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Jueza federal apuntó contra Vidal y Ritondo por entorpecer causas narco
La jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fiscal Alberto Nisman, se metió de lleno en la interna de Juntos por el Cambio (JxC), luego de que la ex diputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, provocara un tsunami con sus acusaciones contra sus aliados.
Arroyo Salgado denunció que el macrismo operó para apartarla de una causa por narcotráfico que investigaba los vínculos de un fiscal y al menos 40 policías bonaerenses, abogados y funcionarios judiciales con el comercio de drogas.
La ex esposa de Nisman, cargó contra el jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, y aspirante a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Cristián Ritondo, que fue uno de los blancos de Carrió hace una semana.
En el canal LN+, la jueza apuntó a la gestión de Ritondo como ministro de Seguridad de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.
“Investigo, avanzo, llego a la detención y procesamiento con preventiva de funcionarios policiales que debían investigar al narcotráfico pero que eran socios del narcotráfico y ahí me recusan”, narró Arroyo Salgado.
Contó que “dos letrados con aceitados contactos políticos” fueron los que pidieron que se la apartara de la causa.
“Uno de ellos había sido funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal”, afirmó la jueza, en referencia a Marcelo D’Angelo, ex asesor de Ritondo en el Ministerio de Seguridad bonaerense, entre 2015 y 2019.
El fiscal narco
El principal imputado en la causa de la que fue apartada Arroyo Salgado, fue el fiscal de San Isidro Claudio Scapolán, señalado como jefe de una banda integrada por policías de la Delegación San Isidro, de Investigaciones Complejas y Tráficos de Drogas Ilícitas.
Scapolán, fue imputado por coimas y quedarse droga de los operativos, cuando se desempeñaba al frente de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Investigaciones Complejas de San Martín, disuelta en 2016.
D’Angelo, el que recusó a la jueza, era abogado de uno de los imputados, el funcionario judicial Maximiliano Jarisch, quien pidió el apartamiento de Arroyo Salgado por considerar que incurrió en “la pérdida de imparcialidad”.
Jarisch era secretario del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro, conducida por Scapolan, y había estado con prisión preventiva en el marco de la causa dictada por la jueza Arroyo Salgado, aunque luego fue excarcelado por falta de mérito tras una apelación.
La jueza contó que fue el camarista Mariano Borinski, de la Cámara de Casación, que “con un pronunciamiento inédito, declaró la nulidad de la resolución que me había confirmado a cargo de la investigación”.
“Hubo en el interín comentarios de distinto tenor tratando de echar un manto de sospecha del quehacer judicial, diciendo que había un lobby de la política, del massismo, de Malena Galmarini en la Cámara de San Martín, que a mí no me consta”, dijo Arroyo Salgado.
En el final de la entrevista, la ex esposa del fiscal Nisman, volvió a apuntar contra el diputado nacional del PRO, vinculándolo con su apartamiento en otra causa, seis meses después, que involucraba con lavado de dinero a Marcelo Rocchetti, que había sido jefe de Gabinete de Ritondo en su época de ministro.
El presidente Javier Milei promulgó las leyes de Emergencia Pediátrica (Garrahan) y de Financiamiento Universitario y suspendió su ejecución hasta tanto el Honorable Congreso de la Nación “determine las fuentes de su financiamiento”.
Tal como ocurrió con la Emergencia en Discapacidad, el gobierno nacional decidió suspender la aplicación de las legislaciones y las devolvió al Congreso para que los legisladores asignen fondos específicos en el presupuesto nacional del 2026.
La Ley 27.795 establece un nuevo régimen de financiamiento para las casas de estudios públicas del país, como también la recomposición salarial del personal docente y no docente, y la Ley 27.796 declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud en Argentina por un año.
En el Boletín Oficial de la Nación de este martes, ambas legislaciones fueron promulgadas y suspendidas en su aplicación, al igual que sucedió hace un mes con la ley de Emergencia en Discapacidad.
En ambos decretos, el gobierno enfatiza que el Congreso de la Nación no especificó de manera fehaciente la fuente de financiamiento para las erogaciones que implican las leyes, incumpliendo lo dispuesto por la Ley 24.156.
Cabe recordar que el 4 septiembre, el presidente Javier Milei había vetado las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario argumentando que generaban un desequilibrio fiscal que atentaba contra la estabilidad macroeconómica.
Los vetos del presidente fueron rechazados por las dos Cámaras del Congreso de la Nación y por ello el Ejecutivo decidió ahora postergar la aplicación de las legislaciones.
La marcha universitaria llenó calles en Posadas, Oberá y Eldorado
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que la inflación correspondiente al noveno mes del año fue 2,1%, cifra sobre la que se pudo observar un leve aumento respecto a lo registrado en agosto, cuando fue de 1,9%.
De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza del 22% en los primeros nueve meses del año, y de 31,8% en el balance interanual.
El incremento estuvo motorizado por las divisiones de Vivienda, agua, electricidad, gas, otros combustibles y educación (3,1%) y Transporte con 3%.
Un escalón por debajo Salud con 2,3%; luego Comunicación con 2,2% y Bienes y servicios varios con 2,1%. El resto de los rubros quedaron por debajo del nivel general, Alimentos y bebidas no alcohólicas -de mayor incidencia- con 1,9%.
Del lado opuesto, los que menos subieron fueron Recreación y cultura con 1,3% y Restaurantes y hoteles, con apenas un 1,1%, lo que podría indicar una retracción en el consumo en ese sector. A este último apartado se sumaron Recreación y cultura (1,3%) y Restaurantes y hoteles (1,1%).
Sin embargo, la inflación tuvo diferencias considerables por regiones. En la Patagonia el alza de precios fue de 2,4%, seguida por Noroeste y Cuyo con 2,2%. Luego Gran Buenos Aires (GBA) se mantuvo en el nivel general y la Pampeana por debajo con 2% y Noreste en 1,8%.
#DatoINDEC
Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,1% en septiembre de 2025 respecto de agosto y acumularon un alza de 22% en los últimos nueve meses https://t.co/z8pxJaAazE pic.twitter.com/y0Z0iK1oVJ— INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 14, 2025
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer hoy el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al octavo mes del año, el cual se ubicó en 1,9%, al igual que en julio.
Simultáneamente, los precios acumularon un alza de 19,5% en los primeros ocho meses, mientras que el incremento interanual alcanzó el 33,6%.
En cuanto a las subas más pronunciadas en agosto, en primer lugar se ubica la categoría Transporte con un 3,6%, por la suba en Adquisición de vehículos y en Combustibles, seguida de Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%).
Caso contrario sucedió con Prendas de vestir y calzado (-0,3%) y Recreación y cultura (0,5%), cuyas categorías registraron los menores incrementos.
A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,7%) lideraron la suba, seguidos de IPC núcleo (2,0%) y Estacionales (-0,8%).
#DatoINDEC
Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 1,9% en agosto de 2025 respecto de julio y 33,6% interanual. Acumularon un alza de 19,5% en los últimos ocho meses https://t.co/n0T9fC8fSg pic.twitter.com/CsWQYLNyj6— INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 10, 2025
Repercusiones
Con estos resultados, la inflación de agosto se ubicó por debajo de lo esperado, ya que la mayoría de los pronósticos de consultoras privadas y analistas, calcularon el IPC de agosto en un rango de entre 1,8% a 2,2%.
Además, según el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA), los analistas corrigieron su estimación e indicaron que el IPC sería de 2,1%.
La inflación fue de 1,9% en julio y acumula 36,6% en los últimos doce meses
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