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Fallo judicial considera estupefaciente al aceite de cannabis de Puerto Rico

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La Cámara Federal de Apelaciones de la provincia dio lugar a un recurso planteado por la Fiscalía y ordenó que la causa iniciada contra integrantes de una asociación misionera dedicada a la producción de cannabis medicinal sea encuadrada bajo los parámetros de Ley 27.737 de Estupefacientes, lo cual agrava la situación de los involucrados, que ahora serían pasibles de recibir una condena de entre 4 y 15 años de prisión en un futuro.

El revés judicial alcanza a la presidenta de Familias Usuarias del Cannabis Medicinal Misiones (FUCAMMI), Rosana Vier, y a otros tres miembros y trabajadores de la asociación radicada en Puerto Rico.

Según pudo averiguar La Voz de Misiones, en primera instancia todos ellos fueron procesados sin prisión preventiva por los delitos de “producción de sustancias medicinales en establecimientos no autorizados y venta sin autorización de sustancias medicinales que requieren receta médica”, previstos por los artículos 204 ter y 204 quinquies del Código Penal de la Nación, los cuales establecen penas de hasta 4 años de prisión como máximo.

Esa medida fue dispuesta por el Juzgado Federal de Oberá, a cargo del magistrado Alejandro Gallandat Luzuriaga, pero la Fiscalía Federal de esa misa localidad, cuya titular es Viviana Vallejos, apeló la resolución, al considerar que el delito en el que presuntamente incurrieron los miembros de FUCAMMI deberían ser encuadrados bajo la Ley 27.737 de Estupefacientes, argumentando que los productos que eran comercializados por la asociación tenían “capacidad toxicomanígena” y eran “nocivos para la salud pública”, por lo cual no deben ser consideradas “medicinales”, sino estupefacientes.

Ante esta presentación, en el expediente debió intervenir la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia, cuyos magistrados analizaron el planteo y en base a los elementos recolectados resolvieron hacer lugar a la opinión de la fiscal Vallejos -sostenida a la vez por la Fiscalía General Federal-, revocando el procesamiento de primera instancia y estableciendo que los cuatro miembros de FUCAMMI deben ser imputados en el marco de la Ley de Estupefacientes, al igual que cualquier hecho de narcotráfico.

La resolución fue publicada hoy en el Centro de Información Judicial (CIJ) y lleva las firmas de los jueces Ana Lía Cáceres de Mengoni, Mario Osvaldo Boldú y Mirta Tyden de Skanata.

Medicina no, droga

En el fallo, los magistrados consideran que los hechos cometidos por Vier y sus compañeros de FUCAMMI deben ser encuadrados por el artículo 5 de la Ley 27.737, incisos b y c, que hacen referencia a la producción, comercialización, almacenamiento y transporte de estupefacientes y que prevé penas que van desde los 4 hasta los 15 años de prisión.

Entre los fundamentos de la decisión, los jueces de la cámara expusieron los resultados de las pericias químicas como elemento clave para acreditar la “aptitud toxicomanígena” de todos los productos elaborados a base de cannabis (aceite, jabones, lociones, etcétera) que fueron incautados en los diversos allanamientos realizados cuando comenzó la causa, entre 2019 y 2020.

De esas pericias se desprende que las muestras analizadas arrojaban concentraciones de THC de un mínimo de 1,2 hasta un máximo de 5,3% y los magistrados contrastan estas conclusiones con un informe remitido por el presidente de Misiopharma S. E., que sostiene que el aceite de cannabis estandarizado y autorizado contiene THC en niveles de hasta 0,3%.

“Evidenciando que las muestras analizadas en el Informe Pericial Químico Nº 2766 excedían ampliamente los valores aceptados e imposibilita que la sustancia secuestrada sea considerada como “medicina”, arguyen los magistrados.

En la resolución también hacen énfasis en la escasez de controles microbiológicos en la producción (principalmente en las semillas) y a la falta de autorización legal para la fabricación de productos medicinales.

