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Jueza federal apuntó contra Vidal y Ritondo por entorpecer causas narco

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La jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fiscal Alberto Nisman, se metió de lleno en la interna de Juntos por el Cambio (JxC), luego de que la ex diputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, provocara un tsunami con sus acusaciones contra sus aliados.

Arroyo Salgado denunció que el macrismo operó para apartarla de una causa por narcotráfico que investigaba los vínculos de un fiscal y al menos 40 policías bonaerenses, abogados y funcionarios judiciales con el comercio de drogas.

La ex esposa de Nisman, cargó contra el jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, y aspirante a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Cristián Ritondo, que fue uno de los blancos de Carrió hace una semana.

En el canal LN+, la jueza apuntó a la gestión de Ritondo como ministro de Seguridad de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

“Investigo, avanzo, llego a la detención y procesamiento con preventiva de funcionarios policiales que debían investigar al narcotráfico pero que eran socios del narcotráfico y ahí me recusan”, narró Arroyo Salgado.

Contó que “dos letrados con aceitados contactos políticos” fueron los que pidieron que se la apartara de la causa.

“Uno de ellos había sido funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal”, afirmó la jueza, en referencia a Marcelo D’Angelo, ex asesor de Ritondo en el Ministerio de Seguridad bonaerense, entre 2015 y 2019.

El fiscal narco

El principal imputado en la causa de la que fue apartada Arroyo Salgado, fue el fiscal de San Isidro Claudio Scapolán, señalado como jefe de una banda integrada por policías de la Delegación San Isidro, de Investigaciones Complejas y Tráficos de Drogas Ilícitas.

Scapolán, fue imputado por coimas y quedarse droga de los operativos, cuando se desempeñaba al frente de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Investigaciones Complejas de San Martín, disuelta en 2016.

D’Angelo, el que recusó a la jueza, era abogado de uno de los imputados, el funcionario judicial Maximiliano Jarisch, quien pidió el apartamiento de Arroyo Salgado por considerar que incurrió en “la pérdida de imparcialidad”.

Jarisch era secretario del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro, conducida por Scapolan, y había estado con prisión preventiva en el marco de la causa dictada por la jueza Arroyo Salgado, aunque luego fue excarcelado por falta de mérito tras una apelación.

La jueza contó que fue el camarista Mariano Borinski, de la Cámara de Casación, que “con un pronunciamiento inédito, declaró la nulidad de la resolución que me había confirmado a cargo de la investigación”.

“Hubo en el interín comentarios de distinto tenor tratando de echar un manto de sospecha del quehacer judicial, diciendo que había un lobby de la política, del massismo, de Malena Galmarini en la Cámara de San Martín, que a mí no me consta”, dijo Arroyo Salgado.

En el final de la entrevista, la ex esposa del fiscal Nisman, volvió a apuntar contra el diputado nacional del PRO, vinculándolo con su apartamiento en otra causa, seis meses después, que involucraba con lavado de dinero a Marcelo Rocchetti, que había sido jefe de Gabinete de Ritondo en su época de ministro.

 

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La Justicia instó al gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

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La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.

Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.

De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.

Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.

En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.

El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial

Impacto en Misiones

Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.

Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.  

Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes

 

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Cautelar a favor de la CGT suspende 82 artículos de la reforma laboral

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La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.

La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.

Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.

La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.

El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.

Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.

Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26

El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

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Santa Fe: alumno fue armado a la escuela, mató a un compañero e hirió a dos

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Una fuerte conmoción sacude a la provincia de Santa Fe tras un violento episodio ocurrido este lunes por la mañana en la ciudad de San Cristóbal, donde un estudiante de 15 años ingresó armado a un establecimiento educativo y efectuó disparos contra otros alumnos, provocando la muerte de un adolescente de 13 años e hiriendo a otros dos menores.

El hecho se registró alrededor de las 7.15 en la Escuela N° 40 Mariano Moreno, cuando los estudiantes se encontraban reunidos en el patio interno aguardando el inicio de la jornada escolar y el izamiento de la bandera. Según las primeras reconstrucciones, el agresor extrajo un arma de fuego que llevaba en su mochila y abrió fuego de manera repentina contra sus compañeros.

Como consecuencia del ataque, un alumno de 13 años murió en el lugar tras recibir un disparo, mientras que otros dos estudiantes resultaron heridos por perdigones y fueron trasladados a un centro de salud de la zona para recibir atención médica.

El atacante fue reducido y quedó a disposición de la Justicia de Menores, mientras personal policial y peritos trabajaban dentro del establecimiento para determinar las circunstancias del hecho, el tipo de arma utilizada y cómo el adolescente logró ingresar armado al colegio.

Desde el municipio local confirmaron que, tras el episodio, se suspendieron las actividades escolares y se dispuso asistencia psicológica para alumnos, docentes y familiares afectados por lo ocurrido. La investigación permanece en curso y no se informó todavía cuál habría sido el motivo del ataque.

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