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Audios del Pami: piden peritar teléfonos y levantar secreto bancario

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La causa contra la delegada provincial del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami), Ninfa Alvarenga, denunciada por los delitos de “abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos”, y “extorsión calificada precedida de amenazas”, avanza en la Justicia Federal local.

Esta semana, la Fiscalía Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas, ordenó una serie de diligencias en relación con el expediente relacionado con los audios filtrados, donde se escucha a Alvarenga exigiendo a los miembros de su espacio libertario que habían ingresado al Pami en febrero, la firma de sus renuncias anticipadas y transferencias de dinero de sus salarios en el organismo previsional.

Teléfonos

En concreto, el fiscal Jorge Horacio Campitelli, pidió librar oficios a las operadoras telefónicas Movistar, Personal y Claro, y al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), para que aporten toda la información relacionada con los celulares de los denunciantes, los ex funcionarios del Pami Misiones, Ricardo Zacarías y Sixto Fernández; a la vez, que solicitó un peritaje de los aparatos de ambos por parte de la Gendarmería Nacional.

En este sentido, el fiscal Campitelli, especificó que el peritaje de los teléfonos debía enfocarse en las comunicaciones establecidas con el número atribuido a Alvarenga, entre los meses de febrero y julio.

“Se requiere documentar cronológicamente estas comunicaciones, que incluyen mensajes de WhatsApp, Messenger, SMS, entre otros medios”, puntualiza el requerimiento fiscal al que tuvo acceso La Voz de Misiones.

“Se deben identificar y adjuntar capturas de pantalla, transcripciones de audios y cualquier otro elemento relevante”, reza el oficio y precisa: “El análisis debe enfocarse en conversaciones relacionadas con solicitudes de dinero, amenazas, intimidaciones de despidos y discusiones sobre la elaboración de renuncias”.

Mercado Pago

Campitelli, pidió también un oficio judicial a Mercado Pago, para que informe, entre otros datos, todas las transferencias de dinero realizadas entre febrero y julio por los denunciantes, la encausada Alvarenga y sus lugartenientes en el Pami, Julio Cesar Peralta y Maximiliano Valenzuela.

Asimismo, el fiscal federal, solicitó que se requiera a la Secretaría Electoral de Misiones información sobre el estatus legal de los partidos de Alvarenga, el Partido Libertario, del que fue expulsada en abril, y La Libertad Avanza, que se encuentra en trámite de reconocimiento político.

Además, Campitelli, pidió que se solicite al Pami un informe de la situación en el organismo de Alvarenga, Peralta y Valenzuela, y las resoluciones de la desvinculación de los denunciantes Zacarías y Fernández, y del que fuera titular hasta la asunción de la libertaria, el médico Paulo César Zárate Ninamango.

También, solicitó que se requiera al equipo forense de la Agrupación VI “Misiones” de Gendarmería Nacional, la descarga de los audios publicados por LVM y replicados por el medio porteño El Destape, y la transcripción textual de su contenido.

Igualmente, encomienda al personal del Ministerio Público Federal “una búsqueda exhaustiva en internet de las noticias que han sido acompañadas por los denunciantes, así como cualquier nueva información relacionada con los hechos declarados, y las resoluciones de designación y destitución, tanto de los denunciantes como de los denunciados”.

Finalmente, el fiscal Campitelli, solicita al Juzgado Federal ordenar el levantamiento del secreto bancario para acceder a la información financiera y los movimientos de dinero de todos los involucrados en el expediente.

La denuncia

La presentación judicial se hizo la semana pasada y en el relatorio de los hechos, los denunciantes Zacarías y Fernández señalaron que Alvarenga “se jactaba” de ser “amiga íntima” de la hermana del presidente y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y que, en una reunión, “luego de un delirante discurso”, los “amenazó” y les exigió que “debíamos aportar de nuestro sueldo a su peculio personal”.

Según el escrito al que accedió LVM, ambos relataron al fiscal que la acusada les advirtió que si se negaban los echaría del Pami “con o sin causa, dada la íntima amistad que tenía con la Sra. MILEI”, y señalaron: “Esas fueron sus ‘nuevas reglas’ para continuar en nuestros cargos gerenciales”.

