Provinciales
Fallo judicial considera estupefaciente al aceite de cannabis de Puerto Rico
La Cámara Federal de Apelaciones de la provincia dio lugar a un recurso planteado por la Fiscalía y ordenó que la causa iniciada contra integrantes de una asociación misionera dedicada a la producción de cannabis medicinal sea encuadrada bajo los parámetros de Ley 27.737 de Estupefacientes, lo cual agrava la situación de los involucrados, que ahora serían pasibles de recibir una condena de entre 4 y 15 años de prisión en un futuro.
El revés judicial alcanza a la presidenta de Familias Usuarias del Cannabis Medicinal Misiones (FUCAMMI), Rosana Vier, y a otros tres miembros y trabajadores de la asociación radicada en Puerto Rico.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, en primera instancia todos ellos fueron procesados sin prisión preventiva por los delitos de “producción de sustancias medicinales en establecimientos no autorizados y venta sin autorización de sustancias medicinales que requieren receta médica”, previstos por los artículos 204 ter y 204 quinquies del Código Penal de la Nación, los cuales establecen penas de hasta 4 años de prisión como máximo.
Esa medida fue dispuesta por el Juzgado Federal de Oberá, a cargo del magistrado Alejandro Gallandat Luzuriaga, pero la Fiscalía Federal de esa misa localidad, cuya titular es Viviana Vallejos, apeló la resolución, al considerar que el delito en el que presuntamente incurrieron los miembros de FUCAMMI deberían ser encuadrados bajo la Ley 27.737 de Estupefacientes, argumentando que los productos que eran comercializados por la asociación tenían “capacidad toxicomanígena” y eran “nocivos para la salud pública”, por lo cual no deben ser consideradas “medicinales”, sino estupefacientes.
Ante esta presentación, en el expediente debió intervenir la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia, cuyos magistrados analizaron el planteo y en base a los elementos recolectados resolvieron hacer lugar a la opinión de la fiscal Vallejos -sostenida a la vez por la Fiscalía General Federal-, revocando el procesamiento de primera instancia y estableciendo que los cuatro miembros de FUCAMMI deben ser imputados en el marco de la Ley de Estupefacientes, al igual que cualquier hecho de narcotráfico.
La resolución fue publicada hoy en el Centro de Información Judicial (CIJ) y lleva las firmas de los jueces Ana Lía Cáceres de Mengoni, Mario Osvaldo Boldú y Mirta Tyden de Skanata.
Medicina no, droga
En el fallo, los magistrados consideran que los hechos cometidos por Vier y sus compañeros de FUCAMMI deben ser encuadrados por el artículo 5 de la Ley 27.737, incisos b y c, que hacen referencia a la producción, comercialización, almacenamiento y transporte de estupefacientes y que prevé penas que van desde los 4 hasta los 15 años de prisión.
Entre los fundamentos de la decisión, los jueces de la cámara expusieron los resultados de las pericias químicas como elemento clave para acreditar la “aptitud toxicomanígena” de todos los productos elaborados a base de cannabis (aceite, jabones, lociones, etcétera) que fueron incautados en los diversos allanamientos realizados cuando comenzó la causa, entre 2019 y 2020.
De esas pericias se desprende que las muestras analizadas arrojaban concentraciones de THC de un mínimo de 1,2 hasta un máximo de 5,3% y los magistrados contrastan estas conclusiones con un informe remitido por el presidente de Misiopharma S. E., que sostiene que el aceite de cannabis estandarizado y autorizado contiene THC en niveles de hasta 0,3%.
“Evidenciando que las muestras analizadas en el Informe Pericial Químico Nº 2766 excedían ampliamente los valores aceptados e imposibilita que la sustancia secuestrada sea considerada como “medicina”, arguyen los magistrados.
En la resolución también hacen énfasis en la escasez de controles microbiológicos en la producción (principalmente en las semillas) y a la falta de autorización legal para la fabricación de productos medicinales.
“Que conforme surge de los diversos informes agregados a la causa, la organización FUCAMMI al igual que los encausados Vier y Steckler (Carlos Roberto) no se encontraban habilitados y/o autorizados por la ANMAT para elaborar, fabricar o comercializar la mercadería secuestrada como tampoco habrían canalizado su proyecto mediante convenios con el INTA o CONICET. Sumado a que, no habían solicitado la inscripción en el RECANN (Registro Nacional de pacientes en tratamiento con cannabis) ni autorización de ANMAT para el acceso de excepción”, añaden.
