Siete años y nueve meses de prisión fue el pedido realizado hoy, por el fiscal que interviene en el juicio oral que se lleva adelante en Buenos Aires contra el médico misionero Aníbal Rubén Lotocki (51), más conocido como “el cirujano de las famosas”.

El pedido fue planteado esta mañana por el fiscal Sandro Abraldes, durante la exposición de su alegato en el marco del debate oral en el que cual Lotocki afronta una acusación por el delito de “lesiones graves”, presuntamente provocadas a cuatro mujeres durante distintas cirugías estéticas en las que utilizó metacrilato, una sustancia que dañó la salud de sus pacientes.

Además de la pena de prisión, el fiscal también solicitó que el cirujano misionero sea inhabilitado por diez años para el ejercicio de la medicina y de actividades comerciales relacionadas con la estética y la cosmética.

El juicio se lleva adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal 28 de Ciudad de Buenos Aires y las denunciantes de la causa que ahora llegó a esta instancia son las modelos Silvina Luna, Pamela Sosa -ex pareja del acusado-, Stefanía Xipolitakis y la empresaria Gabriela Trenchi.

Todas señalaron que después de las intervenciones quirúrgicas a las que se sometieron con el misionero resultaron con graves secuelas. Luna, por ejemplo, señaló que tras la mala praxis sufrida en 2011 ahora tiene muy bajos niveles de calcio y eso perjudica el funcionamiento de sus riñones.

En su alegato expuesto esta mañana, consignó el diario Clarín, el fiscal Abraldes sostuvo que el misionero actuó de forma dolosa, al tiempo que descartó cualquier atenuante y, al contrario, consideró como un agravante su desinterés por el estado de salud de sus pacientes.

“Lotocki cosifica a las víctimas y no las reconoce como personas. Las desprecia, las usa como instrumento para promocionarse y las moldea a su antojo. Se siente hacedor de la mujer perfecta. Es una clara manifestación de violencia de género”, lanzó el fiscal.

El acusado es defendido por la abogada Ileana Lombardo y consideran que el producto cuestionado en el causa estaba autorizado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

Al debate oral aún le quedan varias audiencias por desarrollarse, pero se estima que se llegará a una sentencia antes de fin de año.

Otras causas

No es la primera vez que Lotocki aparece vinculado e imputado en causas judiciales. Su primera acusación fue en Posadas, en 2007, cuando una joven identificada como Romina Vega (29) falleció luego de una liposucción en una clínica de calle Córdoba, casi Colón.

Lotocki fue denunciado en esa ocasión, pero luego la Justicia misionera dispuso su sobreseimiento por falta de mérito.

Después de allí, comenzó a recibir acusaciones desde diversas partes del país. La última se dio en abril de este año, cuando incluso fue detenido.

Esa causa se inició tras las muerte de Cristian Zárate, un paciente de 50 años que falleció de una intervención con Lotocki en una clínica del barrio porteño de Caballito.

En diálogo con Clarín, el abogado que representa a la familia de la víctima, Mario Lizardo, señaló que Zárate ingresó a la clínica “por una hernia hiatal y Lotocki le dijo que de paso lo operaba con una liposucción la papada y el abdomen. Se descompensó y en la clínica no tenían los elementos suficientes para intubarlo, ya que tenía falta de oxígeno. Tampoco tenían lo necesario para una reanimación, llamaron a una ambulancia y antes de que llegue falleció”.

Por ese hecho el implicado fue imputado por el delito de homicidio culposo y la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal porteña le concedió la excarcelación al considerar que no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. También le impusieron una fianza de 5 millones de pesos.

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La jueza de ejecución penal María Jimena Monsalvel autorizó a un preso de la cárcel de Devoto a realizar teletrabajo para una empresa privada, y dispuso que el Servicio Penitenciario le conecte internet y línea telefónica.

Según la información hecha pública por los tribunales, la decisión judicial llegó tras un pedido de la Unidad de Letrados Móviles de la Defensoría General de la Nación (DGN).

El recluso, de quien no se informó la identidad, trabajará en relación de dependencia para la empresa editorial “IJ International Legal Group”.

“Se trata de un caso sumamente excepcional, en el que un actor privado pretende colaborar con el proceso de reinserción social de un detenido, brindándole una herramienta fundamental como lo es un trabajo remunerado”, señaló el Ministerio Público en un comunicado.

El parte señala que “ahora el Servicio Penitenciario Federal (SPF) deberá suministrar al condenado una conexión de internet estable y coordinar con el personal de la empresa la entrega de las herramientas para las labores” (computadora y teléfono fijo) y “habilitar un día para que el detenido reciba la capacitación necesaria y asignarle un lugar adecuado para realizar el trabajo”.

Según se argumentó, la magistrada obró en sintonía con las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos, conocidas como “Reglas Mandela”, sobre la posibilidad de trabajar de los detenidos.

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El ex presidente Mauricio Macri fue procesado como autor de espionaje ilegal contra familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, por el juez federal de Dolores, Martín Bava.

El magistrado le prohibió al líder de Juntos por el Cambio (JxC) salir del país. La medida comenzará a regir cuando el ex mandatario pise suelo argentino, ya que realizó un viaje a Chile, donde fue recibido por el presidente Sebastián Piñera.

Además, el juez federal le impuso un embargo sobre sus bienes por la suma de 100 millones de pesos.

En el fallo que se dio a conocer hoy, Bava consideró, luego de analizar las pruebas y tomarle declaración al ex funcionario, “penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal”.

Asimismo, señaló que Macri fue responsable de “haber posibilitado, generado las condiciones, acumulado información, hacer uso y no haber dispuesto el cese de la realización de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520”, a través de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su mandato, a familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan.

“Esas acciones (de espionaje) buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento del referido submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes y los reclamos que realizarían”, señaló el juez en el fallo.

Además, el magistrado federal argumentó que “todas estas tareas de inteligencia ilegal no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional”.

La investigación sobre las escuchas ilegales que habría realizado el ex presidente de la Nación, entre diciembre del año 2017 y finales del año 2018, comenzó en septiembre del año pasado a raíz de la denuncia de la titular de la Administración Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño.

El submarino ARA San Juan se hundió el 15 de noviembre del 2017 con 44 tripulantes a bordo, entre quienes se encontraban los misioneros Eliana María Krawczyk, la primera submarinista de Latinoamérica, y el cabo principal Jorge Isabelino Ortiz, oriundo de Posadas.

Fuente: Telam

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