerá el crimen parricida.
En esa instancia, Schoenfisch deberá afrontar una acusación por los delitos de “homicidio calificado por el vínculo y por haberse cometido con alevosía agravado por la utilización de un arma de fuego”, en perjuicio de su madre, y “homicidio calificado por el vínculo y por haberse cometido con alevosía agravado por la utilización de un arma de fuego, en grado de tentativa”, contra su padre.
Bajo esta imputación, el muchacho afronta la posibilidad de ser condenado a una pena de prisión perpetua, que equivale a 35 años de cárcel efectiva, ante lo cual las estimaciones indican que, en caso de recibir tal sentencia, recién podría solicitar la libertad condicional en 2055.
Balas en la madrugada
El hecho que está listo para ventilarse en juicio oral se registró el 14 de mayo de 2020, entre las 3.40 y las 4.30 de la madrugada, aproximadamente, en la vivienda que la familia compartía en el barrio Los Tungales, kilómetro 36, de la localidad de Santiago de Liniers.
Según la reconstrucción del hecho trazada por los investigadores, esa noche, Pablo Schoenfisch durmió en la casa de su abuela paterna y en medio de la madrugada cruzó la calle para ingresar a la vivienda sus padres y atacarlos a balazos mientras ambos dormían.

Arnoldo Schoenfisch tiene 61 años actualmente y Faustina Antúnez tenía 56 al momento del hecho.
Las pericias determinaron que ambas víctimas recibieron balazos en la zona del cráneo, que los disparos fueron efectuados a corta distancia y que el arma utilizada fue un revólver calibre 38 milímetros.
Producto del hecho, Antúnez falleció a los pocos minutos, mientras que Arnoldo Schoenfisch -ex intendente de la localidad- sobrevivió pero sufrió secuelas irreversible como, por ejemplo, una ceguera bilateral.
Se estima que, tras el ataque, Pablo Schoenfisch regresó a la casa de su abuela materna, se acostó a dormir y a la mañana siguiente ni siquiera soltó una lágrima cuando lo despertaron con la noticia.
Su padre, en tanto, malherido, alcanzó a pedir auxilio por una ventana de la casa y el primero en llegar a la escena fue un hermano suyo que residía prácticamente en el mismo terreno.
“Pablito hizo cagada”
Allí comenzó la investigación y la punta del ovillo fue una frase que el propio Arnaldo Schoenfisch lanzó a sus familiares en esos primeros minutos del suceso: “Pablito hizo cagada”.
La posterior pesquisa determinó, en tanto, que el acusado mantenía una relación altamente conflictiva con sus padres y varios testigos declararon que el muchacho en varias ocasiones deseó la muerte a ambos.
Un testimonio de relevancia fue el que brindó un uniformado con vínculo directo con la familia, quien recordó que, semanas antes del hecho, en el marco de un almuerzo familiar, el joven le preguntó cómo manejar un arma y cómo ocultar rastros.
El testigo señaló que su recomendación fue la utilización de un guante, aunque nunca imaginó que toda esa información aparentemente ya tenía un objetivo claro -y macabro- para Pablo Schoenfisch.

Un par de guantes de tela con cuerina, una de las pruebas clave del caso.
Además, el círculo de pruebas recolectadas contra el imputado se cierra -y se conecta-, con el hallazgo de un par de guantes de lana con cuerina ocultos en la habitación que el joven utilizaba en la casa de su abuela.
Esa prenda fue incautada y enviada a pericias criminalísticas en laboratorios de Chaco, las cuales detectaron rastros de pólvora. Mismo resultado hubo en el análisis de un jean secuestrado al muchacho.
El requerimiento de elevación a juicio fue formulado por el fiscal Edgar Doldán. Ahora, el expediente está listo para ser ventilado en debate oral y Pablo Schoenfisch está próximo a sentarse en el banquillo de los acusados.
Judiciales
Caso Guirula: tres de los seis policías imputados pidieron declarar mañana

Culminada la primera jornada del juicio oral, tres de los seis ex policías imputados por “tortura agravada seguida de muerte” en perjuicio del albañil Carlos Raúl Guirula (34), acusación que prevé una pena de prisión perpetua, adelantaron que en la audiencia de este miércoles prestarán declaración ante los magistrados del Tribunal Penal Dos de Posadas que lleva adelante el proceso.
Los acusados que a través de sus patrocinantes legales expresaron su intención de declarar fueron Ricardo Rafael Escobar (42), Carlos Alberto Da Silva (35) y Carlos Alberto Zidorak (35), mientras que quienes comunicaron que por el momento guardarán silencio fueron Lourdes Beatriz Tabarez (42), Lucas Nahuel Saravia Allosa (37) y Claudio Marcelo Servián.
Todos ellos afrontan la misma acusación, aunque al momento del hecho pertenecían a diferentes dependencias policiales y esa madrugada del 19 de julio de 2014 confluyeron en el procedimiento terminó con la muerte a golpes y costillas fracturadas del albañil Guirula.
El inicio
De acuerdo a la reconstrucción del caso trazada en el requerimiento de elevación a juicio de la causa, documento que se leyó íntegramente en la jornada de hoy, el hecho que se pretende esclarecer tuvo su origen a las 3.15 de aquella madrugada, cuando una mujer solicitó presencia policial en el motel Park, ubicado en Santa Catalina y Comandante Andresito de Posadas, debido a que un hombre estaba ocasionando disturbios.
Al lugar se dirigió un patrullero Toyota Hilux de la comisaría Decimotercera, con la oficial Tabarez como encargada, el cabo Servían como chofer y el agente Da Silva como acompañante.
Al llegar, el conserje afirmó que el conflicto comenzó cuando un cliente se negó a pagar dos botellas whisky, aunque añadió que las bebidas ya habían sido abonadas al momento de la llegada del móvil policial.
Ese cliente era Guirula, que para ese entonces se encontraba en el asiento trasero de un Renault 19. En ese contexto, la oficial Tabarez ordenó su detención, pero el albañil se resistió al procedimiento y en medio de forcejos efectuó un golpe contra la mujer policía.

