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Dos misioneros detenidos por el espionaje a jueces de la Corte Suprema

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El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó la detención de cuatro personas acusadas de haber participado en el espionaje a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre los que se encuentran dos misioneros.

De los dos restantes, uno ya fue apresado, mientras que se espera que se entregue en las próximas horas Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, el joven oriundo de Eldorado que ya estaba siendo investigado por el hackeo a celulares de jueces y funcionarios.

En la causa, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, se investiga si existió una asociación ilícita para hackear celulares a jueces de causas clave y para usurpar su identidad con el fin de cometer delitos.

El misionero Nuñes Pinheiro está imputado por el hackeo a cuatro jueces federales, pero también reconoció, en otra causa, haber participado del pinchazo al celular del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y al teléfono del precandidato a gobernador del PRO Diego Santilli.

Pero en la megacausa de espionaje hay más involucrados, ya que, entre los detenidos ayer, se encuentra Ariel Zanchetta, un ex policía cuyo domicilio en la ciudad de Junín fue allanado.

Según pudo reconstruir la investigación de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), el ex miembro de la fuerza pidió información de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky a la base de datos la empresa Sudamericana un día antes de que se concretaran los hackeos a sus celulares.

Se comprobó que Zanchetta hizo 2.157 pedidos de informes personales de magistrados, dirigentes políticos de distintos partidos, así como ministros y jueces de la Corte Suprema, detalló Infobae.

Misiones hacker

Los misioneros que fueron detenidos por orden del juez Martínez de Giorgi están involucrados con el espionaje del que fueron víctimas los jueces de la Corte Suprema de la Nación, entre ellos, Horacio Rosatti.

Los sospechosos se tratan de Nelly Soledad Valdes y Santiago Machado, ambos domiciliados en Posadas.

Desde el mismo IMEI que se activó una de las líneas inventadas a Rosatti, aparece la activación de otras tres a nombre de Valdes, mientras que Machado también aparece ligado a una de las líneas del presidente de la Corte.

Según se pudo saber, los dos misioneros y el ex policía serán indagados en el curso de las próximas horas, mientras se espera la presentación de Nuñes Piñeiro.

A raíz de una serie de pruebas que habían aparecido en el marco de la pesquisa, el joven eldoradense tenía previsto ampliar hoy su declaración indagatoria ante la fiscal porteña Daniela Dupuy.

Lago hackeado

Si bien la justicia porteña envió el caso a Comodoro Py, al juez Sebastián Ramos, que investiga la causa conocida como Lago Escondido, el juez federal rechazó ser competente y el expediente volvió a su tribunal de origen.

Mientras se espera que la Corte medie en ese conflicto entre ambos fueros, el juez Martínez De Giorgi y el fiscal Pollicita quieren escuchar a los detenidos en indagatoria tras exhibirles todas las pruebas que los vinculan a esta causa.

Las actuaciones se enmarcan en el expediente que se abrió para investigar el hackeo a jueces de Comodoro Py y líneas “truchas” de ministros de la Corte Suprema.

En la primera de las causas, se considera probado que Nuñes Pinheiro buscó -por encargo y previo pago- datos sobre la identidad de jueces y funcionarios.

Luego, realizó maniobras con la empresa Movistar para hacerse pasar por ellos y cambiar la tarjeta SIM de sus celulares. De esa forma, ingresaron a las líneas de los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos y los jueces del tribunal que condenó a Cristina Kirchner, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, desde donde accedieron a sus correos electrónicos y aplicaciones.

Al hacker de Eldorado también le achacan el ingreso al celular del diputado del PRO y ahora precandidato a gobernador de Buenos Aires, Diego Santilli, y de Marcelo D’Alessandro, el ex ministro de Seguridad del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta.

De la intrusión al celular de D’Alessandro surgieron una serie de chats que sirvieron para denunciar a jueces e impulsar el juicio político contra la Corte Suprema de Justicia. Estas dos investigaciones no forman parte de la megacausa.

