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“A Armando lo asesinaron dentro de la comisaría y no es el primer caso”

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Armando Carmona tenía 19 años y vivía en el barrio A-4 de la ciudad de Posadas. El jueves 25 de abril, fue detenido frente a la vivienda donde vivía con su familia, y trasladado a la Comisaría 11°, situada en el mismo vecindario. Horas después, ya el viernes 26 de abril, la policía reportó el “hallazgo” del cuerpo del joven, quien según la inverosímil versión policial, se suicidó “con su campera”.

El barrio A-4 – Nueva Esperanza, se encuentra localizado en el Sur del municipio de Posadas. Desde junio de 2017, la dependencia policial (Decimoprimera)  está a cargo de la comisaria Nidia Neitzke.

“A Armando lo asesinaron dentro de la comisaría y no es el primer caso” dice Ricardo, padre de Armando, quien junto a otros familiares, amigos y algunos militantes de organizaciones sociales, se presentaron este jueves 2 de mayo en el Juzgado de Instrucción N°3, donde la causa judicial lleva el número de expediente 56149/4. La fiscal del caso es Adriana Herbociani y el juez es Fernando Verón.

“A mí me avisaron a la noche de la detención. Fui a la comisaría a llevarle comida y ver que estaba pasando. Me dijo que le pusieron en la celda con dos personas que estaban por asesinato. Que los policías le decían, a ver si sos machito, cagón, putito, le verdugueaban. Me dijo que tenía miedo. A la mañana, me avisaron que mi hijo estaba muerto. Primero me dijeron que se colgó en la celda y después que apareció muerto en el baño. Mienten, hay testigos que escucharon los gritos de auxilio de mi hijo en la madrugada. Este no es el primer caso, en esta comisaría matan a los pibes como si fueran perros y muchas veces la familia no denuncia por miedo. Esto fue un asesinato y no debe quedar en la impunidad” afirmó el padre.

Ya tomó intervención en el caso, la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura.

Estos son los casos  de muertes en comisarías de Misiones en los últimos años, reportadas en todos los casos por la fuerza policial como “suicidios”.

En Febrero de 2010 Jorge Dávalos (23) fue llevado detenido en la Comisaría II de Posadas, según la Policía se encontraba en estado de ebriedad en la vía pública. A la mañana siguiente “fue encontrado” en la celda con una fractura de cráneo. Falleció en el Hospital Madariaga. La Comisaría fue intervenida por este suceso, pero no se aclaró el origen de las lesiones de Dávalos.

El 24 de julio de 2010, Darío Franco, de 18 años, fue detenido por una contravención menor en la comisaría de Alem, de la cual a las pocas horas salió muerto. La fuerza reportó “suicidio con un buzo”.

Ese mismo año, en distintas comisarías de Posadas, se reportaron como suicidios las muertes de los detenidos Héctor Ortigoza (23); César Rivero Morínigo (47) y Ricardo Miguel García (37).

Septiembre de 2011. Hugo Miguel Wasyluk (38) resultó muerto también por una golpiza policial. Fue detenido en Villa Bonita y luego trasladado a la comisaría 1ra de Oberá en septiembre de 2011. Además de golpearlo le negaron atención médica adecuada.

Andrés Vargas fue detenido el 4 de enero de 2012, golpeado por la policía y arrojado desde un móvil que se encontraba en marcha. Tenía 21 años, agonizó durante 9 días en el hospital Madariaga.

También el 4 de enero, apareció muerto en su celda Aníbal Verón, de 28 años, quien había sido detenido el día anterior tras una discusión familiar en la chacra 252 de Posadas. Fue encontrado en la Comisaría 13º de Posadas. La policía, como siempre, adujo un “suicidio”.

Hernán Céspedes (18) murió en la comisaría de la UR5 en Puerto Iguazú, el 22 de julio 2012, acusado del asesinato de Taty Piñeyro. Había sido amenazado de muerte por policías de esa unidad. Nuevamente la fuerza adujo suicidio. Ocurrió a horas de declarar.

El 25 de septiembre de 2012 la policía informó que Atilio Daniel Olmedo, detenido en la comisaría de Jardín América, fue encontrado muerto en el baño de su celda. Según el informe, se habría ahorcado con su ropa.

Natalia Almada tenía 17 años y vivía con su familia en el barrio 21 de Septiembre, en Apóstoles. El domingo 30 de septiembre de 2012 fue detenida por una mínima contravención, y apareció muerta en una celda de la Comisaría de la Mujer de Apóstoles, desde donde informaron un suicidio “con un corpiño”.

El 6 de mayo de 2013, Pablo Cardozo, de 63 años de edad, fue demorado por estar durmiendo ebrio en la calle, y encerrado en la UR V de Puerto Iguazú. Recibió golpes en el cráneo que le costaron, semanas después, la muerte.

El 5 de octubre de 2013, Ricardo Sosa, de 28 años, fue detenido en la comisaría decimotercera de Posadas, según la policía, “por estado de ebriedad y disturbios en un local bailable”. Unas horas después, fue reportado muerto, según el parte policial “por suicidio”.

