Judiciales
Un forense ratificó que a Guirula le fracturaron las costillas a patadas
El juicio para esclarecer la muerte del albañil Carlos Guirula tuvo otra jornada clave este martes, con la declaración de tres mujeres que estuvieron presentes en aquella noche trágica del 19 de julio de 2014 en el motel Park de Posadas y la de un médico forense que dio pormenorizados detalles sobre la causa del deceso y las marcas de violencia que exhibía el cuerpo de la víctima.
En orden cronológico, las primeras en declarar fueron las dos trabajadoras sexuales que esa noche estuvieron con la víctima y sus dos amigos, compartiendo diferentes habitaciones, y una de las mucamas del complejo.
Las tres coincidieron en que el conflicto se inició a raíz de una consumición de whisky que Guirula se negaba a pagar. En lo que difirieron fue que las dos primeras mujeres negaron haber visto situaciones agresivas, mientras que la mucama Andrea Lorena Sosa describió que el hombre “se puso muy violento y empezó a golpear la puerta de vidrio” de la conserjería.
Esa situación motivó que ella misma llamara a la Policía, más precisamente a la comisaría Decimotercera, de cuya dependencia salió el primer patrullero que arribó al lugar. Ese móvil era una Toyota Hilux que llevaba a la oficial Lourdes Beatriz Tabarez (42) como encargada, al sargento primero Claudio Marcelo Servian como chofer y al cabo Carlos Alberto Da Silva (35) como acompañante.
Más tarde arribaron como refuerzos desde el Comando Radioeléctrico Centro el cabo Ricardo Rafael Escobar (42), el oficial subayudante Carlos Alberto Zidorak (35) y el cabo Lucas Nahuel Saravia Allosa (37). Ahora, los seis están imputados por “tortura agravada seguida de muerte” y “ocultamiento de pruebas”, figura bajo la cual pueden ser condenados a prisión perpetua al final de proceso, previsto para el 19 de noviembre.
Todos los imputados cuentan con abogados defensores diferentes.
La señora policía
“Cuando llegó la Policía procedieron ellos y nosotros nos volvimos a encerrar. Después escuché gritos e interpreté que el señor -por Guirula- ingresó al auto para que la policía no le lleve”, recordó la mucama citada como testigo.
La mujer añadió que “supongo que en el forcejo él le pega a la señora policía y ahí ella se exaltó. Después de eso pudieron sacarlo a la fuerza y le empezaron a pegar. En el intento por reducirlo, por ponerle las esposas, empezaron a pegarle. Estábamos todos expectantes de lo que pasaba y cuando él ya estaba reducido le seguían pegando, le pateaban la cabeza y le pisaban la cabeza”.
Su declaración se tornaba a cada más segundo más trascendental y por esa razón el fiscal Vladimir Glinka ahondó en la cuestión y preguntó si la testigo identificaba a algunos de los imputados presentes en aquella escena. La respuesta fue certera: “Sí, la señora policía. El señor estaba boca abajo y la señora policía le pisaba la cabeza”.
De igual manera, en otro tramo relató que “se ve que le pateaban por todos lados, porque el señor no paraba de quejarse y de moverse”. La testigo calculó que toda esa escena duró entre 10 y 15 minutos.
La oficial Lourdes Tabarez fue apuntada por otros imputados y testigos como autora de patadas contra la víctima.
Tres lesiones con potencial letal
Todos ese relato de golpes, sumado a los testimonios recogidos en las tres audiencias anteriores del juicio, se vincularon más tarde al testimonio del médico forense Carlos Wolhein, uno de los encargados de efectuar la autopsia sobre el cuerpo del albañil fallecido.
El médico, de extensa trayectoria en materia de autopsias e investigaciones tanatológicas, dio una pormenorizada explicación de cada una de las lesiones que provocaron la muerte del albañil y conectó cada una de ellas con la posible mecánica del hecho.
Wolhein precisó que el cuerpo presentaba tres lesiones que tenían “potencial letal sin el tratamiento debido”, ya sean “juntas o por separado”.
La primera lesión sobre la cual hizo hincapié fue un “traumatismo de cráneo de intensidad moderada, eventualmente grave” que, a su entender, fue causada por lesiones “puntiformes” generados por compresión.
La segunda consistía en la fractura de tres costillas del lado izquierdo que provocó una hemorragia interna masiva que dirigió el 40% de la sangre del cuerpo hacia el pulmón de ese lado y lo hizo colapsar por completo.
El forense vinculó este diagnóstico con una seria de marcas externas en la piel que tenían un “calcado compatible con la plantilla de un calzado”. “Eso para nosotros es referencial a un puntapié de patadas”, resumió.
