Opinión
Misiones: una provincia con “brutos ingresos”, fronteras y aduanas “paralelas”

Por: Luis Mario Pastori
@luispastori
El 1/11/2014, el especialista en tributación José Alaniz escribió en “Práctica y Actualidad Tributaria” de Errepar una nota con sentido crítico que tituló: “Misiones. Una provincia con fronteras… y algo más”, refiriéndose al régimen de pago a cuenta de los anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (en adelante ISIB) establecido por la RG 56/2007 del 27/12/2007de la entonces Dirección General de Rentas –hoy ATM-, en los primeros días del primer mandato del gobernador M. Closs. Esta medida abarca a “los productos o mercaderías que ingresen a la Provincia de Misiones, por cualquier medio, para su compraventa, o remisiones entre fábricas o sucursales, o entregas en depósito o en consignación, así como con relación a la prestación del servicio de transporte de cargas con origen en esta provincia”.
Más recientemente, en “Doctrina Tributaria” de abril de 2025 de la misma editorial, los autores Vitale, Raijman y Estévez vuelven sobre este régimen que aplica la provincia de Formosa en sus puestos de control, destacando los rasgos que lo tornan evidentemente inconstitucional, recordando que, además de Misiones y Formosa, también aplican regímenes similares Salta y Jujuy. Este mismo análisis lo utilizamos para determinar los vicios constitucionales que afectan a este mecanismo.
1- Misiones: una provincia con “brutos ingresos”
La Provincia de Misiones ha desarrollado un sistema de recaudación basado en el ISIB que representa la principal fuente de financiamiento en materia de tributos propios, llegando a representar en 2024 el 94,26% de los ingresos tributarios recaudados por la ATM (datos a set/2024).
La recaudación, influida por las altas alícuotas del impuesto, se ve potenciada fuertemente por el cobro de los anticipos en los puestos de control, conocidos popularmente como “aduana paralela” o “aduana interna”. A pesar de los objetivos recaudatorios y de control, este sistema ha generado controversias por sus posibles conflictos con principios constitucionales. Diversos fallos judiciales y análisis doctrinarios han cuestionado la validez de estas medidas, señalando excesos normativos y afectaciones a los derechos de los contribuyentes (1).
El responsable no necesariamente debe ser contribuyente del ISIB en la Provincia de Misiones para resultar obligado al pago del anticipo. Se presentan entonces las siguientes situaciones:
- i) Contribuyentes inscriptos en el Convenio Multilateral con alta en la Provincia de Misiones deben pagar un 2,38% del importe bruto de la operación.
- ii) Contribuyentes locales inscriptos en Misiones: el 2,38% del importe bruto de la operación.
iii) Sujetos No Inscriptos: el 3,40 %.
2- Fronteras y “algo más”. Vicios constitucionales
Al analizar los principios constitucionales que se ven afectados, señalo junto a los autores precitados, los siguientes:
a. Principio de Legalidad: Este añejo principio señala en forma terminante que no hay tributo sin ley, reforzado por la Constitución Provincial en su art. 101 inc. 2). Sin embargo, del análisis de las resoluciones de la ATM se establece como hecho imponible el ingreso de mercaderías a la Provincia independientemente de que se configure el hecho imponible definido en el artículo 143 del Código Fiscal de la Provincia (Ley XXII N° 35). La base imponible se calcula sobre el mayor valor entre la factura o el precio de referencia administrativo, contraviniendo los artículos 150 y siguientes del citado Código, que estipulan que debe basarse en los ingresos brutos reales devengados. En conclusión, hablamos de una norma dictada por la ATP órgano de carácter administrativo que gravaría un hecho distinto al que establece la ley; por lo tanto, no podemos hablar de un pago a cuenta del ISIB sino de un impuesto distinto de este.
b. Principio de Capacidad Contributiva: La definición según el cual la riqueza que se busca captar, no es la del vendedor, quien concibe al tributo como un costo más para la realización de su actividad, sino la que exterioriza quien adquiere el bien o servicio de que se trate al adquirirlo. Entonces, si bien el ingreso de mercaderías por parte de los contribuyentes podría suponer para el Fisco provincial un indicador de riqueza, esta compra por sí sola no configura el hecho imponible ni tampoco demuestra la capacidad contributiva que se pretende gravar con el ISIB.
