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Procesan a Cristina Kirchner por asociación ilícita y la embargan por 10 millones de pesos

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner quedó ayer procesada y embargada por 10.000 millones de pesos como supuesta integrante de una “asociación ilicita” que habría funcionado durante sus dos gobiernos y el de su fallecido marido, Néstor Kirchner, para la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Baéz.

En igual situación y con montos de embargos similares quedaron el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ya detenido y procesado ex secretario de Obra Pública, José López; el ex director de Vialidad Nacional, Nelson Pierotti; el ex coordinador de la cartera de Planificación, Carlos Santiago Kirchner -primo del ex presidente Néstor Kirchner–, y el también detenido y procesado Báez.

En una extensísima resolución de 794 carillas, el juez federal Julián Ercolini consideró que los nombrados integraron “una asociación ilícita que habría funcionado al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015”.

Para el magistrado “se habría verificado que los proceso licitatorios en cuestión fueron asignados a las empresas de Lázaro Báez por sumas mayores en promedio al 15 por ciento del presupuesto original”.

Al ponderar el perjuicio que ello habría ocasionado al Estado, consideró que “el monto de los contratos actualizados de las 52 obras adjudicadas a las empresas vinculadas al nombrado Báez asciende a las suma de 46.230.902.061,62 millones de pesos”.

La resolución agrega que la asociación ilícita invocada habría estado “destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada” de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz.

Para el juez Ercolini, el montaje de esa asociación se habría iniciado con “la conversión formal de Báez, amigo de los nombrados Kirchner y Fernández, con el que establecieron numerosas operaciones comerciales, en empresario de la construcción”, actividad a la que era ajeno antes del 2003.

“A tal fin, pocos días antes de que Néstor Carlos Kirchner asumiera la Presidencia de la Nación, el 8 de mayo de 2003, Báez, junto con dos socios -Guido Santiago Blondeau y Sergio Leonardo Gotti- formó la firma Austral Construcciones S.A”, resume Ercolini.

“En pos de llevar adelante las maniobras del plan primigenio, el mentado ex presidente montó la estructura institucional de su gobierno con distintas personas de su confianza, quienes en su mayoría formaron parte de diferentes áreas gubernamentales de la provincia de Santa Cruz, a las que ubicó en cargos estratégicos. añadió.

“Dicha estructura fue mantenida por (la ex presidente Cristina) Fernández tras asumir la presidencia de la Nación con fecha 10 de diciembre de 2007”.

La decisión de Ercolini recayó además sobre otros seis funcionarios indagados en la causa, a los que también les adjudicó cometer el delito de “administración fraudulenta agravada por cometerse en perjuicio de la administración pública” con diversos roles dentro de los “planes delictivos” investigados.

Se trata de los ex funcionarios de vialidad y provinciales Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Raúl Santibáñez, quienes fueron embargados por 2.500 millones de pesos cada uno.

“Se advierte un complejo entramado delictivo realizado en mas de una jurisdicción pero en donde cada uno de los intervinientes tuvo un rol concreto en razón del cargo en que fueron colocados”, remarcó el fallo.

Todos los funcionarios públicos procesados “conocían el pacto que los unía”, agregó el juez al fundamentar el procesamiento por el delito de asociación ilícita.

Para el juez, todos los nombrados “habrían perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional” con el fin de “procurar un lucro indebido propio o de terceros, como por ejemplo, el del empresario Lázaro Antonio Báez”.

El eje de la investigación giró en torno a una auditoria de las actuales autoridades de Vialidad Nacional y una anterior, del 2008, de la diputada Elisa Carrió sobre supuestas irregularidades en la concesión de tramos de la ruta nacional 3 y la ruta 9 de la provincia patagónica, luego unificadas a instancias de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques,

Según la denuncia de Vialidad, “de un total de ochenta y ocho obras llevadas acabo en esa jurisdicción en el período 2004-2015, cincuenta y dos obras se contrataron con empresas relacionadas con Báez que, recordemos, devino en empresario de la construcción en el año 2003”, resaltó Ercolini en su fallo.