La segunda parte de esa investigación comenzó en marzo, luego de que el cortesano Horacio Rosatti denunció que habían sacado cuatro líneas de teléfono a su nombre y que se enteró por casualidad cuando le llegó la factura de la empresa Personal, de la que no era cliente.

Cuando la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) pidió los primeros informes, se encontró con que eran cinco abonados adjudicados a Rosatti, que se comunicaron con teléfonos a nombre de 28 personas.

Entre ellas, estaban la jueza federal de Posadas, María Verónica Skanata y Carlos Fernando Rosenkrantz, de la Corte.

El juez ordenó analizar si también se habían sacado líneas a nombre de los ministros Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

De acuerdo al fiscal Pollicita, está acreditado que Nuñes Pinheiro “fue quien creó los usuarios de Nosis y obtuvo los informes comerciales, utilizó los datos obtenidos ilegítimamente del Renaper, ingresó las tarjetas SIM en los equipos telefónicos, obtuvo el control de las líneas mediante el sistema de autogestión de Movistar y consiguió los códigos de activación de las aplicaciones de comunicaciones de los señores magistrados del Poder Judicial de la Nación, doctores Mariano Borinsky, Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Gustavo Hornos”, dice el letrado en su pedido de llamado a indagatoria.

Para el fiscal, las maniobras se iniciaron en febrero de 2022, por parte de “un grupo de personas que, actuando de manera coordinada, realizaron un conjunto de actos”.

El accionar tuvo que ver con “el acceso ilegítimo a bancos de datos personales de las víctimas, tendientes a tomar el control de las líneas telefónicas de magistrados del Poder Judicial de la Nación”.

Con ello, los hackers accedieron “ilegítimamente a aplicaciones de comunicación”, lo cual “les permitió conocer su historial de conversaciones y demás documentos e información existente en dichas plataformas (fotografías, vídeos, opiniones), suplantar la identidad digital de las víctimas (lo que posibilitó enviar mensajes a su nombre) y tener en su poder información privada y acceso a sus cuentas con el fin de cometer otros delitos”.

En ese momento, la indagatoria no se concretó debido a que el juez esperó una serie de informes y un análisis más exhaustivo de la causa. Ahora, ordenó la detención de Nuñes Pinheiro, junto a los otros dos misioneros y el ex policía.


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Envían a juicio a joven detenido por ataque sexual a una estudiante en Posadas

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ataque sexual

El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, dispuso la elevación a juicio de la causa contra Pedro Alejandro Núñez, el joven de 27 años acusado de violar e intentar asesinar obstruyéndole con cintas de embalaje las vías respiratorias a una estudiante que residía en un inquilinato sobre la avenida Lavalle. 

Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la resolución fue firmada en las últimas semanas y el expediente ya fue remitido al Tribunal Penal Uno de Posadas, cuyas autoridades ahora deberán fijar fecha para el inicio de las audiencias, aunque ello dependerá de la agenda de debates programada. 

Las mismas fuentes señalaron que el requerimiento de elevación a juicio fue formulado por la fiscal Patricia Clérici, quien solicitó que Núñez responda en debate oral bajo la acusación de “abuso sexual con acceso carnal y femicidio en grado de tentativa, en concurso real”, figura que podría significarle varios años de prisión en caso de ser declarado responsable.

En su momento, la defensa de Núñez se opuso a la elevación a juicio del expediente, aunque el juez Mattos rechazó el planteo y declaró clausura la instrucción de la causa.

El joven implicado permanece detenido en la Unidad Penal VI de Encausados y Procesados de Miguel Lanús.

In fraganti

Núñez está privado de su libertad desde el 5 de diciembre de 2022, cuando en plena madrugada efectivos policiales fueron alertados de un hecho de violencia de género en un inquilinato sobre avenida Lavalle y al llegar lo detuvieron dentro del departamento de la víctima. 

Según detallaron fuentes del caso que intervinieron en ese momento, el implicado fue hallado in fraganti, semidesnudo y sobre el cuerpo de una joven estudiante que tenía las manos atadas y el rostro cubierto con cintas de embalaje que le obstruían las vías respiratorias.

