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Estafaba con causas de lesa humanidad y recibió 14 años de cárcel por abuso

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El misionero Adrián Martínez Moreira, procesado por liderar una banda que estafaba al Estado con el cobro de reparaciones para víctimas y familiares de la última dictadura, fue condenado por el Tribunal Oral Criminal 16, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) a 14 años de prisión por la violación de un muchacho, a quien para abusarlo le dio tres puñaladas en la espalda y lo privó de su libertad, amenazándolo con dejarlo desangrarse si no le prometía que no formularía ninguna denuncia.

Según el fallo de los jueces Gustavo González Ferrari, Inés Cantisani y Valeria Rico, al que accedió La Voz de Misiones, el acusado, cuyo nombre real es Matías Ezequiel López, fue encontrado “plenamente responsable” de “abuso sexual con acceso carnal reiterado en tres oportunidades, dos de ellas agravado por el uso de arma, y hurto”.

El misionero se encontraba guardando prisión preventiva desde agosto del año pasado, esperando el desenlace del juicio oral por el hecho ocurrido en mayo de 2024 en su departamento, adonde mediante engaños había llevado a su víctima.

Según confiaron a LVM fuentes judiciales, entre los elementos de prueba, figuraban mensajes de Whatsapp Martínez Moreira con otros hombres, con quienes también habría empleado la misma metodología, y de hecho el misionero está procesado por otro caso de abuso, que habría ocurrido en julio de 2024, semanas antes de que el TOC porteño dictara su prisión preventiva en la causa por la que fue condenado ahora.

“Llevaba gente vulnerable y las abusaba bajo presión”, comentaron las fuentes y explicaron, en relación con este último caso que desembocó en su condena: “Esto era lo mismo, pero agarró un cuchillo porque parece que el tipo se quiso defender”.

“En un chat un tipo le decía ‘no puedo, estoy descompuesto con mi hijito’; él le decía ‘subí igual y lo dejamos por ahí’; el tipo vomitó y no subió”, relataron.

Fabulador

Martínez Moreira y otras cuatro personas están, asimismo, procesadas por conformar una organización criminal que engañaba a víctimas y familias de víctimas de la dictadura y estafaba al Estado con el cobro de las reparaciones por crímenes de lesa humanidad.

El misionero se presentaba desde hace años como hijo de una pareja de militantes paraguayos desaparecidos durante la dictadura del general Alfredo Stroessner, y viene acumulando denuncias desde 2015.

Entre las figuras penales incorporadas a la investigación se encuentran acciones judiciales que Martínez Moreira encaminó en la Justicia Federal de Posadas, donde se sospecha pudo haber utilizado testigos falsos y documentos adulterados.

Según la investigación judicial, la banda liderada por el misionero comenzó a operar en 2013, a través de una organización llamada “Comisión Nacional y Popular de Leyes Reparatorias”, con la que contactaba con víctimas y familiares del terrorismo de Estado y ofrecía representarlos en gestiones y demandas por sus indemnizaciones.

Martínez Moreira y su grupo se presentaban como abogados, pero distintas investigaciones periodísticas sostienen que no hay registro de ninguno de ellos en los colegios profesionales de Caba y la provincia de Buenos Aires.

El misionero afirmaba, además, ser sociólogo graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), y haber cursado el secundario en el Colegio Nacional de Buenos Aires.

Nada de esto era cierto. Tampoco su nombre. Una investigación de la Procuración General de la Nación (PGN) determinó que su nombre real es Ovidio Martínez, nacido el 30 de abril de 1993 en el hospital de Jardín América, hijo de Santa Moreira y Emilio Martínez, domiciliados en Puerto Leoni, quienes lo entregaron con fines adoptivos en la Defensoría Oficial de Puerto Rico, y cuya nueva familia lo anotó como Ezequiel Matías López.

 

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Seis policías llegan a juicio por el caso Guirula once años después

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Carlos Guirula

El Tribunal Penal Dos de Posadas programó para el 21 de octubre el inicio de las audiencias para el juicio oral contra seis ex policías acusados de la muerte del albañil Carlos Guirula (33) durante un procedimiento en un motel de Posadas en julio de 2014.

El debate se extenderá hasta el 19 de noviembre y a lo largo de las catorce jornadas fijadas se oirá el testimonio de casi 90 testigos, entre trabajadores del motel, agentes policiales, peritos, médicos forenses y más.

El tribunal estará integrado por los magistrados César Yaya, Gregorio Busse y Marcela Leiva (subrogante), mientras que en representación de la fiscalía intervendrá Vladimir Glinka.

