Policiales
Jefa de Cibercrimen sobre pericias en caso Kiczka: “Es aberrante lo que hay”
La tenencia y distribución de al menos 603 archivos con contenido de abuso sexual infantil es lo que se le imputa de manera preliminar al recientemente capturado Germán Kiczka (44), pero la comisario Sandra Marilyn Ozuna, jefa de la Dirección Cibercrimen, adelantó que hay más elementos probatorios detectados en los últimos aparatos informáticos que fueron incautados en el allanamiento realizado el 6 de agosto en la casa del legislador.
En diálogo con el canal La Nación +, la directora de la dependencia especializada en delitos de informáticos de la Policía de Misiones se refirió respecto al caso que concita la atención del país y en esa instancia brindó precisiones respecto a las labores realizadas hasta el momento.
Ozuna volvió a mencionar que la causa nació a partir de una alerta emitida desde Estados Unidos por una ONG especializada en la prevención de delitos vinculados a la pedofilia y que ello derivó en el allanamiento realizado a fines de febrero en la casa familiar de los Kiczka en el barrio Illía, donde se incautó una primera tanda de soportes tecnológicos.
La comisario detalló que entre esos objetos había una notebook perteneciente al diputado y que allí dentro se hallaron 603 archivos Masi (material de abuso sexual infantil), resultado que a su vez disparó una segunda etapa de la causa, que incluyó el allanamiento a la casa del legislador, procedimiento que finalmente fue ejecutado el 6 de agosto.
En ese operativo, los agentes de Cibercrimen fueron en búsqueda de más aparatos y terminaron secuestrados otra computadora, además de dos teléfonos celulares y un dispositivo de almacenamiento masivo, tal como informó La Voz de Misiones en su momento.
Ozuna indicó que esos elementos aún se encuentran en proceso de peritaje, pero adelantó que en una inspección “in situ” detectaron más archivos de la misma índole, lo cual agravaría la situación del diputado que supo permanecer seis días prófugo y que recién fue capturado anoche en territorio correntino.
Sandra Ozuna encabezó el allanamiento en la casa de Germán Kiczka el 6 de agosto.
“En ningún momento dijo ‘eso no es mío'”
“En el mismo procedimiento del allanamiento, en la misma ejecución, en presencia del juez, del testigo y del diputado, se hizo una auditoría, un análisis in situ de esa computadora y consta en actas el material que se encontró. La reacción de él fue nada, inerte. No hizo gesticulaciones. Preguntó que era el programa Emule y respondió ‘ah’. Fue como si no pasara nada. En ningún momento dijo ‘eso no es mío’ o ‘de dónde sacaron eso’. Fue como quien abre algo que está esperando que aparezca. No tuvo reacción de sorpresa”, precisó la jefa de Cibercrimen ante las consultas de la periodista María Laura Santillán.
La uniformada además recordó que cuando arribó a la casa de Germán Kiczka en Apóstoles y golpeó la puerta para notificar del allanamiento “él lo primero que hizo fue decir ‘no me pueden allanar porque tengo fueros’. Yo me presenté y él respondió eso. Ahí el juez -Miguel Ángel- Faría, que nos acompañó, le explicó los fundamentos legales que habilitaban el procedimiento”.
La entrevistada afirmó, con escozor, haber visto los archivos detectados en los aparatos incautados y los calificó como “inexplicables, irreproducibles. Es aberrante lo que hay”. “Trabajo en esto hace 12 años y uno nunca deja de sorprenderse”, agregó.
Si bien reconoció aún se encuentran trabajando a “contrarreloj” para culminar las pericias, consideró como “posible” la identificación de más responsables a partir de los archivos analizados.
“Todo es materia de investigación todavía. No estamos en condiciones de dar nombres. Entiendo que al ser un proceso y un delito tan delicado el juez está, con buen criterio, aguardando recibir toda la información. Estamos hablando de una red. Hay muchas conversaciones, es mucho lo que hay. No puedo dar un número. Hay gente de Apóstoles y de otras partes”, lanzó.
Y cerró: “Espero que hayan más detenciones. Confío en la Justicia. Es muy aberrante todo, es escalofriante. No deja de sorprenderme”.
El ministerio de Gobierno, a cargo de Marcelo Pérez, puso en marcha en un nuevo esquema operativo en las comisarías posadeñas y dispuso que el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) se haga cargo de las labores de resguardo de detenidos en dependencias policiales durante el turno nocturno, lo que permitirá destinar más efectivos a las calles y reforzar la seguridad en barrios de la ciudad durante la noche.
