Provinciales
Nunca Más: la dictadura cívico-militar hizo desaparecer a 60 misioneros
Con el “Nunca Más” como bandera, el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia conmemora hoy el 45º aniversario del golpe de Estado cívico-militar que irrumpió la vida democrática de la Argentina entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.
A día de hoy, la Justicia ya lleva más de 1.000 condenas a represores por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, que se saldó con la desaparición de 30.000 personas.
Los números se desprenden de un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que consignó que, hasta fines del 2020, habían sido imputadas 3.448 personas y se habían dictado 250 sentencias, en las que resultaron condenadas 1.013 personas (276 de ellas con al menos un fallo firme) y absueltas 164.
Del total de investigados, 904 fallecieron en los años de procesos, de los que 692 lo hicieron antes de obtener sentencia y 212 tras ser condenados o absueltos. A la vez, 25 personas acusadas de crímenes de lesa humanidad están prófugas y su captura tiene precio: el Estado ofrece el pago de recompensas de entre 500.00 y 1 millón de pesos.
El camino hacia la verdad y la justicia se abrió a partir del Juicio a las Juntas militares en 1985, que condenó a la plana mayor de la dictadura, conformada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti.
También se abrieron causas contra cientos de mandos inferiores, pero este proceso se interrumpió con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que impulsó el ex presidente Raúl Alfonsín entre 1985 y 1986 y que impidieron el juzgamiento o ejecución de las condenas contra represores.
El pacto de impunidad se perfeccionó con la llegada a la presidencia de Carlos Menem, quien firmó indultos a favor de los militares del régimen que cometieron crímenes de lesa humanidad. Recién en 2005, durante el mandato de Néstor Kirchner, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las “leyes de impunidad” del alfonsinismo y los juicios se reanudaron.
Hasta el momento, fueron condenados 1.013, y en los últimos años creció el número de pedidos de prisión domiciliaria, la mayoría por la avanzada edad de los acusados, algo a lo que se sumó en 2020 el argumento de la posibilidad de contraer coronavirus en la cárcel.
Nunca Más: la represión en Misiones
El aparato represivo de la dictadura se apoderó del país a partir del 24 de marzo de 1976 y la provincia de Misiones no fue la excepción.
Ese año, fue depuesto el gobernador democrático y constitucional Miguel Ángel Alterach y fue nombrado en su reemplazo el coronel Juan Antonio Beltrametti -el primer interventor de la dictadura en la tierra colorada-, quien el 23 de abril fue reemplazado por el capitán de navío René Buteler, a quien le cabría la mayor responsabilidad de la represión ilegal en Misiones.
Según cuenta el sitio Misiones tiene Historia, basado en datos de los juicios realizados en la provincia, tras el golpe de Estado, Misiones fue integrada en la zona militar 2, que abarcaba también a Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa, cuyo responsable directo era el comandante del Cuerpo de Ejército II, con asiento en Rosario.
A su vez, la zona se subdividía en la subzona 23 (provincias de Misiones, Chaco, Formosa y departamentos de Capital, San Cosme, San Luis del Palmar, Empedrado, Saladas, Bella Vista, Lavalle, Goya y Esquina, en la provincia de Corrientes), a cargo del comandante de la Brigada de Infantería VII de Corrientes. Finalmente, la provincia de Misiones se unificó como área 232 bajo el comando del jefe del Regimiento de Infantería de Monte 30 de Apóstoles.
La represión en Misiones se concentró en el movimiento agrario y en sus aliados políticos, en especial la Juventud Peronista y la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). El 50 por ciento de la primera comisión directiva del Movimiento Agrario de Misiones (MAM) fue víctima de la dictadura y el candidato a vicegobernador del Partido Auténtico y el primer candidato a diputado, Juan Figueredo, fueron asesinados durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.
En Misiones, se registran a la fecha 60 casos de detenidos-desaparecidos, además de cuatro misioneros asesinados en la masacre de Margarita Belén, en Chaco. La mayoría de los secuestros se produjo entre marzo y octubre de 1976, con un total de 600 presos políticos, algunos de los cuales permanecieron en esa condición hasta el retorno de la democracia.
