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Muerte en el Sanatorio Camino: Velázquez no sabe si la doctora acusada sigue trabajando
Al secretario general de Sindicato de Camioneros, Adolfo Velázquez, responsable del Sanatorio Camino, le preguntaron si la pediatra Rocío Nardes continúa trabajando luego de ser denunciada por los padres de una paciente de 7 años que murió el pasado 8 de septiembre en ése centro de salud. -“Yo no sabría decirte”, le respondió al periodista.
La muerte de Luana Kruka a causa de una infección provocada por la bacteria Streptococcus pyogenes, continúa bajo la lupa de una investigación judicial que intentará determinar la responsabilidad de una de las profesionales que revisó a la pequeña en más de una ocasión, y que nunca solicitó estudios complementarios para lograr un diagnóstico preciso: la pediatra Rocío de los Ángeles Nardes, a quien la familia Kruka acusa de Mala Práxis.
Pero mientras los Kruka se asesoran legalmente para llevar hasta las últimas consecuencias su reclamo por justicia, desde la institución médica confirmaron a La Voz de Misiones que la doctora Nardes continúa en la lista de pediatras convocados para las guardias rotativas, que realizan profesionales con poca experiencia, en sanatorios céntricos. Al respecto, al ser consultado durante una entrevista en Radio Libertad sobre la situación laboral de la médica cuestionada, Adolfo Velázquez respondió: “Yo no sabría decirte, pero seguramente no está trabajando”.
El jefe de los camioneros dijo además, “creo que es un tema que hace falta que se investigue bien y que se sepa la verdad”, al tiempo que adelantó cuál será la posición de defensa de las autoridades médicas: “…según la directora médica del sanatorio (Silvana Salvatierra) no es eso que se ha transmitido a través de los medios”, deslizó Velázquez.
En manos de la Justicia
La investigación que lleva adelante la fiscal Amalia Spinnato avanza en el juzgado a cargo de magistrado Marcelo Cardozo. A las primeras acciones inmediatas, como el secuestro de la Historia Clínica y la autopsia, se sumarán la ronda de testimonios sobre lo ocurrido durante las horas que pasó Luana en el Sanatorio Camino. Los padres de la menor fueron citados a declarar el martes de 2 de octubre.
Para Martín Kruka, el papá de Luana, no hay dudas: “a mi hija la mató la impericia de una doctora que, además, actuó con frialdad y desprecio tratando a mi ángel de “mañosa” cuando se moría en mis brazos”.
La joven familia posadeña se siente víctima de una Mala Práxis y serán querellantes en la causa que aún no fue caratulada por la Justicia. La representación legal de los Kruka será ejercida por los abogados Eduardo Paredes y José Luis Rey.
Por ahora la investigación está en curso bajo el título “104302/2018. Agente Fiscal Nº1 sobre denuncia de Jesica Velazquez…”. La fiscal Spinnato decidirá si acusarán a la doctora Rocío Nardes por Mala Práxis, y en ese momento tendrá carátula la causa.
Omisiones mortales
Los detalles de la cronología en la semana del 4 al 8 de septiembre serán la clave para demostrar que la atención médica falló gravemente, no tanto por lo que hicieron, sino por lo que dejaron de hacer. “Hay omisiones increíbles durante el tratamiento, como no solicitar un hisopado de fauces para una paciente con tantos síntomas de infección bacteriana”, explicó el abogado Paredes.
Durante esos días, Luana ingresó en reiteradas ocasiones a la guardia del Sanatorio Camino. A la fiebre imparable se le sumaron nuevos síntomas: manchas en la piel, músculos hinchados y hasta escupió sangre, por lo que una enfermera le explicó al papá: “es normal, tiene la garganta irritada”.
Según el abogado Paredes, “el caso de Luana Kruka trasciende la muerte de la pequeña y pone de manifiesto las falencias en la atención médica. Tiene que ver con la Salud Pública; médicos sin especialidad que no son controlados”.
El caso dejaría en evidencia, además, la precariedad y riesgos a los que someten a los médicos inexpertos, que en muchos casos ni siquiera son parte del staff de los sanatorios, y facturan como monotributitas.
