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Diputados sancionó ley que crea industria del cáñamo y cannabis medicinal

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La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores de cannabis medicinal, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena.

El proyecto obtuvo un amplio respaldo de parte de legisladores de los distintos bloques, y se aprobó con 155 votos a favor, 56 en contra, y 19 abstenciones.

El objetivo es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del producto.

En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.

Como miembro informante, la diputada Mara Brawer, del Frente de Todos (FdT), destacó las propiedades del cannabis medicinal, y las posibilidades económicas que se abren a partir de la industrialización de la planta.

“Hay más de 25 mil productos que están reconocidos en el mundo, por eso es tan importante esta ley, hoy nace una nueva industria en Argentina”, afirmó.

Nuevos empleos

El proyecto crea la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Arriccame), que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva, y funcionará bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo.

“Con esta ley, se amplía y diversifica la matriz productiva nacional. Con esta ley ganamos todas y todos”, expresó, en tal sentido, el ministro de la cartera, Matías Kulfas, en un hilo de tuits publicado inmediatamente después de la sesión que dio media sanción al proyecto.

Kulfas remarcó que con esta ley “nace una nueva industria en la Argentina” porque ahora el país tiene una “industria nacional de cáñamo y cannabis medicinal”, que “permitirá la creación de 10.000 puestos de trabajo en muy poco tiempo”.

“Agradezco a las y los diputados por convertir en ley uno de los proyectos productivos que impulsamos desde @produccion_arg”, escribió el ministro en su cuenta de Twitter.

Kulfas explicó que el Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal, que crea la ley, estará integrado por un representante de la Nación, uno por cada provincia y uno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), que “cumplirán sus funciones de manera honoraria”.

En contra, pero a favor

Pese al abrumador apoyo que obtuvo en el recinto, la discusión del proyecto no estuvo exenta de polémica.

Los mayores cuestionamientos provinieron de legisladores de Juntos por el Cambio (JxC), aunque vale decir que en los números finales la oposición votó muy dividida.

Las críticas apuntaron, específicamente, a la superestructura que se crea en el marco de la ley, con los organismos reguladores de la actividad y los procedimientos administrativos y técnicos en toda la cadena de producción.

La posición de algunos legisladores de JxC rozaron el contrasentido de celebrar la inauguración de un nuevo nicho económico, y al mismo tiempo votar en contra, como las diputada Jimena Latorre, de la Unión Cívica Radical (UCR); Graciela Ocaña, del PRO, y la misionera Florencia Klipauka, del partido Activar, entre otros.

“Celebro la creación de una industria porque considero que el trabajo es la herramienta principal para reducir la pobreza. El camino siempre es producir más y generar trabajo de calidad”, escribió Klipauka en un hilo de Twitter donde colgó sus argumentos, en la misma línea que sus colegas.

“Pero este proyecto no tiene como objeto generar trabajo, como nos quieren hacer creer. Ni tampoco tiene nada que ver con la posibilidad de utilizar cannabis medicinal, algo con lo que estoy completamente de acuerdo”, continúo.

La legisladora puertista afirmó que “como suele ocurrir con muchos proyectos del oficialismo”, esta ley de cannabis fallará “ya que apela a generar más burocracia estatal”.

“El texto sancionado por la Cámara de Diputados crea un nuevo organismo con cargos de alta jerarquía”, apuntó en referencia a la Agencia Reguladora que funcionará en la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo.

“¿Alguien puede pensar que en este momento de la Argentina necesitamos seguir agrandando el Estado?”, preguntó.

“Crear una agencia con cinco cargos de alto rango designados por el Poder Ejecutivo Nacional, pasando por encima la autonomía de las provincias, no es el camino. Por esto voté en contra”, argumentó.

Insignificancias

Desde el oficialismo, fue el mismo Kulfas quien salió a rechazar la batería de argumentos de la oposición contra lo que consideran un “aparato burocrático de magnitud”, que acarreará “enorme gasto”.

“Para hacerlo bien, para tener estándares de calidad y, según hemos estudiado de experiencias internacionales, conviene tener una agencia, lo cual va a simplificar la burocracia porque van a estar todas las áreas del Gobierno involucradas en el mismo lugar, con una ventanilla única para trabajar las licencias que se soliciten y controlar que existan las condiciones adecuadas de calidad”, les contestó el ministro.

Kulfas sostuvo que lo que la oposición llama “enorme gasto”, es “insignificante al lado de todo lo que se va a generar de actividad económica y de impuestos que se van a pagar”.


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Intiman a Estado nacional a responder por ley de derechos al pueblo guaraní

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Intiman a Estado nacional a responder por ley de derechos al pueblo guaraní

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció un plazo de tres meses para que el gobierno Nacional realice un descargo por la denuncia de violación a los derechos humanos presentada ante el organismo por un total de 46 comunidades mbya guaraní de Misiones.

El abogado Julio García, integrante del grupo misionero del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), dio una conferencia de prensa hoy frente a la Casa de Gobierno y explicó que la presentación de las comunidades guaraníes ante el organismo internacional es en base al incumplimiento del gobierno provincial a lo establecido en la Ley 4000, sancionada en el año 2003.

Dicha la ley incorpora a la Constitución de la provincia de Misiones los derechos de los pueblos mbya guaraní reconociéndolos como preexistentes y como segunda etapa preveía que el Poder Ejecutivo debía convocar a un plebiscito de “sufragio afirmativo del pueblo” para que los ciudadanos se pronuncien por Si o por No respecto a la incorporación de la enmienda al texto constitucional, procedimiento que nunca fue realizado y derivó en un proceso judicial.

