Policiales
En enero nueve misioneros murieron en accidentes fuera de la provincia
Durante los primeros 31 días del 2023, nueve misioneros, entre ellos un niño de 3 años, murieron a raíz de trágicos accidentes de tránsito sobre rutas de otras provincias y fuera de la Argentina.
El primer siniestro que se registró en enero fue el jueves 12 en la provincia de Entre Ríos. Ese día, viajaban a bordo de un Chevrolet Spin tres posadeñas sobre la ruta nacional 14, a la altura del kilómetro 303.
Al mando del vehículo iba una mujer de 50 años y como acompañantes su madre de 77 y una hermana, todas oriundas de la capital misionera.
El accidente sobre la arteria se desató porque la conductora pensó que se aproximó demasiado a un rodado que iba delante y, según declaró en ese momento la mujer, volanteó para esquivarlo y terminó despistando.
Horas después del siniestro vial, la mamá de las dos posadeñas -identificada como Delia Sánchez Núñez- falleció en el nosocomio de Entre Ríos, al que habían sido trasladadas de urgencia por las graves lesiones que sufrieron.
Accidente en Chile
Para el 24 enero, en tierras chilenas, un accidente se cobró la segunda vida de un misionero fuera de la provincia.
En esa oportunidad, la víctima se trató de Ernesto Joaquín Perié, de 27 años, un arquitecto oriundo de Posadas e hijo del dirigente político Francisco “Pancho” Perié.
Ese martes, Joaquín viajaba como acompañante a bordo en una camioneta Renault Duster, cuyo conductor fue identificado como Augusto Rovida de Grandis.
Ambos jóvenes salieron desde Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, y tenían como destino Río Grande, en Tierra del Fuego. Para realizar ese trayecto, los viajantes debían atravesar territorio chileno.
Allí, a unos 50 kilómetros del paso fronterizo San Sebastián, sobre el kilómetro 125 de la ruta internacional 257, el vehículo volcó y un cartel alcanzó al posadeño, motivo por el cual falleció, según reconstruyeron los investigadores sobre el hecho.
Por su parte, el chofer quedó detenido y, tras pagar una fianza, fue liberado, aunque continúa ligado a la investigación.
En Corrientes
Un choque entre una camioneta y un colectivo en la provincia de Corrientes fue el accidente que se cobró la tercera vida misionera, el 30 de enero.
El hecho ocurrió sobre la ruta nacional 123, a la altura del kilómetro 95 de la provincia vecina. A raíz del impacto, un joven de 21 años oriundo de Posadas, que conducía el rodado menor, falleció en el acto.
En tanto, la acompañante del muchacho y el conductor del colectivo, un hombre de avanzada edad, sufrieron lesiones y fueron trasladados al hospital de la ciudad de Mercedes.
Tragedia en Brasil
Ya en el último día del mes, otros cuatro misioneros murieron tras el despiste de un colectivo en el municipio de Fernandes Pinheiro, en el estado brasileño de Paraná, siniestro que dejó en total siete muertos y 22 heridos.
Las víctimas oriundas de la tierra colorada fueron Carina Martínez, de 42 años, y su pequeño David, de 3, oriundos de Puerto Iguazú; y Giuliana Tessari, de 24 años, y su pareja, Fernando Benítez, ambos de Wanda.
Todos ellos viajaban en un colectivo que se trasladaba desde Santa Catarina, Florianópolis, hacia Foz de Iguazú, cuando el chofer se durmió, despistó y terminó cayendo a un barranco.
Las rutas de Entre Ríos
El primer mes del año dejó tres víctimas fáltales en rutas entrerrianas. Luego del fallecimiento de la posadeña de 77 años el pasado 12, el último domingo, una familia de Puerto Esperanza se accidentó sobre la ruta nacional 14 en Entre Ríos.
El hecho se registró sobre la arteria mencionada, en la rotonda de la ciudad de Federación, donde el auto, en que se movilizaba la familia de cinco integrantes, volcó.
El vehículo era conducido por Corina Vilma Vargas, de 46 años, quien era acompañada por Eduardo Vargas, de 74, Lucía Clara Duré, de 70, Joaquín Santiago S. V., y Matías Federico S. V., ambos de 14 años, todos con domicilio en Misiones.
A raíz del accidente, el grupo familiar fue trasladado al hospital San José de Federación.
La peor parte del siniestro se la llevó Lucía Clara Duré, quien murió el lunes al mediodía, y Eduardo Vargas, que dejó de existir en horas de la tarde del martes.
De esta manera, en apenas 31 días que van de 2023, nueve misioneros de distintos puntos de la provincia perdieron la vida producto de accidentes de tránsito fuera del territorio misionero.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
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