Policiales
Jefa de Cibercrimen sobre pericias en caso Kiczka: “Es aberrante lo que hay”
La tenencia y distribución de al menos 603 archivos con contenido de abuso sexual infantil es lo que se le imputa de manera preliminar al recientemente capturado Germán Kiczka (44), pero la comisario Sandra Marilyn Ozuna, jefa de la Dirección Cibercrimen, adelantó que hay más elementos probatorios detectados en los últimos aparatos informáticos que fueron incautados en el allanamiento realizado el 6 de agosto en la casa del legislador.
En diálogo con el canal La Nación +, la directora de la dependencia especializada en delitos de informáticos de la Policía de Misiones se refirió respecto al caso que concita la atención del país y en esa instancia brindó precisiones respecto a las labores realizadas hasta el momento.
Ozuna volvió a mencionar que la causa nació a partir de una alerta emitida desde Estados Unidos por una ONG especializada en la prevención de delitos vinculados a la pedofilia y que ello derivó en el allanamiento realizado a fines de febrero en la casa familiar de los Kiczka en el barrio Illía, donde se incautó una primera tanda de soportes tecnológicos.
La comisario detalló que entre esos objetos había una notebook perteneciente al diputado y que allí dentro se hallaron 603 archivos Masi (material de abuso sexual infantil), resultado que a su vez disparó una segunda etapa de la causa, que incluyó el allanamiento a la casa del legislador, procedimiento que finalmente fue ejecutado el 6 de agosto.
En ese operativo, los agentes de Cibercrimen fueron en búsqueda de más aparatos y terminaron secuestrados otra computadora, además de dos teléfonos celulares y un dispositivo de almacenamiento masivo, tal como informó La Voz de Misiones en su momento.
Ozuna indicó que esos elementos aún se encuentran en proceso de peritaje, pero adelantó que en una inspección “in situ” detectaron más archivos de la misma índole, lo cual agravaría la situación del diputado que supo permanecer seis días prófugo y que recién fue capturado anoche en territorio correntino.
Sandra Ozuna encabezó el allanamiento en la casa de Germán Kiczka el 6 de agosto.
“En ningún momento dijo ‘eso no es mío'”
“En el mismo procedimiento del allanamiento, en la misma ejecución, en presencia del juez, del testigo y del diputado, se hizo una auditoría, un análisis in situ de esa computadora y consta en actas el material que se encontró. La reacción de él fue nada, inerte. No hizo gesticulaciones. Preguntó que era el programa Emule y respondió ‘ah’. Fue como si no pasara nada. En ningún momento dijo ‘eso no es mío’ o ‘de dónde sacaron eso’. Fue como quien abre algo que está esperando que aparezca. No tuvo reacción de sorpresa”, precisó la jefa de Cibercrimen ante las consultas de la periodista María Laura Santillán.
La uniformada además recordó que cuando arribó a la casa de Germán Kiczka en Apóstoles y golpeó la puerta para notificar del allanamiento “él lo primero que hizo fue decir ‘no me pueden allanar porque tengo fueros’. Yo me presenté y él respondió eso. Ahí el juez -Miguel Ángel- Faría, que nos acompañó, le explicó los fundamentos legales que habilitaban el procedimiento”.
La entrevistada afirmó, con escozor, haber visto los archivos detectados en los aparatos incautados y los calificó como “inexplicables, irreproducibles. Es aberrante lo que hay”. “Trabajo en esto hace 12 años y uno nunca deja de sorprenderse”, agregó.
Si bien reconoció aún se encuentran trabajando a “contrarreloj” para culminar las pericias, consideró como “posible” la identificación de más responsables a partir de los archivos analizados.
“Todo es materia de investigación todavía. No estamos en condiciones de dar nombres. Entiendo que al ser un proceso y un delito tan delicado el juez está, con buen criterio, aguardando recibir toda la información. Estamos hablando de una red. Hay muchas conversaciones, es mucho lo que hay. No puedo dar un número. Hay gente de Apóstoles y de otras partes”, lanzó.
Y cerró: “Espero que hayan más detenciones. Confío en la Justicia. Es muy aberrante todo, es escalofriante. No deja de sorprenderme”.
El gobernador Hugo Passalacqua dispuso el apartamiento de Carlos Alberto Heppner, quien se desempeñaba como director de Promoción y Protección de Derechos del Adulto Mayor, en el ámbito de la Subsecretaría del Adulto Mayor, luego de que su nombre quedara incorporado en la investigación judicial por una estafa piramidal.
