Judiciales
Perpetua para Franco Ramos como único autor del femicidio de Marina en 2013
Franco Jesús Ramos (28), actualmente imputado por el femicidio de la taxista Claudia Benítez (32), fue condenado hoy a la siesta a la pena de prisión perpetua como único autor del asesinato de su concubina Marina Da Silva (19), sentencia que dejó atrás nueve años de impunidad en la causa.
El fallo del Tribunal Penal Dos de Posadas fue dictado minutos antes de las 13.30 y se ajustó al pedido solicitado previamente por el fiscal Vladimir Antonio Glinka, ya que modificó la imputación inicial, condenó solamente a Ramos y absolvió a los otros dos acusados, Juan Ángel “Juancho” Portal (34) y Alejandro “Pili” Da Silva (37), quienes salieron libres del recinto judicial.
La sentencia, que se dio por mayoría, con los votos de los magistrados César Yaya y Gregorio Busse, y la disidencia de Viviana Cukla (subrogante), que se inclinó por declarar nula la acusación, declaró a Ramos autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por haber sido cometido contra una persona con la que mantenía una relación de pareja, previsto por el artículo 80, inciso 1 del Código Penal de la Nación argentino.
Ramos, único autor
La audiencia que culminó con la condena comenzó cerca de las 9, con el alegato del fiscal Glinka, quien apoyado por diapositivas con croquis, mapas e imágenes, expuso durante más de una hora y media el análisis probatorio que lo condujo a solicitar la máxima pena para Ramos.
“Llegó el momento de terminar esta historia y estoy convencido que será con justicia”, avisó el representante del Ministerio Público Fiscal al inicio.
Luego, repasó las dificultades que tuvo el expediente, que alcanzó un total de nueve cuerpos, con más de 120 declaraciones recolectadas en la instrucción y 37 testimonios relevados durante el juicio.
A partir de ahí, Glinka desglosó el caso, exhibiendo un mapa que abarcaba los barrios Cruz del Sur, Nemesio Parma y Campo Bauer, de la zona sur de Posadas, con las distintas escenas de importancia perfectamente señalizadas para que el Tribunal tuviera en cuenta ubicaciones, distancias y recorridos.
El fiscal Glinka durante su alegato ante los magistrados Yaya y Cukla.
Para el fiscal, la historia del crimen comenzó un día antes, es decir, el 20 de diciembre de 2013, cuando Marina le comunicó a Ramos que quería cortar la relación para irse con Portal, su “amante”, compañero de trabajo de su concubino en una olería de la zona e imputado en la causa pero ahora absuelto.
Esa situación generó una gran discusión familiar, de la cual Marina escapó y acudió a la olería para encontrarse con Portal, aunque a la noche regresó a dormir a la vivienda que compartía con Ramos.
“Ese 21 de diciembre Marina se levantó sin saber que no iba a poder ver el atardecer”, anticipó en su relato Glinka.
La hipótesis trazada ahora por el fiscal del tribunal señala que, ese mediodía, Ramos salió junto a Marina en moto y llevaron a la hija de ambos hasta la casa de la abuela materna de la niña.
Posteriormente, entre las 15 y las 16, Ramos ingresó a un trillo que conectaba su casa con el fondo de la olería donde trabajaba y en determinado momento le efectuó dos golpes que le fracturaron el cráneo a la muchacha.
Lo siguiente fue ocultar el cadáver y planificar su coartada. Para ello, regresó a su casa, tomó un alargue y el bolso de un parlante, elementos que utilizó para maniatar a la víctima y atarle una piedra para que el cuerpo se sumerja en el pozo de agua abandonado, donde finalmente fue descartado.
Glinka apoyó su teoría en las diversas declaraciones recolectadas en el juicio, que le permitieron inferir que Ramos mintió respecto a los recorridos que hizo ese día.
Ramos también está imputado en el femicidio de la taxista Claudia Benítez.
Para ello mencionó y marcó en el mapa cada lugar en el cual el acusado fue visto por testigos y resaltó el testimonio de Carlos Rafael Machado, que recordó haber observado cuando Ramos ingresó en moto junto a la víctima al trillo que conducía al pozo donde apareció el cadáver.
