Judiciales
Caso Martínez: preventiva para Alcoba y la tesis de otro vehículo en la escena
El Juzgado de Instrucción Seis de Posadas, a cargo del magistrado Ricardo Balor, dictó en las últimas horas el procesamiento con prisión preventiva contra Martín Esteban Alcoba Sciortino (48), el conductor imputado por la colisión que le costó la vida al motociclista Sergio “Mante” o “Manteca” Martínez (34) el pasado 1° de mayo frente al Parque de la Ciudad.
De esta manera, mientras la investigación continúa su curso el hombre seguirá detenido en una celda policial e imputado por los delitos de “homicidio culposo no prestar asistencia a la víctima y haberse dado a la fuga”, figura contemplada por el artículo 84 bis del Código Penal, que prevé penas de entre 3 y 6 años de prisión.
El hecho se registró el 1° de mayo, cerca de las 6.15 de la mañana, sobre la avenida Quaranta, a la altura del acceso al Parque de la Ciudad. Según los primeros datos, Martínez circulaba en una motocicleta Corven 110 hasta que fue embestido a alta velocidad por un Renault Fluence al mano de Alcoba Sciortino, que tras el impacto continuó su marcha hasta abandonar el rodado en inmediaciones al acceso a Itaembé Miní.
El conductor implicado se entregó ante la Justicia tres días después y luego se abstuvo de declarar ante la Justicia, aunque ahora su defensa planea solicitar una ampliación de declaración indagatoria, según afirmó a La Voz de Misiones el letrado Arturo Irigoyen Cundom.

Las últimas imágenes de Martínez, ingresando a las 6.10 y saliendo a las 6.12 de una estación de servicios a pocos metros del lugar del accidente.
La versión defensiva
“Nos mantuvimos en silencio en principio por respeto a la familia y además porque faltaba incorporar evidencia a la causa, que todavía falta, pero ahora tenemos algún panorama más cercano a lo que cuenta mi defendido, entonces vamos a declarar pronto. Eso es lo que él quería desde un primer momento”, adelantó el abogado que defiende al automovilista detenido.
El letrado descartó que su defendido haya estado prófugo o evadiendo la justicia durante los días siguientes al siniestro, argumentando que 24 horas después del suceso se presentó un pedido de exención de prisión con el cual se demostró apego al proceso judicial.
“Somos respetuosos del proceso penal, por eso hasta el momento no presentamos ningún pedido de excarcelación. Estamos impulsando la causa para que todas las medidas preliminares se terminen y él pueda recuperar la libertad. Esta parte quiere que se sepa la verdad real de lo que sucedió ese día“, alegó Irigoyen Cundom a LVM.
En esa línea, la defensa de Alcoba Sciortino ahora afirma tener elementos sólidos que podrían modificar la mecánica del accidente e involucrar a un tercer vehículo, más precisamente un camión.
La tesis se basa en cámaras de seguridad que captaron a Martínez arribando a una estación de servicios ubicada a pocos metros de la escena del hecho a las 6.10 de la mañana y saliendo de allí a las 6.12, mientras que a las 6.11 se observa un camión cisterna egresar de la misma planta y dirigirse hacia la avenida Quaranta.
De esta forma, Irigoyen Cundom plantea que al momento del impacto la motocicleta de Martínez provenía desde la colectora y en el instante y en el lugar del hecho también había un camión cisterna.
“En principio todos los cañones apuntaron a mi cliente. Hoy tenemos elementos que nos permiten hacer dudar y hasta incluso tener otra versión de los hechos”, adelantó el abogado de Alcoba.
Y desarrolló: “Lo que hasta el momento pudimos determinar es que, si bien el accidente se produjo en el mismo carril, ambos rodados no venían en principio por el mismo carril. La moto de Martínez ingresó desde la colectora, tenemos pruebas. Esto cambia radicalmente el hecho de que una persona haya podido avistar en el mismo carril a cualquier cosa, ya sea una moto o cualquier objeto que esté sobre la ruta, a algo que salga de golpe, desde un costado y sin luces”.

El camión cisterna que la defensa de Alcoba ubica en la escena del siniestro.
