Judiciales

Caso Guirula: el fiscal pidió perpetua para dos de los seis policías imputados

Publicado

hace 2 meses

13/11/2025

Por

Jorge Posdeley

Después de nueve audiencias, la ex oficial ayudante Lourdes Beatriz Tabarez (42) quebró en lágrimas. Lo hizo esta mañana, mientras oía al fiscal Vladimir Glinka formular un pedido de prisión perpetua en su contra como una de las máximas responsables de la muerte del albañil Carlos Guirula, ocurrida el 19 de mayo de 2014 durante un procedimiento policial que comenzó por disturbios en un motel y que culminó en la comisaría Decimotercera de Posadas. No fue el único planteo.

Para Glinka, tanto Tabarez como el cabo Ricardo Rafael Escobar (42) fueron los autores de los pisotones y los puntapiés que provocaron las lesiones que derivaron en la muerte de la víctima, por lo que pidió prisión perpetua para ambos como responsables del delito de “tortura seguida de muerte”, previsto por el artículo 144 ter, inciso 2 del Código Penal de la Nación.

En cuanto a los otro cuatro ex policías que llegaron a juicio, el fiscal los acusó a uno de ellos por haber participado de las vejaciones con el lanzamiento de un gas pimienta y a los restantes por no haber intercedido para impedir las agresiones de sus camaradas, lo que encuadraría en omisión.

En detalle, solicitó 7 años de prisión para el cabo primero Lucas Nahuel Saravia Allosa (37); 6 años y 6 meses para el oficial subayudante Carlos Alberto Zidorak (35) y para el sargento primero Claudio Marcelo Servián: y, por último, 6 años para el agente Carlos Alberto Da Silva (34). Los pedidos además incluyen una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en todos los acusados.

Tabarez era la de mayor de jerarquía y la encargada del procedimiento que culminó con una muerte.

“Operativo policial catastrófico”

En su alegato de casi dos horas, el representante del Ministerio Público Fiscal calificó el hecho como “un operativo policial catastrófico” e hizo un repaso cronológico del caso, desde el disturbio que derivó en el llamado a la Policía, hasta la llegada de los patrulleros, el traslado del detenido hacia la comisaría y el “punto oscuro” de una hora donde sostuvo que los implicados se dedicaron a ocultar pruebas.

En base a testimonios recolectados, Glinka sostuvo que esa noche Guirula estaba borracho (con 3,0 gramos de alcohol por litro de sangre, según pericias), pero desacreditó las versiones que lo ubicaban como “violento”, “agresivo” e “incontrolable”. “No era un Goliat”, resumió.

“Se puso denso para no pagar sí, pero no es cierto que los encargados se tuvieron que armar con un palo para defenderse. No hubo violencia. No pegó, ni golpeó a nadie y pagó su deuda. Si a las 3.15 se iban todos a dormir, hoy no estaba nadie acá”, planteó.

Glinka reconstruyó que el primer patrullero (Toyota Hilux, móvil 3-423), integrado por Tabarez como encargada, Servian como chofer y Da Silva como acompañante, llegó al motel de Santa Catalina y Andresito a las 3.18, cuando Guirula ya había abonado las dos petacas de whisky que le reclamaban y se aprestaba a retirarse del lugar junto a sus amigos en el auto de uno de ellos.

“El propio encargado del motel contó que el problema ya estaba solucionado y pidió disculpas por el llamado a la Policía, pero Tabarez dijo ‘no importa, lo llevamos detenido igual. Se fijó en él”, recordó, aunque mencionó que Guirula se resistió a ser aprehendido, lo que derivó en el pedido de otro tres patrulleros que llegaron como refuerzos.

El fiscal Glinka e imágenes de la reconstrucción del hecho, donde se recreó de qué manera Tabarez pisó en la cabeza a Guirula.

En ese punto, Glinka hizo un paréntesis, marcó un punto de inflexión y reforzó su postura: “Es verdad que Guirula se opuso y estuvo mal. Pero cuando le pusieron las esposas se terminó el procedimiento. Todo lo que vino después de ser esposado es delito y los acusados deben responder por ello”.

A partir de ahí desarrolló la parte central de su teoría del caso. El fiscal dio por acreditado que con la víctima esposada y en el suelo, Tabarez la pisó la cabeza primero y luego le aplicó al menos cuatro patadas.

