Nacionales
Tras orden de detención, se suicidó cura acusado de abusar de 5 menores
El sacerdote Eduardo Lorenzo, acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado contra al menos cinco víctimas, menores de edad, se suicidó en la sede de Cáritas de La Plata.
LA PLATA. Ayer, la jueza Marcela Garmendia, de La Plata, había ordenado la detención del cura. Fue tras recibir las pericias psicológicas hechas sobre el sacerdote, quien, según los especialistas, tiene una “estructura psicopática perversa de la personalidad”.
El sacerdote Eduardo Lorenzo (59), confesor de Julio César Grassi y acusado de haber abusado de al menos cinco adolescentes, se suicidó de un disparo en la tarde de este lunes 16 de diciembre. El cuerpo fue encontrado en una vivienda de la calle 4 entre 49 y 50 de la ciudad de La Plata.
Los casos ocurrieron entre los años 1990 y 1995 (Iglesia San Benito); y 1999 y 2001 (Iglesia Nuestra Señora de Lourdes). Las víctimas de abuso eclesiástico señalaron que el cura abusó de cinco menores de edad durante los campamentos que el propio religioso organizaba.
Ayer, la Justicia penal de La Plata había ordenado la detención del cura, acusado de abusos a menores que concurrían a su parroquia. La medida no iba a hacerse efectiva enseguida por un recurso de eximición de prisión que estaba presentado por su defensa. El sacerdote seguía libre y se esperaba la decisión de la Cámara de Apelaciones. Para la fiscal, la pericia psicológica que se le hizo a Lorenzo fue determinante.
Lorenzo, ex capellán del Servicio Penitenciario bonaerense, gozaba de una licencia y estaba alojado en una dependencia de Cáritas, apartado del contacto con menores “por precaución”, tal como lo dispuso el Arzobispado de La Plata.
Corrupción de menores y abuso sexual
El sacerdote estaba acusado de corrupción de menores y abuso sexual de al menos cinco adolescentes entre 1990 y el 2008, en una causa que investigaba la fiscal de la La Plata, Ana Medina, quien había pedido la detención del cura a la jueza de Garantias platense, Marcela Garmendia.
El cura había sido sometido semanas atrás a peritajes psicológicos en la Asesoría Pericial de La Plata, cuyos expertos concluyeron que Lorenzo poseía “una personalidad con características de manipulación, elevado autocentramiento y egocentrismo, con escasa autocrítica y autobservación impregnada de rasgos nacisísticos”.
Abusos de larga data
Lorenzo fue capellán del Servicio Penitenciario Bonaerense durante 14 años, organizó grupos de jóvenes con los boy scout, fue párroco de distintas iglesias de Gonnet, Berisso y Olmos. Las denuncias en su contra son de larga data. En 2008 fue denunciado por abuso sexual, pero la causa no había prosperado hasta las nuevas acusaciones.
Causas canónicas
Según publicó La Nación la Iglesia le inició dos causas canónicas a Eduardo Lorenzo. La primera fue a partir de la denuncia del 11 de mayo de 2008 que radicó Julio César F., padrino de Diego P. -que en ese momento era menor-, en el Arzobispado. El 20 de agosto del mismo año, Julio decidió denunciar a Lorenzo también en la fiscalía.
En 2019, después de que se reactivó la causa que se había archivado, el arzobispo Fernández generó una Investigación Complementaria Canónica, es decir, una actualización del estado de la primera causa penal, para saber cómo estaba la situación de Lorenzo.
El Tribunal Canónico envió a la Justicia un escrito firmado el 1° de diciembre que indica, entre otras cosas, que “dado que el Pbro. Lorenzo no tiene hasta el momento ninguna condena, las medidas tomadas [licencia en su desempeño como párroco y la prohibición de realizar actividades con menores de edad] son las que corresponden en estas instancias de la investigación. El Arzobispado ha informado y consultado a la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, que es la responsable de resolver en casos de abusos de menores e indica los pasos a seguir”.
La Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico publicó un comunicado donde expresaban que“la muerte no repara el daño. Lo único que repara el daño causado a las víctimas es la JUSTICIA”. Asimismo indicaron que “la muerte del cura Eduardo Lorenzo confirma que los Sobrevivientes DIJERON y DICEN SIEMPRE la VERDAD”.
