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Vargas volvió a defenderse y la sentencia del caso Antonella será el lunes

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Vargas acusado femicidio de Antonella Bernhardt

En el cierre de la etapa de incorporación de pruebas, esta mañana el fotógrafo Cristian Daniel Vargas (33) volvió a defenderse ante el Tribunal Penal Uno de Posadas y ahora el debate por el femicidio de Antonella Bernhardt (27) pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes, jornada prevista para el desarrollo de la ronda de alegatos y el posterior dictado de sentencia.

Vargas llegó a esta instancia acusado de homicidio agravado por femicidio, figura contemplada por el artículo 80 inciso 11 del Código Penal de la Nación argentina y que prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser hallado responsable al final del proceso oral.

Sin embargo, durante el desarrollo del juicio y conforme a los elementos recolectados, principalmente el testimonio vertido por una médica forense, el fiscal Martín Rau decidió ampliar la imputación contra Vargas añadiendo el agravante de alevosía (artículo 80, inciso 2), al considerar que el implicado atacó a Antonella en un contexto de indefensión. Esta nueva figura mantiene la prisión perpetua como expectativa de pena. 

“Mediando violencia de género, aprovechando la vulnerabilidad de la víctima, mediante golpes y maniobras de asfixia, con Antonella mareada, con su sistema sensorial disminuido, quizás desmayada y mientras estaba acostada en el piso, usted le produjo la agresión con un cuchillo monocortante”, le intimó Rau al fotógrafo Vargas, quien luego realizó una ampliación de su declaración indagatoria.

En esa instancia, el imputado insistió en su teoría defensiva, en la que refiere que la puñalada letal se produjo durante un forcejeo mantenido con Antonella con la intención de despojarla del cuchillo con el que ella amenazaba agredirlo primero.

El juicio por el femicidio de Antonella se lleva adelante el Tribunal Penal Uno de Posadas, en el Palacio de Justicia. FOTO: Marcos Otaño – @mmo_marcos

La diferencia respecto a su primera indagatoria fue que esta vez y a pedido de su defensor oficial, el abogado Mario Sebastián Ramírez, el acusado brindó su relato de pie y escenificando ante el tribunal la secuencia de hechos que -según él- se produjeron dentro del departamento de Antonella en el barrio El Brete y derivaron en la muerte de la joven oriunda de Oberá. 

“Yo tenía celular en la mano y le tomé del brazo para quitarle el cuchillo. Ahí quedé atrapado contra la pared y cuando la traje hacia mí con fuerza es que se clava el cuchillo en la garganta de ella”, repitió hoy.

Vargas también dio su versión respecto a los otros dos traumatismos que Antonella presentaba en el cráneo, los cuales según estimó la forense Carolina Lanzos fueron “golpes fuertes” y que pudieron haber provocado “aturdimiento, confusión o hasta pérdida de conocimiento” en la víctima.

Fue en base a eso, entre otras consideraciones dadas por Lanzos, que el fiscal Rau entendió que Antonella fue atacada en estado de indefensión y correspondería entonces aplicar la figura de alevosía, pero Vargas se defendió: “Fueron dos tapes, no fue con violencia, ella no estaba desmayada ni nada”.

Más adelante, el imputado relató que llevó el cuchillo hasta el lavatorio, donde se lavó las manos manchadas con sangre y empezó a juntar sus cosas para retirarse del lugar. “Cuando le eché el último vistazo ella todavía tenía movimientos”, sostuvo.

Alegatos y sentencia, el lunes

Tras su declaración, el tribunal presidido por la magistrada Viviana Cukla e integrado por sus pares Ángel Dejesús Cardozo y Gustavo Bernie, cerró la etapa de incorporación de pruebas con las diligencias que quedaban pendientes, entre ellas la introducción por lectura de testimonios desistidos y la revisión de una serie de imágenes, videos y chats ya incorporados al expediente pero especialmente seleccionados por la defensa para posteriormente hacer énfasis en su alegato.

De esta manera, se dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes a las 8.30 para el desarrollo de la ronda de alegatos, instancia en la cual las partes intervinientes, tanto la fiscalía como la defensa y también la querella representada por el letrado Mauricio Vergara, deberán exponer sus conclusiones finales y elevar sus respectivos pedidos al tribunal.

Después de ello, los camaristas deberán pasar a deliberar para arribar al dictado de la correspondiente sentencia.

Las partes: a la izquierda el querellante Mauricio Vergara, al medio el fiscal Martín Rau y a la derecha el defensor Mario Ramírez. FOTO: @mmo_marcos

Caso y juicio

El femicidio de Antonella Bernhardt se registró el 4 de abril de 2019, entre las 13 y las 13.30, dentro de su departamento ubicado sobre la calle Comandante Miño 980 del barrio El Brete.