Lourdes Tabarez -al fondo- era la encargada del primer patrullero que arribó al operativo.
Ante esas circunstancias, Tabarez pidió apoyo al Comando Radioeléctrico y al lugar acudieron otros dos patrulleros: un Corsa en el que iba Escobar y otro Corsa en el que iba Zidorak.
Finalmente, entre todos lograron que Guirula descienda del rodado y lo redujeron aprisionándolo contra el suelo, donde fue esposado y recibió una primera tunda de golpes antes de ser cargado en la caja trasera de la camioneta Hilux.
Instantes después, el albañil volvió a prestar resistencia y alcanzó a zafarse de los uniformados, cayéndose contra unas piedras ubicadas en las afueras al motel Park, donde volvió a ser reducido a golpes.
Para ese entonces, al lugar ya había arribado otro patrullero en el que se encontraba el último imputado, Saravia Allosa, quien a pedido de otro uniformado accionó un gas pimienta.
Traslado y muerte
Allí, Guirula volvió a ser colocado en la cajuela de la camioneta. Según la acusación planteada en etapa de instrucción, Tabarez ordenó que junto a él vayan Da Silva, Saravia Allosa y otro agente que no resultó imputado en la causa.
Durante el traslado desde el motel hasta la comisaría Decimotercera, la víctima habría continuado recibiendo golpes de todo tipo, incluso patadas y hasta se menciona que uno de los agentes iba saltando sobre su espalda.
La consecuencia fue el fallecimiento del detenido. Para cuando llegaron a la comisaría, distante a unas siete avenidas (3 kilómetros), Guirula ya no respondía y tampoco reaccionó ante un baldazo de agua, ni a las labores de reanimación practicadas.
La autopsia estableció que el hombre sufrió traumatismos graves en zonas de cabeza y tórax que a su vez provocaron fracturas costales múltiples y bilaterales. Todo ellos derivó en una contusión pulmonar bilateral grave, con insuficiencia aguda grave y edema cerebral difuso, que en su suma generó el paro cardiorespiratorio que lo llevó a la muerte.

El debate oral se extenderá hasta el 19 de noviembre en el TP-2 de Posadas.
Mediante las pericias los investigadores también establecieron que el móvil fue lavado y que a Guirula le quitaron el teléfono celular, entre otras cuestiones clave que derivaron en una orden de detención emitida para los sospechosos que ahora afrontan este debate oral donde se definirá el grado de participación de cada uno de ellos en el hecho.
Todos los acusados llegaron a esta instancia en libertad en virtud del vencimiento de los plazos de prisión preventiva, pero hoy el tribunal atendió a un planteo efectuado durante las cuestiones preliminares y dispuso que cada uno de ellos cuente con una consigna policial en sus respectivos domicilios como medida para garantizar de que nadie intente evadir el proceso.
La imputación contra los uniformados también incluye el delito de “ocultamiento de pruebas”, aunque la defensa de uno de ellos pidió la prescripción, cuestión que será atendida al momento del dictado de sentencia, según informó esta mañana el tribunal presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por Fernando Verón y Miguel Mattos, ambos subrogantes.
En la fiscalía y encargado de la acusación interviene el fiscal Vladimir Antonio Glinka.
Judiciales
Juzgan a policías acusados de “tortura seguida de muerte” contra Guirula

