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Los tiempos de la política y las implicancias del caso Kiczka

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Por: Fernando OZ

@F_ortegazabala

Comprender los tiempos de la política es fundamental para que el zoon politikon que llevamos dentro pueda sobrevivir. El manejo del timing político es conocer su articulación, su sincronización, su gestión. Quien no entienda que el verano de un hemisferio político es el invierno de otro; quien se muestra incapaz de tener en cuenta las diversas franjas horarias que configuran el planeta de la política; quien, en definitiva, sólo actúa a partir de su propio calendario, de su agenda, de su reloj, está condenado al fracaso.

La primera tanda de operaciones y especulaciones del inicio del año electoral se terminó el jueves 20 a medianoche, con la llegada del otoño y la presentación de los frentes y partidos que jugarán en el tablero electoral de las elecciones provinciales del 8 de junio. La próxima fecha de interés a la que hay que prestar atención es el 31 de marzo, día del inicio del juicio oral y público al ex diputado provincial de Activar Germán Kiczka y su hermano Sebastián por tenencia y distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI).

La instancia judicial, por la que pasarán 67 testigos, se extenderá hasta el 16 del mes entrante: cuatro días después del cierre de plazos para la presentación de lemas y a dos del registro de sublemas. La última jornada para que se anoten las candidaturas de los sublemas es el 19 de abril.  En lo formal, los plazos establecidos por el Tribunal Electoral no tienen nada que ver con las fechas que impuso el Tribunal Penal I para juzgar a los Kiczka. Pero, si se tiene en cuenta que uno de los procesados fue jefe del bloque del partido que fundó el diputado Pedro Ramón Puerta, además de amigos y compañeros de banca, podemos decir que el momento culmine del caso, que conmocionó a todo el país y en especial a la sociedad misionera, se cruza justo sobre la delicada línea de los tiempos de la política. Tal vez, casualidades del destino.

El 24 de abril es el inicio formal de la campaña electoral y el plazo de inscripción para los candidatos a diputados es el 29, en medio de esas dos fechas buena parte de la atención de los medios y de los consumidores del show político estará puesta en el casamiento de Pedro con la ex diputada renovadora Karen Victoria Fiege Wutzke, que se realizará el 26 en las Cataratas, donde se espera un desfile de personalidades del ámbito político que incluiría a los ex mandatarios Eduardo Duhalde y Mauricio Macri, el ex senador Eduardo Menem y hasta el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem. Los detalles de la millonaria y glamurosa fiesta son tan desopilantes que merecen una columna aparte, nada fuera del alcance del segundo heredero del empresario yerbatero y eximio político Federico Ramón Puerta.

El primer coletazo electoral del caso Kiczka quedó expuesto el jueves pasado en el Tribunal Electoral con la ausencia de Activar en la composición de los tres frentes que se presentaron para competir en las legislativas provinciales. Tampoco se encuentra en el listado de los diez partidos políticos inscriptos en soledad para ir a las urnas. En las dos últimas elecciones el partido de Pedro tuvo un rol preponderante en el armado de las listas: en 2021 el primer puesto de diputados del frente opositor Juntos por el Cambio fue para el radical Pepe Pianesi, el segundo para la dirigente del Pro Mikaela González Coria y el tercero fue para Activar en la figura de Germán Kiczka, y en 2023 la lista de candidatos a legisladores provinciales fue encabezada por Pedro, el legítimo heredero político de los dorados ‘90.

Si habrá o no un segundo coletazo es un interrogante clave. Los juicios orales y públicos de trascendencia suelen ser una caja de pandora, más cuando hay políticos involucrados.  Según el estatal Canal Doce, faro de la comunicación oficial del Gobierno, los más de 900 archivos de MASI “encontrados en las computadoras de Germán Kiczka, serán presentados como prueba durante el juicio”, además de lo que declaren los 67 testigos, “entre ellos residentes de la ciudad de Apóstoles, peritos e investigadores digitales, quienes aportarán sus testimonios y análisis en un caso que los expertos han calificado como voluminoso por su complejidad y la cantidad de evidencia digital involucrada”. Nadie sabe con certeza qué puede salir de todo eso ni hasta dónde llegan las relaciones promiscuas de los procesados con actores del poder político.