Cinco integrantes de una familia, entre ellos una niña de 4 años, murieron este martes tras haber inhalado monóxido de carbono en una casa ubicada en la calle Sanabria del barrio porteño de Villa Devoto.
El trágico suceso se descubrió esta tarde, cuando un familiar de los fallecidos acudió a la vivienda y se topó con los cuerpos sin vida, para luego dar aviso al sistema de emergencias 911 de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una vez en el lugar, los agentes dieron con los cadáveres de un hombre de 75 años y su mujer de 43; como así también el de otro hombre de 43 y su esposa de 42; y el de la pequeña de 4, hija de la pareja más joven.
En la vivienda también encontraron un bebé que alcanzó a ser rescatado con vida y consciente. El niño fue trasladado de urgencia al hospital Zubizarreta, aunque posiblemente más tarde sea derivado al hospital de Niños o al Pedro Elizalde, ambos de Caba.
En un acto esta tarde en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron el Departamento Federal de Investigación (DFI) que, con un logo casi idéntico al famoso FBI estadounidense, absorberá el 80% de las tareas de la Policía Federal (PFA) y se enfocará en el crimen organizado.
Según explicó el mismo presidente, se trata de una “reconversión profunda que transformará para siempre” a la fuerza federal, “replicando el espíritu” del legendario fundador del FBI norteamericano, J. Edgard Hoover.
El punto más controversial del Decreto 383/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina, es la autorización a la PFA para realizar ciberpatrullajes y requisas sin orden judicial.
El Decreto establece un cambio profundo en el rol operativo de la fuerza de seguridad, que pasará a concentrarse en la investigación de delitos federales y complejos como el crimen organizado, el narcotráfico y el ciberdelito.
Desde este martes, la PFA tiene la facultad de intervenir a partir de posteos de redes sociales y no necesitará la orden de un juez para hacerlo, e incluso puede utilizar la base de datos del Estado para ubicar a una persona.
“Hemos decidido reformar la PFA para reconvertirla en una fuerza dedicada a la investigación criminal y para eso creamos en DFI al interior de la PFA”, sostuvo Milei, en el acto de Palermo que compartió con Bullrich y otros funcionarios del gobierno, como Karina Milei, Guillermo Francos y los ministros Mariano Cuneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud), Luis Petri (Defensa), y el titular de Diputados, Martín Menem, entre otros.
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Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron en contra del pedido de prisión domiciliaria efectuado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque la resolución final continúa en manos del Tribunal Oral Federal Dos, cuyas autoridades podrían resolver la cuestión este mismo martes, un día antes del vencimiento del plazo otorgado a CFK para iniciar el cumplimiento de su condena a 6 años de cárcel.
En un dictamen de diez páginas, los fiscales alegaron que “no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria” y agregaron que “no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.
Además, consideraron que CFK no argumentó ningún motivo de salud como para no estar en prisión e indicaron que la cuestión de edad -72 años- no es una obligación, sino una posibilidad prevista en la ley.
Sobre este tema citaron como ejemplo el caso de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación, quien cumple condena en prisión por la tragedia de Once y al cumplir 70 años pidió la prisión domiciliaria pero le fue rechazada.
A pesar de la opinión fiscal, la decisión final le corresponde a los magistrados TOF 2 y las fuentes que siguen de cerca el caso estiman que la cuestión podría resolver hoy, un día antes del plazo otorgado para que se presente a Comodoro Py, lo cual podría darse en medio de una gran marcha organizada por militantes peronistas y seguidores partidarios.
La ex presidenta ya avisó que acatará la orden judicial, aunque solicitó cumplir su pena con arresto domiciliario en su departamento en cale San José 1.111 del barrio porteño de Montserrat, donde todos los días es acompañada por un numeroso grupo de personas que se aglomera bajo su balcón desde el día de la confirmación de su condena por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tanto Luciani como Mola fueron severamente señalados por CFK durante el transcurso de la causa Vialidad por sus vínculos con el ex presidente Mauricio Macri, relevando encuentros, visitas y hasta actividades recreacionales juntos en la quinta Los Abrojos.
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