Sobre Escobar, apuntó que también efectuó patadas al detenido y lo acusó de ir “saltando” sobre la espalda de la víctima durante el traslado del hombre hacia la comisaría en la caja de la Toyota Hilux.

Asoció, además, las mecánicas de esas agresiones con los resultados de la autopsia y vinculó el accionar de Tabarez con el edema cerebral y las tres fracturas costales que perforaron el pulmón izquierdo de Guirula.

Para Glinka, los saltos de Escobar sobre la víctima ocasionaron la fractura lineal de seis cosquillas del lado derecho y se basó en los forenses para concluir que cada una de esas lesiones por separado ya revestían carácter de letal, aunque era atendibles en caso de recibir una asistencia médica urgente.

A Saravia Allosa, por su parte, le adjudicó el lanzamiento de gas pimienta contra la víctima, como así también la omisión de no haber impedido las agresiones de Tabarez y Escobar, misma responsabilidad que le atribuyó a los otros tres imputados.

También planteó que después de constatar la muerte de Guirula los acusados llevaron adelante una serie de acciones para ocultar pruebas del caso, como lavar el patrullero, limpiar vestigios de sangre e iniciar ellos mismos la investigación del hecho.

Como cierre de su alegato, Glinka consideró que los acusados “no estaban capacitados” para ejercer como policías, cuestionó la actitud de camaradería que todavía impera entre uniformados y reclamó un proceso más “estricto” para la selección de agentes dentro de la fuerza.

Escobar y más atrás Saravia Allosa, otro de los imputados en la causa.

Vías alternativas de la defensa

A continuación, expuso el defensor oficial Mario Ramírez en representación de la oficial Tabarez. El letrado contrapuso lo desarrollado por Glinka y ofreció cuatro vías posibles para resolver el proceso sin que su defendida reciba prisión perpetua.

Ramírez arrancó su exposición con un video con un compilado de diferentes procedimientos donde se observan agentes policiales de diferentes lugares en tareas para reducir a un detenido. “Esto es como para tener un contexto, porque es muy fácil decir cómo debe actuar un policía con el diario del lunes”, señaló.

A diferencia de Glinka, Ramírez sí consideró que Guirula actuó con violencia aquella noche del hecho, sumado a que resaltó sus características físicas (1,80 metros de alto y casi 100 kilogramos), como así también su potencia como albañil.

“Él si fue violento esa noche y también es una realidad que entre tres no pudieron detener a un tipo. Guirula era un albañil que levantaba bolsas de cemento como cajas de pizza”, ilustró.

También pidió tener en cuenta que “debajo de los uniformados hay personas” y consideró que en el procedimiento hubo un “un desorden y un componente emocional”.

Por último, reconoció y cuestionó: “Hubo golpes, hubo lesiones, hubo incumplimiento, sí. Pero el artículo 144 (tortura seguida de muerte) es sumamente grave y forzado. Estamos ante un debate de tipicidad y de desproporcionalidad de la pena”.

Los imputados llegaron libres al juicio pero ahora aguardan el fallo en “arresto preventivo” por decisión del tribunal presidido por Gregorio Busse.

Ante ese panorama, como planteo principal solicitó que el caso sea considerado como “lesiones en riña” (artículo 95), al entender que contra Guirula hubo varios agresores y no está claro quien efectuó el golpe determinante.

De prosperar esto, Ramírez entendió que a Tabarez debía dársele por cumplida la pena por los años que ya estuvo presa durante la instrucción de la cusa y quedar en inmediatamente en libertad tras el dictado de la sentencia.

En forma subsidiaria, solicitó aplicar el artículo 80, inciso 9 (homicidio en abuso de su función), atenuando por emoción violenta.

La tercera opción que trazó sería enmarcar el caso como un “ejercicio excesivo de la fuerza”, contemplado por el artículo 35, mientras que, por último, solicitó que se mantenga la acusación por tortura pero en concurso real con abandono de persona seguido de muerte, pero que en ese caso su defendida mantenga su libertad hasta tanto el fallo quede firme.

El debate continuará mañana, a partir de las 8.30, con los demás alegatos defensivos. Una vez culminada esas exposiciones, el Tribunal Penal Dos, presidido por el magistrado Gregorio Busse, decidirá cuándo dar el veredicto.

