La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Misiones (AMFJM) renovó su comisión directiva y las nuevas autoridades asumieron ayer, durante una ceremonia realizada en horas de la tarde.

De esta manera, la nueva comisión está integrada por Carlos Giménez, ex juez de Instrucción Siete y actual camarista del Tribunal Penal Dos de Posadas, como presidente, mientras que los vice serán Teresa Hedman, Carla Bergottini, María José Bustos y Francisco Insfrán.

Por su parte, Gabriela Courrege será secretaria general y Karina Galeano estará en la tesorería.

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La AMFJM es el ente que nuclea y representa a todos los jueces y funcionarios de la provincia y busca atender los intereses comunes, desde cuestiones salariales a condiciones de trabajo y capacitaciones.

Las nuevas autoridades asumieron durante una ceremonia realizada ayer a la tarde.

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Casi nueve años después del hecho, este lunes comenzará el debate oral para esclarecer el femicidio de Marina Da Silva, una joven de 19 años que fue asesinada y descartada en un pozo de agua de Nemesio Parma, caso en el cual hay cuatro imputados.

Entre los acusados se encuentra Franco Jesús Ramos (27), que en medio del proceso fue excarcelado y, estando en libertad, volvió a quedar involucrado en el asesinato de la taxista Claudia Benítez, cometido este año en circunstancias similares.

El juicio se desarrollará en la sala de audiencias del Tribunal Penal Dos de Posadas y se extenderá durante varias jornadas. Se prevé que la sentencia se conozca el viernes 16.

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El expediente tiene cuatro imputados por el delito de “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas”, que prevé una pena de prisión perpetua.

Ramos, que era pareja de la víctima, es el principal sospechoso del caso, pero en su requerimiento de elevación a juicio, la fiscalía interviniente solicitó que los otros tres implicados también enfrenten el debate y en esa instancia se esclarezca la participación de cada uno de ellos en el hecho.

Los otros acusados que llegan a juicio son Alejandro “Pili” Da Silva, Juan Ángel Portal y Omar Ramírez.

Marina Da Silva fue asesinada y arrojada a un pozo de agua en Nemesio Parma. Franco Ramos era su novio.

Marina Da Silva tenía 19 años cuando el 19 de diciembre de 2013 desapareció de su casa y once días más tarde -el 31 de diciembre- fue hallada asesinada dentro de un pozo de agua de 10 metros de profundidad en un predio de Campo Bauer, en la zona de Nemesio Parma.

La causa ya tuvo fecha de juicio en 2019, pero se suspendió y una vez vencido el plazo de la prisión preventiva, Ramos fue excarcelado y aguardaba en libertad la programación de nuevas jornadas para la realización del debate.

En esas circunstancias, el joven volvió a ser detenido el 2 de junio, cuando quedó bajo la lupa por su posible participación en el femicidio de la taxista Claudia Benítez, cuyo cuerpo fue hallado dentro de otro pozo de agua en Nemesio Parma.

Por ese hecho también está detenido el marido de la taxista, Juan Andrés Rodríguez (39). El expediente es llevado adelante por el Juzgado de Instrucción Siete, a cargo del magistrado Miguel Mattos, cuyas actuaciones fueron recientemente avaladas por la Cámara de Apelaciones de la provincia.

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A dos meses de la absolución de J. R. G. (31), el hijo de una funcionaria provincial que llegó a juicio acusado de abusar de su hija en 2013, la menor y denunciante elevó a la Justicia una carta de puño y letra donde solicita celeridad en el proceso de revisión de la sentencia.

La misiva, firmada para la adolescente que tenía 5 años al momento del hecho y que hoy tiene 14, fue enviada a Viviana Cukla, presidenta del Tribunal Penal Uno de Posadas, que llevó adelante el debate oral contra el acusado, y a Rossana Pía Venchiarutti, presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

En la carta, la joven solicita el envío “sin más retraso” del expediente y de las correspondientes apelaciones al STJ para que este organismo, el máximo a nivel judicial en la provincia, revise la sentencia dictada el 12 de octubre, donde el acusado fue absuelto por el beneficio de la duda.

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“Tengo derecho a que se revise la sentencia injusta en la que se absolvió a mi abusador. No se me escuchó las dos veces que conté en Cámara Gesell el infierno que viví”, agrega la adolescente en su pedido presentado hoy y al cual La Voz de Misiones tuvo acceso.

El caso: causa, juicio y absolución

El caso en cuestión fue denunciado fue denunciado el 29 de mayo de 2013, cuando la niña, de 5 años en ese entonces, le contó a sus padres que sufría dolores e irritaciones en sus genitales.

A partir de ahí, la familia materna de la niña ahondó en la situación, radicó una denuncia y tanto los estudios médicos como la testimonial de la niña brindada en Cámara Gesell, confirmaron los abusos.

De acuerdo a los elementos recabados, la investigación reconstruyó y trazó como hipótesis acusatoria que el hombre abusaba de su hija en momentos que estaba a su cargo, según el régimen de tenencia, dado que estaba separado de la madre de la niña.

La causa permaneció un extenso período en etapa de instrucción hasta que este año llegó el momento del juicio.

En el proceso declaró cerca de una veintena de testigos, entre peritos, forenses y profesionales tanto en psicología como psicopedagogía.

En la etapa de alegatos, la fiscalía, representada por María Laura Álvarez, solicitó 15 años de prisión para el imputado, mientras que el letrado querellante particular por la familia materna, pidió 16.

Por su parte, la defensa del acusado, encabezada por el letrado Eduardo Paredes, pidió la absolución.

Tras unas horas de deliberación, el Tribunal Penal Uno, conformado por Cukla, Ángel Dejesús Cardozo y Juan Manuel Monte (subrogante), resolvió decretar la absolución del imputado aplicando el beneficio de la duda, al considerar que no existían suficientes elementos como para probar la culpabilidad del implicado, cuya identidad se reserva para no revictimizar a la denunciante.

Luego de ese fallo, tanto la fiscalía como la querella presentaron sendas apelaciones y ahora resta que la sentencia sea analizada por el STJ, instancia en la cual los magistrados de ese organismo pueden confirmar la sentencia, revocarla o realizar algún otro planteo.

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