La hipótesis acusatoria consigna que Vargas contactó a la víctima a través de redes sociales y le ofreció realizar sesiones de fotos a cambio de dinero ($1.500 con desnudos). Una de ellas se concretó, pero el acusado nunca pagó y en el segundo encuentro se produjo el desenlace mortal, luego de una discusión generada por el reclamo del dinero que nunca fue abonado.

Vecinas de la joven narraron -y ratificaron sus dichos en el juicio- que ese mediodía oyeron golpes, ruidos de “objetos cayendo al suelo” y a través de las endebles paredes divisorias también escucharon “gritos ahogados, como de alguien a quien le tapan la boca mientras grita”.

La autopsia concluyó que Antonella presentaba dos golpes en la cabeza, signos de compresión en el cuello y una estocada en el cuello que atravesó la vía aérea y se detuvo en los cuerpos vertebrales.

Cristian Vargas, de 33 años, está detenido desde el día del hecho y puede ser condenado a prisión perpetua.

Vargas, en tanto, sostuvo que al terminar la sesión fotográfica Antonella le propuso sexo oral y supuestamente filmó el acto, video que luego utilizó para extorsionarlo a cambio de más dinero, lo que derivó en el forcejeo que habría terminado en forma trágica.

“Fue un accidente, yo no fui hasta ahí a querer matarla. Sólo me aterroricé de que mi mujer se enterara que le fui infiel”, aseguró en la primera audiencia del debate que se desarrolla en el SUM del Palacio de Justicia, ubicado sobre la avenida Santa Catalina casi Centenario.

Vargas también declaró que mientras se producía el forcejo el celular de la víctima continuaba filmando, aunque en la “desesperación” posterior al hecho reseteó el celular y después “confió” en que ese material podía ser recuperado para demostrar su inocencia.

Sin embargo, ninguno de los videos mencionados por el acusado fueron hallados, a pesar de que el personal de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic) logró recuperar los elementos guardados en el teléfono reseteado.

FOTO PRINCIPAL: Marcos Otaño – @mmo_marcos


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Sicarios brasileños van a juicio por acribillar a un kiosquero en Posadas

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sicarios brasileños

El magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, decretó en las últimas horas la elevación a juicio de la causa contra los dos sicarios brasileños acusados de acribillar a un comerciante del barrio Yacyretá a mediados de 2022, hecho que encierra un posible trasfondo vinculado al narcotráfico, aunque la hipótesis no pudo ser acreditada.

Los imputados en esta causa son los brasileños Gabriel Junio Guimaraes Da Silva (22) y David Weslley de Oliveira Silva (24), ambos oriundos de Porto Alegre, y el último de ellos presuntamente ligado al temible Bala Na Cara, calificado como el segundo grupo narco-criminal más potente de Río Grande Do Sul.

Según fuentes de La Voz de Misiones, los dos están alojados en una Unidad Penal VI de Posadas y tras la resolución del juez Mattos irán a juicio acusados por el delito de homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos personas y alevosía, figura que prevé una pena de prisión perpetua.

En la causa figura un tercer involucrado, acusado de brindar alojamiento y prestar logística a los extranjeros, aunque se mantiene prófugo desde el día en que el comerciante Cristian Javier Díaz (34) encontró la muerte a balazos.

El expediente ahora será remitido al Tribunal Penal Dos de Posadas, cuyas autoridades deberán programar fecha para la realización del correspondiente debate oral para terminar de esclarecer lo sucedido.

El Fiat Duna utilizado por los extranjeros captado por cámaras de seguridad.

Timbre y ráfaga de disparos

El crimen de Díaz se registró el 8 de mayo de 2022 en su casa y también kiosco ubicado en la esquina de las calles 74 y 95, de la chacra 94, en jurisdicción del barrio Yacyretá.

Eran las 3.30 de la madrugada cuando tocaron el timbre del kiosco y al asomar por la ventana de atención fue acribillado. En la escena se recogieron vestigios de siete disparos y en el cuerpo de seis, localizadas en cuello (lesión fatal), tórax y abdomen.

La esposa de Díaz fue quien alertó de lo sucedido a la Policía y en menos de 24 horas los investigadores de la Dirección Homicidios dieron con los dos extranjeros hoy detenidos mediante el relevamiento de testimoniales y rastreo de cámaras de seguridad.

La pesquisa trazada permitió reconstruir que los brasileños habían ingresado a la Argentina el 3 de mayo a través del paso fronterizo Santo Tomé-Sao Borja y tenían pasajes de regreso para el 9 de mayo, poco más de 24 horas después de la ejecución de Díaz.

Justamente, ambos extranjeros fueron aprehendidos esa misma madrugada en la terminal de colectivos, mientras esperaban el micro de regreso y desde ese momento permanecen privados de la libertad.