El cuadro fue tal que la muchacha presentaba un principio de asfixia y debió recibir maniobras de RCP de parte de los efectivos presentes, quienes luego incluso fueron reconocidos por su labor por el Ministerio de Gobierno.

La víctima también presentaba varios hematomas en el rostro, producto de diversos golpes recibidos.

La joven, de 21 años, permaneció internada en observación dos días, hasta que pudo ser dada de alta. Desde el hospital realizó la denuncia por el hecho y días después ratificó su testimonio ante la Justicia.

En esa instancia, aseguró que fue sorprendida por su agresor sexual mientras dormía y que no conocía al detenido.

Por aquel entonces, su antigua defensa planteó que los jóvenes se conocían y que el hecho se dio en el marco de un acto sexual sadomasoquista consentido.

Sin embargo, en las pericias realizadas sobre los aparatos telefónicos y computadoras incautadas en el marco de la causa no se detectaron conversaciones activas ni ningún otro tipo de contacto entre la víctima y el imputado.

Más tarde, también se supo que Núñez fue denunciado en 2019 por intentar ingresar al departamento de una joven en un inquilinato de Santo Tomé, localidad donde el muchacho estudiaba medicina.

FOTO: Archivo El Territorio. 


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Juzgan a Rojas por homicidio y narcotráfico: “Se juega mi vida en la cárcel”

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Negro Rojas

Recluido en la cárcel federal de Marcos Paz y a través de videoconferencia para evitar su traslado a la provincia, el sindicado narco-sicario misionero Néstor Fabián “El Negro” Rojas (47) comenzó a ser juzgado hoy en el marco de dos de los numerosos frentes judiciales que tiene abiertos por la multiplicidad de delitos que le achacan desde al menos 2014 cuando libró una seguidilla de hechos de narcotráfico, asesinatos y amenazas de muerte a jueces. 

Es la primera vez que el hombre nacido el 6 de agosto de 1976 en Puerto Iguazú enfrenta un debate oral, dado que si bien registra una pena única de 8 años de prisión como antecedente, a esa sentencia se arribó mediante la firma de diferentes juicios abreviados. Por eso, en esta ocasión intentó aprovechar al máximo esta nueva experiencia.

“Agradezco la oportunidad de poder ser escuchado. No tengo nada que esconder. Mi declaración va a traer luz sobre muchas cosas”, adelantó apenas se le otorgó el uso de la palabra a las 9.28. Desde allí, no paró de hablar hasta pasada las 13.30. 

Repitió una y otra vez su inocencia. Lo hizo casi hasta el hartazgo de las partes y recibió varios varios llamados de atención por parte del Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, integrado circunstancialmente por los magistrados Víctor Alonso -presidente-, Fermín Amado Ceroleni y Enrique Bosch, todos de ellos otras jurisdicciones. “Ya está haciendo abuso de su derecho”, le marcó Alonso como último aviso a las 13.20. 

En este juicio Rojas enfrenta dos causas que fueron acumuladas. En una está imputado como “organizador de conductas compatibles con el tráfico de estupefacientes modalidades de almacenamiento y transporte” y “homicidio agravado por criminis causa”, mientras que en el otro  expediente lo acusan como “organizador y financista del delito de tráfico ilícito de estupefacientes agravado por haberse cometido con violencia y por la intervención de más de tres personas”.

La primera es por el asesinato de su ladero de mayor confianza: Aldo Andrés Canteros, quien fue ejecutado de cuatro balazos en un fundo de Gobernador Roca durante la tarde del 5 de agosto de 2018. La otra es por crear desde el penal de Ezeiza una organización narco transnacional a la que bautizó Primer Comando de Frontera (PCF), la cual según los investigadores alcanzó a mover 11 toneladas de marihuana y 32 kilogramos de cocaína en menos de un año. 

Rojas está detenido en la cárcel federal de Marcos Paz, en Buenos Aires.

Pero en el registro del iguazuense que llegó a ser el criminal más buscado de Misiones hay más antecedentes. También tiene un expediente abierto por el doble crimen mafioso de El Acuerdo perpetrado en 2014 y otro por orquestar desde la prisión un plan para asesinar al juez de esa causa (Fernando Verón) utilizando sicarios brasileños a mediados de 2020. 

