Policiales
Jefa de Cibercrimen sobre pericias en caso Kiczka: “Es aberrante lo que hay”
La tenencia y distribución de al menos 603 archivos con contenido de abuso sexual infantil es lo que se le imputa de manera preliminar al recientemente capturado Germán Kiczka (44), pero la comisario Sandra Marilyn Ozuna, jefa de la Dirección Cibercrimen, adelantó que hay más elementos probatorios detectados en los últimos aparatos informáticos que fueron incautados en el allanamiento realizado el 6 de agosto en la casa del legislador.
En diálogo con el canal La Nación +, la directora de la dependencia especializada en delitos de informáticos de la Policía de Misiones se refirió respecto al caso que concita la atención del país y en esa instancia brindó precisiones respecto a las labores realizadas hasta el momento.
Ozuna volvió a mencionar que la causa nació a partir de una alerta emitida desde Estados Unidos por una ONG especializada en la prevención de delitos vinculados a la pedofilia y que ello derivó en el allanamiento realizado a fines de febrero en la casa familiar de los Kiczka en el barrio Illía, donde se incautó una primera tanda de soportes tecnológicos.
La comisario detalló que entre esos objetos había una notebook perteneciente al diputado y que allí dentro se hallaron 603 archivos Masi (material de abuso sexual infantil), resultado que a su vez disparó una segunda etapa de la causa, que incluyó el allanamiento a la casa del legislador, procedimiento que finalmente fue ejecutado el 6 de agosto.
En ese operativo, los agentes de Cibercrimen fueron en búsqueda de más aparatos y terminaron secuestrados otra computadora, además de dos teléfonos celulares y un dispositivo de almacenamiento masivo, tal como informó La Voz de Misiones en su momento.
Ozuna indicó que esos elementos aún se encuentran en proceso de peritaje, pero adelantó que en una inspección “in situ” detectaron más archivos de la misma índole, lo cual agravaría la situación del diputado que supo permanecer seis días prófugo y que recién fue capturado anoche en territorio correntino.
Sandra Ozuna encabezó el allanamiento en la casa de Germán Kiczka el 6 de agosto.
“En ningún momento dijo ‘eso no es mío'”
“En el mismo procedimiento del allanamiento, en la misma ejecución, en presencia del juez, del testigo y del diputado, se hizo una auditoría, un análisis in situ de esa computadora y consta en actas el material que se encontró. La reacción de él fue nada, inerte. No hizo gesticulaciones. Preguntó que era el programa Emule y respondió ‘ah’. Fue como si no pasara nada. En ningún momento dijo ‘eso no es mío’ o ‘de dónde sacaron eso’. Fue como quien abre algo que está esperando que aparezca. No tuvo reacción de sorpresa”, precisó la jefa de Cibercrimen ante las consultas de la periodista María Laura Santillán.
La uniformada además recordó que cuando arribó a la casa de Germán Kiczka en Apóstoles y golpeó la puerta para notificar del allanamiento “él lo primero que hizo fue decir ‘no me pueden allanar porque tengo fueros’. Yo me presenté y él respondió eso. Ahí el juez -Miguel Ángel- Faría, que nos acompañó, le explicó los fundamentos legales que habilitaban el procedimiento”.
La entrevistada afirmó, con escozor, haber visto los archivos detectados en los aparatos incautados y los calificó como “inexplicables, irreproducibles. Es aberrante lo que hay”. “Trabajo en esto hace 12 años y uno nunca deja de sorprenderse”, agregó.
Si bien reconoció aún se encuentran trabajando a “contrarreloj” para culminar las pericias, consideró como “posible” la identificación de más responsables a partir de los archivos analizados.
“Todo es materia de investigación todavía. No estamos en condiciones de dar nombres. Entiendo que al ser un proceso y un delito tan delicado el juez está, con buen criterio, aguardando recibir toda la información. Estamos hablando de una red. Hay muchas conversaciones, es mucho lo que hay. No puedo dar un número. Hay gente de Apóstoles y de otras partes”, lanzó.
Y cerró: “Espero que hayan más detenciones. Confío en la Justicia. Es muy aberrante todo, es escalofriante. No deja de sorprenderme”.
