Un día antes de enfrentar a la Justicia desde el banquillo de los acusados en un juicio oral, Fernando Ariel Skuarek (41) decidió reconocer su responsabilidad en la causa que se le seguía desde 2017 por “suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual” contra dos adolescentes posadeñas y firmó un acuerdo de juicio abreviado por 9 años de prisión.

El debate oral en su contra debía comenzar este miércoles a la mañana en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero todo quedó suspendido en virtud de un cambio de postura en el imputado, quien decidió admitir su culpabilidad y aceptar los 9 años prisión que la fiscalía propuso como pena.

Según adelantaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, Skuarek firmó el acuerdo ayer y este miércoles el acta sumó las rúbricas de los fiscales, del abogado defensor del imputado y de los letrados que intervinieron en la causa como querellantes particulares en representación de las dos denunciantes.

Además de los 9 de años de prisión establecidos como pena, el acuerdo también contempla una reparación integral para las víctimas. Todo lo firmado deberá ser analizado por los magistrados del TOF y posteriormente homologado como sentencia.

Resta determinar si el implicado continúa internado en una clínica especializada en salud mental o cumpla su condena con prisión efectiva en una unidad carcelaria de Misiones.

La causa

La investigación contra el imputado data desde 2017, cuando los padres de una adolescente denunciaron la privación de la libertad de su hija de 17 años.

Luego se sumó otra denunciante y las acusaciones avanzaron. Los señalamientos eran que Skuarek suministraba estupefacientes a las chicas, tras lo cual las exponía a contextos de encierro, violencia y abuso sexual.

Los hechos ocurrieron en diferentes departamentos que el muchacho habitaba en el microcentro posadeño y las denunciantes narraron haber sido drogadas con cócteles de alcohol, cocaína, éxtasis y ketamina, episodios que provocaron trastornos de salud mental que hasta ahora requieren tratamiento terapéutico.

El implicado, oriundo de Aristóbulo del Valle e hijo de un contador con vínculos políticos, más tarde fue procesado con prisión preventiva en orden a los delitos de suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual en perjuicio de dos adolescentes. Todo ello configura una violación a la ley 26.364 de Trata de Personas.

De ahí en más se sucedieron presentaciones judiciales y recursos de apelación. En mayo de 2023 quedó por el revocamiento de una prisión domiciliaria, aunque más tarde consiguió que le acepten su internación en una clínica, condición que ahora podría volver a cambiar.

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Un grave episodio de violencia de género se registró esta mañana frente al Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro, donde un hombre intentó asesinar a su ex pareja y luego pretendió quitarse la vida con el mismo arma blanca. Ambos fueron hospitalizados de urgencia y quedaron internados.

El hecho ocurrió alrededor de las 9 de hoy, frente a la dependencia judicial ubicada sobre calle Los Pinos, en el barrio Cristo Resucitado de dicha localidad.

Según informó la Policía, transeúntes fueron testigos de una discusión que derivó en un intento de femicidio.

Las fuentes precisaron que en esas circunstancias Omar R. había agredido a su ex pareja, Carla Beatriz C. (48), provocándole una herida con cuchillo y luego se autolesionó con intenciones suicidas.

Tras el alerta, los efectivos locales acudieron al lugar resguardando a la víctima y al sospechoso, quienes fueron trasladados de urgencia al hospital local, donde permanecen bajo atención médica.

La causa se encuentra bajo investigación judicial para determinar con precisión las circunstancias en las que se desarrolló el violento desenlace, que podría ser caratulado como “intento de femicidio seguido de intento de suicidio”.

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En la madrugada de este martes, un automóvil Chevrolet Agile fue consumido por las llamas en la localidad de Dos Hermanas, municipio de Bernardo de Irigoyen. Mientras que la Policía investiga las causas del foco ígneo, vecinos apuntaron a un conflicto territorial y solicitaron protección, asesoramiento legal y la intervención del Estado provincial.

Según constataron fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 2.10 de la madrugada de ayer, cuando el propietario del rodado, identificado como Héctor M. (46), domiciliado en el paraje Tres Vecinos, kilómetro 95 de la ruta provincial 17, advirtió que su vehículo comenzó a prenderse fuego y pidió auxilio.

Inmediatamente, el personal policial acudió a la mencionada dirección donde finalmente corroboraron que el automóvil resultó completamente incinerado, con llamas aún activas en la zona del piso y los neumáticos.

Posteriormente solicitaron la intervención de la División Bomberos y de la Policía Científica, quienes trabajaron en el lugar realizando las pericias de rigor para establecer el origen del incendio, que hasta el momento se desconoce. En tanto, la familia afectada efectuó la denuncia correspondiente en la comisaría local.

Repudio

A través de sus redes sociales, el medio comunitario La Rastrojera difundió el hecho y reflejó el repudio por parte de la familia integrada por Héctor, Nuria y Fabián, quienes previamente defendieron a vecinos involucrados en un conflicto territorial presuntamente iniciado por autoridades locales, sobre quienes denunciaron “persecución” y “amedrentamiento”, tras la quema del auto que se encontraba estacionado frente al mencionado domicilio.

Sobre esto, expresaron: “Es un acto de cobardía y violencia inusitada. Atacaron a estos vecinos por el hecho de defender a las familias y el derecho a la tierra. En este último tiempo hubo tres conflictos puntuales por el tema de tierras, uno de los cuales involucra a una funcionaria del gobierno provincial con poder, lo cual nos hace dudar peligrosamente sobre la responsabilidad de los hechos. Estos hechos fueron denunciados públicamente por Fabian, Nuria y otros compañeros”.

Y continuaron: “Si bien hubo muchas instancias en las que se intentó dialogar con los involucrados, la negativa por su parte fue constante y siempre con agresiones y amenazas”.

“En segundo lugar, hacemos responsables al Juzgado de San Pedro, ya que si se hubiera avanzado en la causa denunciada en noviembre de 2024 esto se podría haber evitado”, aseguraron.

En ese contexto, solicitaron protección, custodia y asesoramiento legal para la familia afectada. Al mismo tiempo, consideraron “urgente” la intervención del Estado provincial para la gestión y resolución de problemas territoriales.

Recientemente, la Junta Promotora Misiones de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expresaron un “enérgico repudio” al hecho ocurrido en la madrugada del martes 9 de septiembre, cuando fue incendiado el vehículo perteneciente a la familia Martínez – Lantos.

A través de un comunicado manifestaron: “Los conflictos por la tierra no pueden resolverse mediante actos de violencia dirigidos contra las militancias sociales, sino a través de la intervención oportuna del Estado, que debe actuar para garantizar y preservar los derechos de las comunidades”.

En esa línea, puntualizaron: “Exigimos el pronto esclarecimiento de los hechos y una solución urgente a los reclamos colectivos“.

 

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