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La Justicia le dio domiciliaria a dos represores de la dictadura

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Se trata de Carlos Capdevila y Lucio Nast, ambos condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. Los jueces argumentaron su decisión en el estado de salud de los represores.

 

BUENOS AIRES. Carlos Capdevila, médico que ofició de partero en el centro clandestino de detención que funcionó durante la dictadura en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), y el ex policía rosarino Lucio César Nast, alias Ronco, ambos condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, fueron beneficiados con la prisión domiciliaria.

En el caso de Capdevila, fue el juez Daniel Obligado, el mismo del Tribunal Oral Federal que hace unas semanas le otorgó la prisión domiciliaria al ex vicepresidente Amado Boudou, quien decidió enviarlo a su casa en medio de la pandemia de coronavirus.

La decisión de Obligado se fundamentó en que el condenado por crímenes de lesa humanidad es un preso de los considerados de riesgo debido a la pandemia de coronavirus que asola el mundo. El juez Obligado le concedió el arresto domiciliario a uno de los parteros de la maternidad clandestina de la Esma al considerar que estaba expuesto frente al contagio del coronavirus, por tratarse de una persona de casi 70 años y que tiene varios problemas de salud en su historial médico.

Capdevila fue condenado por varios hechos de apropiación indebida de menores, también por aplicación de tormentos y otros delitos de lesa humanidad cometidos en la Esma.

En enero de 1993, la Armada inició un expediente con su caso. Se intentaba “determinar la relación de los actos de servicio” y algo que llaman “neurosis de guerra”.

Capdevila declaró: “Fui asignado por orden del señor director de dicha Escuela, a una Unidad de Tarea cuya misión era desarrollar operaciones contra la subversión. El marco en que se desarrolló mi actividad y el tipo de tareas que debí cumplir hicieron que permanentemente me encontrase en la disyuntiva de cumplir con mi juramento hipocrático como profesional médico y mi carácter de militar; opté por cumplir con las exigencias que el servicio militar me imponía y en medio de una gran presión psíquica; fueron muchas las noches de insomnio tanto en mi destino como en los pocos momentos que pasaba en mi hogar; mi psiquis vivía en conflicto permanente”.

Según el informe médico que llegó a manos del juez Obligado, el represor Capdevila tiene hipertensión arterial, cáncer de próstata y problemas motrices entre otras cuestiones de salud. Además, el juez evalúo que Capdevila no está debidamente aislado en la Unidad 31 de Ezeiza, donde cumple condena, e incluso comparte lugares comunes con otros detenidos.

Ante el pedido del represor Capdevila, el fiscal Leonardo Filippini se opuso a concederle el arresto domiciliario pero finalmente el juez se lo otorgó bajo otros argumentos.

El fiscal había considerado que en el lugar de detención dónde se encontraba Capdevila estaba bien atendido. Pero el juez Obligado tuvo en cuenta que Capdevila es uno de los 1.280 presos que informó el Servicio Penitenciario Federal integra el grupo de presos de mayor riesgo de contraer coronavirus, en este caso tanto por su elevada edad y por sus problemas de salud preexistente.

Capdevila cuenta con al menos tres condenas por violación a los derechos humanos, todos ellos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Esma. De esta forma, Capdevila recibió en 2011 una condena a 20 años de prisión sumados a otra de 15 años también por delitos de lesa humanidad y otra última de 10 años de prisión que ya había agotado.

En tanto, hace unos días, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal le concedió el arresto domiciliario al represor Lucio Nast (66), quien fue condenado a 22 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Los magistrados de esa sala del máximo tribunal penal del país consideraron que por su edad y por su estado salud, Nast es un detenido de “alto riesgo” ante el avance de la pandemia del coronavirus.

En un fallo dividido, los jueces Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques votaron por concederle el beneficio al represor. En tanto, Alejandro Slokar votó en disidencia y alertó sobre el riesgo de que bajo el pretexto de la pandemia se encubran actos de impunidad.

Para otorgarle el beneficio, los jueces Yacobucci y Mahiques consideraron que Nast tiene 66 años y que “presenta diversos y complejos problemas de salud (gastritis, hernia hiatal e inguinal, diverticulosis, dolor crónico abdominal, colelitiasis, trauma acústico, y secuela de herida de arma de fuego en tórax y pelvis)”.

