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La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores de cannabis medicinal, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena.
El proyecto obtuvo un amplio respaldo de parte de legisladores de los distintos bloques, y se aprobó con 155 votos a favor, 56 en contra, y 19 abstenciones.
El objetivo es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del producto.
En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.
Como miembro informante, la diputada Mara Brawer, del Frente de Todos (FdT), destacó las propiedades del cannabis medicinal, y las posibilidades económicas que se abren a partir de la industrialización de la planta.
“Hay más de 25 mil productos que están reconocidos en el mundo, por eso es tan importante esta ley, hoy nace una nueva industria en Argentina”, afirmó.
El proyecto crea la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Arriccame), que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva, y funcionará bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo.
"Con esta ley, se amplía y diversifica la matriz productiva nacional. Con esta ley ganamos todas y todos", expresó, en tal sentido, el ministro de la cartera, Matías Kulfas, en un hilo de tuits publicado inmediatamente después de la sesión que dio media sanción al proyecto.
Kulfas remarcó que con esta ley "nace una nueva industria en la Argentina" porque ahora el país tiene una "industria nacional de cáñamo y cannabis medicinal", que "permitirá la creación de 10.000 puestos de trabajo en muy poco tiempo".
"Agradezco a las y los diputados por convertir en ley uno de los proyectos productivos que impulsamos desde @produccion_arg", escribió el ministro en su cuenta de Twitter.
Kulfas explicó que el Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal, que crea la ley, estará integrado por un representante de la Nación, uno por cada provincia y uno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), que “cumplirán sus funciones de manera honoraria".
Pese al abrumador apoyo que obtuvo en el recinto, la discusión del proyecto no estuvo exenta de polémica.
Los mayores cuestionamientos provinieron de legisladores de Juntos por el Cambio (JxC), aunque vale decir que en los números finales la oposición votó muy dividida.
Las críticas apuntaron, específicamente, a la superestructura que se crea en el marco de la ley, con los organismos reguladores de la actividad y los procedimientos administrativos y técnicos en toda la cadena de producción.
La posición de algunos legisladores de JxC rozaron el contrasentido de celebrar la inauguración de un nuevo nicho económico, y al mismo tiempo votar en contra, como las diputada Jimena Latorre, de la Unión Cívica Radical (UCR); Graciela Ocaña, del PRO, y la misionera Florencia Klipauka, del partido Activar, entre otros.
“Celebro la creación de una industria porque considero que el trabajo es la herramienta principal para reducir la pobreza. El camino siempre es producir más y generar trabajo de calidad”, escribió Klipauka en un hilo de Twitter donde colgó sus argumentos, en la misma línea que sus colegas.
“Pero este proyecto no tiene como objeto generar trabajo, como nos quieren hacer creer. Ni tampoco tiene nada que ver con la posibilidad de utilizar cannabis medicinal, algo con lo que estoy completamente de acuerdo”, continúo.
La legisladora puertista afirmó que “como suele ocurrir con muchos proyectos del oficialismo”, esta ley de cannabis fallará “ya que apela a generar más burocracia estatal”.
“El texto sancionado por la Cámara de Diputados crea un nuevo organismo con cargos de alta jerarquía”, apuntó en referencia a la Agencia Reguladora que funcionará en la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo.
“¿Alguien puede pensar que en este momento de la Argentina necesitamos seguir agrandando el Estado?”, preguntó.
“Crear una agencia con cinco cargos de alto rango designados por el Poder Ejecutivo Nacional, pasando por encima la autonomía de las provincias, no es el camino. Por esto voté en contra”, argumentó.
Desde el oficialismo, fue el mismo Kulfas quien salió a rechazar la batería de argumentos de la oposición contra lo que consideran un "aparato burocrático de magnitud”, que acarreará “enorme gasto”.
"Para hacerlo bien, para tener estándares de calidad y, según hemos estudiado de experiencias internacionales, conviene tener una agencia, lo cual va a simplificar la burocracia porque van a estar todas las áreas del Gobierno involucradas en el mismo lugar, con una ventanilla única para trabajar las licencias que se soliciten y controlar que existan las condiciones adecuadas de calidad", les contestó el ministro.
Kulfas sostuvo que lo que la oposición llama “enorme gasto”, es “insignificante al lado de todo lo que se va a generar de actividad económica y de impuestos que se van a pagar".
