Policiales
Jefa de Cibercrimen sobre pericias en caso Kiczka: “Es aberrante lo que hay”
La tenencia y distribución de al menos 603 archivos con contenido de abuso sexual infantil es lo que se le imputa de manera preliminar al recientemente capturado Germán Kiczka (44), pero la comisario Sandra Marilyn Ozuna, jefa de la Dirección Cibercrimen, adelantó que hay más elementos probatorios detectados en los últimos aparatos informáticos que fueron incautados en el allanamiento realizado el 6 de agosto en la casa del legislador.
En diálogo con el canal La Nación +, la directora de la dependencia especializada en delitos de informáticos de la Policía de Misiones se refirió respecto al caso que concita la atención del país y en esa instancia brindó precisiones respecto a las labores realizadas hasta el momento.
Ozuna volvió a mencionar que la causa nació a partir de una alerta emitida desde Estados Unidos por una ONG especializada en la prevención de delitos vinculados a la pedofilia y que ello derivó en el allanamiento realizado a fines de febrero en la casa familiar de los Kiczka en el barrio Illía, donde se incautó una primera tanda de soportes tecnológicos.
La comisario detalló que entre esos objetos había una notebook perteneciente al diputado y que allí dentro se hallaron 603 archivos Masi (material de abuso sexual infantil), resultado que a su vez disparó una segunda etapa de la causa, que incluyó el allanamiento a la casa del legislador, procedimiento que finalmente fue ejecutado el 6 de agosto.
En ese operativo, los agentes de Cibercrimen fueron en búsqueda de más aparatos y terminaron secuestrados otra computadora, además de dos teléfonos celulares y un dispositivo de almacenamiento masivo, tal como informó La Voz de Misiones en su momento.
Ozuna indicó que esos elementos aún se encuentran en proceso de peritaje, pero adelantó que en una inspección “in situ” detectaron más archivos de la misma índole, lo cual agravaría la situación del diputado que supo permanecer seis días prófugo y que recién fue capturado anoche en territorio correntino.
Sandra Ozuna encabezó el allanamiento en la casa de Germán Kiczka el 6 de agosto.
“En ningún momento dijo ‘eso no es mío'”
“En el mismo procedimiento del allanamiento, en la misma ejecución, en presencia del juez, del testigo y del diputado, se hizo una auditoría, un análisis in situ de esa computadora y consta en actas el material que se encontró. La reacción de él fue nada, inerte. No hizo gesticulaciones. Preguntó que era el programa Emule y respondió ‘ah’. Fue como si no pasara nada. En ningún momento dijo ‘eso no es mío’ o ‘de dónde sacaron eso’. Fue como quien abre algo que está esperando que aparezca. No tuvo reacción de sorpresa”, precisó la jefa de Cibercrimen ante las consultas de la periodista María Laura Santillán.
La uniformada además recordó que cuando arribó a la casa de Germán Kiczka en Apóstoles y golpeó la puerta para notificar del allanamiento “él lo primero que hizo fue decir ‘no me pueden allanar porque tengo fueros’. Yo me presenté y él respondió eso. Ahí el juez -Miguel Ángel- Faría, que nos acompañó, le explicó los fundamentos legales que habilitaban el procedimiento”.
La entrevistada afirmó, con escozor, haber visto los archivos detectados en los aparatos incautados y los calificó como “inexplicables, irreproducibles. Es aberrante lo que hay”. “Trabajo en esto hace 12 años y uno nunca deja de sorprenderse”, agregó.
Si bien reconoció aún se encuentran trabajando a “contrarreloj” para culminar las pericias, consideró como “posible” la identificación de más responsables a partir de los archivos analizados.
“Todo es materia de investigación todavía. No estamos en condiciones de dar nombres. Entiendo que al ser un proceso y un delito tan delicado el juez está, con buen criterio, aguardando recibir toda la información. Estamos hablando de una red. Hay muchas conversaciones, es mucho lo que hay. No puedo dar un número. Hay gente de Apóstoles y de otras partes”, lanzó.
Y cerró: “Espero que hayan más detenciones. Confío en la Justicia. Es muy aberrante todo, es escalofriante. No deja de sorprenderme”.
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
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Una mujer de 50 años fue detenida, acusada de sustraer dos vinos de colección valuados en más de 6 millones de pesos de una tienda de bebidas ubicada sobre avenida Mitre casi Colón.
Todo comenzó con una denuncia radicada el pasado 12 de febrero por la propietaria del local “Vinos y Co”, ubicado en la mencionada intersección, quien advirtió el faltante de dos botellas de alta gama.
Según consta en la denuncia, se trata de un vino Estiva Reservado 1994 de Catena Zapata, valuado en $4.000.000, y otro Estiva Reservado 2008 de la misma bodega, con un valor de $2.450.000, lo que eleva el perjuicio económico a más de 6 millones de pesos.
En ese marco, se inició una investigación para dar con el paradero de la presunta autora del hecho. Finalmente, en la tarde del 31 de marzo, personal policial ubicó a la sospechosa, quien fue detenida y quedó a disposición de la Justicia en averiguación del hecho. La misma fue identificada como Celia S. (50).
Por su parte, los investigadores buscan establecer el destino de las botellas sustraídas, analizando si fueron consumidas, obsequiadas o comercializadas.
La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en el marco del expediente.
Un oficial subayudante de la Policía de Misiones fue detenido y separado de la fuerza luego de dos denuncias por hechos contra la integridad sexual radicadas por uniformadas que compartieron dependencias con él en la localidad de El Soberbio.
El implicado fue identificado como Emanuel K. (26), cuya detención fue ordenada por el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del magistrado Gerardo Casco, donde se tramita ambas presentaciones radicadas en su contra.
Según la información brindada por la propia fuerza, de las denuncias se desprende que uno de los hechos ocurrió en diciembre de 2023, cuando el apuntado presuntamente encerró a una camarada en una oficina e intentó someterla sexualmente.
El siguiente hecho tuvo lugar en septiembre de 2025, cuando el mismo uniformado se propasó con una agente con la que compartía lugar de trabajo y después de ello la amenazó para que no relevara lo que había sucedido.
Las denuncias fueron presentadas hace pocos días y después de ello el juzgado ordenó la detención del agente involucrado, al tiempo que la Jefatura de Policía inició una investigación administrativa a través de la Dirección de Asuntos Internos y ordenó el pase a disponibilidad del acusado.
El uniformado ahora se encuentra detenido y a disposición de las autoridades intervinientes en la causa, quienes decidirán los próximos pasos a seguir.
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