c. Libre circulación territorial: Los artículos 9/10/11/12 y 75, inc 13) de la CN garantizan la libre circulación de mercaderías dentro del país y prohíben la existencia de aduanas internas. En varios casos, como Akapol SA y Yamaha Motor Argentina SA los contribuyentes han planteado la violación de principios constitucionales como la libre circulación y que actúan como barreras comerciales. En estas instancias, la Procuración General de la Nación ha emitido dictámenes dispares. Algunos casos se desestimaron por no presentar un manifiesto contenido federal, mientras que, en otros, como Loma Negra SA se consideró que la cuestión tenía relevancia federal al interferir con el comercio interjurisdiccional. La CSJN intervino en Loma Negra, dictando una medida cautelar que ordena a Misiones abstenerse de obstaculizar la circulación de mercaderías por falta de pago de los anticipos del ISIB, generando así un precedente importante. Otros casos recientes plantean cuestionamientos similares. La Procuración General consideró que estos casos son sustancialmente análogos a Loma Negra, reconociendo la competencia de la CSJN para actuar.
En síntesis: Coincidiendo con los autores precitados, al realizar el análisis de los principios tributarios podemos observar que el régimen de recaudación del ISIB vulnera el Principio de Legalidad; grava el ingreso de mercadería a la Provincia con independencia de haberse configurado el hecho imponible previsto en la Código Fiscal; previendo además un régimen sancionatorio propio. Afecta la libre circulación de mercaderías interjurisdiccional constituyendo en lo que podría definirse como una “aduana interior” en contra de lo establecido por la CN y genera una carga administrativa para los contribuyentes de extraña jurisdicción ya que la ATP establece la “obligación” de que liquide y pague el impuesto para poder ingresarlo a la Provincia, amén del trámite que supone las solicitudes de exclusión y/o devolución de estos pagos a cuenta. La mera compra de bienes por parte de los contribuyentes locales no hace suponer la capacidad contributiva que el ISIB intenta captar afectando el Principio de Capacidad Contributiva. Finalmente, si bien la Corte no se ha expedido a la fecha sobre la cuestión de fondo, podemos advertir que la acción podría plantearse en instancia originaria ante la Corte en lugar de interponer la demanda ante los estrados de la justicia federal de Misiones o en la justicia local, ya que la misma recientemente se declaró competente y concedió la medida cautelar de no innovar solicitada (Caso “Loma Negra”) y podría expedirse en esa línea, toda vez que el planteamiento del contribuyente revista un manifiesto contenido federal, y se cuestionen normas provinciales violatorias de los artículos 9, 10, 11, 75, incisos 1), 10) y 13), y artículo 26 de la CN (Dictamen de la Procuradora General de la Nación en las causas CSJ 421/2023 y CSJ 1396/2023).
En conclusión, estas observaciones al régimen no solo aportan fundamentos desde la perspectiva de su inconstitucionalidad, entendiendo que los principios consagrados en nuestra CN no representan un conjunto de normas de aplicación discrecional que las Provincias puedan adoptar o ignorar según sus propios criterios fiscales.
(1) Casos:
CSJN – “Akapol SA c/Misiones, Provincia de – Dirección General de Rentas – s/acción declarativa (art. 322, Cód. Procesal)” – FPO 4067/2016
CSJN – “Yamaha Motor Argentina SA c/Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones y otro s/acción meramente declarativa de derecho” – FPO 6629/2016/
CS1 CSJN – “Loma Negra Compañía, Industrial, Argentina, Sociedad Anónima c/Misiones, Provincia de s/acción declarativa de certeza” – sentencia del 27/9/2022 – Fallos: CSJ 2240/2016 “Biuot SA c/Misiones, Provincia de s/acción declarativa de inconstitucionalidad (CJS 421/2023)” y “Bonnin Hermano c/Misiones, Provincia de s/acción declarativa de inconstitucionalidad (CJS 1936/2023).”
(*) Contador Público. Docente Universitario. Diputado Provincial y Nacional (M.C.)
