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Diputados sancionó ley que crea industria del cáñamo y cannabis medicinal

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La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores de cannabis medicinal, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena.

El proyecto obtuvo un amplio respaldo de parte de legisladores de los distintos bloques, y se aprobó con 155 votos a favor, 56 en contra, y 19 abstenciones.

El objetivo es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del producto.

En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.

Como miembro informante, la diputada Mara Brawer, del Frente de Todos (FdT), destacó las propiedades del cannabis medicinal, y las posibilidades económicas que se abren a partir de la industrialización de la planta.

“Hay más de 25 mil productos que están reconocidos en el mundo, por eso es tan importante esta ley, hoy nace una nueva industria en Argentina”, afirmó.

Nuevos empleos

El proyecto crea la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Arriccame), que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva, y funcionará bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo.

“Con esta ley, se amplía y diversifica la matriz productiva nacional. Con esta ley ganamos todas y todos”, expresó, en tal sentido, el ministro de la cartera, Matías Kulfas, en un hilo de tuits publicado inmediatamente después de la sesión que dio media sanción al proyecto.

Kulfas remarcó que con esta ley “nace una nueva industria en la Argentina” porque ahora el país tiene una “industria nacional de cáñamo y cannabis medicinal”, que “permitirá la creación de 10.000 puestos de trabajo en muy poco tiempo”.

“Agradezco a las y los diputados por convertir en ley uno de los proyectos productivos que impulsamos desde @produccion_arg”, escribió el ministro en su cuenta de Twitter.

Kulfas explicó que el Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal, que crea la ley, estará integrado por un representante de la Nación, uno por cada provincia y uno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), que “cumplirán sus funciones de manera honoraria”.

En contra, pero a favor

Pese al abrumador apoyo que obtuvo en el recinto, la discusión del proyecto no estuvo exenta de polémica.

Los mayores cuestionamientos provinieron de legisladores de Juntos por el Cambio (JxC), aunque vale decir que en los números finales la oposición votó muy dividida.

Las críticas apuntaron, específicamente, a la superestructura que se crea en el marco de la ley, con los organismos reguladores de la actividad y los procedimientos administrativos y técnicos en toda la cadena de producción.

La posición de algunos legisladores de JxC rozaron el contrasentido de celebrar la inauguración de un nuevo nicho económico, y al mismo tiempo votar en contra, como las diputada Jimena Latorre, de la Unión Cívica Radical (UCR); Graciela Ocaña, del PRO, y la misionera Florencia Klipauka, del partido Activar, entre otros.

“Celebro la creación de una industria porque considero que el trabajo es la herramienta principal para reducir la pobreza. El camino siempre es producir más y generar trabajo de calidad”, escribió Klipauka en un hilo de Twitter donde colgó sus argumentos, en la misma línea que sus colegas.

“Pero este proyecto no tiene como objeto generar trabajo, como nos quieren hacer creer. Ni tampoco tiene nada que ver con la posibilidad de utilizar cannabis medicinal, algo con lo que estoy completamente de acuerdo”, continúo.

La legisladora puertista afirmó que “como suele ocurrir con muchos proyectos del oficialismo”, esta ley de cannabis fallará “ya que apela a generar más burocracia estatal”.

“El texto sancionado por la Cámara de Diputados crea un nuevo organismo con cargos de alta jerarquía”, apuntó en referencia a la Agencia Reguladora que funcionará en la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo.

“¿Alguien puede pensar que en este momento de la Argentina necesitamos seguir agrandando el Estado?”, preguntó.

“Crear una agencia con cinco cargos de alto rango designados por el Poder Ejecutivo Nacional, pasando por encima la autonomía de las provincias, no es el camino. Por esto voté en contra”, argumentó.

Insignificancias

Desde el oficialismo, fue el mismo Kulfas quien salió a rechazar la batería de argumentos de la oposición contra lo que consideran un “aparato burocrático de magnitud”, que acarreará “enorme gasto”.

“Para hacerlo bien, para tener estándares de calidad y, según hemos estudiado de experiencias internacionales, conviene tener una agencia, lo cual va a simplificar la burocracia porque van a estar todas las áreas del Gobierno involucradas en el mismo lugar, con una ventanilla única para trabajar las licencias que se soliciten y controlar que existan las condiciones adecuadas de calidad”, les contestó el ministro.

Kulfas sostuvo que lo que la oposición llama “enorme gasto”, es “insignificante al lado de todo lo que se va a generar de actividad económica y de impuestos que se van a pagar”.

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

A una semana de la sanción en el Congreso de la Nación, el gobierno promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral y los cambios comienzan a regir a partir de hoy.