La carga de droga incautada en 2021.

Se cree que los brasileños pernoctaron en Posadas desde el mismo día en que ingresaron al país y que lo hicieron en una vivienda prestada por el sospechoso que permanece prófugo, a quien además le sindican una carga de 155 kilogramos de marihuana incautada frente al mismo lugar por Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en 2021 y el trasfondo del crimen podría estar vinculado a ese episodio, aunque no hay pruebas concretas de que ese sea el móvil del hecho. Tampoco se pudo identificar a un posible autor intelectual.

En contrapartida, indicaron las fuentes de LVM, de lo que sí hay pruebas consistentes, principalmente registros de cámaras de seguridad, es que los extranjeros llegaron y huyeron de la escena del crimen en un Fiat Duna blanco con desperfectos en las luces traseras, características idénticas a las del rodado incautado en el inmueble donde se alojaron en el barrio Luis Piedrabuena.

En su momento el juez Mattos se declaró incompetente y remitió la causa al Juzgado Federal de Posadas al entender que el crimen podría estar vinculado al narcotráfico, pero la medida no prosperó y el expediente volvió a su juzgado. Ahora la investigación culminó y todo el material probatorio deberá ser ventilado en instancia de juicio oral, donde finalmente se decidirá el futuro de los dos foráneos imputados.


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Piden controlar a represor misionero con domiciliaria que hizo mega fiesta

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A dos semanas de la ampulosa fiesta realizada por las bodas de oro del represor misionero con prisión domiciliaria Jorge Antonio Olivera (73), trascendieron más fotografías del evento y en una de ellas aparece como uno de los invitados Gustavo Ramón De Marchi, otro militar con causas por lesa humanidad, ante lo cual la fiscalía interviniente solicitó avanzar en la investigación de lo sucedido y amplió medidas de control en contra del ex militar oriundo de la tierra colorada.

El festejo se llevó adelante el 3 de febrero en la casa de Vicente López donde el misionero Olivera cumple prisión domiciliaria por las tres penas de prisión perpetua que registra en su contra, aunque nunca pidió permiso ni avisó de su realización, pero el jolgorio con más de 60 presentes y show de Palito Ortega tomó estado público a partir de fotografías y videos publicados en redes sociales por algunos de los invitados, entre ellos la negacionista Cecilia Pando.

Luego de ello, los fiscales generales de San Juan Francisco Maldonado y Dante Vega solicitaron que los pormenores del evento sean objeto de una investigación y también pidieron que a Olivera se le imponga “la obligación de abstenerse de realizar eventos sociales que supongan la concurrencia de un número considerable de personas ajenas al entorno familiar, la contratación de servicios de música, mobiliario, catering o cualquier otra actividad que, en definitiva, desnaturalice el alcance y sentido de la pena impuesta, y ponga en crisis la motivación estrictamente humanitaria que justifica dicho régimen de excepción, sin que ello deba interpretarse, claro está, como un impedimento para el desarrollo de su vida familiar y social”.

Ahora, al conocerse además la posible presencia en la fiesta de Gustavo De Marchi, también condenado a perpetua junto a Olivera en una de las causas en San Juan y además cómplice del misionero en la fuga de ambos registrada en 2013, los mismos funcionarios requirieron nuevos informes e incluso solicitaron la detención del represor.

De Marchi fue apartado del último juicio por motivos de salud psiquiátrica y estuvo en la fiesta de Olivera.

Apartado del juicio y luego de fiesta

Según consignaron desde el portal oficial del Ministerio Público Fiscal de la Nación, De Marchi se encontraba en libertad al momento de la fiesta debido a que el Tribunal Oral Federal (TOF) de San Juan había dictado la suspensión de la ejecución de sus dos condenas por razones de salud, aunque la orden fue anulada por la Sala III de la Cámara Federal de Casación el 6 de julio pasado.

“Se advierte que han transcurrido siete meses desde que la Sala III de la Cámara Federal de Casación (CFCP) anuló la resolución citada y ordenó el reenvío de las actuaciones. Por tal motivo, solicito al Tribunal que -imprimiendo la celeridad que amerita el caso- se dé cumplimiento a lo ordenado por la CFCP, ordenándose la inmediata detención del condenado Gustavo Ramón De Marchi”, indicó el fiscal Maldonado en su presentación efectuada el 7 de febrero, aunque el planteo no fue hecho público para reducir los riesgos procesales que ello podría conllevar.

En paralelo a ello, informaron que el TOF de San Juan hizo lugar hoy al pedido presentado por el fiscal Dante Vega respecto a la realización de un nuevo examen físico a De Marchi, ya que el imputado había sido apartado del juicio por la denominada Megacausa III “en razón de su condición psiquiátrica, neurológica y psicológica”.

