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Procesan a Cristina Kirchner por asociación ilícita y la embargan por 10 millones de pesos

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner quedó ayer procesada y embargada por 10.000 millones de pesos como supuesta integrante de una “asociación ilicita” que habría funcionado durante sus dos gobiernos y el de su fallecido marido, Néstor Kirchner, para la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Baéz.

En igual situación y con montos de embargos similares quedaron el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ya detenido y procesado ex secretario de Obra Pública, José López; el ex director de Vialidad Nacional, Nelson Pierotti; el ex coordinador de la cartera de Planificación, Carlos Santiago Kirchner -primo del ex presidente Néstor Kirchner–, y el también detenido y procesado Báez.

En una extensísima resolución de 794 carillas, el juez federal Julián Ercolini consideró que los nombrados integraron “una asociación ilícita que habría funcionado al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015”.

Para el magistrado “se habría verificado que los proceso licitatorios en cuestión fueron asignados a las empresas de Lázaro Báez por sumas mayores en promedio al 15 por ciento del presupuesto original”.

Al ponderar el perjuicio que ello habría ocasionado al Estado, consideró que “el monto de los contratos actualizados de las 52 obras adjudicadas a las empresas vinculadas al nombrado Báez asciende a las suma de 46.230.902.061,62 millones de pesos”.

La resolución agrega que la asociación ilícita invocada habría estado “destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada” de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz.

Para el juez Ercolini, el montaje de esa asociación se habría iniciado con “la conversión formal de Báez, amigo de los nombrados Kirchner y Fernández, con el que establecieron numerosas operaciones comerciales, en empresario de la construcción”, actividad a la que era ajeno antes del 2003.

“A tal fin, pocos días antes de que Néstor Carlos Kirchner asumiera la Presidencia de la Nación, el 8 de mayo de 2003, Báez, junto con dos socios -Guido Santiago Blondeau y Sergio Leonardo Gotti- formó la firma Austral Construcciones S.A”, resume Ercolini.

“En pos de llevar adelante las maniobras del plan primigenio, el mentado ex presidente montó la estructura institucional de su gobierno con distintas personas de su confianza, quienes en su mayoría formaron parte de diferentes áreas gubernamentales de la provincia de Santa Cruz, a las que ubicó en cargos estratégicos. añadió.

“Dicha estructura fue mantenida por (la ex presidente Cristina) Fernández tras asumir la presidencia de la Nación con fecha 10 de diciembre de 2007”.

La decisión de Ercolini recayó además sobre otros seis funcionarios indagados en la causa, a los que también les adjudicó cometer el delito de “administración fraudulenta agravada por cometerse en perjuicio de la administración pública” con diversos roles dentro de los “planes delictivos” investigados.

Se trata de los ex funcionarios de vialidad y provinciales Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Raúl Santibáñez, quienes fueron embargados por 2.500 millones de pesos cada uno.

“Se advierte un complejo entramado delictivo realizado en mas de una jurisdicción pero en donde cada uno de los intervinientes tuvo un rol concreto en razón del cargo en que fueron colocados”, remarcó el fallo.

Todos los funcionarios públicos procesados “conocían el pacto que los unía”, agregó el juez al fundamentar el procesamiento por el delito de asociación ilícita.

Para el juez, todos los nombrados “habrían perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional” con el fin de “procurar un lucro indebido propio o de terceros, como por ejemplo, el del empresario Lázaro Antonio Báez”.

El eje de la investigación giró en torno a una auditoria de las actuales autoridades de Vialidad Nacional y una anterior, del 2008, de la diputada Elisa Carrió sobre supuestas irregularidades en la concesión de tramos de la ruta nacional 3 y la ruta 9 de la provincia patagónica, luego unificadas a instancias de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques,

Según la denuncia de Vialidad, “de un total de ochenta y ocho obras llevadas acabo en esa jurisdicción en el período 2004-2015, cincuenta y dos obras se contrataron con empresas relacionadas con Báez que, recordemos, devino en empresario de la construcción en el año 2003”, resaltó Ercolini en su fallo.

Durante ese período las obras se concentraron en un único grupo de empresas relacionadas con Báez: Austral Construcciones S.A., Kank y Costilla S.A. y “Sucesión Adelmo Biancalani”, con un “constante incumplimiento de los plazos de obra, y una marcada desigualdad en el plazo de pagos con relación a otras empresas contratistas con esa dirección nacional”, señala el fallo publicado por Telam.

Además, el magistrado ordenó congelar la totalidad de las cuentas bancarias de todos los procesados, salvo aquellas donde se cobren pensiones, jubilaciones o salarios y que se realice un estudio socioambiental sobre cada uno de ellos ademas de toma de huellas dactilares.
Esta es la primera causa por delitos de corrupción en la que resulta procesada la ex Presidenta, quien ya va camino a juicio oral en la investigación por la venta de dólar futuro al final de su gobierno, a cargo del juez federal Claudio Bonadio.

La decisión de Ercolini podrá ser apelada ante la Cámara Federal porteña y como en la causa hay detenidos -Báez y López- podría habilitarse la feria judicial de enero.

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Aborto: Polémica por la decisión de Michetti de girar el proyecto a cuatro comisiones

BUENOS AIRES. Luego de haber obtenido media sanción en la Cámara de Diputados la semana pasada, el proyecto de la legalización del aborto entró al Senado el martes pasado y ayer la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, definió las comisiones a las que fue girada la iniciativa, lo que generó el rechazo inmediado por parte de Miguel
Ángel Pichetto, jefe de la bancada del PJ no kirchnerista, quien la acusó de “dilatar” la discusión.

