Policiales
Con una molotov incendiaron el auto de otro policía en San Vicente
Dos meses después del atentado cometido contra la jefa de la comisaría Segunda de San Vicente, otro policía sufrió un episodio similar esta madrugada, cuando desconocidos arrojaron una bomba molotov contra su vehículo particular.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el último hecho se registró en el barrio Podkowa, donde reside el sargento Gerardo Tato.
En su denuncia, el efectivo señaló que eran cerca de las 4 cuando escuchó un fuerte estruendo y al salir observó que su automóvil Chevrolet Corsa ardía en llamas en la vereda de su casa.
El hecho fue alertado a la Policía y al lugar acudió el personal de Bomberos Voluntarios de la localidad, quienes sofocaron las llamas con ayuda de los vecinos.
A partir de ese momento se inició una investigación que, mediante el análisis de cámaras de seguridad, determinó que el atentado fue realizado por un hombre que pasó por el lugar y desde otro rodado lanzó un objeto explosivo contra el Chevrolet del uniformado.
En diálogo con el Canal 5 Impacto de esa localidad, Tato señaló que hace dos semanas intentaron el mismo atentado, pero fallaron.
“El 3 de noviembre me habían tirado una molotov pero no estaba prendida por suerte. Ahora volvieron a intentarlo y lograron su objetivo”, expresó el sargento.
Respecto a los motivos del hecho, Tato se mostró cauto. Aseguró que, independientemente de ese antecedente, no recibió amenazas de ningún tipo y que no sospecha de nadie.
“No tengo problemas con nadie. No sé si es un mensaje o qué, no sabría qué decir”, señaló.
Según ampliaron las mismas fuentes, por estas horas la Policía de Misiones lleva adelante operativos para detener al sospechoso, quien incluso ya estaría identificado.
El atentado a la jefa de comisaría
El episodio registrado esta madrugada recuerda lo sucedido hace apenas dos meses con la oficial auxiliar María Eugenia Miranda, jefa de la comisaría Segunda de San Vicente, a quien le balearon la casa e incendiaron su automóvil.
El atentado ocurrió en el barrio Los Lapachos, donde Miranda reside junto a su pareja -también policía- y su hijo de cuatro años.
La mujer dormía cuando escuchó los disparos y al despertar también se encontró con su automóvil Peugeot en llamas.
En la escena los investigadores recogieron 19 vainas servidas de calibre 9 milímetros y la principal hipótesis es que el hecho fue perpetrado en respuesta a los procedimientos vinculados al contrabando de soja que fueron realizados en la jurisdicción de la comisaría presidida por Miranda.
Tras el hecho, tanto Miranda como el resto de su personal fue distinguido por el Gobierno provincial. La estadística indicaba que esa dependencia consiguió incautar el 60% de las 1.000 toneladas de granos secuestrados que contabilizaba la fuerza provincial hasta septiembre.
La comisaría Miranda junto al gobernador Herrera Ahuad en el acto donde fue distinguida por su labor.
Operativos en la zona
Lo sucedido con el sargento Tato se produjo casi en simultáneo a una serie operativos que la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) lleva adelante en la zona, en el marco de una investigación contra el contrabando de soja que es impulsada por la Justicia Federal de Chaco.
Los voceros detallaron que los operativos comenzaron anoche, cerca de las 21, y consistieron en al menos seis allanamientos en distintos predios de San Vicente, El Soberbio y Bernardo de Irigoyen.
Los procedimientos son realizados con el apoyo de distintas dependencias de la Policía de Misiones, quienes realizaron labores de custodia y resguardo.
Los últimos procedimientos por contrabando de soja fueron ordenados por la Justicia Federal de Chaco.
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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