Policiales
Cárcel común para Sidders, protegido del obispo de Iguazú, acusado de abuso
La Cámara de Apelación y Garantías de La Plata revocó el pedido de prisión domiciliaria a Raúl Anatoly Sidders. El cura deberá cumplir prisión preventiva mientras dure el proceso legal.
Esta mañana, la Sala III de la Cámara de Garantías de La Plata negó la prisión domiciliaria a beneficio Raúl Anatoly Sidders, el cura denunciado por abuso sexual y quien desde principios de mayo de 2020 fue trasladado a la Diócesis de Puerto Iguazú.
La Justicia consideró que el religioso “goza de buena salud”, por lo cual le confirmó la prisión preventiva en cárcel común, mientras se lleven adelante el proceso legal.
Los representantes de la víctima, una ex alumna del religioso cuando éste ejercía como capellán de un colegio platense, manifestaron en un comunicado: “Tras constatar que Sidders goza de excelente salud”, la Cámara confirmó su “prisión lisa y llana”.
Asimismo, solicitan que cesen las presiones que imponen los allegados al acusado: “La querella exhortó asimismo al Arzobispado y demás allegados de Sidders a hacer cesar las presiones sobre la Justicia que originaron este innecesario incidente y llevaron al extremo de que el fiscal mutara en pocas horas su firme solicitud de prisión efectiva por el de un beneficio absurdo, ahora abortado”, reza el comunicado.
Pedido de prisión domiciliaria
En el 2020, el juez de Garantías Carlos Agustín Crispó hizo lugar al pedido de prisión preventiva para el cura destinado en Puerto Iguazú, Raúl Anatoly Sidders, acusado por abusar sexualmente de una menor de edad.
El fiscal Álvaro Garganta, quien en primera instancia había acompañado el pedido de detención efectiva de la querella encabezada por Juan Pablo Gallego y Pía Garralda, en diciembre pasado propuso se beneficie al religioso con una domiciliaria.
Sin embargo, la Sala III de la Cámara de Garantías de La Plata no hizo lugar al pedido de Garganta y, tras constatar que Sidders goza de excelente salud, confirmó su prisión lisa y llana en una cárcel común.
Entre algodones
Luego de una serie de denuncias públicas que salieron a la luz en La Plata, el ex capellán del Colegio San Vicente de Paul recaló en julio del año pasado en Puerto Iguazú.
En la Ciudad de las Cataratas, compartió el calor del hogar, ubicado en la calle Guatambú, con el obispo Nicolás Baisi. Allí se refugió el presbítero a la espera de lo que parecía inevitable, una denuncia formal por abuso de menores, que finalmente llegó a mediados de agosto de 2020.
El señalamiento de Sidders por parte de una ex alumna obligó al Obispado de Iguazú a romper el silencio y defender al presbítero, al calificar la denuncia como una “fake news”.
Allí también aseguraron que el cura desempeñaba “labores pastorales con adultos” y que “no hay ningún antecedente de acusaciones que comprometieran el comportamiento sacerdotal del padre Raúl en los 32 años que lleva de sacerdote, más allá de las diferencias con respecto a su modo de expresarse”.
Ahora, la decisión de la Justicia de La Plata no sólo significa un revés para la libertad de Sidders, sino para la acérrima defensa ejercida por el Obispado de Puerto Iguazú.
Judiciales
Prisión preventiva para acusado de asesinar a golpes a la enfermera Medina
Andrés Darío Garcete (45), el único detenido por el femicidio de la enfermera Elvira Irene Medina (61), perpetrado a fines de septiembre en Puerto Esperanza, fue procesado con prisión preventiva y en las próximas horas será trasladado a una unidad penal donde continuará privado de su libertad.
La medida fue firmada por el magistrado Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, que en su resolución dictaminó que el implicado sea procesado por el delito de femicidio, figura contemplada por el artículo 80, inciso 11, del Código Penal y que prevé una pena de prisión perpetua.
El dictamen también determinó el traslado de Garcete desde el calabozo policial donde estaba alojado hacia una unidad penal, muy probablemente a la de Eldorado, donde podría continuar gran parte de su vida si es que en un futuro finalmente es condenado.
