Judiciales
Causa Fucammi: producían aceite de cannabis e irán a juicio por narcotráfico
Los productores del aceite de cannabis que elaboraba la Fucammi en Puerto Rico irán a juicio acusados por delitos considerados como de narcotráfico. Así lo dispuso el Juzgado Federal de Oberá que, tras un dictamen emitido el año pasado por la Cámara Federal de Apelaciones, debió dar marcha atrás en su procesamiento inicial y elevó la causa a instancia de debate oral bajo los parámetros de la Ley 27.737 de Estupefacientes.
La medida alcanza a la presidenta de Familias Usuarias del Cannabis Medicinal Misiones (Fucammi), Rosana Vier (52); a su esposo Roberto Enrique Steckler (61); y a dos empleados de la asociación, uno administrativo y otro encargado de la distribución de los productos, según pudo establecer La Voz de Misiones en base a fuentes consultadas.
Inicialmente fueron acusados por la producción y venta de medicamentos sin autorización, que preveía penas de 4 años de cárcel como máximo pero, tras un apelación de la fiscalía interviniente y un dictamen de la Cámara de Apelaciones, sus imputaciones fueron agravadas y alcanzadas por la Ley 27.737, elevando las expectativas de penas hasta los 15 años. Todos están procesados sin prisión preventiva.
Fucammi, denuncia anónima y allanamientos
La historia de Fucammi arrancó a mediados de 2015 y, según contó la propia Vier en entrevistas periodísticas brindadas en ese momento, ella comenzó a producir aceite de cannabis con fines terapéuticos para su hermano Juan Carlos, que presentaba un cuadro de epilepsia refractaria.
A partir de ahí, observó que decenas de personas se encontraban en su misma situación y empezó a elaborar el aceite de cannabis para otras familias con distintas dolencias que no encontraban respuesta en los tratamientos tradicionales.
“Fucammi es un grupo sin fines de lucro, políticos ni religiosos, apoyando a la legalización del uso medicinal del Cannabis, para tratar diferentes enfermedades, entre ellas: Epilepsia, Epilepsia Refractaria, Alzheimer, dolores crónicos, cáncer, migraña, artritis, anorexia, esclerosis múltiples, reumatismo, depresión, glaucoma ocular, parkinson”, se presentaba la asociación en sus redes sociales por aquel entonces.
Sin embargo, todo cambió el 2 de julio de 2019, cuando una denuncia anónima desde Ciudad de Buenos Aires alertó sobre el funcionamiento de la asociación a la Policía Federal Argentina (PFA).
El caso quedó en manos de la Fiscalía Federal de Oberá, a cargo de Viviana Vallejos, quien dio instrucciones a la División Antidrogas Eldorado de la PFA para confirmar o descartar lo denunciado.
Así fue como los investigadores marcaron domicilios de los involucrados e interdictaron envíos a toda la provincia de los productos elaborados por Fucammi y finalmente en agosto de 2019 se ordenaron allanamientos que derivaron en la incautación de frascos con aceite, lociones, urgüentos y jabones, todos producidos a base de cannabis, además de tachos con picadura de marihuana macerándose en alcohol y 720 gramos de cogollo.
En la investigación también se determinó que los involucrados no contaban con autorizaciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), ni tampoco solicitaron ser incorporados al Registro Nacional de Pacientes en Tratamiento con Cannabis (Recann).
La causa judicial
Toda la causa quedó en manos, entonces, del Juzgado Federal de Oberá, a cargo del magistrado Alejandro Gallandat Luzuriaga, que inicialmente resolvió procesar sin prisión preventiva a los cuatro imputados por los delitos de “producción de sustancias medicinales en establecimientos no autorizados y venta sin autorización de sustancias medicinales que requieren receta médica”, previstos por los artículos 204 ter y 204 quinquies del Código Penal de la Nación, los cuales establecen penas de hasta 4 años de prisión como máximo.
Y ello dio inicio a una contienda jurídico-legal sobre el asunto. Es que la fiscal Vallejos no compartió lo resuelto y apeló la resolución al considerar que el delito en el que presuntamente incurrieron los miembros de Fucammi debían ser encuadrados bajo la Ley 27.737 de Estupefacientes, argumentando que los productos que eran comercializados por la asociación tenían “capacidad toxicomanígena” y eran “nocivos para la salud pública”, por lo cual no debían ser consideradas “medicinales”, sino estupefacientes.
