Policiales
Allanamientos y persecución a feministas por “apología al aborto”
TIERRA DEL FUEGO. Los efectivos entraron a los domicilios particulares y se llevaron pañuelos verdes, computadoras, cámaras de fotos, celulares y hasta un libro. “Hay un exceso de persecución penal que tiene como fin perseguir y amedrentar”, sostuvo la abogada de la agrupación Colectiva Feminista. Ayer organizaciones y frentes feministas se manifestaron contra los allanamientos en Río Grande.
La Justicia de Río Grande, en Tierra del Fuego, ordenó allanar durante el martes dos viviendas particulares de feministas acusadas de “apología al aborto” y un espacio autogestivo artístico en busca de pinturas, cámaras, pañuelos o cualquier otro elemento relacionado con el aborto legal. “Fue intimidatorio. Se llevaron mi computadora, mi celular y hasta un libro”, contó una de las integrantes de la Colectiva Feminista de Río Grande, la agrupación a la que pertenecen las militantes allanadas.
“Buscaban cualquier cosa que fuera apología al aborto, como si fuera un delito. Me acusan de pintar paredes de una iglesia cosa que no hice”, se defendió Gala -una de las feministas cuya casa fue allanada-, en una entrevista en FutuRock. La abogada de la agrupación estuvo presente en los allanamientos, a los que calificó como parte de un plan para “perseguir y amedrentar” a las militantes feministas de dicha localidad.
La persecución hacia las militantes de la Colectiva Feminista, y particularmente contra Gala, había empezado semanas atrás, en los días previos a la votación en el Senado. “Un policía compartió mi foto en su cuenta de Facebook diciendo ‘esta es una de las que pintó las paredes ya saben lo que tienen que hacer’”, recordó también la joven, que junto con su abogada analiza ahora hacer una denuncia por daños y perjuicios según publicaron medios locales.
La causa fue iniciada por Andrés Rubén Díaz, el hombre que presentó una denuncia por daños por unas pintadas y grafitis realizados en las paredes de una iglesia de Río Grande durante el 8 de agosto. En ese marco se efectuaron los allanamientos, bajo la causa número 32.339. Los operativos se realizaron en dos domicilios particulares y en la sede de una institución llamada PAR de la que también participan algunos integrantes de la Colectiva Feminista.
Dos motociclistas fallecieron esta madrugada tras un siniestro vial registrado en el kilómetro 1426 de la ruta nacional 12, en cercanías de Hipólito Yrigoyen.
Las víctimas fueron identificadas como Eduardo Doprado (50), domiciliado en Puerto Iguazú, y Ramona Albina Castillo (68), oriunda de Ituzaingó, Corrientes.
El hecho ocurrió alrededor de las 4, cuando una motocicleta Honda Titan 125 cc impactó de frente contra un colectivo de la empresa Río Uruguay que se desplazaba en sentido Posadas–Iguazú. La fuerza del choque provocó que ambos ocupantes de la motocicleta perdieran la vida en el lugar.
La moto quedó sobre la calzada, mientras que el ómnibus era conducido por un hombre de 55 años, acompañado por un guarda de 22, quienes resultaron ilesos.
Efectivos de la comisaría local, junto a peritos de la División Científica, personal de Seguridad Vial y profesionales médicos y bioquímicos policiales, realizaron las tareas de rigor.En tanto, por orden del juez interviniente, los dos vehículos fueron secuestrados para avanzar con la investigación.
Un procedimiento de rutina en una ruta provincial se convirtió en un escándalo este lunes cuando agentes de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de Entre Ríos detuvieron a una oficial en actividad de la Policía Federal Argentina (PFA) que transportaba más de 14 kilos de cocaína ocultos en su vehículo.
La droga, valuado en unos 315 millones de pesos, estaba escondida en los zócalos de un Ford Fiesta Kinetic y apunta a posibles ramificaciones en una red de narcotráfico con vínculos en Misiones y Buenos Aires.
El arresto ocurrió pasadas las 3 de la mañana en el Puesto de Control Vial Paso Cerrito, sobre la ruta nacional 14, en el límite entre Corrientes y Entre Ríos.
La mujer, oriunda de Buenos Aires y de unos 40 años –cuya identidad no fue revelada por razones judiciales–, viajaba sola en sentido sur, desde Posadas (Misiones) hacia San Justo, en el partido de La Matanza.
Durante el control preventivo, un can detector de narcóticos alertó sobre irregularidades en el vehículo. Al inspeccionar los zócalos, los policías extrajeron inicialmente tres paquetes rectangulares con una sustancia blanca que reaccionó positivamente a pruebas químicas de campo.
Posteriormente, hallaron seis envoltorios adicionales, sumando un total de 14 kilos de clorhidrato de cocaína de alta pureza. La oficial, sorprendida en flagrancia, no opuso resistencia y fue esposada en el acto.
Lo que más impacta al caso es el perfil de la detenida: según fuentes judiciales, la mujer había trabajado en la Dirección de Asuntos Internos de la PFA, el área encargada de investigar irregularidades dentro de la propia fuerza.
El diario La Nación añadió que sus colegas en Buenos Aires no tenían conocimiento de sus actividades hasta que la noticia se filtró en las últimas horas.
La jueza federal Analía Ramponi, titular del Juzgado Federal de Concordia, tomó intervención inmediata. La sospechosa fue trasladada a una comisaría en Chajarí, donde permanece detenida a disposición de la Justicia.
Además de la droga y el auto, se incautaron elementos vinculados al caso, como teléfonos y documentación. El procedimiento derivó en tres allanamientos simultáneos: dos en Posadas (Misiones) y uno en La Matanza (Buenos Aires), donde se secuestraron más estupefacientes, datos informáticos y se identificaron posibles cómplices en una presunta organización narco.
Un oficial de la Policía de Misiones que habría facilitado la fuga de siete delincuentes que estaban alojados en la comisaría de Bernardo de Irigoyen fue detenido este mediodía y quedó a disposición de la Justicia.
La detención del uniformado se concretó en la sucursal del banco Macro en Irigoyen, donde el implicado cumplía servicio adicional, adelantaron fuentes consultadas.
El sospechoso fue identificado como Mario O., y sería oriundo de San Antonio. Se le secuestró un teléfono celular que será sometido a pericias.
Del procedimiento participaron los propios camaradas del agente, como así también personal de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), cuya intervención se dio a pedido del procurador general Carlos Giménez.
La causa está en manos del fiscal de Instrucción Uno de San Pedro, Francisco Javier Insfrán, y del juez de instrucción de la misma circunscripción judicial, Ariel Belda Palomar, quienes dirigieron y supervisaron las primeras actuaciones del caso.
En paralelo, la Jefatura de Policía dispuso la apertura de un sumario administrativo con intervención de la Dirección Asuntos Internos de la institución.
La fuga se registró el lunes a la madrugada, cuando siete sindicados delincuentes de peligrosidad lograron escapar a través de un boquete realizado en el sector de sanitarios de calabozos de la comisaría de Bernardo de Irigoyen.
Los evadidos fueron Alejandro “Dente” Ramos, Emanuel “Pirata” Krourluch, Daniel Simons, Agustín Morais, Jorge Ojeda, Darío Brítez y Juan José Ferreira Álvez, todos acusados por delitos graves como robos calificados y homicidios.
El hecho motivó un mega operativo policial del cual participaron más de 500 agentes abocados a la búsqueda y en exactamente 48 horas todos fueron recapturados.
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