“Esta ley de enmienda, que fue aprobada por unanimidad, requería un paso posterior que era la consulta al pueblo que debía ser realizada por el Poder Ejecutivo o por el gobierno de Misiones. Esta segunda etapa no se llevó adelante, no hubo plebiscito y no se incorporaron los derechos de los pueblos indígenas”, detalló el letrado en diálogo con los medios.

En esa línea, García explicó que “esto llevo a una serie de reclamos primero administrativo y después ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones. Ese reclamo demoró prácticamente diez años y a fines del 2021 se dictó una sentencia que no hizo lugar al planteo de la convocatoria al plebiscito”.

Tras el rechazo de la Justicia misionera, Endepa presentó el reclamo de las comunidades ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y el máximo órgano judicial del país contestó que “era una cuestión local”.

“Nos quedó como única alternativa acudir al sistema internacional de protección de derechos humanos asistiendo a las comunidades indígenas y la Comisión Interamericana se interesó por el caso”, expresó el representante de las 46 comunidades.

Es así que el organismo interamericano corrió traslado al gobierno nacional y dispuso un plazo de tres meses, vigente desde diciembre, para responder los planteos de las 46 comunidades indígenas ante el organismo.

Sobre ello, el abogado Julio García dijo a La Voz de Misiones que “técnicamente se intimó al Estado nacional, pero quien tiene que responder de acuerdo a una cláusula federal que tiene la Comisión Interamericana es el Estado provincial, no se puede desligar de su responsabilidad del caso”.

El letrado cerró la conferencia en la plaza 9 de Julio añadiendo que: “Es un plazo para que la provincia haga el descargo a esta denuncia de violación de derechos políticos, de derechos a la participación, a la igualdad, a la no discriminación, básicamente lo que establece la Constitución para cualquier grupo humano, le fue vedado a las comunidades mbya”.

Reparación histórica

Hace más de 20 años, las comunidades mbya guaraní que habitan el territorio misionero luchan para que sus derechos sean reconocidos en la Constitución de la Provincia de Misiones.

Al reconocer la preexistencia étnica y cultural del pueblo indígena, se garantizaría el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, a ser impartida, preferentemente, por docentes y auxiliares indígenas. Así como también la personería jurídica de sus comunidades y organizaciones, el derecho a la participación plena, a través de sus representantes, en la gestión de sus recursos naturales, el derecho de usar, mantener, desarrollar y administrar servicios propios de salud.

Además de reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.

 

Foto: archivo Misiones Online.


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El gobierno anunció el cierre definitivo del Inadi

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En su habitual conferencia de prensa esta mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

“Uno de los ideales del presidente Milei es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos”, arrojó el vocero ante los periodistas en la Casa Rosada.

En esa línea, Adorni continuó: “Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante y el primero de ellos va a ser el Inadi”.

Con la sanción de la Ley 24515 en 1995 se creó el Inadi. Dos años más tarde, en 1997, el instituto inició sus funciones con el objetivo de elaborar políticas para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo en todo el territorio nacional.

Actualmente, el organismo nacional se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia con la dirección de María Greta Pena, funcionaria nombrada por Alberto Fernández tras la renuncia Victoria Donda.

El vocero presidencial sostuvo que se iniciaron las actuaciones administrativas para su cierre, aunque no confirmó si el proceso se realizará por decreto o a través de un proyecto de ley.

En Misiones, el delegado del Inadi es el docente Jorge Víctor Ríos, quien asumió el cargo en abril del año pasado tras la salida de Silvia Risko.


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El gobierno aumentó a $70.000 la asignación de ayuda escolar anual

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ayuda escolar

El presidente Javier Milei firmó este viernes un decreto mediante el cual incrementó en un 311% la asignación de ayuda escolar anual para la educación desde el nivel inicial hasta el secundario, elevando de esta manera el beneficio de $17.000 a $70.000.

La mencionada ayuda escolar se trata de un beneficio otorgado a través de Anses a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados como así también beneficiarios de la AUH con hijos en edad escolar.

La asignación generalmente se cobra en marzo y sirve como una asistencia para los gastos que derivan del inicio del ciclo lectivo.

De acuerdo a un comunicado del Ministerio de Capital Humano encabezado por Sandra Pettovello, la medida alcanzará a unos 7,3 millones niños escolarizados desde nivel inicial hasta secundaria. Con el incremento dispuesto, el monto a cobrar pasará entonces de los $17.318 actuales a $70.000.

El decreto señala que el aumento se debe a que el país “se encuentra atravesando una situación de inédita gravedad, generadora de profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y económico”.

¿Quiénes pueden solicitar la Ayuda Escolar?

Pueden solicitar la Ayuda Escolar las familias que reciben una Asignación Familiar o Universal, que tengan hijos a partir de los 45 días y hasta el mes que cumplan 18 años y que concurran a la escuela, ya sea nivel inicial, primario o secundario/polimodal. Es sin límite de edad en caso de que tengan hijos con discapacidad que reciban una educación especial, concurran a talleres protegidos, centros de rehabilitación o que reciban el apoyo de maestros particulares matriculados.

Tope máximo de ingreso del grupo familiar $ 3.960.000.- (bruto)

Tope máximo de cada integrante del grupo familiar $ 1.980.000.- (bruto)

¿Cómo solicito la Ayuda Escolar?

Se solicita ingresando al sitio web Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Eligiendo la opción Hijos > Presentar un certificado escolar para generar el formulario para cada uno de tus hijos.

Una vez impreso, se deberá llevar el formulario a la escuela para que la institución complete todos los datos y la firme. Luego se deberá sacar una foto y subirla a Mi ANSES Para cobrar la Ayuda Escolar todos los años es necesario acreditar la escolaridad de los hijos antes del 31 de diciembre.


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