Transcurridos 4112 días desde el hecho, este lunes comenzó el juicio oral contra los seis ex policías acusados de la muerte del albañil Carlos Guirula (33), registrada el 19 de julio de 2014 durante un procedimiento en un motel de Posadas.
Tal como estaba previsto, el debate oral comenzó esta mañana, en la sala de audiencias del Tribunal Penal Dos de Posadas, presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por sus pares Fernando Verón y Miguel Mattos, ambos últimos en carácter de subrogante legal.
El debate oral se extenderá hasta el 19 de noviembre y a lo largo de las catorce jornadas fijadas se oirá el testimonio de casi 90 testigos, entre trabajadores del motel, agentes policiales, peritos, médicos forenses y más.
En representación de la fiscalía interviene Vladimir Antonio Glinka, mientras que los acusados cuentan con diferentes abogados defensores, tanto oficiales como particulares.
Los imputados son la oficial Lourdes Beatriz Tabarez y los suboficiales Ricardo Rafael Escobar, Carlos Alberto Zidorak, Carlos Alberto Da Silva, Lucas Nahuel Saravia Allosa y Claudio Marcelo Servián. Todos ellos están acusados por el delito de “tortura seguida de muerte” y llegan a esta instancia en libertad por el vencimiento de sus prisiones preventivas, aunque culminado este juicio pueden ser condenados a prisión perpetua.
Una vez planteada las cuestiones preliminares, el tribunal dará inicio al proceso y el primer paso será la lectura del requerimiento y del auto de elevación a juicio del expediente.
Culminado ese trámite, se prevé que el tribunal consulte a los imputados si desean prestar declaración.
La audiencia se desarrolla ante una sala con aforo repleto y puede verse a través de Youtube: https://www.youtube.com/live/D69m61FqSDA?si=EOFCOVCf9bF1EPxr
El hecho
El hecho que se busca esclarecer ocurrió durante la madrugada del 19 de julio de 2014 en un motel ubicado en la intersección de las avenidas Santa Catalina y Comandante Andresito de Posadas.
En ese lugar estaba Guirula junto a unos amigos hasta que se produjo una discusión que derivó en la intervención de la Policía. Los primeros en llegar fueron tres agentes de la comisaría Decimotercera y más tarde se sumaron uniformados del Comando Radioeléctrico Centro.
Según la reconstrucción del caso, el albañil se resistió al procedimiento y en un momento se atrincheró en su vehículo, pero después de ello logró ser reducido, instancia en la que sufrió lesiones de diversa índole.
Después de ello, Guirula fue cargado a la caja de una camioneta y trasladado a la Decimotercera, donde llegó sin vida. La autopsia marcó que la causa de muerte fue un estallido de pulmón y también detectó marcas de borceguíes en el cuerpo del albañil.
Judiciales
Un policía será juzgado por la muerte de Luciano Villalba en un operativo

El Juzgado de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem, a cargo de la magistrada Selva Raquel Zuetta, dispuso la elevación a juicio del expediente que investiga a cuatro agentes policiales que en 2019 participaron de un procedimiento en el barrio La Cantera de Apóstoles que culminó un muerto y un herido.
El uniformado más comprometido es Alan Daniel Chupiak, quien está imputado por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma y por el carácter de funcionario público”, en perjuicio de un joven identificado como Luciano Villalba (18). Esta acusación prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser declarado culpable.
Los demás involucrados son Milton Bernabé Escobar, Gerardo Germán Escobar y Daniel Elías Pereyra, quienes están acusados por “abuso de autoridad y lesiones agravadas” cometidas contra Ramón “Chueco” Piris, hermano del fallecido.
Al momento del hecho, todos ellos cumplían funciones en diferentes seccionales dependientes de la Unidad Regional VII y hasta junio figuraban como agentes activos, según la planilla de uniformados que el Tribunal Electoral tachó del padrón para las elecciones provinciales, medida que después fue revertida.
Tras el dictamen emitido por la magistrada Zuetta, el expediente fue remitido al Tribunal Penal Uno de Posadas, cuyas autoridades ahora deberán programar una fecha acorde a su calendario para la realización del debate oral donde se juzgará la responsabilidad de cada uno de los involucrados en los hechos investigados.

El procedimiento que resultó con un muerto y un fallecido ocurrió el 5 de diciembre de 2019 en el barrio La Cantera de Apóstoles.
Operativo y muerte
El hecho que se ventilará en juicio ocurrió el 5 de diciembre de 2019, año que tuvo otros dos casos de violencia institucional: el asesinato de Víctor Márquez Dos Santos (17) en Santa Ana; y la persecución y muerte de Reinaldo Andrade (37) en El Soberbio, causa que ya fue a juicio y culminó con un policía condenado a prisión perpetua.
Aquel 5 de diciembre a la madrugada una serie de patrulleros acudieron al barrio La Cantera de Apóstoles a raíz de un presunto hurto de motocicleta y el objetivo era detener a Chueco Piris, pero los familiares del implicado intentaron entorpecer el procedimiento.
En ese contexto, se produjeron corridas, forcejeos, pedradas y disparos. Uno de esos proyectiles calibre 9 milímetros alcanzó a Luciano Villalba, hermano de Piris. El balazo le perforó un pulmón y le desagarró el corazón, provocándole la muerte en el acto.
Después de ello, el magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, dispuso la detención de los cuatro uniformados que participaron del operativo y el secuestro de las armas reglamentarias de cada uno de ellos para los correspondientes estudios balísticos.
A la espera de esos resultados y en medio de movilizaciones a favor de los policías en Apóstoles, los cuatro involucrados recuperaron la libertad.
En el transcurso de la causa, finalmente el juez Faría se apartó del caso y el expediente quedó en manos del Juzgado de Instrucción Cinco de Alem, donde se culminó la etapa investigativa.
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