Mientras tanto, los seis acusados continuarán alojados en diferentes unidades penitenciarias, cumpliendo así con “la medida administrativa de arresto preventivo” ordenada por Busse en la previa a los alegatos.

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Grooming en Garupá: el padre de una las niñas se constituyó como querellante

Publicado

hace 7 días

23/12/2025

Por

Jorge Posdeley

El padre de una de las niñas que escapó del hogar Papa Francisco de Garupá y terminó cautiva en una fábrica abandonada se constituyó como querellante particular en la causa que investiga por grooming y otros delitos a cuatro sospechosos, entre ellos un efectivo de la Policía misionera.

El requerimiento formal fue presentado ante el Juzgado de Instrucción Uno de Posadas y la solicitud fue aceptada por el magistrado Fernando Verón, en carácter subrogante legal de dicha dependencia judicial.

De esta manera, el padre de una de las víctimas, a través del abogado Roberto Oscar Oudin como querellante, podrá ser parte activa del proceso, participando de las audiencias, ofreciendo pruebas, solicitando medidas y emitiendo opinión en planteos defensivos y/o resoluciones del magistrado interviniente.

La causa continúa en trámite y tiene cuatro sospechosos imputados por “grooming”, aunque hasta el momento no se dictó prisión preventiva para ninguno. Ellos son Pedro G. (37), Eugenio A. (63), Samuel N. (63) y el policía Cristian Rolando M.(38).

Inicialmente hubo otros detenidos, el gomero Matías C. (19) y otro policía identificado como Mario Enrique M. (48), aunque ambos fueron excarcelados y aunque continúan supeditados a la causa sus respectivas defensas avanzan en los pedidos de sobreseimiento.

La hipótesis del caso es que una de las niñas del hogar Papa Francisco fue contactada por Instagram por un adulto que se hizo pasar por menor de edad y la convenció de escaparse para ir a dormir a otro lugar.

La invitación se extendió hacia otra menor, quienes finalmente lograron fugarse del hogar a pesar de la custodia y de esa forma cayeron en la trampa que, se presume, tenía fines de abuso y explotación sexual en el predio abandonado y sórdido descubierto ese 14 de octubre pasado.

Las pistas condujeron la pesquisa hacia el predio de la ex firma Envasadora Misionera en Ñu Porá, arrestaron a tres de los sospechosos y también encontraron a la niña que estaba desaparecida.

La menor estaba semidormida -se investiga si era producto de algún somnífero o estupefaciente- sobre una cama, tapada con una manta y en compañía de uno de los implicados, describieron las fuentes consultadas en su momento.

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Judiciales

Piden jury contra la jueza que condenó a Mónica Gurina y Leandro Sánchez

Publicado

hace 2 semanas

19/12/2025

Por

Marcelo Ameri

El diputado provincial del Partido Agrario y Social (PAyS), Cristian Castro, presentó este viernes un pedido de jury contra la jueza en lo Correccional y de Menores N° 1, Marcela Alejandra Leiva, por la condena a prisión en suspenso para los sindicalistas docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez por desobediencia judicial y entorpecimiento del transporte, durante el acampe docente de 2024 que bloqueó la avenida Uruguay, de Posadas.

En la nota dirigida a la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Misiones, Rosanna Venchiarutti Sartori, Castro esgrime el artículo 7 de la Ley VIII Nº 5 y denuncia a Leiva por “mal desempeño en sus funciones”, “ignorancia inexcusable del derecho” y “arbitrariedad manifiesta”.

En el tercer punto del escrito, el diputado del PAyS solicita que se admita formalmente su denuncia, conforme lo establecido en el artículo 158 de la Constitución provincial, que establece que cualquier habitante puede acusar a magistrados ante el Jurado de Enjuiciamiento; y pide que “se disponga la apertura del procedimiento”, “se notifique a la magistrada denunciada”, “se sustancie el proceso conforme a la normativa vigente”, y “se dicte, al finalizar el proceso, la destitución de la magistrada denunciada”.

