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Estafa piramidal en Iguazú: atraparon en Europa a uno de los hermanos Fariña

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Diego Fariña (57), uno de los hermanos buscados internacionalmente por una causa de estafa piramidal cometida en Puerto Iguazú, fue detenido en Europa durante un procedimiento ejecutado por Interpol, según consignaron altas fuentes consignadas por La Voz de Misiones.

Las fuentes consultadas por LVM señalaron que la captura de Fariña se concretó en Madrid hace unos quince días y ya fue notificada al Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, a cargo del magistrado Martín Brites, quien ya inició los trámites de extradición del hombre hacia la Argentina para que sea sometido a proceso.

Hasta el momento no trascendieron las circunstancias de la detención, pero la captura de Fariña, que estaba prófugo desde agosto cuando comenzó a recibir múltiples denuncias en Iguazú, fue confirmada e incluso las fuentes consignaron que el hombre habría accedido a su aceptado su extradición a la Argentina, lo que aceleraría el trámite.

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Es que, según marca el protocolo, el detenido puede oponerse a su extradición y, en esas circunstancias, se abriría un nuevo proceso legal hasta que se determine la validez del procedimiento.

Por su parte, su hermana, Noemí Fariña (60), continúa en condición de prófuga y con otro pedido de captura internacional en su contra, agregaron voceros del caso.

En agosto, la mujer presentó un pedido de eximición de prisión ante el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, pero el juez Brites denegó el planteo. 

Los implicados eran propietarios de financieras, casas de cambio y locales similares en Iguazú, algunas de ellas de nombre Fininver y Carfar.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, la trama se destapó cuando seis personas de Iguazú radicaron las primeras denuncias contra los hermanos Fariña y luego se sumaron al menos ocho brasileños que también aseguraron haber sido damnificados de la misma manera. Se estima que cada uno de ellos refiere pérdidas de 100.000 dólares.

Según explicaron en ese momento, la operación consistía en conseguir inversionistas que ingresen montos de dinero que supuestamente eran re-direccionados a empresas y proyectos inmobiliarios en otros países, tras lo cual los participantes del mecanismo recibirían retornos con intereses.

Aparentemente, el mecanismo funcionó durante un tiempo, pero tras la pandemia todo se complicó. Los retornos comenzaron a interrumpirse y cuando los damnificados pidieron explicaciones los hermanos Fariña desaparecieron.

Tras las denuncias, el juez Brites ordenó allanamientos en los locales involucrados y libró los pedidos de captura. Los hermanos implicados exponían sus vidas en las redes sociales con viajes al exterior, principalmente a Brasil y Estados Unidos, por lo que en ningún momento se descartó que estuviesen en el exterior.

Hasta mediados de agosto se habían recibido seis denuncias en Argentina, pero se estimaba que los damnificados podrían ser más de cien y que la cifra total de la estafa alcanzaría los 7 millones de dólares. Entre los denunciantes hay empresarios hoteleros, gastronómicos, comerciantes y profesionales de diversas ramas.

“Ellos operaban como cualquier banco. Uno depositaba dinero, teníamos una carpeta personal que podíamos cobrar dos personas habilitadas. Mensualmente uno podía retirar los intereses, agregar o sacar. Así durante años, en un local conocido por todos. Nunca nos imaginamos llegar a esta situación. Vino la pandemia, que a todos nos trajo problemas, pero nunca tuvimos de parte de los directivos, los hermanos Fariña, una respuesta”, señaló en ese entonces el médico Diego Vanzini, uno de los damnificados, al canal CVI Noticias de Iguazú.

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Con una carta, joven de 14 años pide al STJ que revise absolución de su abusador

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A dos meses de la absolución de J. R. G. (31), el hijo de una funcionaria provincial que llegó a juicio acusado de abusar de su hija en 2013, la menor y denunciante elevó a la Justicia una carta de puño y letra donde solicita celeridad en el proceso de revisión de la sentencia.