“Que conforme surge de los diversos informes agregados a la causa, la organización FUCAMMI al igual que los encausados Vier y Steckler (Carlos Roberto) no se encontraban habilitados y/o autorizados por la ANMAT para elaborar, fabricar o comercializar la mercadería secuestrada como tampoco habrían canalizado su proyecto mediante convenios con el INTA o CONICET. Sumado a que, no habían solicitado la inscripción en el RECANN (Registro Nacional de pacientes en tratamiento con cannabis) ni autorización de ANMAT para el acceso de excepción”, añaden.

Ante estas argumentaciones, los magistrados de la cámara entienden que las conductas de Vier como Carlos Roberto Steckler -otro imputado- deben ser calificadas como “coautores” del delito de producción con fines de comercialización de estupefacientes.

Respecto a los demás involucrados, la Cámara considera que deben ser imputados como “partícipes secundarios” de tenencia y/o transporte de estupefacientes con fines de comercialización. Una de ellas era empleada en la oficina de FUCAMMI y el otro restante prestaba colaboración para la distribución de los productos.

Una alta fuente judicial consultada por La Voz de Misiones explicó que ahora la defensa puede presentar un recurso de casación pero, tras esta resolución de la Cámara, la causa quedaría a un paso de ser elevada a juicio como un delito de narcotráfico, ante lo cual los cuatro imputados deberían ir al banquillo.

Llegado el momento, será el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas el que resolverá la situación de cada uno de ellos.

Denuncia anónima y allanamientos

El expediente contra Vier y los miembros de FUCAMMI comenzó en julio de 2019, cuando una denuncia anónima desde Ciudad de Buenos Aires alertó sobre el funcionamiento de la asociación a la Policía Federal Argentina (PFA).

Tiempo después, la Justicia Federal autorizó varios allanamientos, tanto en la oficina de la asociación como en viviendas particulares de los involucrados y otros domicilios, procedimientos que culminaron con el secuestro de 504 frascos con aceite, 20 frascos con loción, 14 urgüentos y 24 jabones, todos producidos a base de cannabis, además de cuatro tachos de 70 litros con picadura de marihuana macerándose en alcohol y 720 gramos de cogollo.

“INFORMAMOS que, por orden del Juzgado Federal de la ciudad de Oberá, Misiones, se secuestraron todas las existencias, para atender los distintos tratamientos para los próximos días, como así también fueron incautados los fondos destinados a solventar los próximos lotes de extracto planificados para sostener la seguridad de la atención continua de los tratamientos. Es URGENTE hacer de público conocimiento esta situación, aun en probable perjuicio de cualquier estrategia de defensa judicial de las personas imputadas, porque comprendemos la terrible situación, de peligro para la salud y desamparo emocional, que como efecto de este irreflexivo acto procesal, sufrirá  la ciudadanía afectada como resultado de la interrupción de los tratamientos que se producirán en el futuro cercano ante la fáctica evidencia que representan las conservadoras de almacenamiento, totalmente vacías”, publicó FUCAMMI en su Facebook por aquél entonces.

Todos esos elementos fueron secuestrados para los estudios químicos que ahora fueron utilizados para “dar vuelta el fallo de primera instancia”, como explicó -en términos sencillos- un especialista consultado por LVM.

A pesar de ordenar el cambio de la calificación legal y agravar la situación procesal de los imputados, la Cámara de Apelaciones dispuso que tanto Vier como los restantes involucrados continúen sin presión preventiva, es decir, en libertad, aunque ahora tendrán prohibida la salida del país y deberán presentarse periódicamente ante las autoridades para demostrar que siguen a disposición de la Justicia.

La FUCAMMI

FUCAMMI empezó a funcionar cuatro años antes de la denuncia anónima que derivó en la causa judicial que ahora sigue arrojando novedades.

Según contó Vier en entrevistas periodísticas, ella comenzó a producir aceite de cannabis con fines terapéuticos para su hermano Juan Carlos, que tiene epilepsia refractaria.

A partir de ahí, observó que decenas de personas se encontraban en su misma situación y comenzó a elaborar el producto para otras familias con distintas dolencias que no encontraban respuesta en los tratamientos tradicionales.