Al cierre de esta nota, el legislador agrario comentó a LVM que pasado el mediodía recibió una comunicación de la oficina de Venchiarutti Sartori para que comparezca personalmente el martes 23 próximo, a las 9:00 horas, a ratificar la denuncia contra Leiva, en el quinto piso del Palacio de Justicia.

Irregularidades

Según señala el diputado del PAyS, la actuación de Leiva en la causa contra Gurina y Sánchez “presenta un conjunto de irregularidades graves que justifican su análisis por parte del Jurado de Enjuiciamiento”.

Castro le achaca a la jueza en su nota, “deficiencias en la valoración de la prueba”, “valoración fragmentaria”, “omisión selectiva del material probatorio de elementos favorables a la defensa”, “utilización de presunciones no autorizadas por la sana crítica racional”, “falta de imparcialidad funcional” y “afectación del principio de inocencia”.

“Existen elementos del proceso que permiten sostener, prima facie, la existencia de un sesgo en la conducción del proceso, orientado hacia la convalidación de hipótesis acusatorias sin debida revisión crítica”, asegura.

“Se advierten razonamientos incompatibles con los estándares constitucionales de certeza que deben de regir toda sentencia condenatoria”, sostiene el legislador y señala que Leiva vulneró el artículo 18 de la Constitución Nacional, el 158 de la Constitución Provincial, y la doctrina del denominado ‘Fallo Casal’, de 2005, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que amplió las facultades del recurso de casación, fortaleciendo las garantías del imputado frente a la condena y alineando la jurisprudencia argentina con estándares internacionales.

Castro afirma que, por todo esto, la sentencia de Leiva contra Gurina y Sánchez “revela, con especial claridad, un patrón de razonamiento incompatible con los estándares constitucionales y convencionales vigentes en materia de protesta social, responsabilidad penal individual y principio de legalidad”.

Referentes

El diputado del PAyS sostiene que, en el fallo de Leiva, “se verifica una utilización extensiva y arbitraria del derecho penal, fundada exclusivamente en la condición de referentes gremiales de los imputados”.

“La magistrada da por acreditada la autoría penal no a partir de actos concretos, individualizados y probados, sino por la supuesta ‘visibilidad pública’ y liderazgo sindical de Gurina y Sánchez”, sostiene el legislador y advierte que “tal razonamiento importa una grave vulneración del principio de culpabilidad por el hecho, sustituyéndolo por una forma inadmisible de responsabilidad por el rol o la identidad, expresamente prohibida por el derecho penal constitucional”.

“Este criterio ha sido severamente cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha advertido que los Estados suelen utilizar a referentes sociales y sindicales como ‘casos testigo’ para emitir mensajes aleccionadores hacia el conjunto de quienes ejercen el derecho a la protesta, generando un efecto intimidatorio o disuasivo incompatible con una sociedad democrática”, afirma Castro y asegura que la sentencia contra los docentes “se inscribe de lleno en ese patrón de criminalización selectiva”.

“En segundo término, la resolución judicial desconoce la naturaleza política y colectiva de los hechos juzgados, omitiendo un análisis riguroso del elemento subjetivo de los tipos penales aplicados”, señala el legislador en su escrito contra Leiva.

“En contextos de protesta social, el dolo no puede presumirse ni inferirse mecánicamente de la mera permanencia en el lugar de los hechos o del carácter prolongado de la manifestación”, expresa.

“La intención de los docentes fue, de manera inequívoca, visibilizar reclamos salariales y laborales frente a la ausencia de respuestas estatales, y no entorpecer el transporte ni desobedecer la autoridad judicial como finalidad autónoma”, argumenta Castro.

“La magistrada omite ponderar que la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido que las restricciones al derecho de reunión y de protesta deben ser excepcionales, estar previstas por ley, perseguir un fin legítimo y superar un estricto test de necesidad y proporcionalidad”, manifiesta.

El diputado del PAyS opina que la sentencia de Leiva contra Gurina y Sánchez “otorga preeminencia automática al derecho a circular por sobre el derecho a la protesta, desconociendo que este último constituye uno de los pilares del sistema democrático”.

Desobedientes

En otra parte del escrito, Castro se refiere a la valoración que hizo la jueza del delito de desobediencia judicial que se le imputaba a Gurina y Sánchez, y sostiene que tal imputación se construyó a partir de “la condición de referentes” de los docentes procesados, “asumiendo que la orden era ‘exigible’ a ellos”.