Limitaciones a la prensa que despiertan sospechas innecesarias

La decisión adoptada por el Tribunal Penal I, integrado por los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya, limita la cobertura periodística completa del juicio contra los hermanos Kizcka. Las únicas audiencias abiertas a la prensa serán el 31 de marzo, para la apertura y lectura del requerimiento de elevación a juicio, y la del 16 abril, para la formulación de alegatos y lectura del veredicto. La medida, que fue fundamentada en los artículos 379 y 380 del Código Procesal Penal y las Reglas de Heredia, en principio, afecta derechos constitucionales fundamentales, entre ellos la libertad de prensa y el acceso a la información pública, esenciales en una sociedad democrática, que debe abogar por la transparencia de sus actos, sobre todo los concernientes a la Justicia y su accionar.

Si bien, las restricciones a la cobertura total del proceso pueden, en ciertos casos, estar justificadas para proteger la intimidad de las víctimas, pero esta decisión no debe superar el principio de proporcionalidad y las limitaciones a la libertad de prensa deben estar adecuadamente fundamentadas, lo que no parece haber ocurrido.

En casos de delitos sensibles como la pedofilia, es común la restricción de datos para proteger a las víctimas, especialmente si son menores de edad, pero, también es cierto que el Poder Judicial tiene facultad coactiva y cuenta con remedios legales suficientes para sancionar severamente al medio o al periodista que los vulnere. La prohibición es un recurso arbitrario y autoritario que deja la puerta abierta a la sospecha.

El Tribunal, con la anuencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ), se limitó a los artículos 4 y 5 de las Reglas de Heredia, pero ignoró lo establecido en el artículo 6 donde se establece que “prevalece la transparencia y el derecho de acceso a la información pública cuando la persona concernida ha alcanzado voluntariamente el carácter de pública y el proceso esté relacionado con las razones de su notoriedad. Sin embargo, se considerarán excluidas las cuestiones de familia o aquellas en los que exista una protección legal específica. En estos casos podrán mantenerse los nombres de las partes en la difusión de la información judicial, pero se evitarán los domicilios u otros datos identificatorios”.

Uno de los procesados tiene trayectoria política y exposición pública voluntaria, por lo que el caso adquiere un interés público y político significativo que refuerza la necesidad de garantizar la transparencia del proceso, los cuales deben realizarse en un marco de cobertura razonable, especialmente en asuntos de relevancia social.

Es importante señalar que el acceso de la prensa al juicio no impide la protección de la identidad de las víctimas ni pone en jaque el debido proceso. Por lo tanto, la decisión del Tribunal parece exceder los límites razonables de restricción y corre el riesgo de generar un impacto desproporcionado en los derechos en juego. El acceso a la información pública debe ser garantizado salvo casos excepcionales debidamente motivados, no siendo la prohibición la única y mejor medida.

En consecuencia, la decisión adoptada debería ser revocada y permitir el acceso de la prensa durante todo el proceso del juicio oral y público. Es fundamental que el STJ, verdadero responsable de la medida adoptada por el Tribunal, explique y fundamente las razones detrás de su decisión, los motivos y riesgos reales y concretos que justifiquen limitar la cobertura periodística y demuestre que estas medidas son necesarias y proporcionales al objetivo perseguido. Si no se justifica adecuadamente, podría considerarse que la decisión adoptada es una violación de los derechos constitucionales.

Esta escueta sumatoria de datos y hechos (hay más), no debería ser pasada por alto para el análisis de los complejos tiempos de la política. Pero me temo que en el fragor de la política del Cantón Verde corremos el riesgo de ir perdiendo empatía por el sentido de la oportunidad.

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Los que hoy te aplauden, mañana te entierran

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Por: Fernando Oz

@F_ortegazabala

 

Lo bueno de esta temporada de columnas de opinión, mecha que prendió Fernando Rumi en LVM, es que no me veo obligado a escribir de política, algo que debería ejercitar más de seguido. Así que la veda electoral me brinda esa oportunidad. La cuestión es que los otros días, revisando unos papeles, encontré de casualidad la Orden del día número 515 de la Cámara de Diputados de la Nación del año 2000, hace veinticinco años, cuando el nuevo siglo comenzaba a caminar.

