Nacionales
Diputados sancionó ley que crea industria del cáñamo y cannabis medicinal
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores de cannabis medicinal, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena.
El proyecto obtuvo un amplio respaldo de parte de legisladores de los distintos bloques, y se aprobó con 155 votos a favor, 56 en contra, y 19 abstenciones.
El objetivo es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del producto.
En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.
Como miembro informante, la diputada Mara Brawer, del Frente de Todos (FdT), destacó las propiedades del cannabis medicinal, y las posibilidades económicas que se abren a partir de la industrialización de la planta.
“Hay más de 25 mil productos que están reconocidos en el mundo, por eso es tan importante esta ley, hoy nace una nueva industria en Argentina”, afirmó.
Nuevos empleos
El proyecto crea la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Arriccame), que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva, y funcionará bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo.
“Con esta ley, se amplía y diversifica la matriz productiva nacional. Con esta ley ganamos todas y todos”, expresó, en tal sentido, el ministro de la cartera, Matías Kulfas, en un hilo de tuits publicado inmediatamente después de la sesión que dio media sanción al proyecto.
Kulfas remarcó que con esta ley “nace una nueva industria en la Argentina” porque ahora el país tiene una “industria nacional de cáñamo y cannabis medicinal”, que “permitirá la creación de 10.000 puestos de trabajo en muy poco tiempo”.
“Agradezco a las y los diputados por convertir en ley uno de los proyectos productivos que impulsamos desde @produccion_arg”, escribió el ministro en su cuenta de Twitter.
Kulfas explicó que el Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal, que crea la ley, estará integrado por un representante de la Nación, uno por cada provincia y uno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), que “cumplirán sus funciones de manera honoraria”.
En contra, pero a favor
Pese al abrumador apoyo que obtuvo en el recinto, la discusión del proyecto no estuvo exenta de polémica.
Los mayores cuestionamientos provinieron de legisladores de Juntos por el Cambio (JxC), aunque vale decir que en los números finales la oposición votó muy dividida.
Las críticas apuntaron, específicamente, a la superestructura que se crea en el marco de la ley, con los organismos reguladores de la actividad y los procedimientos administrativos y técnicos en toda la cadena de producción.
La posición de algunos legisladores de JxC rozaron el contrasentido de celebrar la inauguración de un nuevo nicho económico, y al mismo tiempo votar en contra, como las diputada Jimena Latorre, de la Unión Cívica Radical (UCR); Graciela Ocaña, del PRO, y la misionera Florencia Klipauka, del partido Activar, entre otros.
“Celebro la creación de una industria porque considero que el trabajo es la herramienta principal para reducir la pobreza. El camino siempre es producir más y generar trabajo de calidad”, escribió Klipauka en un hilo de Twitter donde colgó sus argumentos, en la misma línea que sus colegas.
“Pero este proyecto no tiene como objeto generar trabajo, como nos quieren hacer creer. Ni tampoco tiene nada que ver con la posibilidad de utilizar cannabis medicinal, algo con lo que estoy completamente de acuerdo”, continúo.
La legisladora puertista afirmó que “como suele ocurrir con muchos proyectos del oficialismo”, esta ley de cannabis fallará “ya que apela a generar más burocracia estatal”.
“El texto sancionado por la Cámara de Diputados crea un nuevo organismo con cargos de alta jerarquía”, apuntó en referencia a la Agencia Reguladora que funcionará en la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo.
“¿Alguien puede pensar que en este momento de la Argentina necesitamos seguir agrandando el Estado?”, preguntó.
“Crear una agencia con cinco cargos de alto rango designados por el Poder Ejecutivo Nacional, pasando por encima la autonomía de las provincias, no es el camino. Por esto voté en contra”, argumentó.
Insignificancias
Desde el oficialismo, fue el mismo Kulfas quien salió a rechazar la batería de argumentos de la oposición contra lo que consideran un “aparato burocrático de magnitud”, que acarreará “enorme gasto”.
“Para hacerlo bien, para tener estándares de calidad y, según hemos estudiado de experiencias internacionales, conviene tener una agencia, lo cual va a simplificar la burocracia porque van a estar todas las áreas del Gobierno involucradas en el mismo lugar, con una ventanilla única para trabajar las licencias que se soliciten y controlar que existan las condiciones adecuadas de calidad”, les contestó el ministro.
Kulfas sostuvo que lo que la oposición llama “enorme gasto”, es “insignificante al lado de todo lo que se va a generar de actividad económica y de impuestos que se van a pagar”.
Crear una agencia con cinco cargos de alto rango designados por el Poder Ejecutivo Nacional, pasando por encima la autonomía de las provincias, no es el camino. Por esto voté en contra.
— Florencia Klipauka (@FlorKlipaukaok) May 6, 2022
ES LEY
Hoy nace una nueva industria en Argentina.
Tenemos industria nacional de cáñamo y cannabis medicinal.
Agradezco a las y los diputados por convertir en ley uno de los proyectos productivos que impulsamos desde @produccion_arg.
Abro hilo: pic.twitter.com/lWHUGhpUUc
— Matías Kulfas (@KulfasM) May 6, 2022
Nacionales
Camarógrafo detenido por la PFA fuera del Congreso: “Me pegaban patadas”
Nacionales
Después de 80 años Fate cierra definitivamente: 920 empleados despedidos
La empresa argentina de fabricación y exportación de neumáticos fundada en 1940, Fate S.A.I.C.I, anunció el fin de sus operaciones en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires, obligando el despido de 920 empleados.