El Poder Ejecutivo puso en vigencia la Ley 27.802, a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 137/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

La norma, compuesta por 25 capítulos, introduce cambios en las relaciones de trabajo, principalmente, en indemnizaciones, salarios, vacaciones, jornada laboral, derechos sindicales y flexibiliza las condiciones de contratación.

Sobre las indemnizaciones, la Ley reduce la base de cálculo y deja de considerar dentro de las mismas vacaciones, aguinaldo, propinas o premios. Quedará un tope salarial como base de remunerativa, que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. De esta manera, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3%. También habilita a las Pymes el pago en cuotas.

Los salarios podrán abonarse en dinero -en moneda nacional o extranjera- o en especie, mediante provisión de habitación o alimentos. Además, se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que podrá ser acordado en convenios colectivos, regionales o por empresa, y contemplarse como una retribución vinculada al mérito personal del trabajador o a su productividad.

Según la norma, el empleador deberá otorgar las vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque las partes podrán acordar tomarlas fuera de ese período. También se prevé que empleador y trabajador puedan convenir el fraccionamiento de las vacaciones con una antelación no menor a 30 días, con períodos mínimos de siete días.

En relación con las horas extras y el banco de horas, el artículo 197 bis incorporado establece que el empleador y trabajadores “podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias”, el cual deberá formalizarse por escrito.

El texto señala, además, que “dicho régimen deberá respetar los descansos mínimos legales, asegurando en todo momento la protección, beneficio e interés del trabajador”.

Asimismo, la reforma establece porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas según la actividad: los servicios esenciales deberán garantizar una cobertura del 75% y los considerados trascendentales, del 50%. Además, amplía las actividades alcanzadas y dispone que, tras una conciliación obligatoria, los sindicatos presenten con anticipación el plan de la medida de fuerza. También establece que las asambleas de trabajadores deberán contar con autorización previa del empleador.

La nueva legislación aclara que sus disposiciones no alcanzan a empleados de la administración pública nacional o provincial, personal de casas particulares, trabajadores agrarios, prestadores independientes de plataformas tecnológicas ni a contratistas regidos por el Código Civil y Comercial, salvo que una norma específica los incluya.

La Reforma Laboral es ley: senadores misioneros votaron a favor

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Paro nacional universitario por 96 horas en reclamo de ley de financiamiento

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La Conadu Histórica, convocó a un paro nacional por 96 horas, desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 20, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación y vetada posteriormente por el presidente Javier Milei.

Sin embargo, los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) proponen que el cese de actividades sea “por tiempo indeterminado”, hasta que se aplique la ley y se concrete el pago de un aumento del 51% adeudado por la recomposición salarial.

De todas maneras, la medida será ejecutada conjuntamente el 16, en tanto, el día 20 se concretará una nueva asamblea general para evaluar los pasos a seguir. Mientras tanto, el gobierno nacional presentó un nuevo proyecto de ley, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó la ley original.

En ese sentido, los universitarios plantean que la nueva maniobra oficialista busca “no acatar la Ley”, ya que “es una modificación que desconoce la deuda y nos da un aumento del 12%, en lugar del 51% adeudado y encima en tres cuotas a pagar hasta octubre de 2026”, expresó Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA en diálogo con Noticias Argentinas.

En ese contexto, planean convocar a una marcha federal antes del tratamiento de la modificación en el Congreso.

Milei suspendió ejecución de las leyes Garrahan y financiamiento universitario

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Renunció Cúneo Libarona y lo reemplazará Juan Mahiques como ministro de Justicia

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El fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y titular de la Asociación Internacional de Fiscales, Juan Bautista Mahiques, dará el salto al Poder Ejecutivo tras la salida de Mariano Cúneo Libarona, según anunció el propio presidente Javier Milei.

Esta mañana alrededor de las 10, el mandatario argentino recibió al ministro de Justicia saliente, Mariano Cúneo Libarona, para resolver la conducción de la cartera luego de varios intentos del abogado mediático por renunciar al cargo, lo que finalmente se concretó este mediodía. 

Si bien en la danza de nombres para el reemplazo figuraba el ex intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro y el fiscal federal Carlos Stornelli, el presidente anunció a través de su cuenta de X la designación de Mahiques, quien inmediatamente expresó su agradecimiento por nombrarlo en esa cartera y enfatizó que “sin Justicia no hay futuro posible”.

Por su parte, el nuevo ministro de Justicia, hasta ahora fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, expresó: “Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”. 

Para el flamante funcionario, “ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”.

Asimismo, agradeció también a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, “por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”.

El responsable de Justicia también manifestó su “reconocimiento” a la labor de Cúneo Libarona “quien se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza”.  

“La Argentina -recalcó- necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual”.

Finalmente destacó: “Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República”.

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