Policiales
Jefa de Cibercrimen sobre pericias en caso Kiczka: “Es aberrante lo que hay”
La tenencia y distribución de al menos 603 archivos con contenido de abuso sexual infantil es lo que se le imputa de manera preliminar al recientemente capturado Germán Kiczka (44), pero la comisario Sandra Marilyn Ozuna, jefa de la Dirección Cibercrimen, adelantó que hay más elementos probatorios detectados en los últimos aparatos informáticos que fueron incautados en el allanamiento realizado el 6 de agosto en la casa del legislador.
En diálogo con el canal La Nación +, la directora de la dependencia especializada en delitos de informáticos de la Policía de Misiones se refirió respecto al caso que concita la atención del país y en esa instancia brindó precisiones respecto a las labores realizadas hasta el momento.
Ozuna volvió a mencionar que la causa nació a partir de una alerta emitida desde Estados Unidos por una ONG especializada en la prevención de delitos vinculados a la pedofilia y que ello derivó en el allanamiento realizado a fines de febrero en la casa familiar de los Kiczka en el barrio Illía, donde se incautó una primera tanda de soportes tecnológicos.
La comisario detalló que entre esos objetos había una notebook perteneciente al diputado y que allí dentro se hallaron 603 archivos Masi (material de abuso sexual infantil), resultado que a su vez disparó una segunda etapa de la causa, que incluyó el allanamiento a la casa del legislador, procedimiento que finalmente fue ejecutado el 6 de agosto.
En ese operativo, los agentes de Cibercrimen fueron en búsqueda de más aparatos y terminaron secuestrados otra computadora, además de dos teléfonos celulares y un dispositivo de almacenamiento masivo, tal como informó La Voz de Misiones en su momento.
Ozuna indicó que esos elementos aún se encuentran en proceso de peritaje, pero adelantó que en una inspección “in situ” detectaron más archivos de la misma índole, lo cual agravaría la situación del diputado que supo permanecer seis días prófugo y que recién fue capturado anoche en territorio correntino.
Sandra Ozuna encabezó el allanamiento en la casa de Germán Kiczka el 6 de agosto.
“En ningún momento dijo ‘eso no es mío'”
“En el mismo procedimiento del allanamiento, en la misma ejecución, en presencia del juez, del testigo y del diputado, se hizo una auditoría, un análisis in situ de esa computadora y consta en actas el material que se encontró. La reacción de él fue nada, inerte. No hizo gesticulaciones. Preguntó que era el programa Emule y respondió ‘ah’. Fue como si no pasara nada. En ningún momento dijo ‘eso no es mío’ o ‘de dónde sacaron eso’. Fue como quien abre algo que está esperando que aparezca. No tuvo reacción de sorpresa”, precisó la jefa de Cibercrimen ante las consultas de la periodista María Laura Santillán.
La uniformada además recordó que cuando arribó a la casa de Germán Kiczka en Apóstoles y golpeó la puerta para notificar del allanamiento “él lo primero que hizo fue decir ‘no me pueden allanar porque tengo fueros’. Yo me presenté y él respondió eso. Ahí el juez -Miguel Ángel- Faría, que nos acompañó, le explicó los fundamentos legales que habilitaban el procedimiento”.
La entrevistada afirmó, con escozor, haber visto los archivos detectados en los aparatos incautados y los calificó como “inexplicables, irreproducibles. Es aberrante lo que hay”. “Trabajo en esto hace 12 años y uno nunca deja de sorprenderse”, agregó.
Si bien reconoció aún se encuentran trabajando a “contrarreloj” para culminar las pericias, consideró como “posible” la identificación de más responsables a partir de los archivos analizados.
“Todo es materia de investigación todavía. No estamos en condiciones de dar nombres. Entiendo que al ser un proceso y un delito tan delicado el juez está, con buen criterio, aguardando recibir toda la información. Estamos hablando de una red. Hay muchas conversaciones, es mucho lo que hay. No puedo dar un número. Hay gente de Apóstoles y de otras partes”, lanzó.
Y cerró: “Espero que hayan más detenciones. Confío en la Justicia. Es muy aberrante todo, es escalofriante. No deja de sorprenderme”.