“Así las cosas, nos interpeló verbalmente que transfiriésemos luego del cobro del sueldo el 10% 15% y 20% de cada sueldo (de) aprox. de 3.000.000 de pesos que constituían nuestro Salario”, denunciaron.

“Cuando quisimos y le dijimos que no nos íbamos a seguir prestando a dicho juego, sobresale la Resolución de la Dirección Ejecutiva de PAMI A NIVEL NACIONAL, que prescinde de nuestros servicios bajo el lato argumento de ‘reordenamiento administrativo’”, agregaron y acusaron a Alvarenga: “Ella nos dijo que no hizo valer las renuncias anticipadas ante nuestro ‘incumplimiento’ dinerario, ya que había hablado a Buenos Aires, para que nos echen por cualquier pretexto como el narrado”.

La filtración

La publicación de LVM sobre los audios filtrados de la delegada provincial del Pami, explotó a nivel nacional y fue reproducida por medios digitales de todo el país.

Alvarenga, reconoció después, en una entrevista con un medio misionero, la existencia de la conversación con Sixto Fernández, ex jefe de Recursos Humanos del Pami Misiones, aunque lo acusó de haber manipulado la grabación.

Asimismo, la dirigente libertaria, justificó las transferencias monetarias de las que hablan los denunciantes y evitó hablar de la firma de renuncias anticipadas de los miembros de su espacio político que ocupaban puestos en el organismo previsional, que menciona en la conversación.

En la misma entrevista, anunció que había denunciado a Fernández por la filtración de los audios y a LVM por haberlos publicado.

La Fiscalía Federal de Posadas, donde se tramita la causa contra la delegada del Pami Misiones.

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Leche Rodríguez, el tercer implicado en el caso Díaz que continúa prófugo

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Leche Rodríguez

El juicio por el asesinato a balazos del comerciante Cristian Díaz (34), del barrio Yacyretá, culminó con dos sicarios brasileños condenados a prisión perpetua, pero la causa tiene un tercer involucrado que nunca pudo ser capturado y que permanece entre las sombras.

Su nombre es Héctor Rodríguez, aunque los brasileños lo llamaron Yona en su declaración y en el expediente aparece bajo el alias de Leche. La investigación lo sindica como el hombre que recibió, hospedó y trasladó a los homicidas hacia la casa de Díaz en la madrugada que seis balazos sesgaron su vida.

Rodríguez era, también, el dueño del Fiat Duna blanco que fue la pista clave para esclarecer el crimen. El rodado fue visto en inmediaciones a la escena del crimen, fue captado en cámaras de seguridad y más tarde incautado en la casa que él mismo usaba como “búnker” en el barrio Luis Piedrabuena, misma propiedad donde los brasileños se hospedaron desde el 3 de mayo hasta el 9 de mayo, cuando pidieron un remis para ir a la terminal, donde finalmente fueron capturados.

Todo eso era lo que ya se sabía antes del juicio, pero en el transcurso del debate y, principalmente durante los alegatos desarrollados el viernes por el fiscal Vladimir Glinka, se conocieron más detalles de su relación con el hampa.

“A la víctima y a Leche Rodríguez los unía una estrecha relación previa”, precisó Glinka, que utilizó unos minutos de su exposición para repasar la declaración dada por un testigo de identidad reservada que dio pie a la hipótesis narco detrás del crimen, cuestión que no alcanzó a ser probada.

Los sindicados sicarios brasileños de Porto Alegre fueron condenados a prisión perpetua.

El testigo reservado y la hipótesis narco

Según explicó el fiscal, el testigo reservado “pernoctaba” de seguido en el búnker de Leche Rodríguez en el barrio Luis Piedrabuena y no solo que compartió momentos con los brasileños ahora condenados David Weslley De Oliveira Silva (24) y Gabriel Junior Guimaraes Da Silva (24), sino que también vio episodios previos que darían cuenta del dueño de casa y la víctima.