“Fucammi es un grupo sin fines de lucro, políticos ni religiosos, apoyando a la legalización del uso medicinal del Cannabis, para tratar diferentes enfermedades, entre ellas: Epilepsia, Epilepsia Refractaria, Alzheimer, dolores crónicos, cáncer, migraña, artritis, anorexia, esclerosis múltiples, reumatismo, depresión, glaucoma ocular, parkinson”, se presenta la asociación en sus redes sociales.


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El jefe de Guardaparques pidió aumentos salariales desde el acampe policial

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Al cuarto día de la protesta que encabezan los integrantes de la Policía de Misiones, guardaparques que dependen del Ministerio de Ecología arribaron anoche al acampe emplazado frente al Comando Radioeléctrico de Posadas para sumarse al reclamo por una recomposición salarial, frente a una mesa de diálogo que se encuentra abierta pero “no tiene fecha”, según detalló Jorge Bondar, jefe del cuerpo y vocero del reclamo.

De los 110 guardaparques que cumplen funciones en distintas reservas ecológicas ubicadas a lo largo y ancho del territorio provincial, son 40 los que se unieron a la protesta este lunes por la tarde, movilizados en ocho vehículos oficiales provenientes de San Pedro y San Ignacio, y esperan que este martes se unan a la medida sus pares de Puerto Iguazú.

Alrededor de 40 guardaparques se sumaron anoche al acampe frente al Comando Radioeléctrico de Posadas.

En diálogo con La Voz de Misiones, Jorge Bondar, explicó que “no solamente vinimos a acompañar el reclamo de la Policía, los docentes y el personal de salud, sino también a visibilizar la realidad del cuerpo de Guardaparques de la provincia. Tengamos en cuenta que este sector es el responsable y encargado de la custodia de todos los recursos naturales que existen en Misiones”.

Considerando que los que efectúan el paro con movilización y acampe conforman un 60% del total del personal activo, Bondar garantizó la atención de los parques provinciales. “Los parques no quedaron sin personal. Sí o sí garantizamos una guardia mínima para el resguardo del patrimonio del Estado y de los visitantes que llegan al área”, aseguró. 

Salarios y otros reclamos

En cuanto a la situación salarial, Bondar afirmó que “hoy por hoy, teniendo un decreto específico que nos regula, no tenemos todos los adicionales establecidos en nuestros recibos de sueldo y tenemos guardaparques con experiencia, con la máxima jerarquía dentro del cuerpo, de 25 y 30 años de servicio con un sueldo que ronda entre los 530 y 600 mil pesos. Muchos de ellos con responsabilidades, como jefes de parques, coordinadores de sistemas e incluso yo como jefe del cuerpo a nivel provincial con un sueldo de 530 mil pesos”.

También resaltó que ante la transición dentro del ministerio de Ecología, efectuada el 10 de diciembre pasado con recambio de autoridades, reclaman que se haga efectivo el decreto publicado en el Boletín Oficial en julio de 2023, “Nos están debiendo todos los retroactivos y adicionales, además de necesitar llegar a la canasta básica”. 

Guardaparques repudian sueldos de 530 mil pesos en rangos de mayor jerarquía

A su vez, lamentó que “el cuerpo de guardaparques tiene una lucha de 30 años donde los primeros integrantes hacían guardias de hasta 40 días, hay toda una historia detrás para que hoy por hoy no podamos retirarnos con un sueldo digno”.

En cuanto a la negociación entre el sindicato y el Ministerio de Hacienda, cuyo titular es Adolfo Safrán, reconoció que “existe una mesa de diálogo que está abierta, pero no tiene fecha”. 

De esta manera, el sector alzó su demanda en lo que se consolidó como una de las protestas más concurridas de los últimos años en Misiones, ya que, si bien inició con las reivindicaciones de los efectivos policiales, cobró mayor fuerza con un reclamo al unísono al que se sumaron empleados de salud, educación y justicia desde los primeros días.