Ante esta presentación, en el expediente debió intervenir la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia, cuyos magistrados analizaron el planteo y en base a los elementos recolectados resolvieron hacer lugar a la opinión de la fiscal Vallejos -sostenida a la vez por la Fiscalía General Federal-, revocando el procesamiento de primera instancia y estableciendo que los cuatro miembros de Fucammi debían ser imputados en el marco de la Ley de Estupefacientes, al igual que cualquier hecho de narcotráfico.
En ese fallo, tal como ya publicó LVM en abril de 2022, los magistrados consideran que los hechos cometidos por Vier y sus compañeros de Fucammi deben ser encuadrados por el artículo 5 de la Ley 27.737, incisos b y c, que hacen referencia a la producción, comercialización, almacenamiento y transporte de estupefacientes, figura que prevé penas que van desde los 4 hasta los 15 años de prisión.
La resolución en su momento fue publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ) y lleva las firmas de los jueces Ana Lía Cáceres de Mengoni, Mario Osvaldo Boldú y Mirta Tyden de Skanata.
Medicina no, droga
Entre los fundamentos de la decisión, los jueces de la cámara expusieron los resultados de las pericias químicas como elemento clave para acreditar la “aptitud toxicomanígena” de todos los productos elaborados a base de cannabis (aceite, jabones, lociones, etcétera) que fueron incautados en los diversos allanamientos realizados cuando comenzó la causa, entre 2019 y 2020.
De esas pericias se desprende que las muestras analizadas arrojaban concentraciones de THC de un mínimo de 1,2 hasta un máximo de 5,3% y los magistrados contrastaron esas conclusiones con un informe remitido por el presidente de Misiopharma S. E., que sostiene que el aceite de cannabis estandarizado y autorizado contiene THC en niveles de hasta 0,3%.
“Evidenciando que las muestras analizadas en el Informe Pericial Químico Nº 2766 excedían ampliamente los valores aceptados e imposibilita que la sustancia secuestrada sea considerada como “medicina”, arguyeron los magistrados.
En la resolución también hicieron énfasis en la escasez de controles microbiológicos en la producción (principalmente en las semillas) y a la falta de autorización legal para la fabricación de productos medicinales.
Ante todas estas argumentaciones, los magistrados de la cámara entendieron que las conductas de Vier, Steckler y el resto de los imputados debían ser calificadas como en orden a delitos vinculados a la Ley 27.737 de Estupefacientes. Es decir, como hechos de narcotráfico.
A juicio por narcotráfico
De esta manera, la Cámara revocó el procesamiento dictado en primera instancia por el juez Gallandat Luzuriaga y devolvió el expediente ordenando un nuevo pronunciamiento bajo los lineamientos recomendados.
Fue así que el magistrado no tuvo más que aceptar lo dispuesto por la instancia superior y decretar la elevación a juicio con un agravamiento en la acusación de los cuatro implicados.
Según consignaron fuentes de LVM, la resolución se firmó a fines del año pasado, tras el requerimiento de elevación a juicio formulado por la fiscal Vallejos, quien consideró que tanto Vier como Steckler deben responder coautores de los delitos de “producción, fabricación y comercialización”, previstos por el artículo 5 incisos b y c de la Ley 27.737, que prevé penas de entre 4 y 15 años de prisión.
Las mismas fuentes añadieron que el nuevo dictamen no recibió oposición alguna de las defensas, ante lo cual fue automática confirmada y remitida al Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, cuyas autoridades ahora deben programar fecha para la realización del debate donde se ventilará el caso.
Será en esa instancia, con los implicados en el banquillo, donde se resolverá la cuestión. “De darse será un debate con mucho para discutir y seguramente concitará la atención de muchos sectores involucrados, como así también de organizaciones pro y anti cannabis”, consideró un especialista consultado por este medio.