Según su declaración, a fines de 2021, el propio Díaz llegó al lugar y pidió que lo dejarán guardar una Fiat Fiorino al garage, pero como el testigo no estaba avisado de nada impidió que eso suceda y por lo tanto el vehículo quedó estacionado en la vereda.

A los pocos días, una patrulla del Escuadrón 50 de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) pasó por el lugar, sospechó de ese vehículo abandonado y en una breve inspección encontraron 155 kilogramos de marihuana en su interior. La carga se perdió.

El mismo testigo narró que al día siguiente Díaz volvió al lugar y al no ver la camioneta se alarmó. “Hiciste que me maten”, le reclamó, según aportó en su testimonio dado en instrucción.

Todo esto dio pie a la hipótesis narco detrás del crimen y en su momento el juez a cargo de la causa, Miguel Mattos, remitió las actuaciones a la Justicia Federal pero esa línea de investigación no prosperó.

La Fiorino con 155 kilos de marihuana fue incautada frente al “búnker” de Leche.

En el requerimiento de elevación del expediente, la fiscal Patricia Clérici también mencionó estas cuestiones y aunque no pudo dar por acreditada la teoría, sí dio por hecho que los tres involucrados actuaron en forma coordinada para dar muerte al comerciante Díaz.

Lo mismo consideró el fiscal Glinka, que en su alegato de hoy, expuso: “Es posible que lo de la Fiorino sea real, pero la pregunta acá no es si eso tuvo relación con el hecho, no interesa. La pregunta acá es quién mató a Díaz y lo cierto es que hubo un acuerdo de voluntades entre Leche y los imputados para que Díaz muera”.

De ese acuerdo voluntades planteado por el fiscal ya hay dos presos y condenados, pero resta Rodríguez, que permanece en las sombras y con un pedido de captura en su contra que sigue vigente.

Perpetua para los sicarios brasileños por el asesinato de Cristian Díaz

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Perpetua para los sicarios brasileños por el asesinato de Cristian Díaz

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brasileños cristian díaz

Hay dos nuevos condenados a prisión perpetua en Misiones. Se trata de los brasileños David Weslley De Oliveira Silva (24) y Gabriel Junior Guimaraes Da Silva (24), quienes hoy al mediodía fueron hallados culpables del asesinato de Cristian Díaz (34), cometido el 8 de mayo de 2022 en el barrio Yacyretá de Posadas.

Los jóvenes oriundos de Porto Alegre fueron condenados como coautores del delito de “homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y uso de arma de fuego” y recibieron la pena de prisión perpetua, lo que equivale a 35 años de prisión efectiva, ante lo cual deberán permanecer privados de su libertad hasta 2057.

La sentencia fue impartida este mediodía por el Tribunal Penal Dos de Posadas, integrado por los magistrados César Yaya -presidente-, Martín Rau y Gregorio Busse, quienes coincidieron parcialmente con el pedido planteado por el fiscal Vladimir Glinka, ya que eliminaron el agravante de alevosía.

Para el fiscal no hubo dudas en la coautoría del hecho. “Weslley fue el tirador, Guimaraes asistió con su presencia en el lugar y Leche dio el apoyo logístico necesario”, argumentó Glinka.

Leche se trata de Héctor Rodríguez, tercer implicado en la causa que permanece prófugo desde el día del hecho. El hombre les brindó alojamiento en un “búnker” del barrio Luis Piedrabuena y además de aportar recursos también ofició como chofer de los extranjeros, tanto en la ida como en la fuga.

David Weslley De Oliveira Silva fue quien empuñó el arma y disparó siete veces contra la víctima, según pericias que ponderó el fiscal.

“Acuerdo de voluntades”

El representante de la fiscalía apoyó su teoría en la batería de pericias balísticas y en el testimonio brindado por vecinos que ubicaron a los sospechosos en la escena.

“Esto no pasó de arrebato. Acá hubo un acuerdo de voluntades entre Leche y los imputados para que Diez muera. Cada uno sabía lo que tenía que hacer. Había un plan para que todo que impune, un plan que se pensó bien, pero que se ejecutó mal”, desarrolló Glinka.