Para el fiscal, Ramos hizo todo con el objetivo de que el crimen pareciera haber sido cometido por otro: “Organizó su coartada porque sabía que lo iban a ir a buscar. Fue por eso que inventó que dejó a Marina en el kiosco y, para que pareciera que fue otro, qué mejor que dejar el cuerpo en un pozo en cercanías a la olería donde el amante de la chica esa noche iba a festejar su cumpleaños”, lanzó.
Portal y Da Silva, absueltos
En ese tramo ingresó en la historia Portal, que ese día efectivamente tenía pensado festejar su cumpleaños, aunque luego suspendió la celebración.
Glinka allí avisó que no pudo ubicar en tiempo ni espacio a Portal dentro de la historia del crimen, pero trazó una hipótesis conjetural para “unir cabos”.
“Yo pienso que Portal esa tarde quería festejar su cumpleaños con Marina y salió a buscarla, pero se enteró o vio a ingresar a la chica al trillo junto con Ramos. Yo creo que él fue la persona que desde el día 1 sabía lo que había pasado, pero sabía que iba a estar complicado porque él era el amante; se asustó”, estimó el fiscal.
De allí, desprendió palabras para Pili Da Silva, cercano a Portal y tercer imputado en le causa. “Portal recurrió a su mejor amigo, que además es hermano de quien es la presidenta del barrio hace 14 años, que ayudó en la búsqueda del cuerpo. Es decir, Da Silva le dio una mano a un amigo y se metió en terrible quilombo. Es la única manera de atar cabos sueltos”, agregó Glinka.
Por lo tanto, puntualizó que “si no puedo ubicar a Portal, tampoco puedo ubicar a Da Silva en el hecho y se cae la calificante de concurso premeditado”.
Portal, con la seguridad de quedar libre, abrazado a sus familiares.
Es que el expediente fue elevado a juicio con una hipótesis que planteaba que ese 21 de diciembre los tres imputados asesinaron a Marina durante el festejo de cumpleaños de Portal, pero con lo recolectado en el debate oral, Glinka llegó a la conclusión de que el crimen fue cometido horas antes y que Ramos actuó en completa soledad.
Con ello, modificó su imputación, al acusarlo como único autor de homicidio calificado por el vínculo y femicidio, por lo cual pidió la prisión perpetua para él y la absolución de Portal y Da Silva.
En la continuidad del debate expusieron sus alegatos los abogados defensores, aunque el pedido de absolución de dos acusados acortó los plazos de lo que apuntaba ser una audiencia maratónica.
El único alegato defensivo extenso fue el de los letrados Ángel Casettai y Cristian Leites, quienes consideraron que la acusación contra Ramos estuvo basada “en indicios y conjeturas, pero no hay pruebas”.
“La duda es el actor principal en esta causa”, sostuvo Leites, que agregó que “no hay elementos fácticos para acreditar que Franco haya golpeado a Marina”.
Por ello, solicitaron la absolución de Ramos, lo cual finalmente no prosperó porque el Tribunal falló en consonancia con lo planteado por la fiscalía.
Tras la sentencia, Portal y Da Silva se fundieron en un abrazo con sus familiares. Nueve años de una mochila cargada con una dura acusación que podía conducirlos a prisión por el resto de sus vidas habían acabado.
Ramos, en tanto, oyó todo inmutable, sentado y de brazos de cruzados. Así se mantuvo, incluso, cuando fue interpelado cara a cara por María Cristina Da Silva, madre de Marina, quien le recriminó por el hecho cometido.
“Lo perdono en nombre de mi nieta”
“Le pregunté por qué había hecho lo que hizo. Me dijo que está todo armado, que más tarde se iba a saber la verdad e iba a salir con la cabeza arriba, pero todas las pruebas llevaban a él y yo desde un comienzo sentía en mi corazón que fue él el que le hizo esto a mi hija”, contó luego la mujer en diálogo con la prensa fuera del tribunal.