“Resulta evidente que la presencia del nombrado en la celebración llevada a cabo en la casa de Jorge Antonio Olivera torna ineludible la necesidad de realizar un nuevo examen médico a los efectos de determinar si las condiciones médicas oportunamente constatadas se mantienen, particularmente teniendo en cuenta que en la imagen publicada por el diario Tiempo de San Juan se lo observa en condiciones que -prima facie- parecieran no condecirse con aquellas que mostraba al momento de realizarse la pericia que derivó en la suspensión de los procesos en su contra”, sostuvo Vega en su requerimiento.

Respecto al misionero Olivera, Vega sumó pedidos y planteó que al condenado se le imponga, además, la “prohibición de que ingrese a su domicilio cualquier persona imputada, procesada o condenada por crímenes contra la humanidad”, como así también “la realización de controles sorpresivos y periódicos semanales, en diferentes horarios, diurnos y nocturnos, debiendo informarse cualquier situación que suponga la violación de a las restricciones antes referidas” y, por último, “rondines policiales con la frecuencia que el Tribunal estimare pertinentes”.

El TOF corrió a la defensa de Olivera los requerimientos planteados por la Fiscalía y se aguarda resolución al respecto.

Olivera, junto a su esposa y Palito Ortega en pleno festejo el 3 de febrero.

Represor misionero

Según consta en los registros oficiales, Olivera nació en Posadas el 10 de agosto de 1950 y en San Juan se desempeñaba bajo el rango de Teniente y operaba como jefe de Inteligencia del RIM 22 (Regimiento de Infantería de Montaña), en una de las esferas de mayor poder dentro de la estructura.

El año pasado recibió su tercera condena a prisión perpetua tras un extenso juicio realizado por la Megacausa III, donde se acumularon seis expedientes con hechos padecidos por un total de 96 víctimas, de las cuales trece permanecen desaparecidas y cinco fueron ejecutadas. También se investigan secuestros, torturas y casos de violencia sexual.

Las otras condenas a perpetuas contra el misionero bautizado como “El Carnicero” fueron dictadas en julio de 2013 y octubre de 2018.

Entre las víctimas de las desapariciones, secuestros y torturas que se investigaron en las causas donde Olivera fue imputado aparecen la francesa criada en Misiones, Marie Anne Erize, y el actual diputado y ex gobernador de San Juan en tres oportunidades, José Luis Gioja.

El misionero, además, estuvo prófugo en dos oportunidades. Primero a mediados de los 2000 y luego en 2013, cuando 22 días después de recibir su primera condena escapó del hospital militar Cosme Argerich de Buenos Aires junto a su cómplice y hasta hoy compañero de andanzas Gustavo De Marchi.


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Dictan prisión preventiva para detenido por crimen de una niña en Aurora

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niña aurora

El magistrado Pedro Benítez Piriz, a cargo del Juzgado de Instrucción Uno de Oberá, dictó en las últimas horas el procesamiento con prisión preventiva para Daniel Alberto Nacimiento (62), el único acusado por el asesinato de la niña Milagros Ayelén Prestes en Colonia Aurora.

En su resolución, el juez a cargo de la pesquisa del hecho decidió procesar a Nacimiento como presunto autor del delito de “homicidio agravado por haber sido cometido para ocultar otro delito” y mantenerlo tras las rejas mientras avance la causa en su contra.

Según lo que se pudo reconstruir, en la mañana del jueves 11 de enero la niña Milagros Ayelén Prestes salió de su casa en el Kilómetro 20 de Aurora para ir a hacer compras, pero nunca regresó.

Al día siguiente, su cuerpo sin vida fue hallado en un maizal cercano y la autopsia confirmó que fue violada y estrangulada con el cordón de una zapatilla.

Ese mismo viernes por la noche, investigadores policiales, entre ellos agentes de la Dirección Homicidios, concretaron la detención de Nacimiento (62) como único sospechoso del crimen de Milagros.

Sobre el hombre, se supo que purgó una condena por abuso sexual en perjuicio de una menor edad en la localidad bonaerense de San Isidro y tras recuperar la libertad recaló en Aurora, hace aproximadamente seis años.

La detención del sospechoso se dio a partir de varios testimonios que apuntaron haberlo visto en cercanías a la escena del hallazgo del cuerpo. Según la información del mismo matutino, los vecinos señalaron haberlo visto el jueves a primera con la ropa limpia y más tarde pasó embarrado y nervioso.

En su vivienda se secuestraron prendas de vestir, calzados y un teléfono celular. Todos estos elementos serán sometidos a pericias. Se espera, además, próximos cotejos genéticos para obtener más información.

FOTO: El Territorio.


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