Durante ese período las obras se concentraron en un único grupo de empresas relacionadas con Báez: Austral Construcciones S.A., Kank y Costilla S.A. y “Sucesión Adelmo Biancalani”, con un “constante incumplimiento de los plazos de obra, y una marcada desigualdad en el plazo de pagos con relación a otras empresas contratistas con esa dirección nacional”, señala el fallo publicado por Telam.

Además, el magistrado ordenó congelar la totalidad de las cuentas bancarias de todos los procesados, salvo aquellas donde se cobren pensiones, jubilaciones o salarios y que se realice un estudio socioambiental sobre cada uno de ellos ademas de toma de huellas dactilares.
Esta es la primera causa por delitos de corrupción en la que resulta procesada la ex Presidenta, quien ya va camino a juicio oral en la investigación por la venta de dólar futuro al final de su gobierno, a cargo del juez federal Claudio Bonadio.

La decisión de Ercolini podrá ser apelada ante la Cámara Federal porteña y como en la causa hay detenidos -Báez y López- podría habilitarse la feria judicial de enero.

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La Argentina está segunda en inflación, solo por debajo de Venezuela que es inalcanzable

Con 24,8 por ciento de inflación durante 2017, la Argentina se ubicó en el segundo lugar de los países con mayor registro, solo superada por Venezuela que registró un inalcanzable 2.616 por ciento, según el ránking latinoamericano de evolución de los índices correspondiente a los país de la región.

De acuerdo con las estimaciones regionales, Argentina cerró 2017 con una inflación de 24,8 por ciento, según informó el Instituto Nacional de Estadística (Indec), lo que la coloca como la segunda más alta de América Latina.

El Índice de Precios al Consumidor acusó en diciembre un salto de casi dos puntos porcentuales en comparación con el mes previo (1,4%), y también con el registro de un año atrás (1,2%), a 3,1 ciento.

El impulso al fin de un año electoral se explicó por la postergación de las autorizaciones de incrementos de los precios regulados, para no afectar el humor de las familias en plena campaña.

Los rubros más alcistas en diciembre fueron vivienda, agua, electricidad, gas y otros con 17,8%; transporte 3,2%; y equipamiento del hogar 2,9%; en tanto en el año ascendió a 24,8%; con 55,6% el rubro vivienda; 34,1% transporte y 31,5% educación.

En tanto, la inflación en Venezuela cerró 2017 en 2.616 por ciento, según datos que presentó la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, ante la ausencia de información sobre estos indicadores por parte del Banco Central (BCV).

El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea, el opositor José Guerra, indicó que la inflación del país caribeño está desbocada por “la impresión de dinero del Banco Central para financiar el déficit del Gobierno” de Nicolás Maduro.

“El 70% del déficit del Gobierno venezolano para el año 2017 fue financiado con impresión de dinero”, dijo Guerra, quien agregó: “La inflación es distinta a la hiperinflación porque la inflación dentro de todo es normal. Una hiperinflación es insoportable. Es la ruina de un país”.

La inflación en México registró su nivel más elevado desde el 2000 al cerrar el 2017 con un 6,77 por ciento, un resultado motivado por el alza en el precio de los combustibles, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Índice de Precios al Consumo (IPC) de Uruguay bajó 0,31 por ciento en diciembre de 2017 respecto al mes anterior, lo que llevó a que la inflación acumulada en los últimos 12 meses se ubicara en 6,55%, según datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Guatemala, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) llegó a 0,95 puntos en diciembre y Guatemala cerró el 2017 con una inflación de 5,68 por ciento, mientras que Nicaragua cerró 2017 con una inflación de 5,68%, lo que supuso 2,55 puntos porcentuales más que el año anterior, informó el Banco Central.