Opinión
Los que hoy te aplauden, mañana te entierran

Por: Fernando Oz
Lo bueno de esta temporada de columnas de opinión, mecha que prendió Fernando Rumi en LVM, es que no me veo obligado a escribir de política, algo que debería ejercitar más de seguido. Así que la veda electoral me brinda esa oportunidad. La cuestión es que los otros días, revisando unos papeles, encontré de casualidad la Orden del día número 515 de la Cámara de Diputados de la Nación del año 2000, hace veinticinco años, cuando el nuevo siglo comenzaba a caminar.
El documento está impreso sobre dos hojas A4, algo arrugadas y con algunos bordes rasgados. Ahí se puede leer un dictamen de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja que luego se aprobó en el pleno con pomposos discursos incluidos.
“Señor presidente: Lamentablemente, y en el Día del Periodista, debemos pronunciarnos acerca de un hecho de violencia perpetrado en contra de un trabajador de prensa que, en ejercicio de su labor, sufrió una injustificable agresión de parte de un miembro de la comunidad de la ciudad de Puerto Iguazú”, se lee al inicio de los fundamentos del proyecto de Declaración.
En realidad, habían sido dos tipos, uno delgado y fibroso, el otro macizo y grandote desde donde se lo mirara. Eran contrabandistas de poca monta que, cada tanto, eran reclutados por el intendente de aquel entonces, cuyo nombre prefiero no recordar, para hacer presencia en actos políticos, romper manifestaciones y apretar a los molestos. Justamente esta última fue el caso. Fue cosa de un minuto. El primero hizo gala de tener un cuchillo en la cintura y me dejó sin aire con un izquierdazo en la boca del estómago. El segundo completó la misión con una trompada seca en la mandíbula. Nocaut.
Leo el dictamen de la Comisión de Libertad de Expresión con cierta nostalgia y pienso enmarcarlo; lo que suelen hacer los viejos periodistas cuando comienzan a batirse en retirada, midiendo lo último del parque de municiones.
Tenía veinticuatro años y tres en “el mejor oficio del mundo”, creía en un periodismo escrito con mayúsculas. Por la mañana me ganaba la diaria como movilero, por la tarde vendía artículos a quien sea: El Territorio, La Nación, La Prensa, revista Veintidós, Noticias. Siempre había un colega amigo dispuesto a dar una mano o simplemente pedía hablar con el jefe de redacción y ofrecía la noticia de manera corta, precisa, sin fisuras. Arriesgaba un título al teléfono, una bajada informativa, vendedora. Y remataba diciendo ‘Escuche jefe, también tengo diez fotos en alta resolución, dos muy buenas si piensa en la tapa. Pero el combo entero tiene otro precio’. Eso, un cazador furtivo de noticias perdido en la triple frontera.
Recuerdo que los diputados habían montado un espectáculo en el Congreso y los medios nacionales hablaban del tema. “Nos causa profunda indignación este atropello de evidente intención intimidatoria hacia la libertad de expresión, opinión e información”, se lee en uno los párrafos de los fundamentos del proyecto de declaración.
Más adelante sigue: “Sirva esta iniciativa, paradójicamente presentada en el Día del Periodista, como un reconocimiento a una profesión que, lejos de ser cómoda y complaciente, es riesgosa y a menudo ingrata, pero que es imprescindible para el resguardo de los derechos y libertades en una sociedad civilizada”. Más adelante citan a Abraham Lincoln y a Rodolfo Walsh.
Pero fíjense lo que son las cosas. El proyecto de Declaración fue firmado por trece diputados de diferentes bloques. Años más tarde, siendo embajadora en Caracas, una de las legisladoras que había estampado su rúbrica, me demandó por escribir que ella hablaba con los peces de la fuente de la sede diplomática en Venezuela; otro de los diputados de aquel momento, tiempo después, siendo gobernador, me detuvo cuando intentábamos ingresar con un equipo periodístico a un sembradío de su propiedad donde aterrizaban sospechosas avionetas que llegaban de Bolivia.
Otros dos de esos diputados tuvieron encontronazos con la prensa después de quedar envueltos en presuntos hechos de corrupción. ¿Entienden lo que quiero decir? Los que hoy te aplauden, mañana te entierran. La relación entre el periodismo y el Poder, sea el que fuere, siempre fue compleja. Lo supo uno de mis abuelos cuando el peronismo cerró su periódico, luego mi padre en plena dictadura, y posiblemente mañana le toque a mi hijo. Quién sabe.