Causas similares
Una causa similar se llevó adelante en Entre Ríos, donde un joven dueño de un grow shop fue llevado a juicio por “siembra o cultivo de plantas utilizables para producir estupefacientes” (art. 5 inc. a de la ley 23.737) y “tenencia simple de estupefacientes” (art. 14, primera parte, ley 23.737), pero finalmente en octubre de 2022 el Tribunal Oral Federal de Paraná lo sobreseyó luego que la Fiscalía considerara que no correspondía acusarlo por los delitos que le endilgaban.
En Córdoba también hubo casos parecidos que culminaron en sobreseimientos. En esa causa la Justicia de primera instancia desestimó la acusación, aunque, al igual que en el caso Fucammi, la Cámara de Apelaciones revocó ese primer dictamen.
Sin embargo, luego el caso fue analizado en casación y el tribunal superior entendió que no había delito. En la causa Fucammi, como se mencionó, las defensas no recurrieron en casación.
Judiciales
Imputaron por homicidio simple a acusado de matar y enterrar a Priscila Díaz
Carlos David Del Valle (21), el joven detenido por el asesinato de Priscila Cecilia Díaz (21), la muchacha de Jardín América que fue estrangulada y luego enterrada en un pinar de Jardín América, se abstuvo de declarar ante la Justicia y fue imputado por el delito de homicidio simple.
Tal como estaba previsto, el implicado fue trasladado ayer al mediodía al Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, donde debía comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Roberto Sena.
En esa instancia, señalaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el muchacho optó por guardar silencio y se abstuvo de declarar, tal como lo ampara su derecho.
Las fuentes indicaron que en la misma audiencia Del Valle fue notificado del hecho que se investiga, de los elementos de prueba que se registran en su contra y fue imputado por el delito de “homicidio simple”, figura que prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión.
En la imputación, que es provisoria y puede modificarse conforme el avance de la pesquisa, las autoridades judiciales consideraron que no existen elementos como para incluir agravantes.
De esta manera, al menos por ahora Del Valle esquivó una acusación por femicidio, figura prevista en el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal y que contempla la prisión perpetua como única pena.
El crimen
El asesinato de Priscila Díaz se descubrió el jueves de la semana pasada, cuando su cuerpo fue hallado semienterrado en un pinar del barrio Los Cedros, aunque el hecho se habría registrado el domingo previo.
Según lo que se pudo reconstruir hasta el momento, ese día la joven fue vista compartiendo una ronda de tragos con varios vecinos de la zona hasta que, en determinado momento, quedó a solas con Del Valle y en esas circunstancias se habría producido el ataque que terminó en muerte.
La autopsia estableció que Díaz murió como consecuencia de asfixia mecánica por comprensión, lo que equivale a decir que fue estrangulada. En su cuerpo también detectaron lesiones defensivas, lo que se condice además con los rasguños que el sospechoso presentaba al momento de ser detenido.
El cadáver de Díaz estaba desnudo al momento de su hallazgo, aunque en la necropsia no se detectaron signos ni evidencias de un abuso sexual, aunque los investigadores iban a aguardar el resultado de otros estudios complementarios y de mayor especificidad.
El caso de descubrió gracias a un testigo clave, quien la semana pasada se acercó a la comisaría local para contar que un conocido suyo había confesado el crimen de una joven y también agregó que su hermano había ayudado a enterrar el cuerpo.
Tras esta denuncia, la Policía inició averiguaciones y al poco tiempo dio con ambos sospechosos. El otro detenido es hermano de Del Valle, tiene 16 años y quedó alojado en el Cemoas, a disposición del Juzgado Correccional y de Menores local.
Díaz era madre de una niña de 3 años y sus restos fueron despedidos en el cementerio local el sábado a la mañana. Sus familiares reclaman justicia y preparan una marcha para este jueves en Jardín América.
Femicidio en Jardín América: autopsia reveló que Priscila Díaz fue estrangulada
Judiciales
Martínez, el primo de Rojas acusado de “traición” y detenido tras el juicio
El juicio contra el narco-sicario misionero Néstor Fabián “El Negro” Rojas (48) no solo decretó un futuro de encierro para él, sino que también marcó el fin de los días en libertad para su primo Eduardo Javier Martínez (40), antiguo hombre de confianza en sus maniobras de narcotráfico y a quien en pleno debate oral acusó de “traidor”.
