Judiciales
Audios del Pami: piden peritar teléfonos y levantar secreto bancario
La causa contra la delegada provincial del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami), Ninfa Alvarenga, denunciada por los delitos de “abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos”, y “extorsión calificada precedida de amenazas”, avanza en la Justicia Federal local.
Esta semana, la Fiscalía Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas, ordenó una serie de diligencias en relación con el expediente relacionado con los audios filtrados, donde se escucha a Alvarenga exigiendo a los miembros de su espacio libertario que habían ingresado al Pami en febrero, la firma de sus renuncias anticipadas y transferencias de dinero de sus salarios en el organismo previsional.
Teléfonos
En concreto, el fiscal Jorge Horacio Campitelli, pidió librar oficios a las operadoras telefónicas Movistar, Personal y Claro, y al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), para que aporten toda la información relacionada con los celulares de los denunciantes, los ex funcionarios del Pami Misiones, Ricardo Zacarías y Sixto Fernández; a la vez, que solicitó un peritaje de los aparatos de ambos por parte de la Gendarmería Nacional.
En este sentido, el fiscal Campitelli, especificó que el peritaje de los teléfonos debía enfocarse en las comunicaciones establecidas con el número atribuido a Alvarenga, entre los meses de febrero y julio.
“Se requiere documentar cronológicamente estas comunicaciones, que incluyen mensajes de WhatsApp, Messenger, SMS, entre otros medios”, puntualiza el requerimiento fiscal al que tuvo acceso La Voz de Misiones.
“Se deben identificar y adjuntar capturas de pantalla, transcripciones de audios y cualquier otro elemento relevante”, reza el oficio y precisa: “El análisis debe enfocarse en conversaciones relacionadas con solicitudes de dinero, amenazas, intimidaciones de despidos y discusiones sobre la elaboración de renuncias”.
Mercado Pago
Campitelli, pidió también un oficio judicial a Mercado Pago, para que informe, entre otros datos, todas las transferencias de dinero realizadas entre febrero y julio por los denunciantes, la encausada Alvarenga y sus lugartenientes en el Pami, Julio Cesar Peralta y Maximiliano Valenzuela.
Asimismo, el fiscal federal, solicitó que se requiera a la Secretaría Electoral de Misiones información sobre el estatus legal de los partidos de Alvarenga, el Partido Libertario, del que fue expulsada en abril, y La Libertad Avanza, que se encuentra en trámite de reconocimiento político.
Además, Campitelli, pidió que se solicite al Pami un informe de la situación en el organismo de Alvarenga, Peralta y Valenzuela, y las resoluciones de la desvinculación de los denunciantes Zacarías y Fernández, y del que fuera titular hasta la asunción de la libertaria, el médico Paulo César Zárate Ninamango.
También, solicitó que se requiera al equipo forense de la Agrupación VI “Misiones” de Gendarmería Nacional, la descarga de los audios publicados por LVM y replicados por el medio porteño El Destape, y la transcripción textual de su contenido.
Igualmente, encomienda al personal del Ministerio Público Federal “una búsqueda exhaustiva en internet de las noticias que han sido acompañadas por los denunciantes, así como cualquier nueva información relacionada con los hechos declarados, y las resoluciones de designación y destitución, tanto de los denunciantes como de los denunciados”.
Finalmente, el fiscal Campitelli, solicita al Juzgado Federal ordenar el levantamiento del secreto bancario para acceder a la información financiera y los movimientos de dinero de todos los involucrados en el expediente.
La denuncia
La presentación judicial se hizo la semana pasada y en el relatorio de los hechos, los denunciantes Zacarías y Fernández señalaron que Alvarenga “se jactaba” de ser “amiga íntima” de la hermana del presidente y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y que, en una reunión, “luego de un delirante discurso”, los “amenazó” y les exigió que “debíamos aportar de nuestro sueldo a su peculio personal”.
Según el escrito al que accedió LVM, ambos relataron al fiscal que la acusada les advirtió que si se negaban los echaría del Pami “con o sin causa, dada la íntima amistad que tenía con la Sra. MILEI”, y señalaron: “Esas fueron sus ‘nuevas reglas’ para continuar en nuestros cargos gerenciales”.
“Así las cosas, nos interpeló verbalmente que transfiriésemos luego del cobro del sueldo el 10% 15% y 20% de cada sueldo (de) aprox. de 3.000.000 de pesos que constituían nuestro Salario”, denunciaron.