Un grupo de al menos diez personas dedicadas al cambio de divisas fueron filmadas a las corridas, piñas y patadas durante este mediodía en pleno microcentro de Posadas.
Las imágenes muestran que el hecho ocurrió sobre la calle Bolívar, en la entrada al hotel Continental, zona donde también predominan los “arbolitos” dedicados al cambio de divisas.
Fuentes consultadas por este medios consignaron que uno de los damnificados, un joven de 22 años, resultó herido y está preparando una denuncia formal sobre lo sucedido.
A juzgar por lo visto en el video que rápidamente se tornó viral, en el hecho hay dos grupos enfrentados, uno de ellos vestidos con uniforme de chomba azul, quienes fueron blanco de las agresiones.
Al menos dos hombres de azul fueron víctimas de reiterados golpes de puño y patadas, escenas que se produjeron ante la vista de todas las personas que pasaban por el lugar.
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La Policía informó el hallazgo de la joven de 25 años que estaba desaparecida en Posadas.
Se trata de Cecilia Yésica Bernarda Pereyra (25), quien anoche había salido de su casa en el barrio A4, sin regresar hasta hoy al mediodía, lo que preocupó y movilizó a sus familiares.
Tras la denuncia por desaparición, la fuerza provincial activó un operativo de búsqueda y esta tarde confirmaron la localización de la joven.
Roberto Ramón Pereira (57), el hombre que estuvo seis años preso por abuso de menores y volvió a ser detenido el jueves pasado por el mismo delito, se abstuvo a declarar esta mañana por el nuevo caso y fue imputado por “producción de archivos Masi, abuso sexual y amenazas”.
Tal como estaba previsto, el comerciante que tenía a su cargo un vivero en el Mercado Concentrador fue trasladado este lunes hacia el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, para comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Miguel Mattos.
Antes de pasar frente al juez, el implicado designó un abogado particular para que se haga cargo de su defensa y luego se abstuvo de declarar, tal como lo ampara su derecho.
En la misma audiencia fue notificado de los hechos que se investigan, de las pruebas que se registran en su contra y provisoriamente fue imputado por los delitos de “producción de material de abuso sexual infantil (Masi), delito contra la integridad sexual y amenazas”.
De esta manera, Pereira continuará detenido mientras avanza la investigación que lo tiene nuevamente tras las rejas desde el jueves pasado, cuando un niño de 12 años reveló los vejámenes que sufría era llevado a la casa del hombre sobre calle Soria, casi avenida Santa Cruz, donde supuestamente el ahora sospechoso le iba a enseñar “a arreglar sillones”.
Abuso y filmación
Según el relato del niño, contado por su madre en una entrevista con La Voz de Misiones, el menor empezó a ir a la casa de Pereira en diciembre y en las primeras visitas ya se habrían concretado los abusos que, además, fueron filmados para que luego utilizar esas imágenes como extorsión.
“Además de grabarle, después que abusaba de él le mostraba videos suyos con otros chicos. Le decía que le gustan los chicos mayores de 10 años. Así que hay más víctimas y por eso cuando vinimos a buscarlo queríamos recuperar si o si el celular, ahí está toda la evidencia”, contó la madre del pequeño.
El domicilio del sospechoso fue allanado el viernes a la tarde y en el lugar los investigadores incautaron tres aparatos telefónicos, un pen drive, un disco rígido y bajo la almohada de su cama hallaron un sugestivo elemento que podría ser clave: un ajo con un papel escrito con el nombre de un menor de edad.
Todos los dispositivos quedaron en manos de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), cuyo personal será el encargado de realizar las pericias correspondientes en busca de más pruebas que puedan robustecer la acusación. También servirán, en todo caso, para comprobar la existencia de más víctimas.
En su contra, además, Pereira cuenta con un severo antecedente. En 2016 fue detenido por el mismo delito y por esa causa en 2018 firmó un acuerdo de juicio abreviado en el que se declaró culpable y fue condenado a seis años de prisión.
El hombre purgó esa pena en un complejo penitenciario de la provincia y en 2024 recuperó la libertad. Ahora está nuevamente preso, enfrentando un expediente que podría significarle una pena mucho mayor.
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