Provinciales
Yacyretá amenaza quitarle terrenos a la arenera clausurada en Candelaria
La Entidad Binacional Yacyretá intimó a la Arenera JM a que regularice -en un plazo de 72 horas- los requerimientos que la Municipalidad de Candelaria hizo a la empresa y que llevaron a la clausura preventiva hace más de 20 días, un procedimiento que la compañía minera tachó de “arbitrario e irregular”.
Según señaló el propietario de la firma, Jorge Muniagurria, la municipalidad de Candelaria no admite la documentación presentada por la empresa Arenera JM, mientras que la Entidad Binacional desconoce los descargos del empresario y amenaza: “La falta de pago por parte de LA COMODATARIA de los servicios mencionados dará derecho a YACYRETÁ a rescindir el presente contrato y a exigir el desalojo inmediato del inmueble”.
Para Muniagurria, el accionar de la Municipalidad y de la EBY se inscribe “en una serie de maniobras consecutivas sobre esos terrenos. Sobrevuela un ánimo de persecución para apropiarse del negocio en la costa del río Paraná”, advirtió.
En una nota fechada ayer y firmada por el jefe de Obras Complementarias, René Martinangeli, la EBY amenaza a a empresa arenera con aplicar la cláusula segunda del contrato de comodato de 2017, si no resuelve lo relacionado a la clausura del predio.
En el escrito de Yacyretá, al que tuvo acceso La Voz de Misiones, Martinangeli le informa a Muniagurria que la EBY “ha tomado conocimiento del apercibimiento y clausura preventiva, resuelto por la Municipalidad de Candelaria a través de la Resolución N° 02/2025”, y lo “intima a que en un plazo perentorio de 72 hs. regularice su situación conforme a las responsabilidades asumidas en la cláusula cuarta del contrato de comodato, bajo apercibimiento de iniciar los trámites de rescisión contractual, tal lo prevé la cláusula segunda del mismo”.
En el párrafo siguiente, la nota le recuerda al empresario arenero lo establecido en la cláusula cuarta del contrato de comodato de febrero de 2017, cuyo incumplimiento activa el protocolo de rescisión de la cláusula segunda.
“La COMODATARIA es la única y exclusiva responsable ante los poderes públicos por cualquier infracción que pudiera cometer relacionada con la actividad desarrollada. Asimismo, LA COMODATARIA se compromete a respetar y cumplir todas las reglamentaciones nacionales, provinciales, municipales, de salud pública, comercio, energía y trabajo siendo únicos responsables de las infracciones en que incurra. Será también por su exclusiva cuenta el pago de los impuestos, patentes, derechos y tasas nacionales, provinciales y municipales; y todo gravamen que afecte los servicios a prestar y cualquier otro gasto inherente a la explotación de los mismos, como así también los que surjan por cualquier otra disposición”, enumera el escrito.
Acto seguido, la nota de Martinangeli descarga la amenaza: “La falta de pago por parte de LA COMODATARIA de los servicios mencionados dará derecho a YACYRETÁ a rescindir el presente contrato y a exigir el desalojo inmediato del inmueble, sin necesidad de interpelación alguna o previa constitución en mora sin derecho a reintegro, ni indemnización alguna, los gastos ocasionados por el uso y conservación del predio mencionado, al igual que los servicios de electricidad, agua corriente como así también toda otra imposición fiscal devengada de su propia actividad y los que fueren necesarios habilitar ante los entes competentes, siendo obligación de LA COMODATARIA la restitución del inmueble cedido en COMODATO, al tiempo que YACYRETÁ lo indique en las mismas condiciones recibidas”.
Pagos al día
A este respecto, la arenera de Muniagurria asegura estar al día con el pago de las tasas municipales y el impuesto a los Ingresos Brutos, tal como se observa en la documentación que la empresa adjuntó en sus presentaciones a la Municipalidad.
Hace una semana, la empresa pidió la intervención en el conflicto con el municipio de Candelaria, de la Subsecretaría de Asuntos Municipales, del Ministerio de Gobierno de Misiones, instancia que entiende en aquellas municipalidades que carecen de Carta Orgánica.