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores de cannabis medicinal, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena.
El proyecto obtuvo un amplio respaldo de parte de legisladores de los distintos bloques, y se aprobó con 155 votos a favor, 56 en contra, y 19 abstenciones.
El objetivo es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del producto.
En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.
Como miembro informante, la diputada Mara Brawer, del Frente de Todos (FdT), destacó las propiedades del cannabis medicinal, y las posibilidades económicas que se abren a partir de la industrialización de la planta.
“Hay más de 25 mil productos que están reconocidos en el mundo, por eso es tan importante esta ley, hoy nace una nueva industria en Argentina”, afirmó.
El proyecto crea la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Arriccame), que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva, y funcionará bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo.
"Con esta ley, se amplía y diversifica la matriz productiva nacional. Con esta ley ganamos todas y todos", expresó, en tal sentido, el ministro de la cartera, Matías Kulfas, en un hilo de tuits publicado inmediatamente después de la sesión que dio media sanción al proyecto.
Kulfas remarcó que con esta ley "nace una nueva industria en la Argentina" porque ahora el país tiene una "industria nacional de cáñamo y cannabis medicinal", que "permitirá la creación de 10.000 puestos de trabajo en muy poco tiempo".
"Agradezco a las y los diputados por convertir en ley uno de los proyectos productivos que impulsamos desde @produccion_arg", escribió el ministro en su cuenta de Twitter.
Kulfas explicó que el Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal, que crea la ley, estará integrado por un representante de la Nación, uno por cada provincia y uno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), que “cumplirán sus funciones de manera honoraria".
Pese al abrumador apoyo que obtuvo en el recinto, la discusión del proyecto no estuvo exenta de polémica.
Los mayores cuestionamientos provinieron de legisladores de Juntos por el Cambio (JxC), aunque vale decir que en los números finales la oposición votó muy dividida.
Las críticas apuntaron, específicamente, a la superestructura que se crea en el marco de la ley, con los organismos reguladores de la actividad y los procedimientos administrativos y técnicos en toda la cadena de producción.
La posición de algunos legisladores de JxC rozaron el contrasentido de celebrar la inauguración de un nuevo nicho económico, y al mismo tiempo votar en contra, como las diputada Jimena Latorre, de la Unión Cívica Radical (UCR); Graciela Ocaña, del PRO, y la misionera Florencia Klipauka, del partido Activar, entre otros.
“Celebro la creación de una industria porque considero que el trabajo es la herramienta principal para reducir la pobreza. El camino siempre es producir más y generar trabajo de calidad”, escribió Klipauka en un hilo de Twitter donde colgó sus argumentos, en la misma línea que sus colegas.
“Pero este proyecto no tiene como objeto generar trabajo, como nos quieren hacer creer. Ni tampoco tiene nada que ver con la posibilidad de utilizar cannabis medicinal, algo con lo que estoy completamente de acuerdo”, continúo.
La legisladora puertista afirmó que “como suele ocurrir con muchos proyectos del oficialismo”, esta ley de cannabis fallará “ya que apela a generar más burocracia estatal”.
“El texto sancionado por la Cámara de Diputados crea un nuevo organismo con cargos de alta jerarquía”, apuntó en referencia a la Agencia Reguladora que funcionará en la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo.
“¿Alguien puede pensar que en este momento de la Argentina necesitamos seguir agrandando el Estado?”, preguntó.
“Crear una agencia con cinco cargos de alto rango designados por el Poder Ejecutivo Nacional, pasando por encima la autonomía de las provincias, no es el camino. Por esto voté en contra”, argumentó.
Desde el oficialismo, fue el mismo Kulfas quien salió a rechazar la batería de argumentos de la oposición contra lo que consideran un "aparato burocrático de magnitud”, que acarreará “enorme gasto”.
"Para hacerlo bien, para tener estándares de calidad y, según hemos estudiado de experiencias internacionales, conviene tener una agencia, lo cual va a simplificar la burocracia porque van a estar todas las áreas del Gobierno involucradas en el mismo lugar, con una ventanilla única para trabajar las licencias que se soliciten y controlar que existan las condiciones adecuadas de calidad", les contestó el ministro.
Kulfas sostuvo que lo que la oposición llama “enorme gasto”, es “insignificante al lado de todo lo que se va a generar de actividad económica y de impuestos que se van a pagar".