“Corresponde atender, asimismo, a la situación excepcional derivada de la pandemia declarada por la aparición del Coronavirus (Covid-19) y las numerosas recomendaciones de organismos nacionales e internacionales con incidencia en la materia y en ese marco, a las consecuencias sobre las personas detenidas consideradas dentro del grupo de riesgo, entre las que, sin hesitación, se encuentra Nast debido a su avanzada edad y su múltiples patologías preexistentes, entre las que cabe señalar las de naturaleza respiratoria”, sostuvieron los dos magistrados.

Por su parte, el juez Slokar sostuvo en cambio que el recurso debía ser rechazado y que en su lugar de detención “se mantiene el distanciamiento recomendado por las autoridades sanitarias” y “se han distribuido los insumos de higiene y limpieza correspondientes para prevenir eventuales contagios”, por lo que no corresponde otorgarle el arresto domiciliario.

Nast fue condenado a 22 años de prisión -en un fallo confirmado por Casación- por crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 43 víctimas durante la última dictadura militar en el centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la ex Jefatura de Policía de Rosario; el más grande de la provincia de Santa Fe.

 

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Post-pandemia: Gobierno prepara reformas previsional y judicial y un impulso al crédito

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Será para reactivar la economía y la producción. El NEA recuperaría el beneficio de pagar menos cargas patronales, junto con el NOA. Habría un “Ahora 18” y blanqueo de capitales.

BUENOS AIRES. El Gobierno nacional trabaja en un plan de cinco patas para después del aislamiento que arrancó en marzo, con el fin de reactivar la economía y la producción, según trascendió de allegados al presidente  Alberto Fernández.

En primer lugar, el mandatario viene trabajando con todos los gobernadores en un plan para dinamizar la economía que implica un fuerte impulso al crédito en todo el país y de otros apoyos segmentados según las necesidades de cada región.

Con ese fin se dividirá en noreste, noroeste, centro, litoral y zona cuyana. El NOA y el NEA recuperarían el beneficio de pagar menos cargas patronales, que fue eliminado por Mauricio Macri.

También se analizarán los aranceles de exportación de los productos sensibles de cada zona, con el objetivo de reactivar la industria y que vuelvan a abrir más fábricas que tuvieron que cerrar.

En esa línea, se trabaja para mejorar la ley de concursos de acreedores y de ese modo, salvar rápidamente a las empresas y que vuelvan a operar normalmente.

En segundo lugar se relanzará el programa Ahora 18, una nueva versión del programa Ahora 12. El plan que se está trabajando es de 18 cuotas, con tres meses de gracia. Es decir, lo que se compra en julio se comenzaría a pagar en noviembre y se cancelaría la cuota 18 en abril de 2022.

También se analiza la posibilidad de que esas compras tengan una devolución total o parcial del IVA, según publicó el portal La Política on Line.

En tercer lugar, para acompañar la moratoria que acaba de anunciar el Gobierno, se proyecta un blanqueo para repatriar capitales que se inviertan en sectores de gran generación de empleo, cómo por ejemplo, la construcción.

Reformas en agenda

En cuarto lugar, el Gobierno irá en busca de una reforma previsional. Se trabaja en nueva fórmula que saldrá de un proyecto de reforma que se enviará el Congreso en los próximos días. El objetivo es que el aumento previsional de septiembre se pague ya con esa nueva fórmula.

Las fuentes consultadas dijeron que el Presidente no quiere seguir dando aumentos por decreto, aunque aclaran que en estos meses los jubilados le ganaron a la inflación y recibieron medicamentos gratis por un valor promedio del 25 por ciento de sus ingresos. El proyecto de la nueva fórmula se basa en ingresos de la ANSES y evolución salarial.

Por último, se avanzó en el proyecto de reforma judicial y en 10 días ya estará en el Congreso. Con este proyecto, anunciado por Marcela Losardo aún antes de la asunción de Alberto, se busca el reordenamiento de la justicia federal y se acompañará con un decreto para la creación del Consejo de Mejoramiento de Calidad Institucional, similar al Consejo de Consolidación de la democracia que creó Alfonsín en 1985.

Dicho órgano estará conformado por un grupo de juristas notables, de diversas ideologías. Tendrán 60 días para hacer propuestas para temas como composición de la Corte Suprema de Justicia, juicios por jurados, recurso extraordinario y Ministerio Público. Una vez terminadas el presidente las enviará al Congreso.