El principal centro clandestino de detención que funcionó en la provincia fue la Jefatura de Policía, ubicada en pleno centro de Posadas. Allí se realizaba la primera detención de las víctimas y se les aplicaban los primeros tormentos.
Luego, eran trasladados a centros de tortura, como la Casita del Mártires -en inmediaciones de la avenida Chacabuco y el arroyo homónimo del oeste posadeño- o a la Casita del Rowing, donde los detenidos eran sometidos a sesiones de tortura.
Otro centro clandestino de importancia fue el Regimiento de Infantería 30 de Apóstoles, desde donde se organizó el Operativo Toba, en octubre de 1976, con el fin de capturar a los miembros del MAM y las Ligas Agrarias que aún no habían sido aprehendidos.
Muchos de los detenidos, luego de ser blanqueados, fueron alojados en la cárcel de Candelaria o en la Unidad Federal N° 7 de Resistencia.
La premisa del Nunca Más y la consecuente reanudación de los procesos judiciales, llevó a que Misiones cuente con nueve condenas por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante los años de plomo: Juan Antonio Beltrametti y Carlos Caggiano Tedesco, ex miembros del Ejército, recibieron la pena de prisión perpetua. Caggiano Tedesco además fue condenado por el Plan Cóndor.
José Maria Cuenca, del Servicio Penitenciario Federal (SPF) fue condenado a 20 años; Felipe Nicolás Giménez, de la Policía provincial, a 21 años y 6 meses; Rubén Alberto Gómez, del SPF, a 23 años; Carlos Omar Herrero, de Ejército, a 20 años; y Carlos Alberto Pombo, ex miembro de la Policía, fue sentenciado a siete años de cárcel.
Docentes del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL), Autoconvocados 100% y el Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL) cortan el tránsito de la ruta nacional 12, a la altura del kilómetro 1.519, en la localidad de Montecarlo.
La medida de fuerza que ejecutan los educadores sobre la arteria nacional estaba prevista para hoy en desacuerdo por el incremento salarial del 5,1% que anunció el gobierno provincial a aplicarse en dos tramos durante el periodo julio – octubre.
El incremento que propuso la patronal, un 2,5% en julio y otro 2,5% para septiembre, fue rechazado por las agrupaciones de docentes disidentes que este miércoles se movilizan, como así también por los gremios oficialistas al considerar “insuficiente” la propuesta.
Si bien todo el sector educativo rechazó la recomposición salarial del 5,1%, las autoridades provinciales definieron que se aplicaría lo propuesto en las mesas de diálogo realizadas el pasado jueves.
Debido a la postura oficial, los gremios disidentes anunciaron medidas de fuerza bajo la consigna “Basta de Ajuste”, de las cuales una se lleva a cabo en estos momentos sobre la ruta nacional 12 en Montecarlo por tiempo indefinido.
Según informó la Policía de Misiones, serían unos 75 trabajadores protestando sobre la arteria y agentes trabajan en el desvío de los vehículos por caminos alternativos.
Definen 5,1% de aumento para docentes y gremios en desacuerdo harán paro
En la mañana de hoy autoridades del gobierno provincial plantearon, ante los gremios de la mesa de diálogo docente, una recomposición salarial del 5,1% para el período julio-octubre de 2025, monto que finalmente fue rechazado, pero que de igual manera será aplicado. Por su parte, los gremios disidentes convocaron a paro por 24 horas, con movilización y asambleas para este viernes.
Del encuentro que se desarrolló en el Salón Oval del Ministerio de Educación, participaron el sindicato de Educadores Misioneros Alfredo Bravo (Semab), la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM), la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) y el Sindicato de Docentes de Educación Pública de Gestión Privada (Sidepp), quienes rechazaron el incremento salarial ofrecido.
La propuesta del gobierno consistió en una recomposición del 5,1% en los sueldos netos de bolsillo para el período julio-octubre de 2025, distribuidos en dos tramos: un 2,5% de aumento en julio y otro 2,5% en septiembre.
De esta manera, para julio el básico ascenderá a $165.000,77 y el mínimo salarial (con el Fopid) a $613.449 para los docentes sin antigüedad, $629.633 para los de cinco años, $655.929 para los de diez años, $679.796 para los de 15, $767.703 para los de 20 y $855.410 para quienes cuentan con 25 o más años de antigüedad.