El anuncio fue dado por la empresa este miércoles 18 de febrero, cuya medida se habría ejecutado de manera inmediata con el cese de la actividad en el predio que ocupa 40 hectáreas y hasta hace poco tuvo una capacidad productiva que superó los cinco millones de neumáticos por año.
Se trata de la mayor planta del país y su cierre responde a un contexto de crisis industrial afectada por la apertura comercial que generó un mayor impacto de las importaciones.
Al explicar los motivos de la decisión, la firma expresó a través de un comunicado que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”.
La empresa propiedad de la familia Madanes Quintanilla remarcó que no se trata de un concurso preventivo de acreedores, ni se contempla una reestructuración o un plan de salvataje, sino que es un cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente.
Según el portal Noticias Argentinas, fuentes cercanas a la firma afirmaron que “es un cierre definitivo y se le paga a todo el mundo lo que corresponde. A empleados, proveedores, bancos. Se liquida todo y se baja la persiana”.
Por estas horas, el gobierno pidió una reunión con sus directivos con el objetivo de alcanzar la conciliación obligatoria.

Comunicado de cierre/Fate
La industria en crisis
El cierre no fue un evento repentino, sino el resultado de una erosión sistemática de la competitividad que la empresa venía denunciando desde mayo de 2024. Los factores que terminaron por dinamitar la estructura productiva de Fate se pueden resumir en tres ejes críticos:
Importaciones chinas: a mediados de 2025, el mercado local se vio saturado por un récord de 860.000 cubiertas importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios de origen chino obligó a Fate a rebajar sus productos un 15%, destruyendo sus márgenes de ganancia.
El laberinto macroeconómico: la combinación de una sobrecarga impositiva, restricciones cambiarias y la falta de incentivos para la exportación dejó a la firma fuera de juego frente a competidores regionales y globales.
Conflictividad y productividad: la dirección de la empresa señaló reiteradamente que el costo laboral y la baja productividad, sumados a una relación gremial desgastada, hicieron que fabricar un neumático en Argentina fuera significativamente más caro que importarlo.
En este marco, la compañía repasó su recorrido histórico señalando que “a lo largo de más de ocho décadas FATE construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad”.
En esa línea, remarcó que “fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina”.
A su vez, el comunicado recordó que “Fate es una empresa de capitales argentinos que durante más de ochenta años generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país”, y agregó que “esa identidad nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante”.
Asimismo, desde la compañía se despidieron agradeciendo al manifestar que “expresamos nuestro profundo agradecimiento a quienes nos acompañaron en este recorrido: nuestros colaboradores, clientes, proveedores y a todos aquellos que confiaron en nuestra industria”.
Tras el cierre consumado, el empresario Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate, se enfocará directamente en los negocios que lleva adelante con Aluar, en la producción de aluminio.
Informe revela que en la era Milei se cerraron más de 20.000 empresas
Nacionales
Estaciones de servicio se adhieren al paro de la CGT contra la reforma laboral
El Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y Garages (SOESGyPE) confirmó su adhesión al paro general de 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para la jornada en que la Cámara de Diputados de la Nación trate el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno del presidente Javier Milei, que ya obtuvo media sanción en el Senado.
En diálogo con el medio Surtidores Latam, Argentina, el secretario general adjunto del gremio, Carlos Acuña, anunció el acompañamiento a la huelga, que no incluirá movilización en las calles, y argumentó que la decisión responde a “la preocupación que genera el contenido del proyecto oficial”.
“La reforma laboral introduce una lógica de flexibilización que impacta de lleno en el empleo formal. En nuestro rubro eso se traduce en menos previsibilidad, más presión sobre el trabajador y un debilitamiento de reglas que hoy ordenan la actividad”, precisó el dirigente.
En esa línea, Acuña afirmó que el esquema laboral de las Estaciones de Servicio en el país “está regido” por convenios colectivos de trabajo que “regulan turnos rotativos, jornadas nocturnas y trabajo en fines de semana”.
“Cuando se habla livianamente de flexibilizar, en la práctica se pone en discusión el salario, los descansos y la estabilidad del personal”, apuntó.
Asimismo, el secretario general expuso algunos de los ítems que “preocupa” al sector en relación con la reforma, como el nuevo esquema de licencias por enfermedad o accidente no laboral, al que calificó como “un retroceso muy grande” y como un castigo “al trabajador que le toque padecer una enfermedad o que tenga un accidente que no le permita asistir al trabajo”.
Acuña también cuestionó, entre otros puntos, el “banco de horas”, el cual habilitaría a “que un trabajador tenga la obligación de estar hasta 12 horas en su puesto de trabajo. En estaciones de servicio, donde ya existen turnos exigentes y tareas de riesgo, eso afectaría a todos”.
El representante de los obreros y empleados de estaciones de servicios reprochó al gobierno libertario al señalar que “decían que no venían a tocar derechos adquiridos y claramente los están tocando. Avanzan sobre indemnizaciones, sobre licencias y sobre los convenios colectivos de trabajo”.
Ante este panorama, Acuña enfatizó que el gremio tiene la “obligación” de acompañar y explicar a los trabajadores “qué está en juego” y subrayó que “no es una discusión abstractra: son derechos concretos que quieren arrebatarnos”.
La medida de fuerza se llevará a cabo el mismo día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de reforma laboral, con fechas tentativas para el jueves 19 o el miércoles 25 de febrero, dependiendo del avance legislativo.
Foto principal: Canal 12.
La CGT convocó a un paro nacional en contra de la reforma laboral
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