Por eso, cuando esta mañana tomó la palabra declaró durante cuatro horas con un mínimo descanso de 15 minutos. Es que tenía que dar explicaciones por demasiadas cuestiones, aún cuando en este proceso sólo interesan el caso Canteros y la creación del PCF.

En su contra Rojas tiene testimonios, escuchas telefónicas, registros fílmicos y más elementos de prueba, pero él se considera “un perseguido” y promete: “Yo no voy a permitir que me tiren delitos encima para que me pudra en la cárcel. Acá se juega mi vida en la cárcel”. 

El crimen de su ladero y el PCF

El homicidio de Canteros se registró el 5 de agosto de 2018 en su chacra ubicada en Gobernador Roca, lugar donde se almacenaban las cargas estupefacientes que eran ingresadas desde Paraguay y que luego eran enviadas tanto a Buenos Aires como a Entre Ríos. Cuando se descubrió el asesinato, la Policía se topó con 1.779 kilogramos de marihuana en una cava en la tierra. 

Según consta en el expediente, Rojas, que en ese momento llevaba más de tres años viviendo en las sombras con un pedido de captura internacional sobre la espalda por el caso de El Acuerdo, ya había sido marcado operando junto a Canteros desde marzo de 2018, aunque su detención se demoraba porque los investigadores de la Prefectura Naval Argentina (PNA) que estaban tras sus pasos pretendían agarrarlo con una carga de estupefacientes encima.

En esas circunstancias, la hipótesis acusatoria sostiene que en esas circunstancias Rojas advirtió movimientos extraños y al sentirse traicionado decidió acabar con la vida de Canteros, con quien poco antes había compartido un asado de cumpleaños.

La autopsia marcó que la víctima fue ejecutada con una pistola 9 milímetros y recibió cuatro disparos: en la pierna, en el abdomen, en la boca y en la cabeza.

Rojas junto a Canteros, comprando carne para el asado que compartieron antes del crimen.

Rojas fue atrapado ocho días después, en el complejo de cabañas La Aventura de Posadas, donde estaba a punto a concretar una venta de cocaína a compradores oriundos de Entre Ríos.

Tras ser detenido, el narco-sicario estuvo preso en la UP VI de Posadas y en la UP II de Oberá, aunque era considerado una “bomba de tiempo” para los penitenciarios y, en consecuencia, fue trasladado a la cárcel federal de Ezeiza, donde continuó cometiendo delitos, según tienen establecidos los fiscales que Vivian Barbosa y Diego Iglesias, este último de la Procuración General de la Nación (Procunar), quienes intervienen en el juicio. 

Esos delitos esta vez hacen referencia a la creación del PCF, una empresa criminal con la que Rojas pretendió emular a grandes bandas del crimen organizado brasileño como el Primer Comando Capital (PCC), Comando Vermelho (CV) o Bala Na Cara, grupos con los cuales en teoría tenía nexos activos y quienes además abastecía de droga. 

En la causa del PCF había otros ocho imputados quienes ya firmaron un acuerdo de juicio abreviado por penas de entre 6 y 9 años de prisión. Al debate oral junto a Rojas solo llegó Pablo Antonio Campos Retamar (53), un hampón de Ciudadela que también estaba preso en Ezeiza por varios asaltos y desde ahí se encargaba de organizar la logística necesaria para recibir y almacenar la droga que la organización enviaba a Buenos Aires.

“Soy un perseguido”

En su declaración de hoy, Rojas solo se hizo cargo de la cocaína que tenía en su poder al momento de ser detenido en La Aventura y se desligó tanto del crimen de Canteros como del PCF.

“Yo de mis delitos siempre me hice cargo, pero no me puedo hacer cargo de delitos que no cometí. En las fiscalías y juzgados de mi provincia me han perseguido durante mucho tiempo. Me hice cargo de la cocaína y me hice cargo de que estuve en el lugar, pero yo no maté a Canteros”, afirmó Rojas, que de ser hallado culpable del crimen de su antiguo socio puede ser condenado a prisión perpetua.