Ante estas argumentaciones, los magistrados de la cámara entienden que las conductas de Vier como Carlos Roberto Steckler -otro imputado- deben ser calificadas como “coautores” del delito de producción con fines de comercialización de estupefacientes.
Respecto a los demás involucrados, la Cámara considera que deben ser imputados como “partícipes secundarios” de tenencia y/o transporte de estupefacientes con fines de comercialización. Una de ellas era empleada en la oficina de FUCAMMI y el otro restante prestaba colaboración para la distribución de los productos.
Una alta fuente judicial consultada por La Voz de Misiones explicó que ahora la defensa puede presentar un recurso de casación pero, tras esta resolución de la Cámara, la causa quedaría a un paso de ser elevada a juicio como un delito de narcotráfico, ante lo cual los cuatro imputados deberían ir al banquillo.
Llegado el momento, será el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas el que resolverá la situación de cada uno de ellos.
Denuncia anónima y allanamientos
El expediente contra Vier y los miembros de FUCAMMI comenzó en julio de 2019, cuando una denuncia anónima desde Ciudad de Buenos Aires alertó sobre el funcionamiento de la asociación a la Policía Federal Argentina (PFA).
Tiempo después, la Justicia Federal autorizó varios allanamientos, tanto en la oficina de la asociación como en viviendas particulares de los involucrados y otros domicilios, procedimientos que culminaron con el secuestro de 504 frascos con aceite, 20 frascos con loción, 14 urgüentos y 24 jabones, todos producidos a base de cannabis, además de cuatro tachos de 70 litros con picadura de marihuana macerándose en alcohol y 720 gramos de cogollo.
“INFORMAMOS que, por orden del Juzgado Federal de la ciudad de Oberá, Misiones, se secuestraron todas las existencias, para atender los distintos tratamientos para los próximos días, como así también fueron incautados los fondos destinados a solventar los próximos lotes de extracto planificados para sostener la seguridad de la atención continua de los tratamientos. Es URGENTE hacer de público conocimiento esta situación, aun en probable perjuicio de cualquier estrategia de defensa judicial de las personas imputadas, porque comprendemos la terrible situación, de peligro para la salud y desamparo emocional, que como efecto de este irreflexivo acto procesal, sufrirá la ciudadanía afectada como resultado de la interrupción de los tratamientos que se producirán en el futuro cercano ante la fáctica evidencia que representan las conservadoras de almacenamiento, totalmente vacías”, publicó FUCAMMI en su Facebook por aquél entonces.
Todos esos elementos fueron secuestrados para los estudios químicos que ahora fueron utilizados para “dar vuelta el fallo de primera instancia”, como explicó -en términos sencillos- un especialista consultado por LVM.
A pesar de ordenar el cambio de la calificación legal y agravar la situación procesal de los imputados, la Cámara de Apelaciones dispuso que tanto Vier como los restantes involucrados continúen sin presión preventiva, es decir, en libertad, aunque ahora tendrán prohibida la salida del país y deberán presentarse periódicamente ante las autoridades para demostrar que siguen a disposición de la Justicia.
La FUCAMMI
FUCAMMI empezó a funcionar cuatro años antes de la denuncia anónima que derivó en la causa judicial que ahora sigue arrojando novedades.
Según contó Vier en entrevistas periodísticas, ella comenzó a producir aceite de cannabis con fines terapéuticos para su hermano Juan Carlos, que tiene epilepsia refractaria.
A partir de ahí, observó que decenas de personas se encontraban en su misma situación y comenzó a elaborar el producto para otras familias con distintas dolencias que no encontraban respuesta en los tratamientos tradicionales.
“Fucammi es un grupo sin fines de lucro, políticos ni religiosos, apoyando a la legalización del uso medicinal del Cannabis, para tratar diferentes enfermedades, entre ellas: Epilepsia, Epilepsia Refractaria, Alzheimer, dolores crónicos, cáncer, migraña, artritis, anorexia, esclerosis múltiples, reumatismo, depresión, glaucoma ocular, parkinson”, se presenta la asociación en sus redes sociales.
