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Un policía será juzgado por la muerte de Luciano Villalba en un operativo

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El Juzgado de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem, a cargo de la magistrada Selva Raquel Zuetta, dispuso la elevación a juicio del expediente que investiga a cuatro agentes policiales que en 2019 participaron de un procedimiento en el barrio La Cantera de Apóstoles que culminó un muerto y un herido. 

El uniformado más comprometido es Alan Daniel Chupiak, quien está imputado por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma y por el carácter de funcionario público”, en perjuicio de un joven identificado como Luciano Villalba (18). Esta acusación prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser declarado culpable.

Los demás involucrados son Milton Bernabé Escobar, Gerardo Germán Escobar y Daniel Elías Pereyra, quienes están acusados por “abuso de autoridad y lesiones agravadas” cometidas contra Ramón “Chueco” Piris, hermano del fallecido. 

Al momento del hecho, todos ellos cumplían funciones en diferentes seccionales dependientes de la Unidad Regional VII y hasta junio figuraban como agentes activos, según la planilla de uniformados que el Tribunal Electoral tachó del padrón para las elecciones provinciales, medida que después fue revertida.

Tras el dictamen emitido por la magistrada Zuetta, el expediente fue remitido al Tribunal Penal Uno de Posadas, cuyas autoridades ahora deberán programar una fecha acorde a su calendario para la realización del debate oral donde se juzgará la responsabilidad de cada uno de los involucrados en los hechos investigados. 

El procedimiento que resultó con un muerto y un fallecido ocurrió el 5 de diciembre de 2019 en el barrio La Cantera de Apóstoles.

Operativo y muerte

El hecho que se ventilará en juicio ocurrió el 5 de diciembre de 2019, año que tuvo otros dos casos de violencia institucional: el asesinato de Víctor Márquez Dos Santos (17) en Santa Ana; y la persecución y muerte de Reinaldo Andrade (37) en El Soberbio, causa que ya fue a juicio y culminó con un policía condenado a prisión perpetua.

Aquel 5 de diciembre a la madrugada una serie de patrulleros acudieron al barrio La Cantera de Apóstoles a raíz de un presunto hurto de motocicleta y el objetivo era detener a Chueco Piris, pero los familiares del implicado intentaron entorpecer el procedimiento.

En ese contexto, se produjeron corridas, forcejeos, pedradas y disparos. Uno de esos proyectiles calibre 9 milímetros alcanzó a Luciano Villalba, hermano de Piris. El balazo le perforó un pulmón y le desagarró el corazón, provocándole la muerte en el acto.

Después de ello, el magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, dispuso la detención de los cuatro uniformados que participaron del operativo y el secuestro de las armas reglamentarias de cada uno de ellos para los correspondientes estudios balísticos. 

A la espera de esos resultados y en medio de movilizaciones a favor de los policías en Apóstoles, los cuatro involucrados recuperaron la libertad.

En el transcurso de la causa, finalmente el juez Faría se apartó del caso y el expediente quedó en manos del Juzgado de Instrucción Cinco de Alem, donde se culminó la etapa investigativa.

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Muerte del soldado: motociclista que lo chocó haciendo willy continuará preso

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La Justicia rechazó el pedido de excarcelación presentado por el joven de 18 años que el domingo pasado provocó la muerte de un soldado al chocarlo mientras hacía willy con su motocicleta por la costanera de Posadas.

La medida fue firmada por el magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, que en su resolución planteó el estado incipiente de la investigación y consideró que la liberación del implicado representaría riesgo de fuga o entorpecimiento de la causa.

De esta manera, el muchacho identificado como Juan Gabriel D. N. (18) continuará detenido mientras la Justicia avanza con el expediente que lo tiene imputado por homicidio culposo en perjuicio del soldado Rodrigo Adán Barrientos (27).

Rodrigo Adán Barrientos tenía 27 años.

El trágico episodio ocurrió el domingo pasado, alrededor de las 5.30 de la madrugada, luego de los festejos por la victoria de Argentina ante Suiza por los cuartos de final del mundial.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad que captaron el momento justo en que un motociclista perdió el control de su rodado durante una maniobra de willy y embistió a Barrientos, que cruzaba la costanera a pie junto a un compañero.

Como consecuencia del impacto, el soldado cayó de espaldas contra el asfalto y su muerte se produjo prácticamente en el acto. El motociclista, en tanto, fue abordado por testigos y abandonó el lugar dejando su moto Gilera Smash en el lugar.

El implicado fue arrestado horas después, luego de que los investigadores de la Policía lograran individualizarlo y ubicarlo en el barrio Madariaga de Posadas.

Desde ese momento permanece detenido a disposición de la Justicia y ahora la familia de la víctima, representada por el abogado Federico Esquivel como querellante, solicitan agravar la acusación a homicidio simple con dolo eventual.

Motociclista que chocó y mató a un soldado hacía willy en la Costanera

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Ordenaron un examen psiquiátrico para la madre del niño asesinado en Santa Ana

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correntino

El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, suspendió la indagatoria a la mujer sospechada de asesinar a su hijo Ilán Mareco Vázquez (8) y ordenó que la detenida sea sometida a una junta médica-psiquiátrica para evaluar si se encuentra en condiciones de afrontar la audiencia.