Con esta disposición, los agentes del SPP se encargarán de la custodia de detenidos en aquellas dependencias con mayor concentración de personas privadas de su libertad durante el turno comprendido desde las 19 hasta las 7.
Según consignaron desde la fuerza provincial, “a partir de esta readecuación, los efectivos policiales que cumplían funciones de guardia en comisarías serán reasignados a tareas preventivas, reforzando los patrullajes, las recorridas barriales, la instalación de puestos fijos y la presencia activa en puntos estratégicos de la capital provincial”.
“El esquema es coordinado entre la Jefatura de Policía y el Servicio Penitenciario Provincial, en el marco de un proceso progresivo que busca optimizar los recursos disponibles y fortalecer la operatividad en el territorio”, explicaron en el mismo comunicado.
La medida se implementa, además, casi dos meses después de la última fuga de presos registrada en la Unidad Regional X de Posadas.
En aquella ocasión, cuatro internos con diversas causas judiciales escaparon a través de un orificio en el techo del patio interno de la dependencia y dos de ellos, el paraguayo Walter Ramón Ávalos Cáceres (25) y el posadeño Cristian Ezequiel “Guri” Andino (23) permanecen prófugos.
Se fugaron cuatro presos de la UR X: uno había sido condenado en diciembre
La autopsia practicada a un joven de 26 años reveló que su muerte, ocurrida el último lunes en la localidad de Concepción de la Sierra, se produjo por causas violentas y tras esa confirmación la Justicia dispuso la detención de su novia como sospechosa de homicidio.
La víctima del hecho fue identificada como Ramón Germán Bergergi, cuyo deceso se descubrió el lunes, cuando un familiar suyo lo encontró sin vida en su casa de Concepción.
Después de ello, el Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, ordenó el cuerpo sea enviado a autopsia, examen forense que finalmente reveló que el deceso no se dio por causas naturales, sino más bien por causas violentas, lo que modificó el enfoque de la investigación.
En ese marco, las mismas autoridades dispusieron la detención de la novia de la víctima como sospechosa de homicidio. Según consignaron fuentes consultadas, la muchacha, de 18 años, habría estado consumiendo estupefacientes con Bergergi momentos antes del desenlace fatal.
Entre las medidas dispuestas también allanamientos y procedimientos que culminaron con el secuestro de teléfonos celulares, registros de cámaras de seguridad y un martillo. Todos los dispositivos y elementos serán sometidos a pericias.
En paralelo, los investigadores aguardan el resultado de los estudios complementarios y toxicológicos que podrían aportar mayores precisiones sobre lo ocurrido.
El Juzgado Federal de Posadas, a cargo de la magistrada Verónica Skanata, activó ayer una serie de procedimientos vinculados a una investigación por contrabando de mercaderías y coimas que involucra a más de 40 funcionarios, entre agentes aduaneros y gendarmes, quienes no fueron detenidos pero sí quedaron supeditados a la causa que se tramita desde 2022.
Según precisaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la pesquisa tiene bajo la lupa a un total de 24 integrantes de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y 22 agentes de Aduana, organismo dependiente de Arca (ex Afip), con prestación de servicios en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz.
En ese marco, el lunes se ejecutaron 38 allanamientos simultáneos realizados por investigadores de la propia fuerza federal, quienes tuvieron la misión de irrumpir en el domicilio o lugar de trabajo de camaradas y agentes aduaneros.
Esos procedimientos culminaron con el secuestro de 57.333.470 de pesos, 37.202 dólares, 6.701 reales, 947.000 guaraníes y 17 pesos cubanos. También se incautaron 62 celulares, entre aparatos de uso personal que serán enviados a pericias y otros que pudieron ser ingresados al país burlando los trámites de importación.
Además, se decomisaron múltiples dispositivos electrónicos más como tarjetas de almacenamiento, cámaras, computadoras y cámaras fotográficas.
Lo que se sospecha es que todos los involucrados formaban parte de una organización dedicada a facilitar el contrabando de mercaderías por el viaducto internacional a partir del cobro de coimas, ardid similar al descubierto en 2016, causa por la cual cuatro aduaneros fueron imputados por asociación ilícita y que el año pasado fueron condenados en juicio oral.
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