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Andresito: changarín denunció a policías de torturarlo por ir de compras

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Denunciaron ante la Comisaría de Comandante Andresito y la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y pusieron al tanto de lo sucedido al ministro de Gobierno, Marcelo Pérez y al ministro Coordinador de Gabinete, Víctor Kreimer.

 

ANDRESITO. El sábado, Gustavo Quevedo (19), quien se dedica a realizar changas y vive en Colonia Itatí de Comandante Andresito, en el marco de la cuarentena obligada por el COVID-19, regresaba en moto a su chacra acompañado por un amigo, Daniel Antúnez, después de comprar carne para su familia, de un negocio cercano. Fueron detenidos por un grupo de integrantes de la División Infantería de Zona Norte, montados en cuatro motos de alta cilindrada.

Según relató, le pidieron que bajen y después de maltratarlos y hostigarlos para que hagan flexiones, dejaron ir a Antúnez, mientras que a Quevedo le hicieron varias preguntas y ante sus repuestas, lo trataban de mentiroso burlándose del trabajador.

Siempre según su testimonio, fue obligado a trasladar su moto hasta el Paraje Deseado, dentro de la localidad de Andresito, mientras le pegaban latigazos, amenazándolo con que si intentaba escapar le iban a disparar con el arma reglamentaria.

El joven sostuvo que al llegar al destacamento policial de Deseado, volvieron a golpearlo, le sustrajeron su moto sin labrar ningún acta y le ordenaron que regrese “calladito” caminando -a pesar de estar muy lastimado- hasta su casa de la Colonia Itatí, distante a más de 13 kilómetros de Deseado.

“Me pegaban ‘guayazos’ en la espalda”

“Yo volvía de comprar carne con un amigo, en la motito que uso para trabajar en la chacra, cuando me pararon los policías de Infantería. Les expliqué que no estábamos de paseo, sino que salimos a hacer las compras, tenía la bolsita da carne debajo del asiento de la moto; pero no me creyeron y se burlaban de nosotros”, señaló Quevedo.

Agregó que les ordenaron que hicieran 20 flexiones, lo dejaron ir a Antúnez, y a él lo obligaron a llevar su moto hasta el Destacamento de Deseado.

“Una de esas motos grandes se puso adelante y otra atrás, yo iba en el medio con mi motito que es chica, como si fuera un criminal. Me gritaban queme apure, pero como no tenía mucho espacio casi me caigo en la ruta, y me amenazaban que no se me ocurra escapar por alguna Picada porque me iban a disparar. Y en el camino me daban ‘guayazos’ con una guaya (una especie de cable de acero) en la espalda y los brazos y se reían entre ellos”, relata.

Cuando llegaron a la Unidad de Infantería le sacaron la moto y sin hacer ningún acta o documentación, le “recomendaron” que se vaya caminando hasta su casa de Colonia Itatí, advirtiéndole que no hablara sobre lo que le hicieron. “Yo estaba todo lastimado”, lamentó el joven.

Denuncia ante Comisión Provincial de Prevención de la Tortura

La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura este lunes realizará la presentación pertinente. Mientras que los legisladores ya pusieron al tanto de la situación, al ministro de Gobierno de la provincia, Marcelo Pérez y al ministro Coordinador de Gabinete, Víctor Kreimer.

Protocolo de Actuación para Fuerzas de Seguridad

La Procuración General de la Nación emitió un Protocolo de Actuación para las Fuerzas de Seguridad en caso de verse obligadas a intervenir para hacerlo cumplir.

El documento, elaborado por la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), que depende del Ministerio Público Fiscal, establece que los miembros de las Fuerzas no podrán “apartarse de los principios fijados en los protocolos de actuación que regulan el uso racional de la fuerza: legalidad, necesidad, proporcionalidad y progresividad”.

Además, subraya que sus miembros deberán abordar de forma “personal” a quienes estén rompiendo la cuarentena e identificarse con el fin de interpelarlos respecto a su presencia en ese lugar.

Remarca que la actuación policial siempre deberá dispensar buen trato y respeto, y propiciar el diálogo con las personas. Llegado el caso de no poder justificarlo, deberán acompañarlo hasta su residencia si se encuentra en las inmediaciones.

No se puede detener de manera compulsiva

La Procuración establece que “bajo ningún concepto, el personal de Seguridad podrá realizar tareas de dispersión masiva a bordo de motocicletas o vehículos de grupos de personas en la vía pública, salvo que se trate de medidas de contención ante situaciones de tumultos, para las cuales se impartirán órdenes específicas de las Jefaturas de cada fuerza”.

