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Turista agredido en Iguazú: “los policías miraban como me pegaban”

Cristian Gaute contó cómo fue el ataque de los manifestantes en un cerrado corte de ruta, camino al aeropuerto de Iguazú. Dijo que turistas argentinos y extranjeros fueron retenidos en medio de los manifestantes. “La saqué barata”, declaró, y denunció que los tuvieron de rehenes.

PUERTO IGUAZÚ Y BUENOS AIRES. Cristian Gaute tiene 35 años y fue con su familia a disfrutar de las Cataratas del Iguazú. Recibió varios golpes y contusiones en la cabeza y el cuerpo, que alcanzaron a atenderle médicos de urgencia en el aeropuerto, antes de abordar su vuelo de regreso, que ya partía.

El joven oriundo de Avellaneda sabía del corte de ruta pero pensó que dejarían un carril libre para autos. “Al llegar nos dijeron que no se podía pasar con autos.

El taxi que nos llevaba al aeropuerto nos dejó y dijo que habría otro esperándonos al otro lado. Cuando llegamos a la manifestación había gente en medio del piquete, no los dejaban mover ni al otro lado ni volver. Estábamos como rehenes en el medio”.

De un momento a otro, “se puso caliente la cosa”, relató, y los manifestantes abrieron un corredor peatonal por el que Cristian no tuvo más opción que pasar, para no perder el vuelo.

“Tenía que llegar para trabajar y mi esposa también. Caminé 10 metros y me empezaron a seguir, en el medio me cruzaron, me pude defender de uno y después no me acuerdo más nada”.

El turista de 35 años (que trabaja en un negocio familiar y estudia la carrera de Farmacéutico) se enteró de los golpes que le propinaron con un casco al ver el video. “Creo que hasta uno de los piqueteros me sacó para que no me pegaran más, la verdad la saqué barata”.

El vacío de autoridad fue notorio, reconoció. La Policía “no se podía meter”, los manifestantes “decidían quién entraba o salía”, y los efectivos decían que, en la ruta, era Gendarmería la que tenía jurisdicción para actuar. Pero tampoco ellos intervinieron, según Cristian.

Los manifestantes “cantaban ‘se joden, se joden’, contra el turismo, siendo que muchos viven del turismo”, añadió. “Gendarmería decía que no podía hacer nada, que ningún juez había ido ni tomado el caso”, agregó, y desmintió: “La Policía no se metió nunca. Eran dos, que tenían más ganas de irse que de estar ahí”.

M.O

PROVINCIALES

Piden juicio oral para el intendente Neis y otros 46, por defraudación al Estado nacional

Es por los fondos de un programa de tratamiento de residuos. Entre los acusados también figuran Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich. El juez hará una evaluación final.

BUENOS AIRES. (Diarios y agencias). El intendente del municipio misionero de Puerto Rico, Federico Neis, irá a juicio oral junto a otros 46 alcaldes y tres ex jefes de Gabinete del kirchnerismo por defraudar al Estado nacional en 600 millones de pesos.

El pedido fue realizado por el fiscal Carlos Rívolo contra los ex jefes de Gabinete, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina, junto a ex secretarios de Ambiente y casi medio centenar de intendentes.

Se trata de la causa que investiga una malversación de las arcas del Tesoro entre 2013 y 2015 para que distintas municipalidades de todo el país llevaran adelante tratamientos de residuos.

Además, el fiscal sostuvo que hay que profundizar la investigación sobre el rol del Tribunal de Cuentas de la provincia de Chaco en la aprobación de las rendiciones de cuentas de algunos municipios y que podrían ser delitos.

“No podemos dejar de resaltar que la República Argentina se ha obligado a perseguir y sancionar actos de corrupción como el que es objeto de estos actuados”, sostuvo Rívolo en el dictamen.

Ahora, las defensas harán su lectura de las pruebas de cara al pedido fiscal. Y el juez evaluará si, con las pruebas que hay, el caso se manda a juicio oral.

El caso

Durante la gestión de Cristina Kirchner se implementaron programas de tratamiento de basura, vía la Jefatura de Gabinete. Los principales beneficiados de esos programas fueron Chaco y Río Gallegos, pero la mayoría de las obras nunca se hicieron. 

Rívolo avanzó en esta investigación, que se abrió en 2016, en donde se puso bajo la lupa el destino de 604.529.670 pesos, afectados a los llamados Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU).

Se cree que, en realidad, esos recursos se aprovecharon para “disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo del desarrollo de las políticas ambientales estatales”, según escribió la Cámara Federal en noviembre pasado.

En diciembre de 2017, Bonadio había firmado los procesamientos de Fernández y Capitanich, y le dictó la falta de mérito a Abal Medina. Pero Rivolo apeló y la Cámara le dio la razón. También quedaron procesados ex secretarios de Medio Ambiente como Sergio Lorusso, Omar Judis y Juan José Mussi; y Andrés Meiszner, ex jefe de asesores.

Hubo además casi un centenar de intendentes de todo el país procesados, aunque la Cámara Federal solo confirmó la mitad. Entre ellos están Francisco “Barba” Gutiérrez y Francisco “Paco” Durañona.

En su dictamen, al repasar las pruebas de la causa de cara al juicio oral, Rívolo aseguró que “la administración de los fondos del Estado se vieron perjudicados” cuando Sergio Gustavo Lorusso (f), Omar Vicente Judis y Juan José Mussi (ex Secretarios de Ambiente y Desarrollo Sustentable) firmaron los acuerdos con los municipios peticionantes “sin el debido contralor, basándose en meras argumentaciones generales e inespecíficas sobre lo actuado en los expedientes, a pesar de que presentaban serias deficiencias administrativas”.

Luego, Juan Manuel Abal Medina, Aníbal Domingo Fernández y Jorge Milton Capitanich (ex Jefes de Gabinete) que aprobaron, mediante resoluciones de JGM, los convenios y sus actas complementarias, habilitando las liquidaciones y pagos a través de transferencias con partidas de esas carteras.

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