Judiciales
Estafa piramidal en Iguazú: Diego Fariña aceptó ser extraditado
Diego Fariña (57), uno de los hermanos acusados de montar una millonaria red de estafa piramidal en Puerto Iguazú y detenido en Europa tras dos meses prófugo, aceptó su extradición y de esta manera se agilizan los trámites para su traslado a la Argentina para responder ante la Justicia.
Fuentes consultadas por La Voz de Misiones confirmaron que el implicado firmó su consentimiento para ser extraditado a la Argentina desde Madrid, lo que agiliza los trámites para concretar su traslado hacia Puerto Iguazú, donde debe comparecer como imputado ante el magistrado Martín Brites.
Las mismas fuentes señalaron que aún no hay precisiones sobre la fecha del traslado, pero la firma del consentimiento de la extradición acorta los plazos considerablemente.
Es que el implicado tenía la potestad de oponerse a la extradición solicitada por el juez Brites, lo cual daba margen a la apertura de un proceso legal paralelo para definir la validez del procedimiento.
En las últimas horas, el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú firmó los permisos de designación para los funcionarios judiciales que participarán del procedimiento en Europa.
Tal como publicó LVM, Diego Fariña fue detenido a fines de octubre en Madrid, durante un procedimiento ejecutado por Interpol.
Por su parte, su hermana, Noemí Fariña (60), continúa en condición de prófuga y con otro pedido de captura internacional en su contra, agregaron voceros del caso.
En agosto, la mujer presentó un pedido de eximición de prisión, pero el juez Brites denegó el planteo.
La acusación
Los implicados eran propietarios de financieras, casas de cambio y locales similares en Iguazú, algunas de ellas de nombre Fininver y Carfar.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, la trama se destapó cuando seis personas de Iguazú radicaron las primeras denuncias contra los hermanos Fariña y luego se sumaron al menos ocho brasileños que también aseguraron haber sido damnificados de la misma manera. Se estima que cada uno de ellos refiere pérdidas de 100.000 dólares.
Según explicaron en ese momento, la operación consistía en conseguir inversionistas que ingresen montos de dinero que supuestamente eran re-direccionados a empresas y proyectos inmobiliarios en otros países, tras lo cual los participantes del mecanismo recibirían retornos con intereses.
Aparentemente, el mecanismo funcionó durante un tiempo, pero tras la pandemia todo se complicó. Los retornos comenzaron a interrumpirse y cuando los damnificados pidieron explicaciones los hermanos Fariña desaparecieron.
Tras las denuncias, el juez Brites ordenó allanamientos en los locales involucrados y libró los pedidos de captura. Los hermanos implicados exponían sus vidas en las redes sociales con viajes al exterior, principalmente a Brasil y Estados Unidos, por lo que en ningún momento se descartó que estuviesen en el exterior.
Hasta mediados de agosto se habían recibido seis denuncias en Argentina, pero se estimaba que los damnificados podrían ser más de cien y que la cifra total de la estafa alcanzaría los 7 millones de dólares. Entre los denunciantes hay empresarios hoteleros, gastronómicos, comerciantes y profesionales de diversas ramas.
“Ellos operaban como cualquier banco. Uno depositaba dinero, teníamos una carpeta personal que podíamos cobrar dos personas habilitadas. Mensualmente uno podía retirar los intereses, agregar o sacar. Así durante años, en un local conocido por todos. Nunca nos imaginamos llegar a esta situación. Vino la pandemia, que a todos nos trajo problemas, pero nunca tuvimos de parte de los directivos, los hermanos Fariña, una respuesta”, señaló en ese entonces el médico Diego Vanzini, uno de los damnificados, al canal CVI Noticias de Iguazú.
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La Justicia de La Plata resolvió que el sacerdote Raúl Anatoly Sidders irá juicio por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante calificado.
El debate oral, que contará con dos jornadas y un total de 13 testigos, estará a cargo del Tribunal Oral y Criminal V y comenzará el 10 de julio del año 2025.
La acusación completa se caratula como abuso sexual gravemente ultrajante por su duración en el tiempo y circunstancias de su realización doblemente agravado (por resultar en un grave daño en la salud mental de la víctima y por ser el autor ministro de algún culto reconocido o no); y corrupción de menores agravada (por resultar la víctima menor de 13 años).