Los imputados son la oficial Lourdes Beatriz Tabarez y los suboficiales Ricardo Rafael Escobar, Carlos Alberto Zidorak, Carlos Alberto Da Silva, Lucas Nahuel Saravia Allosa y Claudio Marcelo Servián. Todos ellos están acusados por el delito de “tortura seguida de muerte” y llegan a esta instancia en libertad por el vencimiento de sus prisiones preventivas.

Lourdes Tabarez es una principales apuntadas por el procedimiento.

El hecho que se busca esclarecer ocurrió durante la madrugada del 19 de julio de 2014 en un motel ubicado en la intersección de las avenidas Santa Catalina y Comandante Andresito de Posadas.

En ese lugar estaba Guirula junto a unos amigos hasta que se produjo una discusión que derivó en la intervención de la Policía. Los primeros en llegar fueron tres agentes de la comisaría Decimotercera y más tarde se sumaron uniformados del Comando Radioeléctrico Centro.

Según la reconstrucción del caso, el albañil se resistió al procedimiento y en un momento se atrincheró en su vehículo, pero después de ello logró ser reducido, instancia en la que sufrió lesiones de diversa índole.

Después de ello, Guirula fue cargado a la caja de una camioneta y trasladado a la Decimotercera, donde llegó sin vida. La autopsia marcó marcó que la causa de muerte fue un estallido de pulmón y también detectó marcas de borceguíes en el cuerpo del albañil.

El caso se registró en 2014 y más tarde se realizó una reconstrucción del hecho.

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Preventiva para ex policía acusado del femicidio de la preceptora Machuca

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preceptora machuca

El Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón, resolvió este lunes el dictado de prisión preventiva contra el ex policía Gustavo Cardozo (37), único acusado por el femicidio de su pareja, la preceptora Soledad Machuca, cometido a fines de febrero de este año.

La resolución se firmó esta mañana y en la medida se mantiene la imputación contra el ex uniformado por el delito de “homicidio doblemente agravado por la condición de funcionario público y por la relación de pareja”, figura que prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser declarado culpable en un futuro de debate oral y público.

El procesamiento vino acompañado, además, de su traslado a la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, donde será alojado en el pabellón destinado a ex integrantes de las fuerzas de seguridad, mismo lugar en el cual, entre otros, estuvo detenido el ahora diputado electo Ramón Amarilla.

El deceso de la preceptora Machuca ocurrió el 25 de febrero de este año y como primera hipótesis surgió la posibilidad de un accidente doméstico, pero las pericias realizadas en el interior de su casa, más las conclusiones del examen forense, determinado que se trató de una muerte violenta por asfixia manual, es decir, un estrangulamiento.

Organizan marcha para pedir justicia por el femicidio de la preceptora Machuca

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Una apelación postergó segunda indagatoria al intendente de Colonia Polana

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Raúl Francisco Núñez, actual intendente de Colonia Polana, fue citado a declaración indagatoria el pasado viernes ante el juez de Instrucción Dos de Jardín América, Roberto Sena, por una causa que lo investiga por usurpación y amenazas contra los hermanos Germán y Julio Llanos.

A diferencia de diciembre pasado, cuando se dio la primera citación a indagatoria y Núñez se abstuvo de declarar, en esta oportunidad su defensa representada por Ángel Raúl Gauto, presentó un recurso de apelación planteando la nulidad de la audiencia fijada para el 19 de septiembre a las 10.

Según pudo averiguar La Voz de Misiones, en el planteo la defensa del jefe comunal hace referencia a un pedido de recusación que el juez Sena rechazó previamente y por ello ahora la cuestión debe ser resuelta por la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de la provincia.

De esta manera, recién una vez que Apelaciones emita un dictamen sobre las cuestiones planteadas se podrá volver a retomar la indagatoria.

En este expediente Núñez es señalado como el actor principal detrás de la usurpación de 107 hectáreas en sucesión, a nombre de Julio César Llanos (padre).

Por otro lado, aún queda pendiente la resolución de otro caso vinculado al anterior por “falsificación de instrumento público”, en relación al boleto de compraventa con el cual habría iniciado la maniobra fraudulenta.

Roberto Sena, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América

Antecedentes

Según información relevada por este medio, Núñez carga sobre su espalda al menos una decena de expedientes, de los cuales dos involucran a los hermanos Llanos, contra quienes habría ejercido “amenazas y violación de propiedad”, según la denuncia.

En cuanto a los demás hechos, se observan al menos dos demandas laborales fechadas en 2011 y 2014, una denuncia por amenazas en 2024, una imputación por usurpación y amenazas ese mismo año y en 2025 fue imputado por daño, hurto y desobediencia judicial.

Intendente de Colonia Polana citado a declarar por usurpación y amenazas

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