El documento está impreso sobre dos hojas A4, algo arrugadas y con algunos bordes rasgados. Ahí se puede leer un dictamen de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja que luego se aprobó en el pleno con pomposos discursos incluidos.

“Señor presidente: Lamentablemente, y en el Día del Periodista, debemos pronunciarnos acerca de un hecho de violencia perpetrado en contra de un trabajador de prensa que, en ejercicio de su labor, sufrió una injustificable agresión de parte de un miembro de la comunidad de la ciudad de Puerto Iguazú”, se lee al inicio de los fundamentos del proyecto de Declaración.

En realidad, habían sido dos tipos, uno delgado y fibroso, el otro macizo y grandote desde donde se lo mirara. Eran contrabandistas de poca monta que, cada tanto, eran reclutados por el intendente de aquel entonces, cuyo nombre prefiero no recordar, para hacer presencia en actos políticos, romper manifestaciones y apretar a los molestos. Justamente esta última fue el caso. Fue cosa de un minuto. El primero hizo gala de tener un cuchillo en la cintura y me dejó sin aire con un izquierdazo en la boca del estómago. El segundo completó la misión con una trompada seca en la mandíbula. Nocaut.

Leo el dictamen de la Comisión de Libertad de Expresión con cierta nostalgia y pienso enmarcarlo; lo que suelen hacer los viejos periodistas cuando comienzan a batirse en retirada, midiendo lo último del parque de municiones.

Tenía veinticuatro años y tres en “el mejor oficio del mundo”, creía en un periodismo escrito con mayúsculas. Por la mañana me ganaba la diaria como movilero, por la tarde vendía artículos a quien sea: El Territorio, La Nación, La Prensa, revista Veintidós, Noticias. Siempre había un colega amigo dispuesto a dar una mano o simplemente pedía hablar con el jefe de redacción y ofrecía la noticia de manera corta, precisa, sin fisuras. Arriesgaba un título al teléfono, una bajada informativa, vendedora. Y remataba diciendo ‘Escuche jefe, también tengo diez fotos en alta resolución, dos muy buenas si piensa en la tapa. Pero el combo entero tiene otro precio’. Eso, un cazador furtivo de noticias perdido en la triple frontera.

Recuerdo que los diputados habían montado un espectáculo en el Congreso y los medios nacionales hablaban del tema. “Nos causa profunda indignación este atropello de evidente intención intimidatoria hacia la libertad de expresión, opinión e información”, se lee en uno los párrafos de los fundamentos del proyecto de declaración.

Más adelante sigue: “Sirva esta iniciativa, paradójicamente presentada en el Día del Periodista, como un reconocimiento a una profesión que, lejos de ser cómoda y complaciente, es riesgosa y a menudo ingrata, pero que es imprescindible para el resguardo de los derechos y libertades en una sociedad civilizada”. Más adelante citan a Abraham Lincoln y a Rodolfo Walsh.

Pero fíjense lo que son las cosas. El proyecto de Declaración fue firmado por trece diputados de diferentes bloques. Años más tarde, siendo embajadora en Caracas, una de las legisladoras que había estampado su rúbrica, me demandó por escribir que ella hablaba con los peces de la fuente de la sede diplomática en Venezuela; otro de los diputados de aquel momento, tiempo después, siendo gobernador, me detuvo cuando intentábamos ingresar con un equipo periodístico a un sembradío de su propiedad donde aterrizaban sospechosas avionetas que llegaban de Bolivia.

Otros dos de esos diputados tuvieron encontronazos con la prensa después de quedar envueltos en presuntos hechos de corrupción. ¿Entienden lo que quiero decir? Los que hoy te aplauden, mañana te entierran. La relación entre el periodismo y el Poder, sea el que fuere, siempre fue compleja. Lo supo uno de mis abuelos cuando el peronismo cerró su periódico, luego mi padre en plena dictadura, y posiblemente mañana le toque a mi hijo. Quién sabe.