“Él tiene que ser hombrecito y presentarse, hacerse cargo de los hechos, como estoy yo acá. Él señor Martínez no está acá porque es un colaborador también de la Prefectura. Él me trajo a mí hasta acá, entregándome, igual que Negrito Gómez”, lanzó Rojas, entre otras tantas revelaciones explosivas y muchas de ellas carentes de sustento, el pasado 2 de septiembre al momento de declarar por tercera vez ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas.
No era la primera vez que la figura de Martínez tomaba un rol casi protagónico en el debate, dado que su nombre también fue mencionado en varias oportunidades durante la audiencia del 1 de agosto, cuando se reprodujo una de las escuchas telefónicas más esclarecedoras del expediente que investigaba a Rojas por el asesinato de su antiguo colaborador Aldo Andrés “Polaco” Canteros (33), perpetrado el 5 de agosto de 2018 en Gobernador Roca.
“El Polaco de la chacra … Te cuento, nos jugó sucio sucio… nos apretaron hoy entre 4 tipo ahí me mataron.… ¿entendé? Le di a él, le di al compinche, a otro, no sé a los que estaban ahí no sé, me cayeron corté gorra viste, ¿entendé?… le volé la cabeza….”, es parte de la transcripción de aquella llamada que Rojas hizo el 5 de agosto de 2018, a las 23.07, es decir, apenas unas horas después del crimen.
Quien esa noche estaba del otro lado del teléfono era, justamente, Martínez, su primo y mano derecha por aquel entonces en las operaciones de tráfico de estupefacientes que Rojas orquestaba desde la clandestinidad, ya que sobre sus espaldas pesaba un pedido de captura internacional, aunque la Prefectura ya lo tenía localizado, pero esperaba para agarrarlo in fraganti.
La que brindó más detalles de esa conversación clave fue una ex pareja de Martínez, quien estaba junto a él al momento de la llamada y al declarar como testigo ante el TOF también ahondó en la relación de extrema confianza que mantenían los primos.
“Ellos se tenían mucha confianza, era amigos, se decían primos. Siempre que hablaban él se apartaba de mí porque Rojas no es una persona que confíe mucho en las personas”, describió la mujer, que en la continuidad de su relato brindado en esa misma audiencia del 1 de agosto también recordó haber participado de algunas maniobras de transporte de estupefacientes.
Por aquel entonces, Martínez también estaba marcado. Y bien marcado. Los investigadores no solo que tenían identificada su línea telefónica, sino que además conocían su rostro, dado que lo captaron junto a Rojas durante una de las tareas de vigilancia encubierta, pero el crimen de Canteros movió tanto el avispero que varios de los involucrados se dispersaron aprovechando que el sindicado narco-sicario se transformó en el objetivo más inmediato.
Fue así que Martínez logró mantenerse alejado de todo el escándalo que rodeó a Rojas, que a medida que pasaban los meses sumaba más y más fojas a su extenso prontuario, concitando además la atención de los medios porteños por su perfil de “capo narco” capaz de mandar a matar a jueces con mano de obra criminal brasileña.
Nombrado, buscado y detenido
Su primo, todo lo contrario. Procuró no llamar la atención y continuar como si nada hubiera ocurrido. Y así fue hasta ahora, que su nombre volvió a tomar protagonismo y nada pasó desapercibido para la fiscalía federal que encabeza Vivian Barbosa, que en medio del debate oral requirió una serie de medidas para conocer el estado de situación del implicado.
La investigación preliminar estableció, entonces, que Martínez residía en Puerto Iguazú, que trabajaba en un taller mecánico y que incluso registraba reiterados cruces migratorios, principalmente a la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, lo cual terminó siendo clave para que el TOF posadeño ejecute una orden de detención que estaba vigente en su contra, según pudo averiguar La Voz de Misiones mediante altas fuentes consultadas.
Fue así que el martes pasado -tres días antes de la condena a perpetua dictada contra Rojas- una comisión de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) golpeó la puerta de su casa y lo detuvo sin más. Martínez no se la esperaba y tampoco podía hacer mucho: desde febrero se encuentra en silla ruedas como consecuencia de un accidente de tránsito protagonizado mientras circulaba en moto por las calles de Foz de Iguazú.