El religioso, que fue acusado por ex alumnos del colegio San Vicente de Paul de la ciudad de La Plata, donde trabajaba, llegó a Misiones a principios del mes de mayo de 2020, en medio de la pandemia, y se alojó en la sede de la Diócesis de Puerto Iguazú junto al obispo local, Nicolás Baisi.
En su momento, la denuncia judicial por abuso de menores obligó al Obispado de la Ciudad de las Cataratas a romper el silencio y salir a cruce de las acusaciones contra el sacerdote.
Mediante un comunicado oficial, la sede eclesiástica rechazó los cargos y contratacó con vehemencia al ratificar que: “El Obispado de Puerto Iguazú -de acuerdo a la información que posee- considera que se trata de noticias falsas (fake news)”.
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La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Misiones (AMFJM) renovó su comisión directiva y las nuevas autoridades asumieron ayer, durante una ceremonia realizada en horas de la tarde.
De esta manera, la nueva comisión está integrada por Carlos Giménez, ex juez de Instrucción Siete y actual camarista del Tribunal Penal Dos de Posadas, como presidente, mientras que los vice serán Teresa Hedman, Carla Bergottini, María José Bustos y Francisco Insfrán.
Por su parte, Gabriela Courrege será secretaria general y Karina Galeano estará en la tesorería.
La AMFJM es el ente que nuclea y representa a todos los jueces y funcionarios de la provincia y busca atender los intereses comunes, desde cuestiones salariales a condiciones de trabajo y capacitaciones.
Las nuevas autoridades asumieron durante una ceremonia realizada ayer a la tarde.
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Casi nueve años después del hecho, este lunes comenzará el debate oral para esclarecer el femicidio de Marina Da Silva, una joven de 19 años que fue asesinada y descartada en un pozo de agua de Nemesio Parma, caso en el cual hay cuatro imputados.
Entre los acusados se encuentra Franco Jesús Ramos (27), que en medio del proceso fue excarcelado y, estando en libertad, volvió a quedar involucrado en el asesinato de la taxista Claudia Benítez, cometido este año en circunstancias similares.
El juicio se desarrollará en la sala de audiencias del Tribunal Penal Dos de Posadas y se extenderá durante varias jornadas. Se prevé que la sentencia se conozca el viernes 16.
El expediente tiene cuatro imputados por el delito de “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas”, que prevé una pena de prisión perpetua.
Ramos, que era pareja de la víctima, es el principal sospechoso del caso, pero en su requerimiento de elevación a juicio, la fiscalía interviniente solicitó que los otros tres implicados también enfrenten el debate y en esa instancia se esclarezca la participación de cada uno de ellos en el hecho.
Los otros acusados que llegan a juicio son Alejandro “Pili” Da Silva, Juan Ángel Portal y Omar Ramírez.
Marina Da Silva fue asesinada y arrojada a un pozo de agua en Nemesio Parma. Franco Ramos era su novio.
Marina Da Silva tenía 19 años cuando el 19 de diciembre de 2013 desapareció de su casa y once días más tarde -el 31 de diciembre- fue hallada asesinada dentro de un pozo de agua de 10 metros de profundidad en un predio de Campo Bauer, en la zona de Nemesio Parma.
La causa ya tuvo fecha de juicio en 2019, pero se suspendió y una vez vencido el plazo de la prisión preventiva, Ramos fue excarcelado y aguardaba en libertad la programación de nuevas jornadas para la realización del debate.
En esas circunstancias, el joven volvió a ser detenido el 2 de junio, cuando quedó bajo la lupa por su posible participación en el femicidio de la taxista Claudia Benítez, cuyo cuerpo fue hallado dentro de otro pozo de agua en Nemesio Parma.
Por ese hecho también está detenido el marido de la taxista, Juan Andrés Rodríguez (39). El expediente es llevado adelante por el Juzgado de Instrucción Siete, a cargo del magistrado Miguel Mattos, cuyas actuaciones fueron recientemente avaladas por la Cámara de Apelaciones de la provincia.
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