Parecen ser momentos difíciles para el periodismo en el país y en el mundo. Según el balance anual de Reporteros sin Fronteras (RSF) a fines del año pasado, un total de 54 periodistas han sido asesinados, 550 encarcelados y 55 secuestrados en 2024. La organización no gubernamental dice que es una “cifra récord” y que “el periodismo paga un precio humano desorbitado en los conflictos y los regímenes opresores”. Cinco profesionales perdieron la vida en México, otros siete en Pakistán y desde que se desató la guerra en Ucrania van 13, ni qué decir lo de Palestina donde el número de colegas muertos es alrededor de 200.

El último informe de RSF indica que, por segundo año consecutivo, la Argentina registró una profunda caída en el índice global de libertad de prensa: descendió en total 47 lugares durante el gobierno de Javier Milei.

Es terrible, pero qué puedo decir. Esas han sido siempre las reglas, en tiempos de los teletipos y ahora también, donde jóvenes reporteros resisten en Gaza mostrándoles al mundo desde la cámara de sus celulares, a través de las redes sociales, lo miserables que podemos ser los seres humanos.

Es que el periodismo, como contrapoder, se vuelve un ejercicio peligroso en cualquier lugar del mundo. Y, por suerte, siempre hay mujeres y hombres con pensamiento crítico dispuestos a cuestionar y pelear por la verdad, la independencia y la libertad de prensa. Pero claro, tendrán que pagar el precio. El límite depende de cada cual.

Veinticinco años después, ojeo lo que se llevó al recinto del Congreso y me produce un sabor amargo. En cambio, la primera vez que lo leí me pareció que era una dulce victoria. Es el paso del tiempo o el kilometraje. Tal vez, sea el momento de terminar de hacer las valijas, de hacer el relevo.

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Escenario electoral a una semana de las elecciones en el Cantón

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Por: @F_ortegazabala

El resultado de las elecciones provinciales, que se conocerán el próximo domingo al finalizar el escrutinio, servirá para medir el piso del oficialismo, de la desmantelada oposición y marcar el enojo de la sociedad hacia una dirigencia que derrocha apatía por Instagram mientras los comedores comunitarios comienzan a desbordarse debido a la creciente necesidad alimentaria.

Fue una campaña sin debate, mediocre, los candidatos no anduvieron; gana la estrategia y pierde el ego y la pedantería. A menos que suceda algo extraordinario, de acá a siete días el cuadro de situación no se correrá. En el oficialismo, los más optimistas creen que el Frente Renovador de la Concordia meterá catorce diputados, los más pesimistas dicen ocho, y el arriba firmante se para en nueve, diez con viento a favor.

El tercer puesto será para el sello de La Libertad Avanza, gerenciado por el abogado tributarista Carlos Adrián Nuñez y el bróker de negocios Diego Hartfield. Si se confía en las encuestas que andan dando vueltas, una de las incógnitas es Martín Arjol y sus radicales con peluca. Un muestreo de opinión pública, que se pasa de mano en mano por el directorio de Yacyretá, ubica al diputado nacional arañando ese tercer puesto hipotético.

Zona gris. Siguiendo esa misma lógica de confianza en las mediciones de unos y otros, el inflado expolicía Ramón Amarilla, que injustamente aguarda una sentencia tras las rejas, se posicionaría en un cuarto o quinto lugar. Tras meses de encierro, el líder de la sublevación policial de mayo del año pasado se encuentra hecho un Ravi Shankar, habla de diálogo y de consenso, se compara con Nelson Mandela; también se sueña diputado provincial, llevando la paz, dice tener fe y sabe que su lista quedó infiltrada por enturbiadas aguas del paraoficialismo.

En esa misma zona gris, tal vez rozando un quinto o sexto puesto se encuentra Unidos por el Futuro, el frente armado a los apurones con lo que quedó de la UCR y el PRO que lleva a Santiago Koch como primer candidato. Todo indica que estas serán las elecciones más amargas que haya sufrido el radicalismo. No hay más bancas para ocupar, sólo se renueva la mitad de la Legislatura, así que todo el resto corre el riesgo de quedar afuera incluso Koch y el ex diputado nacional Héctor Cacho Bárbaro, líder del PAyS.