Y a pedido del fiscal fue aún más conciso: “Vemos una impronta en la piel que asumo que es un golpe. Pueden haber más golpes que no dejaron marcas, pero hubo un golpe que fracturó tres costillas”.
Rafael Escobar fue otro de los incriminados por su ex camaradas. Lo acusaron de ir “saltando” sobre Guirula durante el traslado.
La última lesión, aunque no en orden de producción sino en la descripción trazada en el informe forense, consistió en la fractura lineal de seis costillas del lado derecho, con la diferenciación de que esas heridas oseas no se produjeron por un golpe sino por “una fuerza de apoyo” ejercida en otro lugar.
Wolhein indicó que todas las lesiones son “atendibles” y “tienen tiempo de sobrevida”, aunque también resaltó que Guirula tenía 3,2 gramos de alcohol en sangre, circunstancia que lo ubicaba en estado de indefensión, ante lo cual el cuerpo pierde capacidad de resistencia ante golpes.
La conclusión, para el especialista, fue que la sumatoria de estas tres lesiones ocasionaron un paro cardiorespiratorio que sesgó la vida del albañil durante aquel procedimiento de hace 11 años atrás.
El debate continuará mañana con más testimoniales. El proceso ya lleva cuatro jornadas realizadas, período en el cual declararon doce testigos.
El juicio se realiza en el Tribunal Penal Dos de Posadas, presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por los jueces de instrucción Fernando Verón y Miguel Mattos como vocales subrogantes. Los seis imputados cuentan con abogados defensores diferentes.
El juicio, día a día:
Día 1: Caso Guirula: tres de los seis policías imputados pidieron declarar mañana
Día 2: Policía imputado declaró que Escobar y Tabarez patearon a Guirula en el piso
Día 3: Escobar se defendió y apuntó a Tabarez: “Le tiró patadas de punta” a Guirula
El Juzgado Civil y Comercial Tres de Eldorado resolvió suspender de manera provisoria el desalojo en los lotes 48 y 49 de Montecarlo, previsto para este jueves, lo que habría afectado a 112 familias de campesinos que asisten a la escuela de formación agroecológica aledaña, espacio que sería trasladado a otra zona próximamente.
Luego de la mesa de diálogo concretada el pasado lunes 8 de junio, entre campesinos y docentes de la escuela Ñande Kokue, donde funciona el Bachillerato Provincial (BOP) 126, el ministro de Gabinete Carlos “Kako” Sartori, entre otras autoridades del gobierno provincial, el juzgado interviniente decidió postergar el desalojo “atento a las delicadas circunstancias sociales y humanas relevadas en las actuaciones efectuadas”.
En la resolución, a la que accedió La Voz de Misiones, la Justicia determinó que “corresponde imperioso destacar la preeminencia del orden institucional y el compromiso social que debe guiar la actividad jurisdiccional”.
En ese contexto, también advirtió sobre la configuración social del grupo en cuestión y la necesidad de garantizar los derechos humanos básicos: “Ante situaciones que evidencian un estado de vulnerabilidad de los sujetos que concurren -menores y adultos, días sábados- al inmueble, el servicio de justicia no puede permanecer ajeno a las derivaciones materiales de sus pronunciamientos, resultando indispensable articular mecanismos de contención interinstitucional que resguarde los derechos fundamentales en juego”.
En este sentido, asumieron el compromiso de diseñar y ejecutar medidas de apoyo específicas, por lo que también reiteraron la inmediata intervención a los organismos competentes: la secretaría de Niñez del municipio, la Dirección de Acción Social municipal, el Ministerio de Educación de la provincia, el Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Gobierno e intendencia municipal.
A estos se sumarían la Secretaría de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras de la provincia y la Dirección de Catastro del municipio, a fin de adoptar las “medidas conducentes para la reubicación de las actividades de formación en oficios”, que actualmente se desarrollan en el mencionado espacio.
Finalmente, el juzgado interviniente dictaminó que, las instituciones mencionadas deberán informar, dentro del plazo de tres días de notificados, las acciones implementadas y, posteriormente, remitir informes periódicos cada cinco días hasta la efectiva solución de la situación planteada.
De esta manera, la sentencia de desalojo, firme ante la Cámara de Apelaciones, quedó suspendida provisoriamente, lo que “no altera ni afecta la firmeza de la sentencia de desalojo, limitándose exclusivamente a diferir temporalmente su ejecución material a fin de posibilitar la intervención coordinada, y de carácter urgente, de los organismos estatales involucrados en resguardo de la paz social y la tutela judicial efectiva para efectivizar la desocupación del inmueble”.