Provinciales
La Mesa No a las Represas cuestionó la “promoción” de Corpus en la Unam
El movimiento social y ambiental de Misiones, que se opone a la construcción de grandes represas hidroeléctricas en la región, se expresó luego de que se presentara el proyecto hidroeléctrico Corpus Pindo-í durante las XVI Jornadas de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Extensión y Vinculación (JIDeTEV 2026), en la Facultad de Ingeniería de Oberá.
El evento fue concretado en el marco de las actividades por los 52 años de la Unam, el pasado 25 de agosto, junto a la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná (Comip).
En un comunicado al que tuvo acceso este medio, la Mesa Provincial No a las Represas manifestó “preocupación” por el accionar de las autoridades de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones, al “promocionar la construcción de la mega represa de Corpus Christi” junto a las autoridades de la Comip.
En ese sentido, recordaron que dicha represa se encuentra prohibida por la ley provincial XI – Nº 5, que refrenda el resultado del plebiscito de 1996, en el que el electorado misionero rechazó la construcción de cualquier emplazamiento sobre el río Paraná con el 88,63 % de los votos, el 14 de abril de 1996.
Seguidamente, cuestionaron el contenido del nuevo proyecto hidroeléctrico, al considerar que se presenta “erróneamente como generador de energía renovable, siendo que en octubre de 2015 se promulgó en nuestro País la Ley 27191 que en su capítulo 1, artículo 2, inciso b, establece como límite a las hidroeléctricas para ser consideradas renovables los 50 Mw”.
Para finalizar, recordaron que el interés por reflotar la iniciativa no solo proviene de sectores políticos y empresariales de Argentina, sino también del vecino país: “La obra se presenta como un proyecto para el desarrollo de Misiones, cuando en realidad hemos podido corroborar que desde Paraguay existe una fuerte campaña de presión para la construcción de nuevas hidroeléctricas sobre el río Paraná ante la necesidad de energía que les ocasionarían las instalaciones de gigantescos centros de datos para IA acordados con Taiwán”.
De esta manera, enfatizaron “el No a Corpus sigue vigente”.
Presentaron el proyecto Corpus Pindo-í en jornadas de investigación de la Unam
Provinciales
Instalaron un pozo perforado y paneles solares en Puente Quemado II
Luego de la mesa de diálogo realizada el 31 de julio pasado, en la que Arauco Argentina S.A. se comprometió a invertir en un pozo perforado y la instalación de paneles solares, esta semana las obras fueron concretadas en el predio que habita la comunidad mbya guaraní Puente Quemado II en Garuhapé.
En ese contexto, la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes y Arauco visitaron la comunidad con la presencia del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), como representantes legales, e hicieron efectivas las instalaciones mediante un pozo de 166 metros de profundidad y la distribución y conexión de ocho paneles solares, los cuales garantizarían el funcionamiento de la bomba de extracción de agua.
Seguidamente, procedieron a capacitar al cacique, Santiago Ramos, y a integrantes de la comunidad para el correcto uso del sistema que beneficiará a un total de 46 personas distribuídas en 7 familias.
“En el marco del proceso de diálogo y articulación institucional para acompañar a la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones continúa acompañando las acciones y acuerdos alcanzados entre las instituciones involucradas”, expresó la cartera de Derechos Humanos a través de un comunicado institucional.
Y añadió: “En las últimas horas se realizó una nueva prueba del equipamiento, constatándose su correcto funcionamiento y un buen caudal de agua, lo que representa un avance significativo para mejorar el acceso a este recurso esencial para las familias de la comunidad”.
“Estos avances forman parte del trabajo iniciado tras la convocatoria a una mesa de diálogo interinstitucional, con la participación de organismos provinciales y nacionales, autoridades locales e integrantes de la comunidad”, aseguraron.
Al ser consultado sobre la obra, Ramos se mostró agradecido, pero aseguró que aún quedan detalles por ultimar: “Hicieron la obra y ya está funcionando. Pero todavía faltan los tanques y las torres para que el agua llegue a las viviendas”, cuyas tareas se realizarían próximamente bajo la órbita del municipio.
Según consta el mismo comunicado emitido por DDHH, “la Municipalidad de Garuhapé avanzará en las próximas etapas con el relevamiento y posterior instalación de la red de distribución interna, que incluirá tanques y mangueras para garantizar la llegada del agua a los distintos sectores de la comunidad”.
