Policiales
Confirman que Prefectura intervino en la muerte de joven paraguayo en el río
El cónsul paraguayo en Posadas, Rolando Agustín Goiburú Benítez, afirmó que la Prefectura Naval Argentina (PNA) elevó un informe este mediodía confirmando el procedimiento que derivó en la muerte del extranjero Rodrigo Fabián Caballero Irala y aduciendo que el personal uniformado efectuó “disparos intimidatorios de forma controlada hacia el suelo”.
En comunicación telefónica con La Voz de Misiones, Goiburú Benítez señaló que “a través de una nota de la Prefectura Naval Argentina (PNA), nivel 5 de Puerto Oasis, nos informaron que todo ocurrió mientras se estaba realizando un patrullaje en el que vieron una embarcación que se dirigía en forma ilegal hacia territorio argentino”.
De acuerdo al informe de la PNA elevado al consultado paraguayo en Posadas, en esa instancia los uniformados federales intervinientes impartieron la voz de alto, pero desde la embarcación hicieron caso omiso.
“Ahí los de la embarcación quisieron retornar y desde la Prefectura dicen que se efectuaron dos disparos intimidatorios en forma controlada hacia el suelo, a los efectos de deponer la fuga”, agregó Goiburú Benítez.
El funcionario añadió que desde la PNA indicaron que se inició un sumario administrativo para determinar quiénes fueron uniformados intervinientes en el hecho y que todas las actuaciones fueron remitidas tanto a la Fiscalía como al Juzgado Federal de Oberá, que ahora deberá profundizar en la investigación del caso.
Por último, Goiburú Benítez explicó que desde el consulado “se hará un seguimiento del caso y se aportará todos los datos que la fiscalía paraguaya recabe sobre lo sucedido a la Justicia Federal interviniente en el lado argentino”.
Cruce y disparos
El hecho que se encuentra en investigación se registró ayer, minutos antes de las 16 sobre el río Paraná, en cercanías a Colonia Oasis, localidad ubicada a unos 13 kilómetros de Jardín América.
El caso fue reportado desde el lado paraguayo, más precisamente desde la localidad de Capitán Meza, donde el joven de 22 años falleció tras ingresar a una clínica privada con herida de bala.
A partir de ahí, se pudo reconstruir que la víctima se trataba de Rodrigo Fabián Caballero Irala, quien minutos antes había contratado a un pasero para cruzar ilegalmente a la Argentina en compañía de su prima Celina Soledad Escobar Barreto, de 26 años, hasta que al llegar a la costa misionera fueron repelidos a tiros por una patrulla que identificaron -y ahora se confirmó- de la PNA.
“Nosotros vivimos en Argentina porque trabajamos allá. Él vino para jugar un torneo y pasar las fiestas con la familia. Por los controles sanitarios decidimos pasar por agua y sin mediar palabras nos comenzaron a disparar”, explicó la muchacha esta mañana en diálogo con radio Monumental AM 1080 del país vecino.
Edgar Ortiz, en tanto, jefe de la comisaría 113 de Capitán Meza, aseguró al mismo medio que “en la canoa iban tres. El fallecido, su prima y un canoero. Iban a cruzar del lado argentino. Al llegar a la ribera, salieron del bosque dos personas, ellos dijeron que era de la PNA, con armas en manos, le querían sacar del agua. Ahí hubo un forcejeo por la canoa. Con la mano izquierda atajaban la canoa y con la otra tenían el arma. Retrocedieron con el motor en marcha y ahí, según el canoero, hubo dos disparos. Uno impactó en Caballero”.
En ese contexto, el canoero emprendió el regreso a Paraguay y el joven herido alcanzó a ser trasladado a una clínica privada, pero falleció a los pocos minutos.
Si bien no está confirmado, versiones señalan que Caballero Irala trabajaba como albañil en Oasis. Lo cierto que es que en Capitán Meza se destacaba como futbolista en el club San Juan e incluso un día antes había disputado las semifinales del torneo local.
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
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Una mujer de 50 años fue detenida, acusada de sustraer dos vinos de colección valuados en más de 6 millones de pesos de una tienda de bebidas ubicada sobre avenida Mitre casi Colón.
Todo comenzó con una denuncia radicada el pasado 12 de febrero por la propietaria del local “Vinos y Co”, ubicado en la mencionada intersección, quien advirtió el faltante de dos botellas de alta gama.
Según consta en la denuncia, se trata de un vino Estiva Reservado 1994 de Catena Zapata, valuado en $4.000.000, y otro Estiva Reservado 2008 de la misma bodega, con un valor de $2.450.000, lo que eleva el perjuicio económico a más de 6 millones de pesos.
En ese marco, se inició una investigación para dar con el paradero de la presunta autora del hecho. Finalmente, en la tarde del 31 de marzo, personal policial ubicó a la sospechosa, quien fue detenida y quedó a disposición de la Justicia en averiguación del hecho. La misma fue identificada como Celia S. (50).
Por su parte, los investigadores buscan establecer el destino de las botellas sustraídas, analizando si fueron consumidas, obsequiadas o comercializadas.
La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en el marco del expediente.
Un oficial subayudante de la Policía de Misiones fue detenido y separado de la fuerza luego de dos denuncias por hechos contra la integridad sexual radicadas por uniformadas que compartieron dependencias con él en la localidad de El Soberbio.
El implicado fue identificado como Emanuel K. (26), cuya detención fue ordenada por el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del magistrado Gerardo Casco, donde se tramita ambas presentaciones radicadas en su contra.
Según la información brindada por la propia fuerza, de las denuncias se desprende que uno de los hechos ocurrió en diciembre de 2023, cuando el apuntado presuntamente encerró a una camarada en una oficina e intentó someterla sexualmente.
El siguiente hecho tuvo lugar en septiembre de 2025, cuando el mismo uniformado se propasó con una agente con la que compartía lugar de trabajo y después de ello la amenazó para que no relevara lo que había sucedido.
Las denuncias fueron presentadas hace pocos días y después de ello el juzgado ordenó la detención del agente involucrado, al tiempo que la Jefatura de Policía inició una investigación administrativa a través de la Dirección de Asuntos Internos y ordenó el pase a disponibilidad del acusado.
El uniformado ahora se encuentra detenido y a disposición de las autoridades intervinientes en la causa, quienes decidirán los próximos pasos a seguir.
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