En su extensa declaración, el misionero que es alcanzado por el “protocolo de gestión de presos de alto riesgo” anunciado por Patricia Bullrich, describió: “Yo estaba ahí porque había ido a buscar lo mío, que era la cocaína. Canteros trabajaba para muchos grupos de narcotráfico. Él era el aguantadero de mucha gente. Yo sé quién mató a Canteros. La jueza de Posadas lo dejó ir, estaba ahí en La Aventura. No puedo decir quién es porque está en peligro la vida de mi familia si lo hago”.

Sin poder mantener un hilo cronológico, navegando en cuestiones de otras causas y divagando por momentos en críticas hacia jueces, principalmente hacia Miguel Ángel Guerrero, del Juzgado Federal de Eldorado, e “hijos del poder”, Rojas además cuestionó los métodos de investigación trazada en su contra e intentó desvalorizar las escuchas telefónicas sobre las cuales se asienta gran parte de la acusación.

“Le volé la cabeza”, se oye en uno de esos audios que luego salieron a la luz, aunque el imputado se aleja de ello. “Todas las causas grandes Procunar se basan en escuchas telefónicas, es decir, de persecución. Todo eso se puede editar, falsificar. Ahora hay Inteligencia Artificial, el otro día escuché a Messi relatar un poema”, ejemplificó, punto que fue suficiente como para que el juez Alonso lo advirtiera por tercera vez y casi a los gritos por “divagar”.

Tanto los dos imputados como los tres jueces y los fiscales participaron del debate en forma telemática.

Al momento de responder preguntas, el implicado admitió no saber explicar por qué el arma utilizada para matar a Canteros apareció oculta en la casa de su ex suegro en Eldorado. “No sé, yo quisiera que me expliquen. Pudo haber sido plantada, eso ocurre con normalidad en mi provincia”, expuso, casi sin poder esquivar una de las principales pruebas que lo vinculan con el crimen que puede conducirlo a la prisión perpetua.

Rojas dividió en dos su declaración indagatoria. En la segunda parte se refirió a la causa que lo ubica como organizador y financista del PCF, delito del cual también se desligó.

“Cuando caí preso yo no tenía plata ni para el abogado. Me sostuve con plata que me mandaba mi familia. A veces no tenía ni para comer. Ese es el gran narco que pintan que soy. Pero bueno, a mi también me cocinaron los medios. Mi caso fue mediático porque yo siempre fui bocón, pero fui bocón por contar mi verdad”, lanzó.

Para Rojas, las escuchas donde se lo oye decir “graben bien, y ustedes saben de lo que le estoy diciendo, la sigla PCF, graben bien, porque lo van marcar para toda la vida el resto de su corta vida (…) ustedes son los que me crearon, ustedes son lo que van a tener que aguantar su propia creación señores” no alcanzan para determinar que es él y por eso pidió pericias de análisis de voz.

Según se defiende, tampoco es él quien habla en la intervención telefónica que amenaza así: “A ver, para que graben, ya que están ahí atentos a todos, díganle a esos jueces, a esos jueces, que esto recién comienza. Esto recién empieza, que van a pagar todos los que hicieron todo, todo uno por uno, uno por uno, todos, por un montón de presos que hicieron parir, gente inocente que condenaron inocentemente, por todo este tiempo que estuve”.

De todo eso el misionero detenido en Marcos Paz deberá defenderse en el proceso cuya segunda jornada aún no tiene fecha definida. “Quisiera que me den la oportunidad de interrogar a los testigos”, pidió, aunque para ello estará su abogado, el defensor oficial federal Marco Racagni.

Pedidos de presencialidad

Justamente, tanto Racagni como Mariano Romero, defensor oficial de Campos, tuvieron marcado protagonismo en la última media hora de la extensa jornada de este lunes.

Ambos letrados cuestionaron no haber tenido la posibilidad de realizar planteos preliminares antes de que los imputados declararan y más efusivos se pusieron cuando el tribunal consideró que habían perdido la oportunidad por no haber pedido la palabra.