Al mismo tiempo, planteó que el 33% del Fopid, que hasta ahora era no remunerativo, pasará a serlo a partir de agosto y se estableció el pago de las suplementarias docentes de abril y mayo durante julio, y la de junio en agosto.
Del encuentro participaron el ministro de Educación Ramiro Aranda, la ministra de Trabajo Silvana Giménez, el ministro de Hacienda Adolfo Safrán, la presidenta del CGE Daniela López y su equipo de trabajo conformado por el secretario general de UDPM Rubén Darío Caballero y demás representantes sindicales.
El rechazo
Culminado el cónclave, desde UDPM manifestaron su disconformidad con el incremento salarial a través de un comunicado: “Debido a considerar insuficiente la propuesta NO hay acuerdo en lo salarial”.
Sin embargo, reconocieron que se establecieron otros acuerdos en el marco de la mesa de diálogo, como ser: el remunerativo de un 33% del Fopid a partir de agosto, el pago de suplementaria de abril y mayo en el mes de julio, y la de junio en el mes de agosto.
También se acordaron nuevas reuniones de las mesas técnicas, siendo la de previsional y preceptores en la semana del 4 de agosto, la técnica pedagógica de jornada extendida y completa en la semana del 11 de agosto, salud laboral en la semana del 25 de agosto, educación técnica en la semana del 18 de agosto y técnica sobre cargos MEP/MET de escuelas públicas de gestión privada en la semana del 18 de agosto.
Finalmente contemplaron agilizar el contrato de porteros suplentes cuando se produce la vacante, analizar situación de acceso y terminalidad de las E.P.J.A en la primera semana de septiembre e incorporar un año más de titularización, vacante 2023 y la estabilidad laboral acorde a los requisitos mínimos establecidos por resolución.
Paro y movilización
Casi en simultáneo, se realizó una negociación en la Escuela Normal Estados Unidos del Brasil junto a los docentes que integran el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL), Autoconvocados 100% y el del Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL), quienes también rechazaron la propuesta.
“El gobierno provincial trajo como propuesta de aumento de $15.000 para julio y después recién en septiembre otro incremento de $15.000. En resumen eso fue lo que nos ofrecieron, por lo cual nosotros rechazamos de manera categórica. No hubo firma ni acta”, manifestó un docente del FTEL.
Frente a este panorama, los gremios mencionados decidieron convocar a paro por 24 horas con asamblea para este viernes 11 de julio, medida que se replicará durante el receso invernal los días miércoles 16 y jueves 24 de julio, con movilizaciones en distintas localidades.
Por una disposición del ministerio de Gobierno, los talleres encargados de realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) aplicarán un recargo de 35% por trimestre a quienes acudan a renovar el trámite con obleas vencidas.
La novedad fue informada por el diario Primera Edición, que además consignó que la normativa entrará en vigencia a partir del 1 de agosto y donde se estipula una tolerancia máxima de 10 días corridos desde el vencimiento de la VTV para no aplicar el recargo.
De lo contrario, los talleres estarán habilitados a cobrar un extra de 35% por cada trimestre transcurrido desde el vencimiento de la oblea anterior.
Es decir que, si un usuario acude a renovar una VTV que venció en un plazo estipulado entre tres y seis meses pagará un 70% más y si ocurre en un plazo de entre seis y nueve meses abonará un 105% más. Y así sucesivamente.
La medida se dispuso en paralelo a la autorización de un 30% de aumento en los valores del trámite, lo que elevó los precios de $42.000 a $54.600 para un autor particular y de $16.000 a $40.500 para motovehículos. A esos montos habrá que sumar los porcentajes que se correspondan a la cantidad de días transcurridos a partir del vencimiento de la licencia anterior.
Según añadió el mismo matutino posadeño, los recargos obedecen a resguardar la seguridad vial, debido a la detección de un importante número de usuarios que acuden a renovar el trámite con las licencias ya vencidas, lo cual constituye una infracción a las normas de tránsito.
Aumentó la VTV: un auto particular paga $54.600 y motos arrancan en $16.200
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