Ahora, Martínez se encuentra alojado en una celda del Escuadrón 13 de GNA, a disposición del Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del magistrado Miguel Ángel Guerrero, y será investigado por su presunta participación en actividades narco junto a Rojas, quien lo delató y lo acusó de “traidor” en pleno juicio.
Rojas acusó de traición a su primo: “Debería ser hombrecito y presentarse”
Judiciales
Piden elevar a juicio causa contra conductor que atropelló y mató a Dana Sánchez
La titular de la Fiscalía de Instrucción Siete de Posadas, Patricia Inés Clereci, solicitó la elevación a juicio de la causa contra Estanilao Salvador Barreiro (65), el automovilista que atropelló y mató a Dana Anabel Sánchez (24), al considerar que la etapa procesal se encuentra agotada y dictaminó que el imputado debe responder ante la Justicia como autor del delito de “homicidio culposo y lesiones graves culposas”.
Dana perdió la vida en el hospital Madariaga en la mañana del 12 de enero, horas después de ser atropellada por un auto que iba al mando de Barreiro mientras ella caminaba por el cordón cuneta de la vereda de la avenida Leandro N. Alem de la capital misionera.
Por el siniestro, también resultó con heridas de gravedad Rosalina Olivera, quien esa noche caminaba unos metros delante de la víctima fatal, aunque en sentido contrario, al tiempo que otros dos transeúntes resultaron ilesos “de milagro”, según se desprende del documento al que tuvo acceso La Voz de Misiones.
La investigación trazada por la fiscalía en el requerimiento recientemente formulado pudo establecer que Barreiro conducía su automóvil marca Mazda 626 sobre la arteria Alem, en dirección este-oeste, a unos 80 kilómetros por hora, hasta que a unos metros de llegar a la avenida Las Heras cruzó un badén sin disminuir la velocidad, perdiendo el control del auto sobre el carril opuesto y impactando desde atrás a Dana Sánchez y de frente a Rosalía Oliveira.
“Como consecuencia de los impactos consecutivos, Dana Anabel Sánchez falleció en las primeras horas de la mañana siguiente, 12 de enero de 2024, y Rosalina Olivera sufrió lesiones graves consistentes en fractura de radio distal derecho de rama ilio e izquiopubiana bilateral fractura bilateral de sacro y trauma cerrado de abdomen que demandarían un tiempo de curación de 90 días y 120 de incapacidad laboral”, detalló en su resolución la fiscal Clerici respecto a las lesiones diagnosticadas en las víctimas del hecho.
Entre los elementos probatorios tenidos en cuenta, la funcionaria judicial citó la declaración indagatoria al imputado, instancia en la cual Barreiro asumió la responsabilidad del hecho, argumentando que circulaba a 50 o 60 kilómetros por hora y que desconocía el badén que traspasó sin disminuir la velocidad que le costó la vida a Dana.
La fiscal, además, contrapuso esa declaración con la inspección ocular del lugar del siniestro, pericia que concluyó en que Barreiro circulaba a una velocidad mayor a la permitida en las avenidas de zonas urbanas.
Además, el expediente cuenta con declaraciones de los testigos presenciales del hecho, así como también la de Rosalía Oliveira, los informes periciales en el lugar del hecho y las grabaciones de cámaras de seguridad ubicadas en la zona.
El requerimiento ahora debe ser analizado por el magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, quien de no encontrar irregularidades y de considerar correspondiente, deberá estampar la firma para la elevación a juicio del expediente.
-
Policiales hace 3 días
Beba cayó de la carrocería y murió arrollada por la camioneta de su papá
-
Policiales hace 6 días
Una niña le contó a su maestra que el papá la abusaba y detuvieron al acusado
-
Policiales hace 5 días
Un bebé de 10 meses murió tras caer del balcón de su casa en Mado
-
Policiales hace 15 horas
Asesinaron a fierrazos al padre del ex funcionario Marcelo Syniuk en Andresito
-
Policiales hace 5 días
Murió una mujer que iba en moto y chocó contra un auto sobre la Quaranta
-
Posadas hace 1 día
Caballo muere durante una de las carreras de la Copa Challenger
-
Ambiente hace 5 días
Cachorra de yaguareté muere atropellada y ofrecen recompensa por el culpable
-
Policiales hace 4 días
Buscan a pescador que cayó de su canoa y desapareció en el Mártires