“Tenemos imágenes que se darán a conocer. Le pedimos al juzgado que arbitre los medios para ubicar todas las cámaras posibles que puedan dar con el motovehículo antes. Entendemos que la vida no se recupera más pero queremos aclarar la cuestión de cómo se produjo el accidente y los motivos, las impericias, las negligencias que hubieron al momento del hecho. Además, hay otro dato que sí está en la causa y es que de la pericia surge que en la cinta asfáltica hay un elemento que podría pertenecer a otro vehículo que pudo tener relación con el accidente. Eso lo dicen los peritos”, añadió.
Partiendo de esa base, Irigoyen Cundom hace especial referencia al camión cisterna captado por las mismas cámaras de seguridad.
“La presencia de este camión cambiaría la mecánica del hecho. El camión estuvo en el momento del accidente en el lugar del hecho. La versión de mi cliente era descabellada, no le entendía, pero hoy él puede ir a decir todo lo que me contó desde el primer día. Por eso requerimos al juzgado que oficie y consiga esa cámara y que se vea realmente las dos cosas, que el camión estuvo y que la moto salió de esa colectora. A juicio de esta defensa, al margen del accidente, esto cambia radicalmente el sentido de la negligencia o la culpabilidad de los intervinientes en el siniestro”, sostuvo el letrado.
Por último, Irigoyen Cundom aclaró también que su defendido es misionero que solo vivió en Corrientes debido a una relación sentimental y sobre el Fluence explicó que él contaba con la cédula habilitante para el conducir el rodado.
“Le pedimos a la familia, dentro del dolor, al colega que representa en la familia (en una posible querella), que busquen lo mismo que nosotros, que es la justicia, no la venganza. Él se va a someter a lo que se tenga que someter y la venganza no sirve. Esa vida no se recupera más, mi cliente está muy sentido, muy dolido. Es una carga que lo tendrá de por vida”, culminó.

Así quedó el Renault Fluence de Alcoba tras el hecho.
Judiciales
La joven que denunció al intendente de Caraguatay será querellante particular
La joven que denunció por abuso sexual al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, se constituyó como querellante particular y a través de su representante legal podrá ser parte activa del proceso judicial, con el impulso de medidas probatorias y responder planteos defensivos.
Los trámites correspondientes fueron completados ayer, en paralelo a la audiencia de ratificación de denuncia, y el requerimiento fue aceptado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, dependencia judicial que lleva adelante el expediente.
Es Balanda Gómez el que dirige la investigación del caso, mientras que la acción pública es impulsada por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, rol que ahora compartirá con la querella particular que represente los intereses de la denunciante e incluso pueden trabajar juntos, aunando criterios y colaborándose mutuamente en la recolección de pruebas.
Denuncia y ratificación
En su denuncia, la joven, que trabaja en el Concejo Deliberante de Caraguatay, acusó al intendente de ese mismo municipio por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
La presentación que dio inicio al expediente se radicó el 25 de febrero y fue ratificada ayer, con una ampliación de su declaración ante el magistrado que instruye la causa, quien ya dispuso una serie de medidas preventivas, como una restricción de acercamiento y contacto contra el intendente, y órdenes de allanamiento en busca de elementos de prueba.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el primer suceso denunciado ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Pedido de licencia
Si bien la presentación inicial se radicó el 25 de febrero, el caso tomó estado público ayer y después de la ratificación de la denuncia efectuada por la joven, el gobernador Hugo Passalacqua le pidió a Peyer que se tome licencie en el cargo y enfrente a la Justicia.
“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, comunicó el gobernador en su cuenta de X.
Passalacqua pidió que el intendente denunciado por abuso se tome licencia
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Passalacqua pidió que el intendente denunciado por abuso se tome licencia
El gobernador Hugo Passalacqua le solicitó al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, denunciado por abuso sexual contra una trabajadora del Concejo Deliberante de esa localidad, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia.
El mandatario provincial hizo público su pedido a través de un posteo en su cuenta de X, donde esta noche escribió: “Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”.
Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera…
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) March 12, 2026
Denuncia y ratificación
El pedido del gobernador llega luego de que se hiciera público una grave denuncia que data contra el intendente desde el 25 de febrero pasado, cuando una empleada del Concejo Deliberante de Caraguatay acudió a la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico para realizar una presentación en la que acusaba al jefe comunal por hechos de acoso y abuso sexual.
