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Allanan súper de Itaembé Miní por venta de mercadería destinada a comedores

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El propietario de uno de los supermercados “chinos” de Itaembé Mini, un fletero y dos activistas sociales, fueron detenidos el fin de semana y procesados por la venta de mercaderías del Ministerio de Desarrollo Social de Misiones, que estaban destinadas a merenderos y comedores populares.

La policía allanó el sábado cerca de la medianoche el comercio ubicado sobre la avenida 147, en inmediaciones de la Escuela 748, en un procedimiento que estuvo encabezado por el magistrado Ricardo Balor, del Juzgado de Instrucción Seis de Posadas, y contó con la presencia del ministro de Desarrollo Social de la provincia, Fernando Meza.

Según relató el propio Meza a La Voz de Misiones, las autoridades fueron alertadas de lo que ocurría en el súper “chino” intervenido por un vecino del barrio que observó la maniobra y se comunicó con el ex diputado provincial Edmundo Ramón Soria Vieta, quien lo contactó y le contó lo sucedido.

“Nosotros tenemos un mecanismo de trazabilidad para asegurarnos que la mercadería llegue siempre a su destino final, pero por los volúmenes que manejamos a veces las cosas se complican”, explicó el ministro a LVM.

“El viernes cerca de las 18:00 horas completó una entrega para fin de año; se recibe, se estoquea y el sábado empezamos con la entrega de estos módulos para organizaciones sociales y ellos a su vez para las familias”, contó.

Meza relató que “durante la siesta tomamos conocimiento a través de Soria Vieta, que un vecino se habían contactado con él, que había visto al mediodía un camión de flete que bajaba mercadería en un súper chino en Itaembé Miní; que le había llamado la atención el volumen y el proceder de esta gente”.

“Después de la llamada, voy a verificar los datos en en el circuito cerrado de nuestro depósito en el ministerio, y claramente coincidía con la información que este vecino le había contado a Soria Vieta”, agregó.

El ministro señaló que a través del ex diputado contactó con el denunciante y le requirió que formalizara su denuncia en un link de la cartera de Desarrollo Social provincial y también que denuncie en la policía del barrio.

“Estuvimos hasta cerca de las 23:00 horas aportando todas las pruebas, se hizo presente el juez Balor y se procedió al allanamiento del súper, el decomiso de la mercadería y la detención de los implicados”, contó Meza.

La causa quedó caratulada como “defraudación contra la administración pública” y, según el ministro, abre la puerta para una investigación “más profunda”, ya en el fuero penal, porque “hasta ahora este tipo de hechos lo canalizábamos con procedimientos administrativos”.

“Hay una red de venta clandestina que tienen los súper chinos que también va estar sujeta a investigación en la causa”, afirmó Meza.

“Constantemente denunciamos y alertamos sobre este tipo de hechos, pero lo que nunca hubo es una denuncia formal”, indicó el ministro y explicó: “Antes lo hacíamos por la vía administrativa y entrábamos con control comunal de la municipalidad y el área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Acción Cooperativa, planteando competencia desleal cuando el precio no se ajusta a los valores de mercado”.

Según Meza, en este caso el denunciante se acercó al fletero y los otros dos involucrados y les advirtió que iba a hacer una denuncia, “pero ellos le dijeron que la mercadería habían comprado de un mayorista”.

Sin embargo, el ministro aseguró que al cabo del procedimiento pudieron constatar que, efectivamente, la mercadería decomisada pertenecía a su cartera y tenía como destino final las familias vulnerables del barrio.

“Hay que ir a fondo en la investigación”, pidió Meza.

 

Judiciales

Acusado de abuso fue absuelto en 2022 y ahora condenado a 12 años de cárcel

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Tras la anulación del fallo que dispuso su absolución por el beneficio de la duda en 2022, el Tribunal Penal Uno de Posadas realizó un nuevo debate oral contra el hijo de una ex funcionaria provincial acusado de abusos sexuales en perjuicio de una hija menor de edad y esta tarde lo condenó a una pena de 12 años de prisión efectiva.

La nueva sentencia fue dictada esta tarde, después de una extensa jornada de alegatos y después de varias audiencias de debate que incluyeron sucesivos cambios de defensa e incluso registró un faltazo del imputado, que luego argumentó haberse internado en una clínica de salud mental pero terminó siendo detenido.

El implicado se trata de J. R. G. -hijo de una ex funcionaria del Iprodha- quien en 2013 fue denunciado por abusos contra una hija de 5 años en ese entonces, causa que en 2022 llegó a debate oral y resultó absuelto por el beneficio de la duda, aunque ese fallo, dictado por los magistrados Viviana Cukla, Ángel Dejesús Cardozo y Juan Manuel Monte (subrogante), fue anulado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) al entender que hubo una errónea valoración de la prueba.

De esta manera, se ordenó la realización de un nuevo proceso oral que arrancó semanas atrás frente a un tribunal integrado por los magistrados Gustavo Bernie, Juan Carlos Sosa y Miguel Mattos, ambos subrogantes.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Vladimir Glinka, en tanto que como querellante particular volvió a participar el letrado Hugo Zapana, quienes hoy coincidieron al solicitar una pena de 16 años de prisión para el implicado.