El fiscal puso sobre el tapete que entre la víctima y Leche existía un “estrecho vínculo previo”, posiblemente relacionado a la venta de estupefacientes, aunque consideró esa hipótesis no modificaba el escenario probado.

Glinka reconstruyó que en esa madrugada del 8 de mayo, Leche trasladó en su Fiat Duna a los extranjeros hasta el kiosco que Díaz abría por las noches en el barrio Yacyretá, donde los ahora condenados atacaron a tiros a la víctima a través de la ventana.

“No había ningún riesgo para ellos. Díaz no estaba armado y estaba enrejado. En esas condiciones, Weslley apuntó y disparó con una 9 milímetros. El primer disparo pegó en un mueble. Ahí Díaz se cae y queda acostado. Weslley ingresó la mano y tiró seis veces más, todas al cuerpo”, detalló.

Para el fiscal fueron clave los resultados de pericias balística, principalmente los exámenes científicos que encontraron presencia de “residuos de disparos” en la vestimenta de ambos involucrados, como así también en el habitáculo del Fiat Duna.

Gabriel Junior Guimaraes Da Silva llegó a Misiones con Weslley, estuvo con él en la escena y fue detenido con él.

Aventura

La abogada Ramona Gómez, defensora particular de los acusados, en tanto, solicitó la absolución de ambos al considerar que la autoría del hecho no estaba probada o, en su defecto, había dudas.

De manera subsidiaria, solicitó que, en caso de que el tribunal decidiera un fallo condenatorio, aplique una sentencia acorde a un homicidio simple para Weslley, mientras que para Guimareas correspondía la absolución o una pena menor como partícipe secundario.

Gómez planteó que “todo condice más con la versión de mis asistidos que con la hipótesis del fiscal” y recordó la declaración en la que Weslley afirmó haber llegado a Posadas para visitar a una mujer que había conocido en las playas de Florianópolis, tras lo cual conocieron de casualidad de Leche y en las noches que compartieron con él fueron testigos del crimen de Díaz.

“Eran dos chicos de 20 años que ingresaron a nuestro país impulsado por la aventura de uno de ellos”, señaló la letrada en relación y agregó que los imputados “han estado en el lugar y en el momento equivocado ya que se juntaron con una persona que no gozaba de la mejor conducta”.

“Es Rodríguez la persona que podía dar explicaciones más claras sobre lo sucedido, pero no lo tenemos en esta sala”, reclamó.

Antes de oír la sentencia, los dos jóvenes dieron sus últimas palabras y coincidieron al sostener su inocencia y reclamar que sus familias esperan por ellos en Brasil.

Piden prisión perpetua para brasileños acusados de acribillar a Cristian Díaz

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Piden prisión perpetua para brasileños acusados de acribillar a Cristian Díaz

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En la cuarta audiencia del juicio oral, el fiscal Vladimir Glinka solicitó la pena de prisión perpetua para los dos presuntos sicarios brasileños acusados de asesinar a balazos a Cristian Díaz (34), hecho cometido el 8 de mayo de 2022 en el barrio Yacyretá de Posadas.

Para el fiscal, no hubo dudas en la participación de los extranjeros en el hecho y los acusó como coautores del delito de “homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y alevosía“.

“Weslley fue el tirador, Guimaraes asistió con su presencia en el lugar y Leche dio el apoyo logístico necesario”, argumentó Glinka.

Leche se trata de Héctor Rodríguez, tercer implicado en la causa que permanece prófugo desde el día del hecho.
El representante de la fiscalía apoyó su teoría en la batería de pericias balísticas y en el testimonio brindado por vecinos que ubicaron a los sospechosos en la escena.

Ahora será el turno de alegar de Ramona Gómez, abogada defensora particular de los imputados Gabriel Junior Guimaraes Da Silva (24) y David Weslley De Olveira Silva (24).

Crimen de Díaz: de los tiros, a la pista del Duna y la captura de los brasileños

 

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