María Cristina celebró la sentencia, pero criticó la tardanza de la Justicia para arribar a este momento. También sostuvo que “perdona” a Ramos, porque “no puedo criar a una nieta con odio en mi corazón. A pesar de todo, es el padre de mi nieta”.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de febrero del año próximo.
María Cristina, madre de Marina, cara a cara con Ramos tras la sentencia. No hubo incidentes de ningún tipo.
La causa tuvo fecha de juicio en varias oportunidades. La última fue en 2019, pero se suspendió y, ante el vencimiento de la prisión preventiva, todos los acusados fueron excarcelados.
En el medio, se registró el femicidio de la taxista Claudia Benítez, en junio de este año, y Ramos quedó involucrado en la investigación junto al marido de la víctima.
Benítez fue asesinada y descartada en otro pozo de Nemesio Parma, ubicado en cercanías a la cavidad donde en 2013 apareció ultimada Marina. En ese causa, Ramos está procesado con prisión preventiva. La investigación está en manos del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos.
Con la sentencia recibida hoy, Ramos deberá purgar un total de 35 años de prisión efectiva. Por el tiempo que ya estuvo en la cárcel, se estima que recién podría solicitar la prisión condicional cerca de 2050.
La fiscal María Laura Álvarez solicitó penas de 1 año y 10 meses de prisión, respectivamente, para los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Crisis económica, lucha colectiva y derecho a protesta fueron las palabras que más se repitieron esta mañana en el inicio del juicio oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez, acusados de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte” durante el acampe realizado entre mayo y junio de 2024 en reclamo por una recomposición salarial.
La audiencia comenzó minutos después de las 8.30, pero ambos imputados estuvieron desde temprano en las escalinatas del Palacio de Justicia, donde recibieron el apoyo de un centenar de trabajadores de la educación, militantes sociales y dirigentes políticos que montaron una vigilia en la vereda del edificio emblema del Poder Judicial misionero.
Tanto Gurina como Sánchez tomaron el micrófono y ante la muchedumbre repitieron las palabras que luego utilizarían como defensa ante la jueza Correccional y de Menores Uno Marcela Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargado de impartir justicia en esta causa.
Previo a prestar declaración indagatoria, los docentes y gremialistas oyeron el auto de elevación a juicio, documento donde se asienta la carga probatoria y la hipótesis acusatoria que oportunamente fue formulada por la fiscal de Instrucción Siete de Posadas, Patricia Clerici.
Mónica Gurina en el ingreso al Palacio de Justicia.
La acusación
De acuerdo al documento, los hechos imputados contra los dos acusados ocurrieron entre el 1 y el 4 de junio del año pasado, cuando en desobediencia a una orden de desalojo firmada por el juez Ricardo Balor continuaron con el acampe docente instalado sobre la avenida Uruguay, metros antes del campamento policial montado frente al Comando Radioeléctrico Uno, obstaculizando así el tránsito sobre esa arteria.
Para la fiscal Clerici los docentes enjuiciados tenían “poder en la protesta”, “condicionaron el acatamiento de la orden judicial vigente” y “utilizaron su ascendencia sobre los docentes para continuar obstruyendo el tránsito”.
En ese marco, la hipótesis acusatoria sostiene que Gurina y Sánchez “provocaron dolosamente el entorpecimiento del tránsito desobedeciendo una orden judicial” y “no hay elemento jurídico que justifique su accionar”.
Culminada la lectura del auto de elevación a juicio, la fiscal del debate, María Laura Álvarez, solicitó incorporar como testigo al gerente de Tipoka para que detalle los perjuicios sufridos por la empresa de transporte durante los días en que ocurrieron los hechos investigados, aunque la jueza Leiva rechazó la solicitud.
Colectivo y asambleario
Siendo las 9.45, finalmente llegó el momento de los enjuiciados. La primera en declarar fue Mónica Gurina, que conforme a los pasos procesales debió presentarse ante la jueza antes de brindar su descargo.
“Es extraño estar acá y no el aula con tizas en la mano”, expresó Gurina, de 62 años, maestra de grado, dirigente sindical de CTA Autónoma y candidata opositora en varias elecciones.