El diputado del PAyS sostiene, además, “inconducentes desde el punto de vista jurídico”, las referencias que hace la resolución judicial de Leiva sobre “supuestos perjuicios comerciales o molestias derivadas del humo”, que “no fueron debidamente acreditados” y que son “consideraciones ajenas al bien jurídico protegido por el art. 194 del Código Penal”.

“En síntesis, la condena de Gurina y Sánchez constituye un caso paradigmático de criminalización de la protesta social, con afectación directa de derechos constitucionales y convencionales, y revela un desempeño judicial que, prima facie, encuadra en las causales de mal desempeño, ignorancia inexcusable del derecho y arbitrariedad manifiesta, habilitando la intervención del Jurado de Enjuiciamiento”, señala el legislador en su nota y reafirma: “Dichas irregularidades constituyen una pauta objetiva de mal desempeño y deberán ser examinadas por el Jurado en su conjunto”.

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Judiciales

La Corte dejó firme la condena a Ovando y la defensa acusa un “error administrativo”

Publicado

hace 2 semanas

18/12/2025

Por

Jorge Posdeley

Sin analizar la cuestión de fondo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dejó firme la condena de 20 años de prisión impuesta por el Tribunal Penal Uno de Eldorado en contra María Ovando (48) al dar por “no presentado” un recurso de queja planteado por la defensa de la mujer, desde donde alegan que la documentación exigida fue subsanada en tiempo y forma, acusando en consecuencia una “falla administrativa” de parte del máximo órgano judicial del país.

La resolución de la Corte tiene menos de diez renglones y lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

En el escrito, los magistrados dieron por “no presentado el recurso de hecho” el recurso defensivo al señalar incumplimientos en las formalidades del trámite interpuesto.

“La parte recurrente no ha dado debido cumplimiento a la intimación que en fecha 30 de mayo de 2025 le formuló el Secretario del Tribunal en los términos del inc. c de la acordada 13/90 (Fallos: 313:21), texto según modificación de la acordada 35/90 (Fallos: 313:37)”, argumentaron.

De esta manera, el máximo órgano judicial del país dejó firme la sentencia, aunque sin analizar la cuestión de fondo que la parte recurrente pretendía que se revisara para revertir la condena.

Consultado sobre el fallo, Eduardo Paredes, abogado defensor de María Ovando, respondió a La Voz de Misiones que “esto es un error administrativo del personal de la Corte. Lo solicitado por la Corte está subido y está presentado desde el 9 de junio. Acá vamos a plantear una revocatoria porque es un error del personal de la Corte”.

Juicio y condena

La condena a 20 años de prisión contra María Ovando fue impuesta en 2020, tras un juicio realizado ante el Tribunal Penal Uno. Tanto a la mujer como los otros dos jóvenes que fueron al banquillo de los acusados fueron declarados responsables de delitos de abuso sexual y corrupción de menores.

Por su vínculo de madre y abuela de las víctimas, sobre la mujer recayó el mayor monto de pena, mientras que Marcos Laurindo (28) y Lucas Ferreira (28) recibieron 18 y 12 años de prisión, respectivamente.

La causa se inició en 2015, a raíz de una denuncia radicada por la guardadora de las menores abusadas, llegó a juicio oral cinco años después.

A esa instancia la mujer llegó en libertad, aunque luego del fallo quedó inmediatamente detenida y fue excarcelada un año después mediante un habeas corpus presentado por la recientemente fallecida Norita Cortiñas, pero el benefició apenas duró dos semanas ya que la Cámara de Apelaciones revocó la medida.

Fue así que Ovando regresó a la Unidad Penal V Correccional de Mujeres de Miguel Lanús, donde continúa alojada para seguir cumpliendo con la condena que el año pasado fue ratificada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia.

En el planteo en el que la defensa solicitó la revisión del caso por parte del STJ habían reclamado “la nulidad de la sentencia por indeterminación del hecho imputado, por violación al principio de congruencia, por haberse condenado por un hecho que no fue imputado, privándose del derecho de ser oído, por omisión de valoración de la prueba ofrecida en descargo lesionándose el ejercicio de la defensa, violándose el principio in dubio pro reo”.

FALLO CSJ 001214_2025_RH001