El cronograma de tratamiento de la ley está en el centro de las disputas entre el sector que apoya la iniciativa propuesta por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que quiere tratarlo cuanto antes, y aquellos que buscan impedir que la ley se sancione tal cual salió de Diputados, que ya hablaron de la posibilidad de debatirlo recién en agosto. En este último grupo se encuentra la vicepresidenta, que manifestó ya su posición en contra de la legalización del aborto, y que encabeza el núcleo duro en contra de la iniciativa junto a otras espadas legislativas del oficialismo como Federico Pinedo y Esteban Bullrich.

Según la definición de Michetti, el proyecto del aborto deberá pasar por cuatro comisiones antes de ser tratado en el recinto de la cámara alta: Salud, que es la comisión de cabecera y está presidida por Mario Fiad (sin posición pública expresada); Justicia y Asuntos Penales, presidida por Pedro Guastavino (que votará a favor); Asuntos Constitucionales, a cargo de Dalmacio Mera (quien se expresó en contra); y a la de Presupuesto y Hacienda, presidida por el antiabortista Esteban Bullrich.

“Este giro -señaló Pichetto- obedece a una posición personal de la Vicepresidenta, con la finalidad de prolongar el debate indefinidamente”, señaló Pichetto en un comunicado enviado a la prensa. Además, agregó que “configura una actitud dilatoria tendiente a obstaculizar el dictamen y la llegada al Recinto de la media sanción de despenalización del aborto”.

La maniobra, aseguró Pichetto, es haber girado el proyecto a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda. “En la Cámara de Diputados no fue girada ni a la comisión de Asuntos Constitucionales ni a la de Presupuesto y Hacienda”, aseguró y detalló: “Esta iniciativa se trata claramente de una temática de salud y de justicia, por lo cual la competencia es de las comisiones de Salud y Justicia y Asuntos Penales, tal como lo planteamos por nota la semana pasada luego de la votación en la Cámara Baja”.

http://www.lavozdemisiones.com/2018/06/20/el-proyecto-del-aborto-ingreso-al-senado-y-michetti-debe-definir-las-comisiones/

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El proyecto del aborto ingresó al Senado y Michetti debe definir las comisiones

BUENOS AIRES. El proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo, que en Diputados logró media sanción, ingresó este martes 19 en el Senado, donde el próximo jueves será presentado por referentes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en una reunión abierta junto a legisladores nacionales.

Este encuentro, que se llevará a cabo a las 12 en la sala Moreno-Frondizi del edificio Anexo de la Cámara Alta, será el primer paso de un proceso que todavía no tiene un cronograma de plazos definido. Pese a que todavía no se confirmaron nombres, participarán del encuentro senadores que ya anticiparon su postura favorable a la ley, y que se pondrán al hombro la tarea de persuadir a los indecisos, en el marco de un debate que se vislumbra extremadamente reñido, tal como sucedió en la Cámara de Diputados.

La vicepresidenta Gabriela Michetti deberá decidir en las próximas horas si gira el texto aprobado por la Cámara de Diputados sólo a esas dos comisiones o si incluye también a la Banca de la Mujer y a Presupuesto, y cuál será la encargada de dirigir el debate. Inclusive, anoche en el Senado estimaban que Michetti giraría el proyecto a las comisiones de Salud, de Justicia y Asuntos Penales, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda pero no lo hizo. Esto fue leído en los sectores que impulsan la legalización del aborto como una jugada dilatoria de la vicepresidenta que, si bien solo vota en caso de empate, es una declarada militante antiabortista. La definición de las comisiones intervinientes es clave para conocer la extensión del debate.

 

http://www.lavozdemisiones.com/2018/06/19/el-debate-del-aborto-en-pausa-por-la-tragedia-familiar-del-senador-naidenoff/

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Camioneros cerró un aumento del 25% y le rompió el techo salarial del macrismo

BUENOS AIRES- El gremio Camioneros cerró un aumento salarial del 25 por ciento, el mejor resultado en paritaria hasta el momento en el país, y rompió el techo del 15 por ciento que en principio había sostenido el Gobierno Nacional, pero cayó por el avance de la inflación.

El porcentaje obtenido por la conducción de Hugo y Pablo Moyano será desembolsado en tres tramos que incluye, además, una cláusula de revisión por inflación, informaron fuentes sindicales que fueron consultadas por distintos medios.

Por otra parte, se supo que las empresas se comprometieron, en otro tramo del acuerdo, a entregar un bono de fin de año y dejar sin efecto los cambios en los convenios colectivos de los trabajadores de esta actividad, cuya discusión amenazó con echar por tierra los avances en materia de salarios.

Una vez cerrado el acuerdo, Camioneros levantó el paro de 48 horas que había anunciado para el martes 26 y miércoles 27 de junio, aunque mantuvo la adhesión a la medida de fuerza dispuesta para el lunes 25 por la CGT.

Con respecto al trámite cerrado, Hugo Moyano dijo en conferencia de prensa que “el aumento hay que pagarlo” y explicó que “el 25 por ciento se aplica en el sueldo y los adicionales”.

En cuanto a la posibilidad de que el Ministerio de Trabajo, a cargo de Jorge Triaca, decida no homologarlo, el gremialista señaló que “no es necesario, ya que el acuerdo ya fue establecido”, pero además se quejó de que en el Gobierno “hablan de paritarias libres pero después ponen topes” a las negociaciones.

Añadió que las tratativas se enmarcaron en “tres días de mucha discusión pero logramos convencer al sector empresario, logramos un salario que va a permitir mantener el poder adquisitivo”, remarcó, tras lo cual se dirigió al  presidente Mauricio Macri y le dijo que era un “instrumento del poder, no tiene capacidad para decidir nada”.

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