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No hubo acuerdo con policías: “Se va a incendiar la provincia”

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La reunión mantenida este mediodía entre delegados de la protesta policial y autoridades provinciales culminó sin acuerdo por la cuestión salarial. “No nos vamos a ir de acá“, adelantó Ramón Amarilla, confirmando que el acampe continúa frente al Comando.

El gobierno no ha dimensionado el asunto. Nos han ofrecido 20% de aumento. Es una vergüenza. De acá no nos vamos a ir y la cosa se pone fea. Mañana bajan más agentes de otros puntos de la provincia. Vamos a aguantar hasta las últimas consecuencias“, añadió ante una multitud.

“Se les va a incendiar la provincia. Dejaron juntar todos los sectores. Nos abandonaron”, lanzó después agregando que la medida a la que adhirieron docentes, estudiantes universitarios y personal de salud, tendrá la presencia de productores de distintos puntos de la provincia a partir de este martes.

Por su parte, Germán Palaveccino suavizó la situación asegurando que las fuerzas “no van a reprimir porque es una manifestación pacífica”.


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UDPM aceptó propuesta salarial y otros docentes siguen la protesta

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Los representantes de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (Udpm) y del Sindicato de Docentes de Educación Pública de Gestión Privada (Sidepp) aceptaron la propuesta salarial que ofrecieron las autoridades educativas, en la mesa de diálogo que se realizó esta mañana. 

Según detalla el acta firmado por los presentes “la recomposición salarial al básico desde el mes de mayo de 2024 y cuya liquidación se perciba con los haberes del mes de mayo de 2024, la provincia de Misiones se compromete a incrementar el salario básico del cargo de Maestro de Grado Jornada Simple (o su equivalente en horas cátedra) elevándolo a $ 100.000,77, llevando el valor índice a $ 89,928750”.

Por otra parte, detalla “establecer la garantía salarial para el mes de mayo de 2024: docente con 0 años a 4 de antiguedad: $400.000 incluido Fopid y pasaje; docente con 5 a 9 años de antigüedad: $404.000 incluido Fopid y pasaje; docente con 10 años o más de antigüedad: $408.000 incluido Fopid y pasaje”.

De la mesa participaron la presidenta del Consejo General de Educación (CGE) Daniela Cristina López; el ministro de Educación Ciencia y Tecnología Ramiro Aranda; la ministra de Trabajo y Empleo Silvana Giménez; el ministro de Hacienda Adolfo Safrán; el representante del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones Luis Bogado; el secretario general de Udpm, Rubén Dario Caballero; y del sindicato de Docentes de Educación Pública de Gestión Privada Sidep, Edgard Daniel Beretta, cuyas firmas figuran al pie del acta.

Gremios que continúan el reclamo salarial

Si bien el acuerdo fue firmado por Udpm y Sidepp, estuvieron ausentes los demás gremios que integraban esta mesa de diálogo, entre ellos Semab, Sadop, Uda y Amet, quienes convocaron más medidas de fuerza.

Sin ir más lejos, esta mañana docentes provenientes de distintos puntos de la provincia procedieron al corte de la ruta 12 a la altura de los peajes de Santa Ana y Colonia Victoria, mientras otros se sumaron a la concentración que se desarrolla en la intersección de las avenidas Uruguay y Trincheras de San José, de Posadas.

protesta docentes comando

Corte efectuado por docentes sobre ruta 12

Desde este último punto, anticiparon a La Voz de Misiones una marcha hacia el puente de Garupá prevista para este martes en horas de la mañana. 

Las medidas de protesta se dan previo a la mesa de diálogo prevista para este martes entre las autoridades educativas y el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (Ftel), integrado por los gremios UTEM, CTA A, MPL, ATE, SIPASA y Autoconvocados.

En cuanto a los reclamos, sostienen: un aumento salarial superior al 100%, la actualización del salario de jubilados, un aumento del presupuesto destinado a comedores, estabilidad laboral y aumento salarial para los cocineros y porteros, indumentaria para los porteros y fondos para mejorar la infraestructura de las escuelas.

 


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