De igual manera, los dos abogados plantearon reservas de casación y expusieron la intención de reconsiderar la cuestión de la virtualidad de sus asistidos al argumentar que esta modalidad impide un correcto ejercicio de la defensa.

Los defensores oficiales Marco Racagni (Oberá) y Mariano Romero (Santiago del Estero) representan a Rojas y a Campos, respectivamente.

“Este mecanismo rompe la regla de la inmediatez, de ser oído y perjudica la defensa. Acá tenemos un guardarropas sin nombre que son las escuchas y yo no puedo consultar nada con mi defendido cuando es mencionado”, postuló Romero.

Racangni, apuntó en mismo sentido. “Este sistema de virtualidad se instaló en tiempos de pandemia, pero ahora ya no estamos en pandemia. Me violenta que no se me haya dado la palabra porque se pone en duda mi profesionalidad y entonces lo tengo que plantear”, afirmó.

Al momento de opinar sobre la cuestión, el fiscal auxiliar de la Procunar, Martín Uriona, señaló que la discusión sobre la presencialidad es un tema ya resuelto en instancias previas y argumentó que en el caso de Rojas la recomendación del Servicio Penitenciario Federal (SPF) era reducir al máximo los traslados ante latentes peligros de fuga. 

Tras estas exposiciones, el tribunal cerró la audiencia y quedó en responder a los planteos en la próxima audiencia, la cual en principio estaba fijada para el 3 de junio, aunque habrá que reprogramarla en virtud de que el juez Bosch tiene otra audiencia ese mismo día.

@lavozdemisiones

• Lo acusan de matar a tres personas, de planificar el crimen de un juez y de montar una empresa narco inspirada en el Primer Comando Capital. Esta es la historia de Néstor Fabián “El Negro” Rojas, el criminal más peligroso de Misiones en los últimos años. #LaVozDeMisiones #TintaRoja #ElNegroRojas

♬ sonido original – La Voz de Misiones


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Caso Martínez: preventiva para Alcoba y la tesis de otro vehículo en la escena

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Caso Martínez

El Juzgado de Instrucción Seis de Posadas, a cargo del magistrado Ricardo Balor, dictó en las últimas horas el procesamiento con prisión preventiva contra Martín Esteban Alcoba Sciortino (48), el conductor imputado por la colisión que le costó la vida al motociclista Sergio “Mante” o “Manteca” Martínez (34) el pasado 1° de mayo frente al Parque de la Ciudad.

De esta manera, mientras la investigación continúa su curso el hombre seguirá detenido en una celda policial e imputado por los delitos de “homicidio culposo no prestar asistencia a la víctima y haberse dado a la fuga”, figura contemplada por el artículo 84 bis del Código Penal, que prevé penas de entre 3 y 6 años de prisión.

El hecho se registró el 1° de mayo, cerca de las 6.15 de la mañana, sobre la avenida Quaranta, a la altura del acceso al Parque de la Ciudad. Según los primeros datos, Martínez circulaba en una motocicleta Corven 110 hasta que fue embestido a alta velocidad por un Renault Fluence al mano de Alcoba Sciortino, que tras el impacto continuó su marcha hasta abandonar el rodado en inmediaciones al acceso a Itaembé Miní.

El conductor implicado se entregó ante la Justicia tres días después y luego se abstuvo de declarar ante la Justicia, aunque ahora su defensa planea solicitar una ampliación de declaración indagatoria, según afirmó a La Voz de Misiones el letrado Arturo Irigoyen Cundom.

Las últimas imágenes de Martínez, ingresando a las 6.10 y saliendo a las 6.12 de una estación de servicios a pocos metros del lugar del accidente.

La versión defensiva

“Nos mantuvimos en silencio en principio por respeto a la familia y además porque faltaba incorporar evidencia a la causa, que todavía falta, pero ahora tenemos algún panorama más cercano a lo que cuenta mi defendido, entonces vamos a declarar pronto. Eso es lo que él quería desde un primer momento”, adelantó el abogado que defiende al automovilista detenido.