Abren mesa de diálogo entre La Misionera y campesinos de Montecarlo
El fiscal federal Ricardo Toranzos solicitó penas de entre 3 y 16 años de prisión para los siete integrantes de una organización narcocriminal integrada por gendarmes, ex miembros de la fuerza y aspirantes a ingresar a la institución, acusados de transportar 334 kilogramos de cocaína en dos operativos realizados en Salta durante 2024.
Entre los principales imputados aparecen varios misioneros, señalados como piezas clave de la estructura delictiva.
Durante su alegato ante el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Salta, Toranzos pidió la pena máxima de 16 años de prisión para los misioneros Richar Ariel Delgado y Jonathan Leonel Ostapowicz (comerciante), además de Gabriel Ruiz Apaza, al considerarlos coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en dos hechos distintos.
Para los otros ex gendarmes misioneros Adrián Emilio Escarlata y Diego Hernán Delgado, el fiscal solicitó 13 y 9 años y 6 meses de prisión, respectivamente.
La causa expuso el funcionamiento de una organización con fuerte impronta misionera que quedó al descubierto en mayo de 2024, cuando Diego Delgado fue detenido en Salta mientras trasladaba más de 300 kilos de cocaína ocultos en una Volkswagen Amarok. El secuestro de su teléfono celular permitió a los investigadores reconstruir la trama criminal, identificar a los demás involucrados y desarticular la estructura.
El fiscal solicitó 13 y 9 años y 6 meses de prisión para Adrián Emilio Escarlata y Diego Hernán Delgado
Según la investigación encabezada por Toranzos, Ostapowicz y Richar Delgado eran dos de los principales organizadores de la maniobra. Ambos fueron detenidos meses después en operativos realizados en Posadas y Bernardo de Irigoyen, respectivamente. Los investigadores sostienen que tenían un rol central en la logística de los viajes y en la provisión de vehículos utilizados para transportar la droga desde el norte salteño hacia Buenos Aires.
Richar Delgado, oriundo de Azara, había pertenecido a Gendarmería Nacional y llegó a desempeñarse en áreas de investigación de la fuerza. Su hermano menor, Diego Hernán Delgado, también integró la institución hasta ser expulsado tras quedar involucrado en actividades vinculadas al narcotráfico. Ambos quedaron ubicados por la fiscalía entre los actores más relevantes de la organización.
Otro de los misioneros alcanzados por el pedido de condena es Escarlata, domiciliado en Apóstoles. El ex gendarme fue detenido en octubre de 2024 cuando transportaba otros 31 kilos de cocaína ocultos en una rueda de auxilio. Junto a él viajaba su esposa, Marlene Leonor Hañek, también oriunda de esa localidad.
La fiscalía sostuvo que la banda operaba mediante una estructura estable y organizada, aprovechando conocimientos adquiridos dentro de las fuerzas de seguridad para ocultar cargamentos y eludir controles. Entre las pruebas incorporadas al debate figuran conversaciones extraídas de un grupo de WhatsApp denominado “Los Peluches”, donde los acusados coordinaban traslados y compartían instrucciones sobre cómo acondicionar la droga en los vehículos y cómo actuar ante eventuales inspecciones.
El tribunal ya declaró la responsabilidad penal de los acusados y resta conocer la sentencia definitiva, que se dará a conocer el próximo jueves. Además de las penas de prisión, el fiscal solicitó el decomiso de bienes secuestrados durante la investigación, entre ellos vehículos de alta gama, dinero en efectivo y otros activos que presuntamente habrían sido adquiridos con fondos provenientes de la actividad ilícita.
Contrabando de granos y lavado de activos, otras causas de los narcogendarmes
El remisero detenido por el femicidio de Dulce María Beatriz Candia (17) se abstuvo de declarar ayer y fue formalmente imputado por el hecho que investiga el Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado, a cargo de la magistrada María Laura Rodríguez.
El hombre, identificado como Mario Alberto Yung (46), fue trasladado ayer a la mañana hasta la dependencia judicial y una vez dentro optó por guardar silencio, tal como lo ampara su derecho.
Un día antes había designado como abogado a un defensor oficial y ahora se aguarda que el juzgado continúe con la instrucción de la causa, que todavía aguarda por la recepción de testimoniales y el resultado de varias pericias que podrían arrojar luz sobre el hecho.
Entre esas pericias hay estudios de telefonía y análisis genéticos sobre prendas de vestir y, principalmente, sobre un retazo de tela que, se especula, pudo haber sido elemento utilizado para estrangular a la víctima.
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