La medida se conoció mientras avanza la causa que investiga un esquema de inversiones denunciado por varios damnificados, en el que se habrían ofrecido retornos económicos elevados a partir de supuestas operaciones comerciales vinculadas a exportaciones e importaciones. Según fuentes consultadas, Heppner aparece mencionado dentro del expediente y habría tenido participación en la operatoria investigada.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, la maniobra consistía en captar fondos con promesas de ganancias semanales y mensuales por encima de los valores habituales del mercado. Durante los primeros meses se habrían concretado pagos parciales, pero luego comenzaron los incumplimientos y reclamos por falta de devolución del dinero invertido.
En el marco de la causa, en los últimos días también se realizaron nuevos procedimientos en Posadas, entre ellos un operativo en el barrio Itaembé Guazú donde fueron detenidas dos personas vinculadas al entorno del principal acusado, conocido como Charly. En esos allanamientos se secuestraron tarjetas bancarias y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.
La investigación judicial continúa enfocada en el análisis de movimientos financieros y en el circuito de fondos utilizado para canalizar los aportes de los inversores, mientras no se descartan nuevas medidas procesales en los próximos días.
Luego de que Geremías D. S (69) arrastrara a un perro atado a su moto en marcha y sea filmado por un transeúnte, lo que derivó en un operativo policial que capturó al hombre, la agrupación proteccionista “Patas Sucias” formalizó la denuncia enmarcada en la Ley Nacional 14.346, que sanciona el maltrato animal.
En el video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, se puede observar que el perro presentaba resistencia mientras el hombre a bordo de la moto avanzaba lentamente para pasarlo de un lado a otro de la ruta 210 de San Ignacio.
El hecho provocó un rápido repudio social y, tras la llegada de efectivos policiales que concretaron la detención del hombre y el resguardo del animal, una mujer de 26 años, integrante de la agrupación proteccionista Patas Sucias, radicó la denuncia correspondiente.
Según consta en la presentación, el acusado identificado como Geremías D. S, “había sido visto mientras arrastraba a un perro atado con una soga a una motocicleta, provocándole sufrimientos innecesarios”.
Por disposición del Juzgado de Paz local, la denuncia fue incorporada al sumario contravencional en curso en el marco de la Ley Nacional 14.346, que sanciona los actos de crueldad hacia los animales.
Puntualmente, esta normativa nacional penaliza el maltrato y la crueldad hacia los animales, considerándolos víctimas y no solo propiedad.
Al mismo tiempo, establece penas de 15 días a un año de prisión para quienes cometan actos de maltrato o crueldad, incluyendo el abandono, la falta de alimento y la tortura.
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El avance de la causa por el homicidio de Ivo Rodrigo Torres, el joven indígena de 22 años asesinado durante una persecución de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en La Quiaca (Jujuy), derivó en el sobreseimiento de dos efectivos misioneros que habían sido imputados en el expediente judicial.
Se trata del subalférez Alexander Gunther, oriundo de Aristóbulo del Valle, y del cabo primero Marcos Leonardo Wisniewski, oriundo de Santa Rita, quienes integraban la patrulla del Escuadrón 21 al momento del hecho ocurrido el 6 de febrero de 2025.
La resolución fue adoptada por la Justicia Federal de Jujuy tras considerar que no existían elementos suficientes para atribuirles participación directa en los disparos que terminaron con la vida del joven motociclista.
La investigación determinó, a partir de pericias balísticas y reconstrucciones técnicas, que los proyectiles mortales provinieron de un único arma reglamentaria, utilizada por el sargento primero Walter Daniel Álvarez, otro integrante del operativo.
En una primera etapa, los dos efectivos misioneros, junto a la cabo Juliana Enciso, habían quedado imputados por homicidio agravado, aunque con el correr de la instrucción fueron desvinculados del hecho principal.
Los sobreseimientos fueron firmados el 27 de febrero y el 4 de marzo pasado, por el juez de Garantías N° 1 de Jujuy Eduardo Hansen.
Ivo Rodrigo Torres fue asesinado de un disparo en la espalda en febrero del año pasado.
Un gendarme a juicio
Con la elevación de la causa, el único acusado que llegará a juicio oral será el sargento primero Álvarez, señalado como autor de los dos disparos efectuados durante la persecución que se extendió por varios kilómetros en inmediaciones de la frontera entre Argentina y Bolivia.
Según la acusación fiscal, uno de los proyectiles impactó por la espalda en Torres y le provocó heridas fatales. Por ese hecho, Álvarez deberá responder por homicidio doblemente agravado, tanto por alevosía como por su condición de integrante de una fuerza de seguridad.
La acusación es impulsada por el fiscal federal Federico Zurueta, mientras que la querella, en representación de la familia de la víctima, sostiene que existió un uso desproporcionado de la fuerza durante el procedimiento.
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