“Cuando quisimos y le dijimos que no nos íbamos a seguir prestando a dicho juego, sobresale la Resolución de la Dirección Ejecutiva de PAMI A NIVEL NACIONAL, que prescinde de nuestros servicios bajo el lato argumento de ‘reordenamiento administrativo’”, agregaron y acusaron a Alvarenga: “Ella nos dijo que no hizo valer las renuncias anticipadas ante nuestro ‘incumplimiento’ dinerario, ya que había hablado a Buenos Aires, para que nos echen por cualquier pretexto como el narrado”.
La filtración
La publicación de LVM sobre los audios filtrados de la delegada provincial del Pami, explotó a nivel nacional y fue reproducida por medios digitales de todo el país.
Alvarenga, reconoció después, en una entrevista con un medio misionero, la existencia de la conversación con Sixto Fernández, ex jefe de Recursos Humanos del Pami Misiones, aunque lo acusó de haber manipulado la grabación.
Asimismo, la dirigente libertaria, justificó las transferencias monetarias de las que hablan los denunciantes y evitó hablar de la firma de renuncias anticipadas de los miembros de su espacio político que ocupaban puestos en el organismo previsional, que menciona en la conversación.
En la misma entrevista, anunció que había denunciado a Fernández por la filtración de los audios y a LVM por haberlos publicado.

La Fiscalía Federal de Posadas, donde se tramita la causa contra la delegada del Pami Misiones.
Judiciales
Rechazan pedidos defensivos y el ex diputado Germán Kiczka continuará preso
El Tribunal Penal Uno de Posadas, en un fallo dividido, resolvió rechazar el pedido de cese de prisión preventiva o, de forma subsidiaria, el otorgamiento de arresto domiciliario para el ex diputado provincial Germán Kiczka (46), que de esta manera continuará cumpliendo su pena de 14 años de prisión por delitos con archivos Masi en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
Fueron los magistrados Gustavo Bernie y César Yaya (subrogante) los que votaron contra el pedido formulado por el abogado defensor Gonzalo De Paula, mientras que Viviana Cukla opinó en disidencia. La jueza rechazó el cese de la prisión preventiva, pero se mostró a favor del otorgamiento de la prisión domiciliaria con tobillera.
Previo a la decisión de los jueces, el fiscal Vladimir Glinka también había dictaminado en contra del pedido defensivo, alegando, entre otras cosas, que un arresto domiciliario implicaba un riesgo de fuga.
En su dictamen, el fiscal consideró que “no resultaba posible equiparar la situación de una persona imputada sin sentencia condenatoria con la de quien ya fue condenado, aun cuando el pronunciamiento no se encontrara firme. Sobre esa base, consideró que la sentencia condenatoria no firme, la gravedad de la pena impuesta y el estado procesal de la causa constituían elementos relevantes para ponderar la subsistencia del riesgo de elusión procesal. En particular, sostuvo que la prisión domiciliaria con control electrónico no neutralizaría adecuadamente el riesgo de fuga”.
De esta manera, el ex diputado condenado a 14 años de prisión como autor de los delitos de “tenencia, facilitación y distribución de archivos con material de abuso sexual infantil (Masi), agravado por ser las víctimas menores de 13 años en concurso real”, continuará purgando su pena en la cárcel de Cerro Azul.
La sentencia emitida en abril del año pasado fue recurrida y aguarda un análisis del Superior Tribunal de Justicia (STJ), razón por la cual la condena aún no está firme, argumento utilizado para solicitar el cese de la prisión preventiva.
El tratamiento del pedido formulado por la defensa comenzó en paralelo al anuncio de una huelga de hambre anunciada por los hermanos Germán y Sebastián Kiczka (48) luego de una requisa en la que detectaron que tenían dispositivos electrónicos ocultos en su celda a fines de mayo.
Fundamentos del fallo contra los Kiczka: “Cada uno actuó de manera autónoma”
Judiciales
Maestro detenido por abuso se abstuvo de declarar y fue imputado
Pedro N. (55), el docente detenido tras una serie de denuncias por hechos contra la integridad sexual de sus alumnas en el Instituto Adventista Alta Gracia, se abstuvo de declarar ayer ante la Justicia.
El maestro compareció ayer ante el magistrado Juan Manuel Monte, guardó silencio al momento de la indagatoria y fue imputado por hechos que configurarían abuso sexual simple.