Tampoco podrán detener “de manera compulsiva”, y deben preguntar al presunto infractor los motivos por los que se encuentra fuera de su domicilio, y ante cualquier irregularidad, informarán a la autoridad judicial interviniente. No pueden hacer traslados a comisarías o dependencias de las Fuerzas de Seguridad sin la intervención del juez o un fiscal.

El documento, que lleva como título “Facultades y límites a la actuación de los agentes de las fuerzas policiales y de seguridad en el marco del control del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, puntualiza, que la principal tarea del personal policial y de seguridad es “garantizar que las personas que circulen sin estar debidamente autorizadas y fuera de los supuestos de desplazamientos mínimos permitidos, retornen inmediatamente a sus hogares”, especifica la PROCUVIN.

Diario Federal


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Motociclista falleció al colisionar contra un contenedor en Montecarlo

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Un motociclista de 37 años falleció esta mañana al colisionar contra un contenedor de residuos ubicado a un costado de la avenida Libertador de Montecarlo.

De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el trágico suceso se registró hoy, cerca de las 7, en la intersección de la avenida Libertador y la calle Bischof de la mencionada localidad.

Las fuentes detallaron que por dicha avenida circulaba una motocicleta Corven Energy 110 al mando de un hombre identificado como Rodrigo Dos Santos (37), que en determinado momento perdió el control del rodado, impactó contra un contenedor de basura y se precipitó al asfalto.

Como consecuencia de las graves lesiones, el motociclista perdió la vida en el lugar del hecho.

En el lugar trabajó el personal de la comisaría jurisdiccional, de la Policía Científica y el médico policial, quien examinó el cuerpo estableciendo que la víctima sufrió un traumatismo de cráneo.

Intervino en el caso el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, cuyas autoridades dispusieron que el rodado sea incautado para pericias y que el cuerpo del fallecido sea entregado a sus familiares para su correspondiente último adiós.


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Niña de 6 años murió electrocutada con un cable en su casa de Alem

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Alem

Una niña de 6 años falleció anoche al electrocutarse con el cable de un ventilador en su casa de Leandro N. Alem.

De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el trágico suceso se registró ayer, cerca de las 22, en el barrio 22 de Viviendas de Alem.

Los datos recolectados consignan que en ese lugar una niña de 6 años en determinado momento manipuló un cable alargue de ventilador y en esas circunstancias recibió una fuerte descarga eléctrica.

De inmediato, fue trasladada al hospital local, donde desafortunadamente minutos después se produce su deceso.

En el hecho intervino el personal de la Comisaría Primera de Alem, dependiente de la Unidad Regional VI.


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Involucran a familiares del diputado Kiczka en causa por pornografía infantil

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En el marco de una serie de operativos ejecutados en relación a una investigación internacional sobre distribución de pornografía infantil, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) allanaron ayer en Apóstoles la vivienda de familiares directos del diputado provincial Germán Kiczka, del Partido Activar, donde secuestraron elementos de interés para la causa, los cuales serán analizados y peritados para esclarecer la situación.

Según la información recolectada, el allanamiento en Apóstoles se concretó en una vivienda ubicada en el barrio Illia, donde residen Leandro Antonio Kiczka (73) y su hijo Sebastián Kiczka (45), padre y hermano, respectivamente, del legislador provincial.

El procedimiento fue parte de una serie de operativos que abarcó cinco domicilios en la provincia de Buenos Aires, dos en Ciudad de Buenos Aires, y uno en Tucumán, y redadas similares en El Salvador, Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

La investigación se originó hace dos años, a pedido de la Embajada de los Estados Unidos, y está encabezada por la fiscal especializada en delitos informáticos Daniela Dupuy, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Federal (MPF), de Caba, y la PFA.

En un principio, se mencionó que ambos involucrados quedaron detenidos tras el allanamiento del inmueble, pero esto fue desmentido por fuentes oficiales y por el propio diputado, que además aclaró la situación en La Voz de Misiones.

“En las últimas horas se hizo pública una información que involucra familiares míos, más precisamente a mi padre y a mi hermano”, señaló Kiczka y añadió: “Me parece importante aclarar una cosa para que no haya malos entendidos: ninguno de ellos estuvo, ni está detenido. Lo que sí ocurrió es que hubo un allanamiento por una investigación que está llevando adelante la Justicia”.

Además, el legislador que actualmente se encuentra fuera del país por razones personales, agregó que “como siempre sostuve públicamente soy una persona que confía en las instituciones y cree en la independencia de la Justicia. Por eso, tanto mi hermano como mi padre están a disposición de ella para aclarar lo antes posible esta situación”.


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