Gurina sostuvo que la escalada del conflicto comenzó en octubre de 2023, cuando el acuerdo paritario que consignaba aumentos conforme a la inflación “dejó de cumplirse” y contextualizó que “en marzo de 2024 arrancamos el ciclo lectivo con 13% de aumento frente a una inflación acumulada de 115%”.
La docente luego se defendió de las acusaciones. Señaló que la decisión del acampe sobre la avenida Uruguay fue “colectivo, asambleario y en pos del conjunto del sistema educativo”, al tiempo que lanzó: “El derecho a la protesta no es un delito”.
El debate es dirigido por un tribunal unipersonal presidido por la jueza Correccional y de Menores Marcela Leiva.
Ajuste de Milei
En mismo sentido declaró Leandro Sánchez, de 55 años y oriundo de Entre Ríos, aunque hace más de dos décadas que trabaja como docente en Panambí, sobre la costa del río Uruguay.
Sánchez ahondó en el clima social que imperaba por aquellos meses de protesta multisectorial en Misiones, con epicentro en Posadas. “Estamos convencidos de que lo que nos llevó a la calle fue el contexto socioeconómico. Esto no fue resultado de nuestras acciones, sino el ajuste macroeconómico del gobierno de Milei”, dijo y enumeró tres factores condicionantes: la devaluación del 13 de diciembre de 2023, los tarifazos y la caída de subsidios.
Sánchez también hizo mención a la eliminación del FONID y consideró que “a la situación nacional la provincia sumó condimentos como la falta de respuestas y la corrupción en el CGE”.
Sobre las acusaciones, postuló que “fue la Policía la que nos invitó al acampe y la asamblea votó que viniéramos. No lo decidimos solo nosotros dos, este conflicto es colectivo. Nosotros hacemos asambleas en las plazas, en las rutas, en las escuelas, decidimos todo a la vista de todos, no a escondidas. Practicamos la democracia”.
“Tengo la sensación de que nos van a condenar y van a condenar la protesta social. Van a dar el argumento jurídico para llenar de maestros las cárceles porque nosotros vamos a seguir en las calles para defender la educación. Pienso que nos van a condenar, pero sé que la historia nos absolverá”, cerró, casi entre lágrimas y ante aplausos del público, entre los que habían dirigentes políticos y sociales de talla nacional como el ex diputado y presidente de Unidad Popular Claudio Lozano y el secretario general de ATE Rodolfo Aguiar.
Leandro Sánchez junto a Graciela Franzen, presa política en la dictadura y militante por los derechos humanos.
Mañana alegatos y sentencia
La audiencia no culminó allí porque la defensa de los docentes, encabezada por los abogados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, solicitó incorporar como testigos a los maestros Estela Genesini y Carlos Lezcano, lo cual no tuvo objeción por parte de la fiscalía.
Los dos testigos hicieron hincapié en la crisis salarial que afrontaba el sector como el principal motivo de protesta y sostuvieron que todas las medidas de fuerza llevadas adelante fueron decididas en asamblea. “Nosotros no tenemos un líder, somos todos rebeldes, opinamos, debatimos y después decidimos por mayoría”, dijo Lezcano.
Lo último de la jornada fue la intervención de Marta Maffei, docente, ex legisladora y referente de la Carpa Blanca en la década de los 90. La mujer expuso ante el tribunal a pedido de la defensa y en carácter de amicus curiae (amigos del tribunal).
Maffei hizo un repaso de los derechos conquistados a partir de manifestaciones sociales, reivindicó la lucha colectiva y defendió el derecho a protesta. “Hay que poner por encima las demandas colectivas. No creo que sea un conflicto para el transporte hacer una cuadra de más”, resumió.
El debate continuará mañana, con las testimoniales pendientes, la ronda de alegatos y el dictado de la sentencia. El proceso durará menos de lo previsto, debido a la depuración de testigos realizada hoy por las partes, que desistieron de al menos una decena de las comparecencias originalmente acordadas.
Trabajadores de la educación montaron una vigilia fuera del Palacio de Justicia.
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