El procedimiento judicial estaba programado para esta mañana, pero finalmente solo se limitó al cumplimiento de la designación de un abogado defensor oficial para María M. (30) que, a la espera de los resultados de su estudio, continuará detenida en una dependencia policial.

La suspensión de la indagatoria fue resulta por el propio magistrado, quien consideró oportuno la realización de una junta médica-psiquiátrica para determinar si la implicada se encuentra en condiciones de afrontar la citación y para garantizar que, en caso de lo que hiciera, esté en uso de sus facultades mentales plenas.

De esta manera, la Justicia ahora programará una fecha para la realización del estudio y recién cuando se conozcan los resultados de ese examen avanzará con la indagatoria, instancia en la que la mujer tendrá la oportunidad de brindar su versión de los hechos o bien guardar silencio.

La mujer está detenida desde el martes, aunque previo a ello estuvo 24 horas internada con custodia policial por las lesiones autoinfligidas que presentaba cuando la socorrieron de su casa, donde fue hallada junto al cuerpo sin vida de su hijo Ilán.

El crimen de Ilán se descubrió el lunes, cerca de las 10, cuando un llamado al 911 alertó sobre un episodio de extrema violencia en una vivienda del barrio Nueva Ciudad del Este de Santa Ana.

Al llegar, los uniformados se encontraron con dos niñas adolescentes que narraron haberse topado con la escena luego de despertarse.

La escena era la siguiente: el niño Ilan Mareco Vázquez, de 8 años, sin vida sobre su cama, y su madre al lado, semi inconsciente, con lesiones cortantes en el cuello de características auto infligidas.

La autopsia practicada posteriormente confirmó que el niño falleció como consecuencia de una lesión corto-punzante en el cuello. En la escena los investigadores incautaron un cuchillo que será sometido a pericias. También encontraron una carta presuntamente escrita por su madre, ahora detenida.

Autopsia confirmó un corte en el cuello de Ilán, el niño asesinado en Santa Ana

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Piden 22 años de cárcel para misionero acusado de liderar red de trata de menores

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Angelotti Notarbartolo

La fiscalía pidió 22 años de prisión para el misionero Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo, acusado de liderar una organización que se dedicó a captar menores de edad en la tierra colorada para explotación sexual en Buenos Aires, y 11 años de cárcel para Leandro Aguiar, otro coterráneo.

Los alegatos fueron formulados por el fiscal general Juan García Elorrio ante el Tribunal Oral Federal Tres de Buenos Aires, en una audiencia que también tuvo como dato sobresaliente el pedido de absolución para el ex ganador de Gran Hermano y productor televisivo Marcelo Corazza. En su caso, el representante del Ministerio Público entendió que el único hecho de abuso sexual que se le atribuye ocurrió en 2001 y prescribió, además de sostener que no existen pruebas para responsabilizarlo por el delito de asociación ilícita.

Además de las penas requeridas para los dos misioneros, la fiscalía pidió 10 años de prisión para Fernando Charpenet y Raúl Mermet, a quienes consideró partícipes necesarios de los delitos investigados. La querella, en tanto, mantuvo la acusación contra los cinco imputados, incluido Corazza, según amplió el medio porteño Infobae.

El juicio comenzó a mediados del año pasado y se desarrolla a puertas cerradas para proteger la integridad de los denunciantes y las víctimas.

Acusación

Según la investigación, la organización funcionó entre 1999 y marzo de 2023 y se dedicó a reclutar niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, principalmente en Misiones, para trasladarlos a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense con fines de explotación sexual.

Para la fiscalía, Angelotti Notarbartolo era quien lideraba la estructura y se encargaba de captar y manipular a las víctimas, además de coordinar los encuentros con los demás integrantes de la organización.

Aguiar, también oriundo de Misiones, habría ingresado a la red en 2018. De acuerdo con la acusación, junto a Charpenet, Mermet y Corazza solicitaba encuentros con las víctimas para luego abusar de ellas y explotarlas sexualmente.

La causa incluye denuncias por abuso sexual, trata de personas con fines de explotación sexual, promoción de la prostitución, corrupción de menores y tenencia de material de abuso sexual infantil. Entre las pruebas mencionadas durante el debate figuran promesas de viajes, regalos y dinero para captar a las víctimas, que tenían entre 11 y 16 años al momento de los hechos denunciados.

Inicio

El expediente se inició en octubre de 2022, luego de la denuncia de una víctima ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). A partir de esa presentación, la investigación derivó en la detención de los cinco acusados en marzo de 2023 y posteriormente en la elevación de la causa a juicio oral.

Tras los alegatos de la fiscalía y de las querellas, restan las exposiciones de las defensas antes de que el tribunal fije la fecha del veredicto. Además de las condenas, el Ministerio Público solicitó que, en caso de sentencia condenatoria, los acusados afronten de manera solidaria una reparación económica para las víctimas.

“Cumplís 18 y te llevo a Disney”: las promesas de Angelotti para captar menores

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