En 2015, en la comisaría de Bernardo Irigoyen, apareció “colgado en su celda” el detenido Rogelio Bandera. El sábado 7 de marzo, Esteban Benítez, de 21 años, que estaba detenido preventivamente por el robo a una vivienda,  fue hallado ahorcado dentro de un calabozo de la comisaría Decimoprimera.

En octubre de 2015, el detenido Angel Maciel de 43 años, apareció muerto en su celda. La policía reportó “suicidio con prenda de vestir”.

En noviembre de 2017, el joven Facundo Sequeira, fue hallado muerto en su celda de la comisaría de Azara, desde donde informaron que se trató de un suicidio con “sus medias”.

FUENTE: Sergio Alvez – Revista Superficie

Policiales

Desbaratan red de usura en Posadas: tres detenidos y 350 tarjetas incautadas

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red usura

Mediante dos allanamientos simultáneos ejecutados anoche en un barrio de Itaembé Guazú en Posadas, la Policía desbarató una red de usura y detuvo a tres sospechosos, al tiempo que decomisó 350 tarjetas de débito y tres camionetas, entre otros elementos de interés para la causa.

De acuerdo a la información difundida, la pesquisa estuvo a cargo del personal de la División Investigaciones de la Unidad Regional X, en conjunto con los agentes de la Brigada de Investigaciones del Nodo de Seguridad Itaembé Guazú, quienes mediante labores encubiertas siguieron el rastro de una banda dedicada a realizar prácticas de usura y retención indebida de documentación en perjuicio de familias vulnerables.

De esta manera, con los datos reunidos con las tareas de campo, anoche solicitaron órdenes de allanamiento y con el aval de la Justicia irrumpieron en dos inmuebles ubicados en el barrio 508 Viviendas.

Allí concretaron la detención de tres sospechosos identificados como Andrés A. R. (43), Andrés B. (39) y Susana M. (43), quienes ahora se encuentran a disposición de la Justicia.

En los procedimientos además se incautaron elementos comprometedores para la banda, como ser 350 tarjetas de débito con sus respectivas contraseñas de cajero y 25 documentos nacionales de identidad que habrían sido retenidos para garantizar el cobro de préstamos con intereses exorbitantes. También se hallaron cuadernos, anotaciones y registros contables que forman parte del circuito financiero informal investigado.

No fue lo único. Los efectivos recuperaron una gran cantidad de electrodomésticos y bienes de uso cotidiano presuntamente entregados por las víctimas como forma de pago ante la imposibilidad de afrontar los intereses impuestos por los prestamistas.

Según precisaron, todos los elementos serán inventariados y puestos a disposición del Juzgado para avanzar con la identificación de damnificados y la restitución correspondiente.

Como parte del operativo también fueron secuestrados cuatro vehículos vinculados a la maniobra, entre ellos una Toyota Hilux, una Volkswagen Amarok, una Toyota SW4 y un Fiat Fiorino, todos utilizados por la organización en la actividad investigada.

Las pesquisas continúan bajo supervisión judicial para determinar si existen otros domicilios involucrados, nuevas víctimas y eventuales integrantes del circuito usurero, sin descartarse nuevas medidas en las próximas horas.

Los allanamientos fueron realizados en el barrio 508 Viviendas de Itaembé Guazú.

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Cultura

Yerba Canchada vuelve para despedir el año a pura cumbia y baile en el Galpón

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La agrupación posadeña Yerba Canchada vuelve al concierto antes de que termine el año y será con una fiesta el sábado 27 de diciembre en El Galpón de la murga (Pedro Méndez 2260).

El show se llama “N’el Patio”, con la idea de mixturar el ritmo afrolatino con impronta litoraleña para una fiesta popular como viene planteando la banda desde trece años.

Las entradas tienen lotes con valores anticipados al 3764652874 : el Lote 1 tiene un costo de $15.000 o 2 por $28.000 hasta el 12 de diciembre. Luego se habilitará el Lote 2 a $18.000 o 2 por $35.000 hasta el 26 de diciembre. Finalmente, el costo en puerta será de $20.000.

En esta edición especial, la fiesta contará con la presencia de D Cerro DJ. Habrá una puesta visual, especialmente diseñada para acompañar el clima veraniego que propone el concepto del concierto.

Yerba Canchada publicó hasta el momento solo el disco “Juira los Argeles” (2016), bajo el auspicio del Instituto Nacional de Música (Inamu) y contiene diez canciones de 33 minutos en total, con éxitos propios como “Barro Ñaú”, “Caña de limón” o “La Kambá”.

El grupo está integrado por Matías Juañuk en voz y guitarra criolla, Maxi Juañuk en guitarra eléctrica y coros, Micho Acuña en el bajo y coros, Valeria Berend en acordeón, Leandro Yahni en teclados y los percusionistas Mauricio Ovando, Omar Gauna, Matías Dutra y Jerónimo Brítez.

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Judiciales

Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez

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El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.

Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.

En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.

En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.

La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.

La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.

Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.

Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.

Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”

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