El dictado de la prisión preventiva llega casi un mes después de que el juez Brites descartara, en base a informes periciales, patologías de salud mental que configuren una posible inimputabilidad del implicado.

Irene Medina era enfermera, tenía 61 años y cuidaba al padre de su presunto asesino.
El caso
El femicidio de la enfermera Medina se descubrió el pasado 26 de septiembre, cuando la Policía salió a buscarla tras permanecer desaparecida desde las 15 de ese mismo y finalmente la encontró sin vida en un baldío contiguo a la vivienda de un adulto mayor al que cuidaba hace aproximadamente un mes.
Justamente, el hijo de ese paciente que Medina atendía es el hombre que ahora aparece como único sospechoso. Cuando la Policía llegó a su casa, Garcete se mostró nervioso, reticente y exhibía rasguños tanto en la cara como en el cuello.
Dentro de la vivienda más tarde encontraron pelos, un bolso con elementos de primeros auxilios y un trofeo de fútbol con manchas que podrían ser de sangre. Todo fue incautado, al igual que un escurridor y varios trapos de piso ante la posibilidad de que el lugar haya sido limpiado antes de la llegada de la Policía.
La búsqueda de Medina se inició cuando una de sus hijas se preocupó por su paradero. Es que la mujer salió de su casa a las 15 de ese viernes con destino a su trabajo en el barrio Villa Nueva, pero nunca regresó ni respondió llamadas o mensajes de texto.
La autopsia estableció que la víctima murió como consecuencia de una fractura de vértebra cervical. También tenía un traumatismo facial gravísimo que le ocasionó rotura de huesos de la cara. El crimen fue cometido a golpes.
Garcete quedó detenido esa misma noche y días después declaró ante la Justicia, instancia en la que admitió haber estado drogado con crack y no recordar nada sobre lo sucedido ese día.
Pericia descarta “fenómenos alucinatorios” en detenido por femicidio de Medina
Policiales
Un detenido y dos kioscos de pedra desarticulados en Puerto Iguazú
Dos puestos de venta desarticulados, un centro de acopio allanado, pedra quitada de circulación y un detenido fue el saldo de un operativo ejecutado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en Puerto Iguazú durante las últimas horas.
Los procedimientos fueron realizados con bajo directivas del Juzgado Federal de Puerto Iguazú, a cargo del magistrado Marcelo Cardozo, luego de cinco de meses de labores investigativas que incluyeron tareas de vigilancia encubierta, seguimiento y averiguaciones.
El operativo consistió en el allanamiento de dos inmuebles marcados como “kioscos narcos” y otra vivienda señalada como “punto de acopio”, sospechas que fueron confirmadas con el secuestro de estupefacientes.
Según detallaron, los uniformados incautaron más de un kilogramo de pedra, además 50 municiones calibre 22 milímetros, cuatro teléfonos celulares, $1,5 millones y un automóvil Toyota Corolla.
Por todo esto fue detenido un hombre identificado como Atiliano A., quien ahora permanece a disposición del Juzgado Federal interviniente e imputado en una causa por delitos contemplados en la Ley 23.737 de Narcotráfico.

El operativo fue realizado por agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Policiales
Choque en el puente internacional dejó un herido e interrupción del tránsito
Un siniestro vial protagonizado por un auto y una moto se registró este martes, cerca de las 16.30, sobre el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, que conecta las ciudades de Posadas y Encarnación (Paraguay).
Como consecuencia del impacto, una persona resultó lesionada y se produjo una interrupción del parcial del tránsito sobre el cruce fronterizo.
Según informó la Unidad Regional (UR) I, en el lugar trabaja personal de la Dirección de Policía Científica, que lleva adelante las pericias de rigor para determinar las causas y la mecánica del choque entre el automóvil y el rodado menor.
En tanto, efectivos policiales se encuentran abocados a la regulación del tránsito sobre el viaducto internacional, con el objetivo de preservar la seguridad de los conductores y permitir el normal desarrollo de las tareas de investigación del hecho.
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