Parecen ser momentos difíciles para el periodismo en el país y en el mundo. Según el balance anual de Reporteros sin Fronteras (RSF) a fines del año pasado, un total de 54 periodistas han sido asesinados, 550 encarcelados y 55 secuestrados en 2024. La organización no gubernamental dice que es una “cifra récord” y que “el periodismo paga un precio humano desorbitado en los conflictos y los regímenes opresores”. Cinco profesionales perdieron la vida en México, otros siete en Pakistán y desde que se desató la guerra en Ucrania van 13, ni qué decir lo de Palestina donde el número de colegas muertos es alrededor de 200.
El último informe de RSF indica que, por segundo año consecutivo, la Argentina registró una profunda caída en el índice global de libertad de prensa: descendió en total 47 lugares durante el gobierno de Javier Milei.
Es terrible, pero qué puedo decir. Esas han sido siempre las reglas, en tiempos de los teletipos y ahora también, donde jóvenes reporteros resisten en Gaza mostrándoles al mundo desde la cámara de sus celulares, a través de las redes sociales, lo miserables que podemos ser los seres humanos.
Es que el periodismo, como contrapoder, se vuelve un ejercicio peligroso en cualquier lugar del mundo. Y, por suerte, siempre hay mujeres y hombres con pensamiento crítico dispuestos a cuestionar y pelear por la verdad, la independencia y la libertad de prensa. Pero claro, tendrán que pagar el precio. El límite depende de cada cual.
Veinticinco años después, ojeo lo que se llevó al recinto del Congreso y me produce un sabor amargo. En cambio, la primera vez que lo leí me pareció que era una dulce victoria. Es el paso del tiempo o el kilometraje. Tal vez, sea el momento de terminar de hacer las valijas, de hacer el relevo.
Opinión
Escenario electoral a una semana de las elecciones en el Cantón

Por: @F_ortegazabala
El resultado de las elecciones provinciales, que se conocerán el próximo domingo al finalizar el escrutinio, servirá para medir el piso del oficialismo, de la desmantelada oposición y marcar el enojo de la sociedad hacia una dirigencia que derrocha apatía por Instagram mientras los comedores comunitarios comienzan a desbordarse debido a la creciente necesidad alimentaria.
Fue una campaña sin debate, mediocre, los candidatos no anduvieron; gana la estrategia y pierde el ego y la pedantería. A menos que suceda algo extraordinario, de acá a siete días el cuadro de situación no se correrá. En el oficialismo, los más optimistas creen que el Frente Renovador de la Concordia meterá catorce diputados, los más pesimistas dicen ocho, y el arriba firmante se para en nueve, diez con viento a favor.
El tercer puesto será para el sello de La Libertad Avanza, gerenciado por el abogado tributarista Carlos Adrián Nuñez y el bróker de negocios Diego Hartfield. Si se confía en las encuestas que andan dando vueltas, una de las incógnitas es Martín Arjol y sus radicales con peluca. Un muestreo de opinión pública, que se pasa de mano en mano por el directorio de Yacyretá, ubica al diputado nacional arañando ese tercer puesto hipotético.
Zona gris. Siguiendo esa misma lógica de confianza en las mediciones de unos y otros, el inflado expolicía Ramón Amarilla, que injustamente aguarda una sentencia tras las rejas, se posicionaría en un cuarto o quinto lugar. Tras meses de encierro, el líder de la sublevación policial de mayo del año pasado se encuentra hecho un Ravi Shankar, habla de diálogo y de consenso, se compara con Nelson Mandela; también se sueña diputado provincial, llevando la paz, dice tener fe y sabe que su lista quedó infiltrada por enturbiadas aguas del paraoficialismo.
En esa misma zona gris, tal vez rozando un quinto o sexto puesto se encuentra Unidos por el Futuro, el frente armado a los apurones con lo que quedó de la UCR y el PRO que lleva a Santiago Koch como primer candidato. Todo indica que estas serán las elecciones más amargas que haya sufrido el radicalismo. No hay más bancas para ocupar, sólo se renueva la mitad de la Legislatura, así que todo el resto corre el riesgo de quedar afuera incluso Koch y el ex diputado nacional Héctor Cacho Bárbaro, líder del PAyS.