Una verdadera noche de terror se vivió en Campo Ramón, donde un hombre atacó a pedradas a la nueva pareja de su, agredió con un cuchillo a la mujer y le prendió fuego la casa para luego autolesionarse en el cuello con un machete.
El grave episodio de violencia de género se registró en el barrio Industrial Este y tuvo su inicio cuando el implicado, identificado como José F. (58), interceptó a la nueva pareja de su ex mientras circulaba sobre la ruta provincial 103 a bordo de un automóvil Toyota Corolla y lo atacó a piedrazos.
Ese primer hecho ocurrió a las 23.27 de anoche y minutos después el violento llegó a la casa que aparentemente aún comparte con su ex pareja, Alicia B. (38), a quien la agredió con un cuchillo provocándole lesiones cortantes en dedos y muñecas, además de amenazarla de muerte constantemente.
En medio de ese contexto de extrema tensión, la mujer logró escapar del lugar y acudió de inmediato hacia la comisaría local para pedir auxilio.
Cuando la Policía acudió al lugar, se encontró con la vivienda parcialmente en llamas y se activó un operativo de búsqueda para dar con el violento, quien fue encontrado poco después en la casa de un vecino.
El hombre estaba gravemente herido como consecuencia de una auto lesión cortante en el cuello, tras lo cual fue internado de urgencia y por estas horas se encuentra en terapia intensiva, con riesgo de muerte.
De acuerdo al parte médico oficial, presenta una herida punzocortante de aproximadamente 10 centímetros en la región lateral anterior del cuello, con sutura de músculo y vaso sanguíneo.
En tanto, la mujer fue examinada por personal de salud, diagnosticándose cortes de arma blanca en dedos y muñecas de ambas manos, encontrándose fuera de peligro, aunque afectada emocionalmente por la gravedad del hecho vivido.
Apóstoles se vio conmovida este sábado por un trágico episodio en el que tres niñas de 7 años fallecieron ahogadas en una laguna del barrio La Cantera.
El hecho se produjo a las 15.40 de hoy y las víctimas fueron identificadas como Agustina Nicol Olivera (7), Soe Alma Mía da Silva (7) y Ramona Beatriz Villalba (7), quienes estaban en el lugar junto a familiares hasta que ingresaron al agua pero, en circunstancias que se intentan establecer, desaparecieron de la superficie.
Al lugar acudió una patrulla policial y las niñas alcanzaron a ser auxiliadas, pero el desenlace fue irreversible.
En el caso interviene el Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles.
La Justicia imputó por “homicidio” al médico Ernesto Omar Ramp (55), ex director del hospital de Aristóbulo del Valle, detenido desde el 26 de diciembre por apuñalar durante una pelea a un gitano cuyo fallecimiento se produjo cinco días después.
El profesional de la salud fue trasladado hoy hacia el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá, a cargo del magistrado Horacio Alarcón, donde fue notificado del agravamiento de la acusación en su contra y posteriormente volvió a ser trasladado a una celda de la comisaría Segunda, donde permanece privado de su libertad.
Con el cambio de carátula, la situación de Ramp se ve más que comprometida, dado que la imputación por homicidio prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión en caso de ser declarado culpable en un futuro debate oral.
Pelea y muerte
El hecho de violencia se registró el pasado 26 de diciembre, sobre calle Apóstoles Norte al 158, en Oberá, donde Ramp llegó para reclamar una deuda y mantuvo una discusión con Marco y dos de sus hijos, conflicto que acabó con la víctima trasladado de urgencia al hospital Samic, desde donde fue derivado a Posadas debido a su complejo cuadro de salud.
Según detallaron las fuentes, la herida le ocasionó a Marco perforación de pulmón y a pesar de los esfuerzos médicos perdió la vida en la mañana del 31 de diciembre, mientras seguía hospitalizado en Posadas.
Tras el hecho, en redes sociales se registraron múltiples comentarios a favor de Ramp, donde además aseguran que la versión del detenido apunta que él fue atacado en primera instancia y las agresiones se dieron en un acto de defensa.
En paralelo, allegados al médico también iniciaron una junta de firmas para solicitar la liberación del médico que en 2023 fue candidato a intendente de Aristóbulo del Valle.
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