La misiva, firmada para la adolescente que tenía 5 años al momento del hecho y que hoy tiene 14, fue enviada a Viviana Cukla, presidenta del Tribunal Penal Uno de Posadas, que llevó adelante el debate oral contra el acusado, y a Rossana Pía Venchiarutti, presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

En la carta, la joven solicita el envío “sin más retraso” del expediente y de las correspondientes apelaciones al STJ para que este organismo, el máximo a nivel judicial en la provincia, revise la sentencia dictada el 12 de octubre, donde el acusado fue absuelto por el beneficio de la duda.

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“Tengo derecho a que se revise la sentencia injusta en la que se absolvió a mi abusador. No se me escuchó las dos veces que conté en Cámara Gesell el infierno que viví”, agrega la adolescente en su pedido presentado hoy y al cual La Voz de Misiones tuvo acceso.

El caso: causa, juicio y absolución

El caso en cuestión fue denunciado fue denunciado el 29 de mayo de 2013, cuando la niña, de 5 años en ese entonces, le contó a sus padres que sufría dolores e irritaciones en sus genitales.

A partir de ahí, la familia materna de la niña ahondó en la situación, radicó una denuncia y tanto los estudios médicos como la testimonial de la niña brindada en Cámara Gesell, confirmaron los abusos.

De acuerdo a los elementos recabados, la investigación reconstruyó y trazó como hipótesis acusatoria que el hombre abusaba de su hija en momentos que estaba a su cargo, según el régimen de tenencia, dado que estaba separado de la madre de la niña.

La causa permaneció un extenso período en etapa de instrucción hasta que este año llegó el momento del juicio.

En el proceso declaró cerca de una veintena de testigos, entre peritos, forenses y profesionales tanto en psicología como psicopedagogía.

En la etapa de alegatos, la fiscalía, representada por María Laura Álvarez, solicitó 15 años de prisión para el imputado, mientras que el letrado querellante particular por la familia materna, pidió 16.

Por su parte, la defensa del acusado, encabezada por el letrado Eduardo Paredes, pidió la absolución.

Tras unas horas de deliberación, el Tribunal Penal Uno, conformado por Cukla, Ángel Dejesús Cardozo y Juan Manuel Monte (subrogante), resolvió decretar la absolución del imputado aplicando el beneficio de la duda, al considerar que no existían suficientes elementos como para probar la culpabilidad del implicado, cuya identidad se reserva para no revictimizar a la denunciante.

Luego de ese fallo, tanto la fiscalía como la querella presentaron sendas apelaciones y ahora resta que la sentencia sea analizada por el STJ, instancia en la cual los magistrados de ese organismo pueden confirmar la sentencia, revocarla o realizar algún otro planteo.

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El fiscal del caso Vilma Mercado será juez del Tribunal Penal de Oberá

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Tras más de cinco años como titular de la Fiscalía de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, una de las más ágiles de la provincia, Horacio Paniagua fue designado como juez del Tribunal Penal Uno de Oberá y el jueves entra en funciones en su nuevo cargo.

La jura como magistrado de Paniagua será ese mismo día, a las 11.30, en una ceremonia que se desarrollará en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Justicia, en Posadas, donde también se oficializará la designación de otras autoridades judiciales recientemente elegidas.

El flamante juez, de 39 años, viene de ser fiscal de instrucción penal en Puerto Iguazú. Asumió ese cargo el 3 de noviembre de 2017 y en este tiempo encabezó un caudal de causas de trascendencia, las cuales en su mayoría consiguieron ser elevadas a juicio en plazos menores a dos años.

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Entre los casos en que Paniagua tuvo intervención como fiscal se destaca la investigación del femicidio de Vilma Mercado, que fue cometido el 24 de octubre de 2019 y que a fines de 2021 fue ventilado en un debate oral que culminó con una condena a prisión perpetua para el ex soldado Carlos Luis Leandro Villar.