El asunto tomó mayor relevancia este miércoles, luego de la que muchacha compareciera ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, para ampliar su denuncia y en dicha audiencia ratificara cada una de las acusaciones.
En esa instancia, la mujer dio un pormenorizado relato de los hechos padecidos, con precisión de días, horarios, circunstancias y modos.
Según pudo saber La Voz de Misiones, la joven relató que los hechos ocurrieron el año pasado. El primer suceso se dio el 8 de julio del año pasado, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, entre lágrimas y visiblemente conmovida, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Meses más tarde la mujer encontró contención en una abogada local que se interiorizó en el caso y le recomendó accionar penalmente, lo cual finalmente ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando radicaron la denuncia inicial ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, que en ese momento era subrogado por Jorge Fernández y que ahora nuevamente se encuentra a cargo de su titular Héctor Simón.
Como cierre de su testimonio, la denunciante agregó que el último sábado, a la medianoche, el intendente pasó en cercanías a su a casa a bordo de la camioneta del municipio y efectuó gestos amenazantes contra su hija de menor.
Con los elementos recolectados hasta el momento y atento a la inmunidad de arresto que Peyer goza por sus fueros como intendente, el juez Balanda Gómez dispuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante, entre otras medidas, principalmente de contención a la víctima y de recolección de pruebas para avanzar con la causa que, preliminarmente, configuraría delitos de “abuso sexual con acceso carnal”.
Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay
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Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay
Contundente, detallado y angustiante. Así fue catalogada la ratificación de la denuncia por abuso sexual realizada hoy por una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay contra el intendente del mismo municipio, Mario Peyer, quien goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde pero que ya fue notificado de la instrucción de una causa penal en su contra y recibió una restricción de acercamiento hacia la víctima, entre otras medidas preventivas dispuesta por la Justicia.
Aunque los hechos descritos ocurrieron el año pasado, la denuncia que disparó el caso fue radicada el pasado 25 de febrero ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico y esta mañana la mujer fue citada a ratificar su presentación ante el Juzgado de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, donde brindó un pormenorizado relato de los sucesos padecidos ante el alcalde.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la mujer se presentó ante el juzgado que dirige el magistrado Manuel Balanda Gómez acompañada de su abogada y en su declaración ratificó las acusaciones, brindando un detallado relato con precisiones de días, horarios, lugares, circunstancias y modos en que ocurrieron los hechos.
La mujer contó que todo comenzó con miramientos, tocamientos y expresiones indebidas del intendente hacia ella, pero la situación se agravó el último 4 de septiembre, cuando el acusado se presentó en el Concejo Deliberante con obsequios para las trabajadores del lugar en el marco del Día de la Secretaria.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina donde estaba la denunciante y tras entregarle una caja de bombones y después de compartir una breve conservación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, entre lágrimas y visiblemente conmovida, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Meses más tarde la mujer encontró contención en una abogada local que se interiorizó en el caso y le recomendó accionar penalmente, lo cual finalmente ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando radicaron la denuncia inicial ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, que en ese momento era subrogado por Jorge Fernández y que ahora nuevamente se encuentra a cargo de su titular Héctor Simón.
Como cierre de su testimonio, la denunciante agregó que el último sábado, a la medianoche, el intendente pasó en cercanías a su a casa a bordo de la camioneta del municipio y efectuó gestos amenazantes contra su hija de menor.
Con los elementos recolectados hasta el momento y atento a la inmunidad de arresto que Peyer goza por sus fueros como intendente, el juez Balanda Gómez dispuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante, entre otras medidas, principalmente de contención a la víctima y de recolección de pruebas para avanzar con la causa que, preliminarmente, configuraría delitos de “abuso sexual con acceso carnal”.
Es la Ley Orgánica de Municipales que protege a Peyer de una medida coercitiva en su contra, aunque no impide que el implicado sea objeto de una investigación penal e incluso puede ser citado a prestar declaración indagatoria, lo cual podría ocurrir en los próximos días.
En ese panorama, fuentes de LVM explicaron que el Concejo Deliberante local tiene la potestad de actuar de oficio, solicitar informes a la Justicia y en base a eso decidir si avanza o no en un posible juicio política para desaforar al intendente.
Intendente de Caraguatay fue denunciado por abuso a una empleada del Concejo
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