Esa misma imputación recayó contra él en 2015, cuando fue denunciado por lo mismo y ante otra alumna del Alta Gracia, institución que ante los hechos recientes informó su “desvinculación inmediata”.
Por esa denuncia anterior Pedro N. afrontó un proceso judicial que e extendió durante varios años hasta que en 2018 se le dictó falta de mérito y dos años más tarde recibió el sobreseimiento, aunque esa resolución aún no está firme por lo que su situación es pasible de cambiar conforme al avance de esta nueva investigación.
Maestro detenido por abuso había sido denunciado por lo mismo en 2015
Judiciales
Condena de 15 años para albañil que intentó asesinar a su ex en Campo Ramón
El Tribunal Penal Uno de Oberá condenó este jueves a 15 años de prisión a Adrián Francisco Zuachzer (30) por haber atacado con 13 puñaladas a su ex pareja en un intento de femicidio cometido a fines de diciembre de 2022 en una plaza pública de Villa Bonita, localidad de Campo Ramón.
El juicio contra el albañil de 30 años comenzó y terminó hoy mismo. En la instancia de alegatos el fiscal Juan Pablo Fernández Rissi había solicitado que el imputado sea declarado culpable del delito de “homicidio en gravo de tentativa agravado por el vínculo y por mediar violencia de género” y reciba la pena máxima prevista para esa figura: 15 años de prisión efectiva.
A su turno, el defensor oficial Matías Olivera solicitó que Zuachzer se considere la emoción violenta como circunstancia atenuante y reciba una pena de 2 años de prisión o, en forma subsidiaria, planteó que el imputado reciba la pena mínima prevista para la acusación, es decir, 10 años de prisión.
Después de un cuarto intermedio, el tribunal presidido por el magistrado Horacio Paniagua e integrado por David Milicich y Jorge Villalba (subrogante) dictó sentencia por 15 años de prisión para el imputado, tal lo solicitado por la fiscalía.
Calvario
Noemí Matoso, la víctima del hecho, fue una de las testigos citadas en la causa y esta mañana declaró ante tribunal.
Conmovida por volver a recordar su historia, la joven narró que con Zuachzer mantuvo una relación de pareja durante nueve años, período que calificó como un “infierno”.
“Durante todo ese tiempo sufrí violencia de género, de todo tipo. Golpes, puños, violencia verbal. Me traumó psicológicamente, viví traumada nueve años, fue un infierno vivir con él. Me hacía sentir culpable de todo, siempre me pegaba, me torturaba y me amenazaba”, describió.
Sobre el día el ataque registrado el 22 de diciembre de 2022, Matoso recordó que como ese día hacía mucho calor y su departamento era muy pequeño decidió ir a la plaza de Villa Bonita para tomar tereré con sus tres hijos y su hermana.
“Lo que recuerdo es que estábamos en una escalera de la tribuna, yo estaba de espaldas. Sentí que la persona llegó y me apretó el cuello y me dijo ´te voy a matar´. Ahí sentí la puñalada que me perforó el pulmón. Ahí me desvanecí. Esa persona era Adrián Zuachzer, el que está detenido, mi ex pareja. Escuché y ví que era él. Era imposible no reconocer su voz después de nueve años”, agregó.
De acuerdo a las pruebas pericias incorporadas a la causa, en ese ataque Matoso recibió un total de trece puñaladas en diferentes partes del cuerpo, varias de ellas localizadas en zonas consideradas “vitales” como el tórax y hemitórax, lesiones que dejaron a la víctima al borde de la muerte. El acusado tenía una restricción de acercamiento.
Después del hecho, el violento escapó del lugar y se mantuvo 27 días prófugo, lapso en el cual continuó hostigando a la víctima a través de mensajes de texto. “Saldrás de esa, si te vas me voy con vos, te lo juro y te amo, jamás pensé que llegaríamos a eso. Sos fuerte vas a estar bien”, escribió en uno de los chats mientras la víctima se encontraba en terapia intensiva.
Hoy Zuachzer brindó una escueta declaración en la que se defendió de algunas acusaciones y sobre el hecho relató que en ese momento Matoso todavía era “su señora” y que ese día la encontró a ella con su “mejor amigo”.
FOTO PRINCIPAL: Cristian Valdez – El Territorio.
Intentó matar de 13 puñaladas a su ex y la fiscalía pide 15 años de cárcel
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