En la pesquisa del femicidio se recolectó una multiplicidad de elementos probatorios, entre declaraciones testimoniales, pericias telefónicas y de geolocalización, pruebas de ADN y hasta el aporte de un odontólogo forense que determinó que una lesión en el imputado era compatible con una mordedura primero y con la cavidad bucal de la víctima después.

Esa batería de pruebas recogidas en el proceso de investigación fungieron de cimiento para lo que, dos años después, se tradujo en una histórica sentencia impartida por el Tribunal Penal Uno de Eldorado.

En esa instancia, el ex soldado Villar fue condenado a prisión perpetua -35 años de prisión efectiva- como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal y robo simple, en concurso real con homicidio criminis causa en concurso ideal con femicidio y homicidio perpetrado por placer”.

El soldado Carlos Villar fue condenado a prisión perpetua a fines de 2021, dos años después del femicidio de Vilma Mercado.

Lo que avala aún más la investigación llevada adelante es que dicha sentencia fue recientemente avalada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Otra causa de relevancia donde intervino Paniagua fue el doble parricidio de Hilario Kirschner (61) y Mirta Sachser (54), perpetrado el 21 de septiembre de 2019 en la localidad de Comandante Andresito.

El único sospechoso del caso es Alejandro, el hijo de ambas víctimas, quien afronta una acusación que también puede conducirlo a prisión perpetua. El joven permanece detenido, a la espera del comienzo del juicio en su contra.

Ahora, el cargo de fiscal de instrucción en Puerto Iguazú será cubierta con fiscales de otras jurisdicciones según orden de subrogancias hasta que se llame a concurso y se resuelva el reemplazo, explicaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones. 

El Tribunal de Oberá

El destino de Paniagua, en tanto, estará en Oberá, donde a partir del jueves será miembro del Tribunal Penal Uno. Allí ocupará el cargo que dejó vacante Lilia Avendaño tras su renuncia y trabajará a la par de los magistrados Francisco Aguirre y José Pablo Rivero.

El TP 1 de Oberá concentra expedientes de cuatro juzgados de instrucción: dos de Oberá, uno de Leandro N. Alem y el restante de San Vicente. Tiene promedio de 80 sentencias por año.

En 2022, particularmente, fue el tribunal que más debates orales realizó en la provincia, con 83, de los cuales 65 fueron mediante la vía de un juicio abreviado. De ese total, el 60% de los fallos fueron producto de causas por hechos contra la integridad sexual.

Más funcionarios judiciales

En la misma audiencia donde se procederá a la jura y firma de Paniagua como miembro del TP 1 de Oberá también se oficializarán otras designaciones para cargos judiciales que estaban vacante.

Ellos son Gustavo Arnaldo Bernie, que asumirá como juez y completará el Tribunal Penal Uno de Posadas junto a Viviana Cukla y Ángel Dejesús Cardozo; Pablo Federico Padula, en el cargo de Defensor de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Posadas; Yamila Mariel Gamez Rodríguez, en el cargo de Defensora Oficial de Instancia en lo Civil y Comercial Uno de Oberá; y Eber Idelin Benítez, en el cargo de Defensor Oficial de Instrucción de Jardín América.

Los pliegos para la designación de los nuevos funcionarios judiciales fueron aprobados por la Cámara de Diputados de la provincia durante una sesión realizada el pasado 20 de octubre.

Gustavo Bernie, nuevo juez del Tribunal Penal Uno de Posadas, y Horacio Paniagua, durante la aprobación de los pliegos en la Legislatura misionera.

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Sobreseyeron por muerte a represor misionero acusado de crímenes en la dictadura

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Parece una obviedad, pero todo debe estar plasmado en documentos y, a tres años de su muerte y a cuatro meses de la finalización del juicio en el que era uno de los 22 imputados, la Justicia bonaerense dictaminó el sobreseimiento por fallecimiento del represor misionero Benito Ángel Rubén Omaecheverría.

Según en las actas oficiales, el coronel Omaecheverría nació el 26 de abril de 1928 en Posadas y falleció el 14 de mayo de 2019, apenas dos semanas después del inicio del debate oral en el marco de la denominada “megacausa de Campo de Mayo”, el primero que enfrentaba por su participación en el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar argentina.