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Córdoba: funcionario hizo una choripaneada en donde se infectaron 10 personas

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Un hombre organizó una reunión de 30 personas en plena pandemia de coronavirus y hubo al menos 10 contagiados en el lugar.

 

LA FALDA. En plena pandemia de coronavirus, un hombre organizó una juntada de al menos 30 personas y hubo diez contagios. Se trata de Luis Almada, subsecretario de Gobierno de la Municipalidad en La Falda, quien debió presentar la renuncia después del lamentable hecho. El funcionario organizó una “choripaneada” para celebrar el cumpleaños de su hijo en la localidad de Huerta Grande en la provincia de Córdoba.

“Sábado en la casa de Darío Charlie. Lo único lleven algo para tomar. Después de las 00 se pudre”, escribió la persona que cumplía años, en el mensaje de la invitación para la fiesta que llamó “La Covid-24”.

El hombre que trabajaba para la Municipalidad de La Falda estaba a cargo de coordinar los operativos de tránsito para que se cumpla con la cuarentena. Tras enterarse del hecho, la fiscal Paula Kelm imputó a padre e hijo por violar las normas sanitarias establecidas por el Gobierno de Alberto Fernández.

Por otro lado, cabe señalar que la autoridad también tomó la misma determinación con el invitado con COVID-19, quien asistió a la fiesta aunque debería haber estado aislado a la espera del resultado de su hisopado.

La situación generó el repudio de diferentes personas en las redes sociales. “No puedo creer que a más de 100 días se cometan estos actos aberrantes”, “Funcionario y no toma conciencia, deberían expulsarlo para siempre de la gestión pública”, “Es increíble que una persona haga esto en plena pandemia y encima que sea político es imperdonable”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer sobre la noticia en las diferentes plataformas digitales.

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Probarán una vacuna contra el coronavirus en la Argentina

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El país fue seleccionado por el laboratorio farmacéutico más grande del mundo para testear la vacuna, que se encuentra en fase avanzada. El estudio comenzará en agosto.

 

BUENOS AIRES. El laboratorio farmacéutico más grande del mundo anunció hoy que comenzará a testear en la Argentina la vacuna contra el coronavirus que actualmente produce y está en fase avanzada, apenas un mes después de que comiencen las pruebas en los Estados Unidos.

Pfizer reveló que la Argentina fue seleccionada para testear la vacuna contra el coronavirus, que ya ha pasado las pruebas iniciales de seguridad en Alemania y Estados Unidos y fue autorizada a avanzar a pruebas de eficacia por la Administración Federal de Drogas (FDA), la agencia del gobierno estadounidense encargada del control de los medicamentos.

Tras un extenso análisis de profesionales de varios países del mundo, un grupo de investigadores argentinos fueron seleccionados por su capacidad logística y conocimiento en enfermedades respiratorias virales, para testear la vacuna que Pfizer fabrica en conjunto con la compañía alemana Biontech.

En el proceso de seleccionar a Argentina por sobre otros países para probar esta vacuna, intervinieron directivos del laboratorio y un médico argentino. Las conversaciones telefónicas y por Zoom comenzaron en mayo pasado y conectaban a los hombres y mujeres de la compañía farmacéutica con el doctor Fernando Polack, director de la Fundación Infant, quien está realizando un estudio en Capital y Gran Buenos Aires para determinar si el plasma de convalecientes de Covid-19 morigera los síntomas en otros infectados.

El infectólogo argentino impulsó un programa sudamericano para testear vacunas respiratorias en Brasil, Chile y Argentina. El médico argentino se especializa desde hace 25 años en enfermedades de las vías respiratorias y su trabajo es conocido por expertos en vacunas y medicamentos contra virus respiratorios en el mundo entero.

Pfizer está ampliando la base de datos de seguridad en Estados Unidos y para evaluar la eficacia de su vacuna realizará un estudio en miles de personas allí. “Argentina – dijo Polack- ha sido elegida, hasta ahora, como el único otro país donde se evaluará la vacuna. Vamos a participar un mes después de que comience en Estados Unidos. Eso implica que va a haber más de 700 personas trabajando simultáneamente en distintas áreas del programa”.

Se estima que el estudio comenzará en Argentina a principios de agosto y está sujeto a la aprobación regulatoria de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

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