¿Y el segundo puesto? ¿Esa segunda opción de contrapeso real? Esa segunda fuerza no tendrá ni voz ni voto en la Cámara porque no estará representada. Son los que elegirán votar en blanco o directamente no asistir al acto electoral. Una tendencia que ya se observó en otros distritos del país.

En las elecciones legislativas de CABA, la participación fue del 53,3%, muy por debajo del promedio histórico. Santa Fe abrió el calendario electoral del país el domingo 13 de abril, sólo fue a votar el 55,6% del electorado. En Jujuy fue del 64%, en Salta del 62%, en Chaco: 52%, y en San Luis 60%.

La elección con mayor nivel de crisis de legitimidad fue la del 18 de octubre del 2001, justamente legislativas; previas al derrumbe de la convertibilidad y a la renuncia de Fernando de la Rúa. En aquellos comicios nacionales, el ausentismo fue del 24,53%, los votos impugnados llegaron al 24,5% y el voto en blanco alcanzó el 4,7%. Si lo ponemos en proyección observamos con claridad el triste deterioro del sistema; la apatía de las que les hablaba.

Ese mismo mes y año, con la crisis nacional a pleno galope, el 6,4% de los que fueron a votar en el territorio provincial lo hicieron en blanco. Obtuvieron un virtual tercer puesto. La gente estaba claramente disgustada. El tema se los contaba hace algunas columnas atrás, entonces me tomo la licencia de recordarlo de manera textual.

Luego de aquel mal año, el voto en blanco más bajo en Misiones se registró en las elecciones siguientes, en 2003, cuando el Frente Renovador gana en las urnas por primera vez, con poco más del 46% de los votos. El 3,6% fue al blanco. Desde entonces hubo fluctuaciones, subas y bajas, ondulaciones propias del terreno político.

Tomando los datos de los porcentajes de las boletas de la categoría diputados provinciales de los últimos 22 años, observamos que el primer pico más alto de voto en blanco fue en 2007 con el 10,8%. El otro rebote fue en 2011, ese año, los que optaron por el blanco obtuvieron el segundo lugar con el 10,1% de los que fueron a votar. El Frente Renovador de la Concordia había ganado con el 67,5%, y los radicales se quedaron en tercer lugar con un magro 5,6%.

En 2015 se repite el pico de 2007 con el 10,8%, pero el escenario electoral es diferente. La polarización se acentúa a nivel nacional con el kirchnerismo en caída y la oposición encolumnada detrás de Mauricio Macri. La renovación obtuvo el 56,5% y el más fuerte de la dispersa oposición el 11,9%. El voto en blanco quedaba en tercer lugar.

Siguiendo en el análisis de la categoría Diputados provinciales, en la última elección, con la irrupción de La Libertad Avanza, Javier Milei y toda su pandilla, el voto en blanco volvió a colocarse en tercera posición después de haber permanecido durante tres actos electorales seguidos en cuarto lugar.

Lo que tiene que quedar claro es que, durante las últimas tres elecciones, en Misiones, el voto en blanco saltó del 4,7% al 5,8%. Lo que significa que el malestar vuelve a subir. Y ahora la tendencia es directamente no concurrir a votar, es por eso que, el movimiento final de estas elecciones estará en el poder de convocatoria y movilización, una cuestión de logística vital en una coyuntura general de apatía, de desafección política. No es un detalle menor.

Ahora, si afinamos la mira sobre el oficialismo y las legislativas: En 2005 fue el primer éxito electoral de medio término para el Frente Renovador de la Concordia, obtuvo el 41,9% de los votos; el Frente Justicialista para la Victoria el 19,5%, la UCR el 10,5%, después un variopinto menú cuya sumatoria apenas rozó el 15%. Desde aquel momento, las bancas de la renovación se mantuvieron muy por arriba de lo que se necesita para tener una cámara estable y afín a las necesidades del Poder Ejecutivo. Las legislativas de medio término que siguieron también fueron buenas: En 2009 la renovación metió doce diputados provinciales, nueve en 2013, diez en 2017 y once en 2021.