La inflación en Colombia en 2017 fue de 4,09%, 1,66 puntos porcentuales menos que la cifra reportada en 2016, que fue de 5,75%, informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Paraguay cerró el 2017 con una inflación de 4,5%, dijo el Banco Central, un alza impulsada principalmente por los alimentos y en particular la carne vacuna, que se ubica en el rango superior de la meta prevista por la entidad, en tanto que Brasil cerró 2017 con una inflación del 2,95%, lo que supone el menor incremento de precios en el país desde 1998 (+1,65%), informó el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

El índice de precios de consumo (IPC) anual en Bolivia se situó a fines de 2017 en 2,71%, por debajo de la proyección oficial del Gobierno de 5,03%, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

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Jubilados con 30 años de aporte cobrarán $ 543 de aumento para llegar al 82% del salario mínimo

Los jubilados con 30 años de aporte comenzarán a cobrar esta semana un incremento de 543 pesos, equivalente al 6 por ciento, para llegar al 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil, pero lejos del 14 por ciento que les hubiera correspondido con el sistema anterior.

El desembolso comenzará el miércoles para 1,3 millones de beneficiarios, fue presentado como uno de los puntos a favor del nuevo esquema de cálculo, y ya que apunta directamente a los que se jubilaron sin moratoria y que actualmente perciben la mínima o un poco más.

Este grupo se constituirá en una especie de “elegido” para acceder al 82 por ciento del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), pero como este parámetro en enero sube a 9.500 pesos, la jubilación mínima pasará automáticamente de los actuales 7.247 a 7.790 pesos. Un incremento máximo de 543 pesos, 7,5 puntos porcentuales.

De acuerdo con las estimaciones de los especialistas, algunos jubilados que cobran por encima de la mínima, pero no llegan a los 7.790, también tendrán subas. Por ejemplo, “1.328.707 personas recibirán un incremento promedio de 528 pesos, lo que representa una erogación para ANSeS de 697.386.039,20 pesos”.

En julio, se repetirá un panorama similar: el SMVM sube a 10.000 pesos. Al aplicar el 82 por ciento, la mínima para los que hicieron sus 30 años de aportes antes de jubilarse pasará a 8.200 pesos.

En marzo, en cambio, se dará una situación particular: este grupo de jubilados de la mínima con 30 años de aportes recibirá el bono compensador de 750 pesos, pero no tendrá aumento por movilidad, ya que estará en el umbral del 82 por ciento móvil por la suba de enero.

Según los cálculos del Gobierno, este será uno de los pocos grupos de jubilados que no perderá con el cambio de fórmula. La diferencia entre ambas normas deja un desfasaje fuerte en marzo: con la fórmula anterior se preveía una suba de cerca de 14 por ciento; con la nueva no llegará al 6 por ciento. De ahí la introducción de apuro del bono compensador, que, de todos modos, compensa sólo una parte y para un sector.

Si se comparan los haberes de los jubilados de la mínima con 30 años de aportes, con la vieja fórmula y la nueva, más el bono compensador, se puede determinar en resumen un empate.

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Un nuevo aumento sacude a los fumadores, desde hoy un 5% más caros

Los precios de los cigarrillos de Massalin Particulares suben a partir de este lunes un 5% en promedio “para afrontar la suba de sus costos”, informó la empresa.

Entre las principales marcas que la firma comercializa se encuentran Marlboro, que pasa a costar $58 en su versión KS y $59 en su versión box y Philip Morris, que sube a $55 el paquete y $56 la caja.

Por su parte, Chesterfield pasa a valer $46 y $48 en sus versiones, al tiempo que otras marcas como Benson & Hedges, Parliament y Virginia Slims tienen un costo de $64.

Massalin Particulares subrayó que “el sector tabacalero soporta en la Argentina una alta presión fiscal, que se ubica entre las más elevadas a nivel mundial, situación que se mantuvo con la última y reciente reforma fiscal”.

“Es importante recordar a los puntos de comercialización de todo el país que, según la Resolución N°110/1991 del Ministerio de Economía de la Nación, está prohibido modificar los precios de venta al público de los cigarrillos publicados por las empresas tabacaleras”, apuntó.

Además, resaltó: “Massalin Particulares desea recordar a los consumidores que pueden acceder de manera permanente a la lista oficial de precios al público de los cigarrillos ingresando al sitio web de AFIP”.

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