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Tarifas: el Senado debatía sobre el “costo fiscal” y el “caos social”, en la antesala del veto
BUENOS AIRES (Agencias). El Senado de la Nación debatía anoche retrotraer o rebajar en el IVA en las tarifas en torno a dos conceptos: “costo fiscal”, alentado por el macrismo, y “caos social”, según la visión de los opositores, en una sesión que podría finalizar recién en la madrugada del jueves.
La sesión comenzó con la aprobación por unanimidad de la ley que establece que todos los ciudadanos mayores de edad serán donantes, a menos que manifiesten su voluntad de no serlo, conocida como la “Ley Justina” en homenaje a la niña que murió el año pasado por no recibir un trasplante a tiempo.
Posteriormente afloraron las diferencias cuando se puso a consideración el proyecto opositor que busca retrotraer las tarifas a noviembre de 2017, sostenido en los discursos por los senadores enrolados en el peronismo, principalmente, que se apoyaron en el fantasma del “caos social”.
La observación coincidió con otras manifestaciones que se conocieron en los últimos días desde el sector sindical y las organizaciones sociales sobre eventuales medidas de protesta en caso de que el presidente Mauricio Macri decida vetar la iniciativa opositora que se encaminaba a ser aprobada.
El miembro informante del peronismo, José Mayans, anticipó el respaldo de su bloque a la iniciativa que tiene media sanción en Diputados, y envió un mensaje al resto de sus colegas para avanzar con el “acompañamiento”. “A mayor justicia social, mayor paz social; a mayor injusticia, mayor violencia social”, advirtió el senador formoseño sobre el final de su discurso, en el que lamentó que “todos los operadores del Gobierno estuvieron culpándonos pero el problema acá, con todo respeto y humildad, es el plan económico”.
Desde la otra vereda, el bonaerense Esteban Bullrich (PRO) acusó a la oposición buscar “generar un caos” porque, según opinó, “la única solución real es la que se puede implementar”. Así consideró como inviable la iniciativa de la oposición, aunque evitó señalar si será inmediato el veto presidencial en caso de que se apruebe la norma.
Inés Brizuela y Doria, que también realizó una defensa desde el oficialismo, resaltó que “tenemos una alternativa que la hemos puesto a consideración porque no trabajamos pensando en las próximas elecciones sino en las próximas generaciones”.
Si bien hubo alocuciones encendidas, como la del senador Alfredo De Angeli, que remarcó que Macri “no gobierna para los ricos”, la sesión que sería maratónica, no había arrojado hasta promediar la lista de oradores demasiados datos más que la ausencia de los senadores en sus bancas durante gran parte de la jornada. Es que 50 legisladores se anotaron como oradores, lo que da un cálculo de cierre del debate recién para las 3 de la madrugada del jueves.
La expectativa se ubica en que los discursos finales estarán a cargo de Luis Naidenoff por el oficialismo, Crisitina Fernández de Kirchner por el Frente para la Victoria y Miguel Pichetto por el interbloque Argentina Federal.
Cinco integrantes de una familia, entre ellos una niña de 4 años, murieron este martes tras haber inhalado monóxido de carbono en una casa ubicada en la calle Sanabria del barrio porteño de Villa Devoto.
El trágico suceso se descubrió esta tarde, cuando un familiar de los fallecidos acudió a la vivienda y se topó con los cuerpos sin vida, para luego dar aviso al sistema de emergencias 911 de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una vez en el lugar, los agentes dieron con los cadáveres de un hombre de 75 años y su mujer de 43; como así también el de otro hombre de 43 y su esposa de 42; y el de la pequeña de 4, hija de la pareja más joven.
En la vivienda también encontraron un bebé que alcanzó a ser rescatado con vida y consciente. El niño fue trasladado de urgencia al hospital Zubizarreta, aunque posiblemente más tarde sea derivado al hospital de Niños o al Pedro Elizalde, ambos de Caba.
En un acto esta tarde en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron el Departamento Federal de Investigación (DFI) que, con un logo casi idéntico al famoso FBI estadounidense, absorberá el 80% de las tareas de la Policía Federal (PFA) y se enfocará en el crimen organizado.
Según explicó el mismo presidente, se trata de una “reconversión profunda que transformará para siempre” a la fuerza federal, “replicando el espíritu” del legendario fundador del FBI norteamericano, J. Edgard Hoover.
El punto más controversial del Decreto 383/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina, es la autorización a la PFA para realizar ciberpatrullajes y requisas sin orden judicial.
El Decreto establece un cambio profundo en el rol operativo de la fuerza de seguridad, que pasará a concentrarse en la investigación de delitos federales y complejos como el crimen organizado, el narcotráfico y el ciberdelito.
Desde este martes, la PFA tiene la facultad de intervenir a partir de posteos de redes sociales y no necesitará la orden de un juez para hacerlo, e incluso puede utilizar la base de datos del Estado para ubicar a una persona.
“Hemos decidido reformar la PFA para reconvertirla en una fuerza dedicada a la investigación criminal y para eso creamos en DFI al interior de la PFA”, sostuvo Milei, en el acto de Palermo que compartió con Bullrich y otros funcionarios del gobierno, como Karina Milei, Guillermo Francos y los ministros Mariano Cuneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud), Luis Petri (Defensa), y el titular de Diputados, Martín Menem, entre otros.
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Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron en contra del pedido de prisión domiciliaria efectuado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque la resolución final continúa en manos del Tribunal Oral Federal Dos, cuyas autoridades podrían resolver la cuestión este mismo martes, un día antes del vencimiento del plazo otorgado a CFK para iniciar el cumplimiento de su condena a 6 años de cárcel.
En un dictamen de diez páginas, los fiscales alegaron que “no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria” y agregaron que “no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.
Además, consideraron que CFK no argumentó ningún motivo de salud como para no estar en prisión e indicaron que la cuestión de edad -72 años- no es una obligación, sino una posibilidad prevista en la ley.
Sobre este tema citaron como ejemplo el caso de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación, quien cumple condena en prisión por la tragedia de Once y al cumplir 70 años pidió la prisión domiciliaria pero le fue rechazada.
A pesar de la opinión fiscal, la decisión final le corresponde a los magistrados TOF 2 y las fuentes que siguen de cerca el caso estiman que la cuestión podría resolver hoy, un día antes del plazo otorgado para que se presente a Comodoro Py, lo cual podría darse en medio de una gran marcha organizada por militantes peronistas y seguidores partidarios.
La ex presidenta ya avisó que acatará la orden judicial, aunque solicitó cumplir su pena con arresto domiciliario en su departamento en cale San José 1.111 del barrio porteño de Montserrat, donde todos los días es acompañada por un numeroso grupo de personas que se aglomera bajo su balcón desde el día de la confirmación de su condena por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tanto Luciani como Mola fueron severamente señalados por CFK durante el transcurso de la causa Vialidad por sus vínculos con el ex presidente Mauricio Macri, relevando encuentros, visitas y hasta actividades recreacionales juntos en la quinta Los Abrojos.
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