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Desbaratan red de usura en Posadas: tres detenidos y 350 tarjetas incautadas
Mediante dos allanamientos simultáneos ejecutados anoche en un barrio de Itaembé Guazú en Posadas, la Policía desbarató una red de usura y detuvo a tres sospechosos, al tiempo que decomisó 350 tarjetas de débito y tres camionetas, entre otros elementos de interés para la causa.
De acuerdo a la información difundida, la pesquisa estuvo a cargo del personal de la División Investigaciones de la Unidad Regional X, en conjunto con los agentes de la Brigada de Investigaciones del Nodo de Seguridad Itaembé Guazú, quienes mediante labores encubiertas siguieron el rastro de una banda dedicada a realizar prácticas de usura y retención indebida de documentación en perjuicio de familias vulnerables.
De esta manera, con los datos reunidos con las tareas de campo, anoche solicitaron órdenes de allanamiento y con el aval de la Justicia irrumpieron en dos inmuebles ubicados en el barrio 508 Viviendas.
Allí concretaron la detención de tres sospechosos identificados como Andrés A. R. (43), Andrés B. (39) y Susana M. (43), quienes ahora se encuentran a disposición de la Justicia.
En los procedimientos además se incautaron elementos comprometedores para la banda, como ser 350 tarjetas de débito con sus respectivas contraseñas de cajero y 25 documentos nacionales de identidad que habrían sido retenidos para garantizar el cobro de préstamos con intereses exorbitantes. También se hallaron cuadernos, anotaciones y registros contables que forman parte del circuito financiero informal investigado.
No fue lo único. Los efectivos recuperaron una gran cantidad de electrodomésticos y bienes de uso cotidiano presuntamente entregados por las víctimas como forma de pago ante la imposibilidad de afrontar los intereses impuestos por los prestamistas.
Según precisaron, todos los elementos serán inventariados y puestos a disposición del Juzgado para avanzar con la identificación de damnificados y la restitución correspondiente.
Como parte del operativo también fueron secuestrados cuatro vehículos vinculados a la maniobra, entre ellos una Toyota Hilux, una Volkswagen Amarok, una Toyota SW4 y un Fiat Fiorino, todos utilizados por la organización en la actividad investigada.
Las pesquisas continúan bajo supervisión judicial para determinar si existen otros domicilios involucrados, nuevas víctimas y eventuales integrantes del circuito usurero, sin descartarse nuevas medidas en las próximas horas.

Los allanamientos fueron realizados en el barrio 508 Viviendas de Itaembé Guazú.
Cultura
Yerba Canchada vuelve para despedir el año a pura cumbia y baile en el Galpón
La agrupación posadeña Yerba Canchada vuelve al concierto antes de que termine el año y será con una fiesta el sábado 27 de diciembre en El Galpón de la murga (Pedro Méndez 2260).
El show se llama “N’el Patio”, con la idea de mixturar el ritmo afrolatino con impronta litoraleña para una fiesta popular como viene planteando la banda desde trece años.
Las entradas tienen lotes con valores anticipados al 3764652874 : el Lote 1 tiene un costo de $15.000 o 2 por $28.000 hasta el 12 de diciembre. Luego se habilitará el Lote 2 a $18.000 o 2 por $35.000 hasta el 26 de diciembre. Finalmente, el costo en puerta será de $20.000.
En esta edición especial, la fiesta contará con la presencia de D Cerro DJ. Habrá una puesta visual, especialmente diseñada para acompañar el clima veraniego que propone el concepto del concierto.
Yerba Canchada publicó hasta el momento solo el disco “Juira los Argeles” (2016), bajo el auspicio del Instituto Nacional de Música (Inamu) y contiene diez canciones de 33 minutos en total, con éxitos propios como “Barro Ñaú”, “Caña de limón” o “La Kambá”.
El grupo está integrado por Matías Juañuk en voz y guitarra criolla, Maxi Juañuk en guitarra eléctrica y coros, Micho Acuña en el bajo y coros, Valeria Berend en acordeón, Leandro Yahni en teclados y los percusionistas Mauricio Ovando, Omar Gauna, Matías Dutra y Jerónimo Brítez.
Judiciales
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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