Judiciales
Correntina declaró en Roma en juicio contra militar implicado en Plan Cóndor
Dos mujeres argentinas, hijas de una pareja de ítaloargentinos ultimados durante una maniobra enmarcada en el denominado Plan Cóndor de las dictaduras latinoamericanas, declararon esta semana como testigos en el juicio que se lleva adelante en los tribunales de Roma contra el ex militar uruguayo Jorge Néstor Tróccoli.
Las testigos se tratan de Ida Beatriz García, hija de la italiana nacionalizada argentina Rafaella Filippazzi, que se desempeña como empleada judicial en Corrientes, y Silvia Potenza, hija del músico peronista José Agustín Potenza, que vive en San Luis.
El juicio se realiza contra Tróccoli, un exmarino del Cuerpo de Fusileros Navales (Fusna) del Comando General de la Armada uruguaya, que participó de las fuerzas conjuntas que activaron en la región el denominado Plan Cóndor con el que se llevó adelante el plan sistemático de represión y exterminio de la militancia política por parte de las dictaduras latinoamericanas, consignó Télam.
En esta causa, el ex militar uruguayo está señalado como el responsable de la operación que inició con el secuestro Filippazzi y Potenza en un hotel de Montevideo.
Según se pudo reconstruir, el secuestro se concretó entre el 25 y el 26 de junio de 1977 en el hotel Hermitage del barrio Pocitos de Montevideo y el rol de Tróccoli en la maniobra es considerado clave para el confinamiento y destino final de la pareja de ítaloargentinos, que permaneció en cautiverio varios meses.
El derrotero de la pareja consiga que primero estuvieron detenidos en un centro clandestino de Uruguay y luego fue trasladada a Paraguay, donde finalmente ambos fueron asesinados a fines de ese mismo año.
Los testigos y la comitiva que representa a la querella argentina en el juicio en Roma.
Los restos de la pareja recién fueron individualizadas en 2013 en una fosa común de un predio del Escuadrón Especializado de la Policía Nacional de Paraguay, lindero a la cárcel de Tacumbú, en Asunción. Lograron ser identificadas gracias a un entrecruzamiento de datos genéticos realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense y entregados a sus familiares en 2017.
El debate se desarrolla en la sección III del Tribunal de Primera Instancia de Roma, presidido por la jueza Antonella Capri, donde la querella argentina está representada por los abogados del Consulado de la República Argentina en Roma Mario Angelelli y Silvia Calderoni.
Según informó a Télam el abogado especialista en derechos humanos Pablo Vassel, el jueves también declararon Lidia Cabrera y Sotero Franco, ex miembros del Partido Comunista Paraguayo, que, exiliados en la Argentina, fueron secuestrados por el Plan Cóndor y confinados a las mismas unidades carcelarias que Potenza y Filippazzi, donde mantuvieron contacto.
Tróccoli también está acusado de la desaparición de la militante política uruguaya Elena Quinteros, secuestrada en junio de 1976 y cuya rastro se perdió en el centro clandestino de detención “300 Carlos”.
El ex militar uruguayo escapó de la Justicia uruguaya en 2007 y fue detenido en 2021. Actualmente, continúa preso por delitos similares en Italia.
Los cuatro detenidos por el asesinado del contratista Aldo Roque Silvero (43) en Puerto Esperanza se abstuvieron de declarar ante la Justicia y fueron imputados provisoriamente por el delito de “homicidio criminis causa”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, tanto Camila Benítez (19), como su novio Alejo Johan Benjamín Winflinger (16), el supuesto “instigador” Lucas Da Costa (19) y un cuarto implicado, decidieron guardar silencio al momento de comparecer ante el magistrado Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú.
En la misma audiencia, todos ellos fueron notificados de la investigación que se lleva adelante en sus contra, de los elementos de prueba recolectados hasta el momento y fueron imputados por el delito de “homicidio criminis causa”, calificación que podría variar conforme avance el expediente.
Tras su paso por el juzgado, los cuatro implicados volvieron a ser alojados en la celda policial donde continuarán detenidos mientras avanza la investigación por el crimen de Silvero, el contratista que la semana pasada fue asesinado de 17 puñaladas en presunto caso de robo.
Según indicaron las fuentes, el adolescente detenido ahora quedó a disposición de la Justicia menores, cuyos responsables deberán decidir los próximos pasos a seguir respecto a su situación.
Cayó el presunto “instigador” y son cuatro los detenidos por el caso Silvero
Con ley sancionada, fiscal designado y acto de jura cumplimentado, la flamante Fiscalía de Ciberdelitos está lista para comenzar a funcionar a partir del 2 de enero de 2025.
La dependencia judicial, cuyo nombre oficial será “Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos de la Provincia de Misiones”, según lo establecido en la Acordada 202 del Superior Tribunal de Justicia (STJ), publicada hoy en el Boletín Oficial de Misiones.
En la misma resolución se determina que la fiscalía, cuyo titular será Juan Pablo Espeche, comenzará a funcionar a partir del jueves próximo, ante lo cual “todas las causas en trámite referidas a Ciberdelitos iniciadas antes del día 2 de Enero de 2.025, que asume competencia, continuarán hasta su finalización en las fiscalías de radicación y se tramitarán de acuerdo a las disposiciones vigentes”.
La acordada del STJ además resalta otro dato importante y es que la fiscalía tendrá su oficina en un edificio ubicado sobre avenida López Torres 4881, donde tendrá turno permanente y con competencia territorial para intervenir en toda la provincia.
La nueva oficina fue presentada el lunes ante la presidenta del STJ, Rosanna Venchiaruti Sartori, y otras autoridades del máximo órgano judicial de la tierra colorada, quienes recorrieron las instalaciones que también albergará a la Procuraduría General de Misiones, a cargo de Carlos Giménez.
“El Procurador subrayó que el establecimiento de esta nueva fiscalía no sólo tiene como fin garantizar una respuesta más ágil y eficiente ante los delitos cibernéticos, sino también avanzar en la creación de un marco legal adecuado que permita una mejor protección de los derechos digitales de los ciudadanos”, destacaron desde el STJ.
Juan Pablo Espeche juró como titular de la Fiscalía de Ciberdelitos
El Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar -multifuero- de Apóstoles volvió a cerrar el año con cifras récord en materia de resolución de causas, con un total 386 sentencias dictadas.
La dependencia judicial que dirige el magistrado Juan Manuel Lezcano acumuló durante el 2024 un total de 1.426 causas, con una producción de 386 sentencias, 980 resoluciones y otros 580 expedientes que se remitieron a archivo, según una estadística oficial.
“Hubo un nivel de respuesta casi inmediato del servicio de justicia y para nosotros eso es un gran orgullo”, valoró Lezcano, quien destacó la labor diaria de su equipo de trabajo integrado por secretarias, jefes de despecho y agentes judiciales.
El juez Juan Manuel Lezcano agradeció la labor diaria de todo su equipo de trabajo.
El magistrado detalló, además, que este año comprobaron una merma del 10% en el ingreso de causas y destacó la oralidad de civil y la implementación de la tecnología como herramientas clave para luchar contra la mora en los trámites.
En ese punto, destacó las nuevas funcionalidades del expediente digital; la línea contame; la mediación; y el mecanismo de denuncia digital con el que el juzgado trabaja en forma conjunta con la Policía.
De esta manera, el juzgado multifuero culmina otro año con cifras a resaltar, dado que en 2023 registró un total de 1502 causas, de las cuales un 96% fueron resueltas, independientemente del tipo de resolución dictada.
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