El letrado descartó que su defendido haya estado prófugo o evadiendo la justicia durante los días siguientes al siniestro, argumentando que 24 horas después del suceso se presentó un pedido de exención de prisión con el cual se demostró apego al proceso judicial.

“Somos respetuosos del proceso penal, por eso hasta el momento no presentamos ningún pedido de excarcelación. Estamos impulsando la causa para que todas las medidas preliminares se terminen y él pueda recuperar la libertad. Esta parte quiere que se sepa la verdad real de lo que sucedió ese día“, alegó Irigoyen Cundom a LVM.

En esa línea, la defensa de Alcoba Sciortino ahora afirma tener elementos sólidos que podrían modificar la mecánica del accidente e involucrar a un tercer vehículo, más precisamente un camión.

La tesis se basa en cámaras de seguridad que captaron a Martínez arribando a una estación de servicios ubicada a pocos metros de la escena del hecho a las 6.10 de la mañana y saliendo de allí a las 6.12, mientras que a las 6.11 se observa un camión cisterna egresar de la misma planta y dirigirse hacia la avenida Quaranta.

De esta forma, Irigoyen Cundom plantea que al momento del impacto la motocicleta de Martínez provenía desde la colectora y en el instante y en el lugar del hecho también había un camión cisterna.

“En principio todos los cañones apuntaron a mi cliente. Hoy tenemos elementos que nos permiten hacer dudar y hasta incluso tener otra versión de los hechos”, adelantó el abogado de Alcoba.

Y desarrolló: “Lo que hasta el momento pudimos determinar es que, si bien el accidente se produjo en el mismo carril, ambos rodados no venían en principio por el mismo carril. La moto de Martínez ingresó desde la colectora, tenemos pruebas. Esto cambia radicalmente el hecho de que una persona haya podido avistar en el mismo carril a cualquier cosa, ya sea una moto o cualquier objeto que esté sobre la ruta, a algo que salga de golpe, desde un costado y sin luces”.

El camión cisterna que la defensa de Alcoba ubica en la escena del siniestro.

“Tenemos imágenes que se darán a conocer. Le pedimos al juzgado que arbitre los medios para ubicar todas las cámaras posibles que puedan dar con el motovehículo antes. Entendemos que la vida no se recupera más pero queremos aclarar la cuestión de cómo se produjo el accidente y los motivos, las impericias, las negligencias que hubieron al momento del hecho. Además, hay otro dato que sí está en la causa y es que de la pericia surge que en la cinta asfáltica hay un elemento que podría pertenecer a otro vehículo que pudo tener relación con el accidente. Eso lo dicen los peritos”, añadió.

Partiendo de esa base, Irigoyen Cundom hace especial referencia al camión cisterna captado por las mismas cámaras de seguridad.

La presencia de este camión cambiaría la mecánica del hecho. El camión estuvo en el momento del accidente en el lugar del hecho. La versión de mi cliente era descabellada, no le entendía, pero hoy él puede ir a decir todo lo que me contó desde el primer día. Por eso requerimos al juzgado que oficie y consiga esa cámara y que se vea realmente las dos cosas, que el camión estuvo y que la moto salió de esa colectora. A juicio de esta defensa, al margen del accidente, esto cambia radicalmente el sentido de la negligencia o la culpabilidad de los intervinientes en el siniestro”, sostuvo el letrado.

Por último, Irigoyen Cundom aclaró también que su defendido es misionero que solo vivió en Corrientes debido a una relación sentimental y sobre el Fluence explicó que él contaba con la cédula habilitante para el conducir el rodado.

“Le pedimos a la familia, dentro del dolor, al colega que representa en la familia (en una posible querella), que busquen lo mismo que nosotros, que es la justicia, no la venganza. Él se va a someter a lo que se tenga que someter y la venganza no sirve. Esa vida no se recupera más, mi cliente está muy sentido, muy dolido. Es una carga que lo tendrá de por vida”, culminó.

Así quedó el Renault Fluence de Alcoba tras el hecho.


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