¿Y el segundo puesto? ¿Esa segunda opción de contrapeso real? Esa segunda fuerza no tendrá ni voz ni voto en la Cámara porque no estará representada. Son los que elegirán votar en blanco o directamente no asistir al acto electoral. Una tendencia que ya se observó en otros distritos del país.
En las elecciones legislativas de CABA, la participación fue del 53,3%, muy por debajo del promedio histórico. Santa Fe abrió el calendario electoral del país el domingo 13 de abril, sólo fue a votar el 55,6% del electorado. En Jujuy fue del 64%, en Salta del 62%, en Chaco: 52%, y en San Luis 60%.
La elección con mayor nivel de crisis de legitimidad fue la del 18 de octubre del 2001, justamente legislativas; previas al derrumbe de la convertibilidad y a la renuncia de Fernando de la Rúa. En aquellos comicios nacionales, el ausentismo fue del 24,53%, los votos impugnados llegaron al 24,5% y el voto en blanco alcanzó el 4,7%. Si lo ponemos en proyección observamos con claridad el triste deterioro del sistema; la apatía de las que les hablaba.
Ese mismo mes y año, con la crisis nacional a pleno galope, el 6,4% de los que fueron a votar en el territorio provincial lo hicieron en blanco. Obtuvieron un virtual tercer puesto. La gente estaba claramente disgustada. El tema se los contaba hace algunas columnas atrás, entonces me tomo la licencia de recordarlo de manera textual.
Luego de aquel mal año, el voto en blanco más bajo en Misiones se registró en las elecciones siguientes, en 2003, cuando el Frente Renovador gana en las urnas por primera vez, con poco más del 46% de los votos. El 3,6% fue al blanco. Desde entonces hubo fluctuaciones, subas y bajas, ondulaciones propias del terreno político.
Tomando los datos de los porcentajes de las boletas de la categoría diputados provinciales de los últimos 22 años, observamos que el primer pico más alto de voto en blanco fue en 2007 con el 10,8%. El otro rebote fue en 2011, ese año, los que optaron por el blanco obtuvieron el segundo lugar con el 10,1% de los que fueron a votar. El Frente Renovador de la Concordia había ganado con el 67,5%, y los radicales se quedaron en tercer lugar con un magro 5,6%.
En 2015 se repite el pico de 2007 con el 10,8%, pero el escenario electoral es diferente. La polarización se acentúa a nivel nacional con el kirchnerismo en caída y la oposición encolumnada detrás de Mauricio Macri. La renovación obtuvo el 56,5% y el más fuerte de la dispersa oposición el 11,9%. El voto en blanco quedaba en tercer lugar.
Siguiendo en el análisis de la categoría Diputados provinciales, en la última elección, con la irrupción de La Libertad Avanza, Javier Milei y toda su pandilla, el voto en blanco volvió a colocarse en tercera posición después de haber permanecido durante tres actos electorales seguidos en cuarto lugar.
Lo que tiene que quedar claro es que, durante las últimas tres elecciones, en Misiones, el voto en blanco saltó del 4,7% al 5,8%. Lo que significa que el malestar vuelve a subir. Y ahora la tendencia es directamente no concurrir a votar, es por eso que, el movimiento final de estas elecciones estará en el poder de convocatoria y movilización, una cuestión de logística vital en una coyuntura general de apatía, de desafección política. No es un detalle menor.
Ahora, si afinamos la mira sobre el oficialismo y las legislativas: En 2005 fue el primer éxito electoral de medio término para el Frente Renovador de la Concordia, obtuvo el 41,9% de los votos; el Frente Justicialista para la Victoria el 19,5%, la UCR el 10,5%, después un variopinto menú cuya sumatoria apenas rozó el 15%. Desde aquel momento, las bancas de la renovación se mantuvieron muy por arriba de lo que se necesita para tener una cámara estable y afín a las necesidades del Poder Ejecutivo. Las legislativas de medio término que siguieron también fueron buenas: En 2009 la renovación metió doce diputados provinciales, nueve en 2013, diez en 2017 y once en 2021.