Al comienzo del debate el imputado contó con la defensa de Eduardo Paredes, Mauricio Vergara y Florencia Romero, aunque uno a uno fueron renunciando, lo que derivó en demoras en la continuidad del proceso.

Finalmente, este martes el imputado -su identidad completa no se revela para no revictimizar a la víctima- contó con el patrocinio del defensor oficial Mario Ramírez y del abogado particular Federico Tilli, quienes insistieron en absolución del imputado o en forma subsidiaria solicitaron una pena de 3 años de prisión en suspenso por abuso simple.

Después de una larga deliberación, los jueces decidieron condenar a Ramos a la pena de 12 años de prisión efectiva como penalmente responsable del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el vínculo, dos hechos, en concurso real”.

El ahora condenado continuará privado de su libertad en una celda de la comisaría Cuarta de Posadas, hasta tanto el mismo tribunal analice un pedido de prisión domiciliaria solicitada por la defensa. Los fundamentos de la nueva sentencia se conocerán el 26 de marzo.

El STJ anuló sentencia que absolvió a imputado por abuso en Posadas

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Policiales

Itaembé Miní: denuncian que tres jóvenes abusaron de un hombre con discapacidad

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Una mujer del barrio Itaembé Miní de Posadas denunció que tres hombres abusaron sexualmente de un vecino con discapacidad mental y por el hecho hay dos detenidos, mientras continúa la investigación para esclarecer lo sucedido.

De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, todo comenzó este mismo martes, cuando una mujer se presentó en la Comisaría de la Mujer de la zona y denunció que un hombre de 40 años fue víctima de un presunto ataque sexual perpetrado por otros tres vecinos identificados como Matías, Maxi y Wana.

La denunciante añadió que la víctima presenta un grado de discapacidad mental y se negaba a dialogar sobre lo sucedido.

Recibida la denuncia, los efectivos avanzaron en la investigación del caso y en ese marco demoraron a dos de los sujetos apuntados, quienes ahora quedaron alojados en la Unidad Regional X, a disposición del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas.

La víctima, en tanto, fue trasladado esta mañana al Cuerpo Médico Forense, donde iba a ser sometido a los correspondientes exámenes para constatar la veracidad de lo denunciando.

Desde la Policía además añadieron que las labores continúan a fin de ubicar al tercer sujeto denunciado.

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Policiales

Desbaratan tercer Último Primer Día en menos de una semana en Eldorado

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Tal como ocurrió el pasado miércoles sobre la calle 25 de Mayo, en el kilómetro 6, con la presencia de al menos 40 menores y ayer sobre el kilómetro 7, en la madrugada de hoy la Policía de Misiones desbarató una nueva fiesta clandestina protagonizada por al menos 50 jóvenes que celebraban el Último Primer Día (UPD) sobre calle Asunción del kilómetro 10. 

Un llamado al 911 permitió la intervención de los efectivos de la Comisaría Seccional Tercera de la Unidad Regional III, alrededor de las 3,30 de este martes, en una vivienda particular, donde identificaron a al menos 50 estudiantes secundarios y la presencia de bebidas alcohólicas que habrían sido consumidas por varios de ellos. 

En este contexto, el personal policial procedió a despejar las sustancias del inmueble, cuya propietaria de 37 años de edad manifestó que no contaba con habilitación para la realización de eventos ni para el expendio de bebidas alcohólicas. 

Asimismo, en el sitio se hallaban algunos padres que acudieron a retirar a sus hijos, quienes en su mayoría manifestaron no ser responsables de la organización del encuentro.

Ante la situación, los efectivos notificaron a la propietaria sobre la normativa vigente, procedieron a identificar a los estudiantes presentes y labraron el acta de procedimiento correspondiente, tras lo cual se dispuso el despeje del lugar.

Antecedentes

El pasado 4 de marzo, una fiesta de similares características, conocida como UPD fue desactivada en un complejo ubicado sobre calle 25 de Mayo, en el kilómetro 6 de esa ciudad. 

En el lugar se encontraban cerca de 40 jóvenes, varios vehículos y los uniformados lograron constatar que la actividad se desarrolló sin la correspondiente habilitación.

Ante esta situación, dispusieron la clausura preventiva del predio en el marco de la Ordenanza 137/24, además del despeje total del lugar. 

En tanto, este lunes en horas de la madrugada, se registró otro evento en un complejo de Eldorado, donde se realizó un encuentro de estudiantes sin habilitación y con consumo de bebidas alcohólicas por parte de varios menores.

El procedimiento se concretó cerca de las 2:45 en un predio ubicado sobre la calle 25 de Mayo, en el kilómetro 7.

Durante recorridas de prevención, los efectivos detectaron el encuentro irregular y constataron la presencia de aproximadamente 50 estudiantes, quienes celebraban el tradicional evento previo al inicio del último año escolar.

Ante esta situación, el personal policial procedió a notificar a la responsable sobre la vigencia de la Ordenanza 137/24 y labraron el acta correspondiente por la infracción detectada.

 

 

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