“El acceso al agua constituye uno de los compromisos concretos surgidos de este espacio de trabajo conjunto. El Ministerio de Derechos Humanos de Misiones reafirma su compromiso de continuar acompañando a Puente Quemado II, promoviendo el diálogo, el respeto y la construcción de soluciones que garanticen y protejan los derechos de las comunidades”, concluyeron.
Provinciales
Intendentes rechazan proyecto de nuevo peaje sobre ruta 12: “Es inconstitucional”
Ayer miércoles, intendentes y autoridades de distintos municipios misioneros se reunieron en la localidad de Puerto Rico, donde firmaron un documento en rechazo a la iniciativa del gobierno nacional que busca instalar una casilla de peaje sobre la ruta 12, a la altura de Capioví y recientemente cambió la ubicación a Garuhapé, sobre la misma arteria.
En el escrito, apuntaron contra el gobierno nacional por la falta de inversiones en rutas nacionales: “El gobierno nacional, que no invierte en las rutas los recursos que recauda para esas obras vía ‘Impuesto a los Combustibles’, decidió instalar una nueva casilla de peaje sobre la ruta 12, inicialmente en Capioví, kilómetro 1462, pero luego optó por colocarla en Garuhapé, kilómetro 1483, a solo 68 kilómetros de la casilla que ya opera en Colonia Victoria, kilómetro 1551”.
Seguidamente, remarcaron la “inconstitucionalidad” del sistema proyectado, al considerar la inexistencia de otras arterias en la zona: “no existen caminos alternativos libres de pago y se configura una doble imposición, atento a que los usuarios ya contribuyen mediante el Impuesto a los Combustibles”.
Al mismo tiempo, consideraron desventajas para el traslado de la producción: “El cobro sin base legal ni contraprestación adecuada implica una restricción ilegítima. De persistir con un método de financiamiento vial inadecuado como es el cobro de peaje directo en ruta, claramente inconstitucional e inviable técnicamente y que ha sido y es un fracaso y una estafa, la producción no podrá trasladarse con eficiencia, la circulación interna se verá restringida y el acceso a los mercados será cada vez menos competitivo”.
En ese contexto, respaldaron su rechazo en el Artículo 75 de la Constitución Nacional Argentina, que atribuye al Congreso la potestad exclusiva de establecer contribuciones, y recordaron la vulneración del derecho a transitar libremente, tal como lo expresa el Artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina, y con esto el derecho de propiedad detallado en el Artículo 17.
“Es inconcebible que el Estado nacional abandone su obligación de mantener en buen estado de transitabilidad la Red Vial Nacional, más aún cuando se mal administran los miles de millones de pesos que se recaudan anualmente del Impuesto a los Combustibles, que son malversados y desviados a otros fines que no tienen nada que ver para cual fue creado”, concluyeron.
Del encuentro participaron los intendentes de Puerto Rico, Carlos Gustavo Koth; de El Alcázar, Eduardo Vázquez; de Garuhapé, Gerardo Schmied; de Capioví, Ramón Arrua; de Ruiz de Montoya, Victor Vogel y de Puerto Leoni, Elvio Vázquez, con sus respectivos equipos y junto a integrantes de los Honorables Concejos Deliberantes de los municipios de Puerto Rico, Puerto Leoni, El Alcázar, Ruiz de Montoya, el diputado provincial Arnhold Alejandro, como así integrantes de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Producción y Servicios del departamento Libertador General San Martín, representada por su presidente Luis Stefens.
A fin de llegar a un consenso, solicitaron a los funcionarios y legisladores nacionales “que reflexionen y acuerden la revisión de esta iniciativa, que profundiza el clima de malestar e incertidumbre que aqueja a los vecinos de la zona y a los misioneros en general”.
Se trata de un nuevo pronunciamiento tras el cuestionamiento realizado días atrás por el gobernador Hugo Passalacqua, quien también reclamó la necesidad de obras, mantenimiento e inversión vial, y rechazó nuevas cargas que castiguen aún más “el bolsillo de las familias”.
Rechazo al nuevo peaje: Unos 15 intendentes firmaron un documento hace instantes. La localidad misionera de Puerto Rico fue el punto de encuentro este miércoles. Fue a las 17 en contra del proyecto del Gobierno nacional de instalar una nueva estación de cobro en Ruta Nac. N° 12. pic.twitter.com/LUne1leEgR
— Daniel Leopardi (@danileopardi) August 26, 2026
Passalacqua cuestionó el nuevo peaje que Nación proyecta en Puerto Rico
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