El resultado es claro, la Renovación Neo tiene la partida ganada. Después se evaluará su performance. La oposición tendrá que pensar más en la provincia. El próximo desafío será en las legislativas nacionales, en octubre, donde el misionerismo tendrá una nueva oportunidad de marcar presencia en el Congreso en un marco de realismo periférico.

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Plan represivo: el uso político de Guacurarí

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Por: Pablo Camogli

@pablocamogli

La ministra de seguridad de la Nación, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, presentó la última semana el “Plan Guaçurarí” destinado a controlar la frontera seca entre Misiones y Brasil, a la altura de Bernardo de Irigoyen. Más allá de la certeza sobre la ineficiencia de dicho plan, orquestado solo para llenar minutos de pantalla en los medios de la hegemonía comunicacional porteña y agradar a la embajada de los Estados Unidos, lo lamentable de todo esto es el uso político de nuestro prócer provincial.

En primer término, sorprende la ignorancia o el desinterés puesto de manifiesto a la hora de escribir el apellido de Andrés, que es Guacurarí, con C de casa. Este debate ya fue saldado hace muchos años por los principales investigadores dedicados a biografiar al prócer, entre otros, Jorge Machón, Daniel Cantero, Alfredo Poenitz y quién esto firma. A lo sumo, sería más tolerable la grafía con Z (Guazurarí, igual de errónea), pero nunca con la Ç, ya que esa letra solo forma parte del abecedario portugués, o sea, del enemigo.

En segundo lugar, suena a afrenta el uso del nombre del Comandante General de Misiones por parte de una descendiente directa de Juan Martín de Pueyrredón, el Director Supremo que declaró traidor a la patria a José Artigas, le puso precio a su cabeza y, lo que es más grave aún, pactó con el gobierno imperial en Río de Janeiro la entrega de la Banda Oriental y de las Misiones a cambio del aniquilamiento del artiguismo. Gracias a ese pacto, los pueblos que integraban nuestra provincia fueron destruidos, incendiados, saqueados y su población arriada como ganado.

Tanto la connivencia del Director Supremo con los luso-brasileños como la devastación causada por ellos es algo largamente documentado en la historiografía regional. Desde la perspectiva de Andrés, que es desde dónde pretendemos hacer historia en Misiones, Pueyrredón fue el mayor traidor a la causa común de construir un país unido en el Río de la Plata, un personaje que llegó al extremo de acordar con el enemigo exterior solo para desaparecer a sus adversarios internos.

Se podrá alegar que la ministra desconoce la historia argentina, algo muy probable dado su bajísimo nivel intelectual, pero eso no la exime de la provocación. Que ella, con todos sus pomposos apellidos patricios use el nombre de Guacurarí es un acto de cinismo. Los Bullrich Luro Pueyrredón de la época lo querían muerto a Andrés e hicieron todo lo posible para que ello ocurriera. Del mismo modo, los Bullrich Luro Pueyrredón del presente detestan todo lo que Andrés representa: el federalismo, la expropiación de tierras para dárselas a los más infelices, la igualdad hecha política práctica, la independencia y la defensa de la soberanía frente a toda potencia extranjera.

Es triste que un personaje siniestro y un gobierno cruel utilicen de esa manera a nuestro prócer provincial, que representó valores diametralmente opuestos. Si la ministra hubiera sido coherente que sus ancestros y con lo que ella misma pregona, jamás hubiera recurrido a un indígena como su emblema. Si tuviera dignidad (y valentía) le hubiera puesto Francisco Das Chagas Santos, en homenaje al oficial lusitano que destruyó las Misiones entre 1817 y 1818 y capturó a Andrés, en 1819, en connivencia con Pueyrredón y el patriciado porteño. Ese era su aliando en la época, como el neocolonialismo es su política en el presente.

Algún día los misioneros tendremos que definir si realmente queremos a Andrés como nuestro prócer o si preferimos a otro, a uno más cercano a los Bullrich Luro Pueyrredón, a alguien que no haya defendido con su sangre y con su vida el derecho inalienable de los misioneros a gobernarse por sí mismos. Tener a Guacurarí de prócer y hacerle el juego a los planes represivos de la ministra son cosas incompatibles. Por lo menos, seamos coherentes nosotros.

(*) Historiador

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