El resultado es claro, la Renovación Neo tiene la partida ganada. Después se evaluará su performance. La oposición tendrá que pensar más en la provincia. El próximo desafío será en las legislativas nacionales, en octubre, donde el misionerismo tendrá una nueva oportunidad de marcar presencia en el Congreso en un marco de realismo periférico.
Opinión
Plan represivo: el uso político de Guacurarí

Por: Pablo Camogli
La ministra de seguridad de la Nación, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, presentó la última semana el “Plan Guaçurarí” destinado a controlar la frontera seca entre Misiones y Brasil, a la altura de Bernardo de Irigoyen. Más allá de la certeza sobre la ineficiencia de dicho plan, orquestado solo para llenar minutos de pantalla en los medios de la hegemonía comunicacional porteña y agradar a la embajada de los Estados Unidos, lo lamentable de todo esto es el uso político de nuestro prócer provincial.
En primer término, sorprende la ignorancia o el desinterés puesto de manifiesto a la hora de escribir el apellido de Andrés, que es Guacurarí, con C de casa. Este debate ya fue saldado hace muchos años por los principales investigadores dedicados a biografiar al prócer, entre otros, Jorge Machón, Daniel Cantero, Alfredo Poenitz y quién esto firma. A lo sumo, sería más tolerable la grafía con Z (Guazurarí, igual de errónea), pero nunca con la Ç, ya que esa letra solo forma parte del abecedario portugués, o sea, del enemigo.
En segundo lugar, suena a afrenta el uso del nombre del Comandante General de Misiones por parte de una descendiente directa de Juan Martín de Pueyrredón, el Director Supremo que declaró traidor a la patria a José Artigas, le puso precio a su cabeza y, lo que es más grave aún, pactó con el gobierno imperial en Río de Janeiro la entrega de la Banda Oriental y de las Misiones a cambio del aniquilamiento del artiguismo. Gracias a ese pacto, los pueblos que integraban nuestra provincia fueron destruidos, incendiados, saqueados y su población arriada como ganado.
Tanto la connivencia del Director Supremo con los luso-brasileños como la devastación causada por ellos es algo largamente documentado en la historiografía regional. Desde la perspectiva de Andrés, que es desde dónde pretendemos hacer historia en Misiones, Pueyrredón fue el mayor traidor a la causa común de construir un país unido en el Río de la Plata, un personaje que llegó al extremo de acordar con el enemigo exterior solo para desaparecer a sus adversarios internos.
Se podrá alegar que la ministra desconoce la historia argentina, algo muy probable dado su bajísimo nivel intelectual, pero eso no la exime de la provocación. Que ella, con todos sus pomposos apellidos patricios use el nombre de Guacurarí es un acto de cinismo. Los Bullrich Luro Pueyrredón de la época lo querían muerto a Andrés e hicieron todo lo posible para que ello ocurriera. Del mismo modo, los Bullrich Luro Pueyrredón del presente detestan todo lo que Andrés representa: el federalismo, la expropiación de tierras para dárselas a los más infelices, la igualdad hecha política práctica, la independencia y la defensa de la soberanía frente a toda potencia extranjera.
Es triste que un personaje siniestro y un gobierno cruel utilicen de esa manera a nuestro prócer provincial, que representó valores diametralmente opuestos. Si la ministra hubiera sido coherente que sus ancestros y con lo que ella misma pregona, jamás hubiera recurrido a un indígena como su emblema. Si tuviera dignidad (y valentía) le hubiera puesto Francisco Das Chagas Santos, en homenaje al oficial lusitano que destruyó las Misiones entre 1817 y 1818 y capturó a Andrés, en 1819, en connivencia con Pueyrredón y el patriciado porteño. Ese era su aliando en la época, como el neocolonialismo es su política en el presente.
Algún día los misioneros tendremos que definir si realmente queremos a Andrés como nuestro prócer o si preferimos a otro, a uno más cercano a los Bullrich Luro Pueyrredón, a alguien que no haya defendido con su sangre y con su vida el derecho inalienable de los misioneros a gobernarse por sí mismos. Tener a Guacurarí de prócer y hacerle el juego a los planes represivos de la ministra son cosas incompatibles. Por lo menos, seamos coherentes nosotros.
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