En esa causa, el militar misionero estaba acusado por hechos de abuso sexual en perjuicio de al menos cinco presos políticos que pasaron por el centro clandestino de detención “El Campito”, ubicado dentro de la guarnición militar de Campo de Mayo, un predio de 4.000 hectáreas con distintos recintos para alojamiento y tortura de prisioneros.

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De acuerdo a la acusación formulada por la Fiscalía que llevó adelante la investigación del expediente, en ese momento Omaecheverría cumplía funciones como Jefe del Departamento de Personal del Estado Mayor del Comando de Instituto Militares.

El juicio por esta causa comenzó el 29 de abril de 2019. Tras la pandemia se reanudó el 27 de mayo de 2020 por vía telemática y culminó el 6 de julio de 2022. En total se desarrollaron 127 audiencias y se recabaron 327 declaraciones testimoniales.

Nueve de los imputados fueron condenados a prisión perpetua y otros nueve acusados recibieron penas de entre 22 y 4 años de prisión, entre ellos otro misionero Bernardo “El Ángel” Caballero, oriundo de San Ignacio, quien era uno de los pocos represores privado de su libertad en una celda de la Unidad Penal 34 de Campo Mayo, dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Justamente, en la resolución judicial firmada hoy por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín (Buenos Aires), que declara la “extinguida” la acción penal y decreta el sobreseimiento de Omaecheverría, consta que su último domicilio fue la “residencia Tercera Edad -geriátrico Hospital Militar Campo de Mayo”-, dentro de la guarnición militar de Campo de Mayo.

El mismo fallo dispone “el levantamiento de las medidas cautelares oportunamente decretadas al dictarse el procesamiento por los hechos objeto de este proceso”. Con ello Omaecheverría se llevó a la tumba todos sus hechos y falleció sin recibir sentencia por las acusaciones de lesa humanidad que pesaban en su contra.

El testimonio de una víctima

Entre las víctimas de los hechos imputados al misionero aparece María Celia Torres, prisionera política que sobrevivió a su paso por El Campito y esposa de Héctor Jofre, que aún permanece desaparecido.

El 14 de abril de 2021, Torres declaró en el juicio que se llevó adelante en el expediente por la megacausa de Campo de Mayo.

Sobre el secuestro de su esposo, concretado el 25 de febrero de 1977, Torres recordó que “lo estaban esperando en la puerta de su trabajo, lo tomaron los policías y personal del ejército, lo golpearon, lo hirieron y lo llevaron en un camión”.

Luego explicó que ese mismo día automóviles Falcon de color verde y un camión del ejército rodearon su casa, le dijeron que a su marido no lo iba a ver más, que ella también iba a desaparecer y agregó: “Rompieron toda la casa, paredes y vidrios. Nos encerraron en una habitación bajo llave durante muchas horas. Nos azotaban y nos tiraban del cabello, nos trataron muy mal”

En su exposición, replicada luego en la web oficial del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Torres explicó que la llevaron en un Falcon vendada con un pañuelo, que la ingresaron a un galpón y le colocaron una capucha: “Me dijeron no sos nadie, sos el  número 176”.

La testigo relató que fue torturada por medio de picana eléctrica y que fue abusada sexualmente y describió como “el infierno en la tierra” lo que tuvo que vivir durante su secuestro: “Fue aterrador. Me ponían picanas en los brazos y en las piernas. Después de un rato de torturarme volvían a traerme para que me acostase en la colchoneta, y así varios días”.

Antes del inicio del juicio, uno de los abogados querellantes, Pablo Llonto, había marcado especial interés en la figura de Omaecheverría. “Uno de los máximos responsables de la represión. Era quien tenía listas de todos los detenidos desaparecidos que estaban en El Campito. Este tipo es el que sabía y sabe qué pasó con cada desaparecido”, expresó el letrado a Tiempo Argentino en 2019.

  Omaecheverría

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