En el escrito, dirigido al subsecretario de Asuntos Municipales José Schiro, la empresa relata los pormenores del procedimiento municipal que desembocó en la clausura de sus instalaciones costeras, haciéndole notar que parte de las exigencias del municipio se amparan en la Ordenanza 03/12, que “nunca fue reglamentada”, y en un decreto, el 04/2012, que “jamás fue publicado en el Boletín Oficial”.
“Todavía estoy esperando que me respondan”, afirmó Muniagurria a LVM y se quejó: “Y, mientras tanto, tengo mi actividad económica paralizada y ahora me viene esta amenaza de Yacyretá, de que me van a expulsar del predio”.
Provinciales
La Mesa No a las Represas cuestionó la “promoción” de Corpus en la Unam
El movimiento social y ambiental de Misiones, que se opone a la construcción de grandes represas hidroeléctricas en la región, se expresó luego de que se presentara el proyecto hidroeléctrico Corpus Pindo-í durante las XVI Jornadas de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Extensión y Vinculación (JIDeTEV 2026), en la Facultad de Ingeniería de Oberá.
El evento fue concretado en el marco de las actividades por los 52 años de la Unam, el pasado 25 de agosto, junto a la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná (Comip).
En un comunicado al que tuvo acceso este medio, la Mesa Provincial No a las Represas manifestó “preocupación” por el accionar de las autoridades de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones, al “promocionar la construcción de la mega represa de Corpus Christi” junto a las autoridades de la Comip.
En ese sentido, recordaron que dicha represa se encuentra prohibida por la ley provincial XI – Nº 5, que refrenda el resultado del plebiscito de 1996, en el que el electorado misionero rechazó la construcción de cualquier emplazamiento sobre el río Paraná con el 88,63 % de los votos, el 14 de abril de 1996.
Seguidamente, cuestionaron el contenido del nuevo proyecto hidroeléctrico, al considerar que se presenta “erróneamente como generador de energía renovable, siendo que en octubre de 2015 se promulgó en nuestro País la Ley 27191 que en su capítulo 1, artículo 2, inciso b, establece como límite a las hidroeléctricas para ser consideradas renovables los 50 Mw”.
Para finalizar, recordaron que el interés por reflotar la iniciativa no solo proviene de sectores políticos y empresariales de Argentina, sino también del vecino país: “La obra se presenta como un proyecto para el desarrollo de Misiones, cuando en realidad hemos podido corroborar que desde Paraguay existe una fuerte campaña de presión para la construcción de nuevas hidroeléctricas sobre el río Paraná ante la necesidad de energía que les ocasionarían las instalaciones de gigantescos centros de datos para IA acordados con Taiwán”.
De esta manera, enfatizaron “el No a Corpus sigue vigente”.
Presentaron el proyecto Corpus Pindo-í en jornadas de investigación de la Unam
Provinciales
Instalaron un pozo perforado y paneles solares en Puente Quemado II
Luego de la mesa de diálogo realizada el 31 de julio pasado, en la que Arauco Argentina S.A. se comprometió a invertir en un pozo perforado y la instalación de paneles solares, esta semana las obras fueron concretadas en el predio que habita la comunidad mbya guaraní Puente Quemado II en Garuhapé.
En ese contexto, la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes y Arauco visitaron la comunidad con la presencia del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), como representantes legales, e hicieron efectivas las instalaciones mediante un pozo de 166 metros de profundidad y la distribución y conexión de ocho paneles solares, los cuales garantizarían el funcionamiento de la bomba de extracción de agua.
Seguidamente, procedieron a capacitar al cacique, Santiago Ramos, y a integrantes de la comunidad para el correcto uso del sistema que beneficiará a un total de 46 personas distribuídas en 7 familias.
“En el marco del proceso de diálogo y articulación institucional para acompañar a la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones continúa acompañando las acciones y acuerdos alcanzados entre las instituciones involucradas”, expresó la cartera de Derechos Humanos a través de un comunicado institucional.
Y añadió: “En las últimas horas se realizó una nueva prueba del equipamiento, constatándose su correcto funcionamiento y un buen caudal de agua, lo que representa un avance significativo para mejorar el acceso a este recurso esencial para las familias de la comunidad”.
“Estos avances forman parte del trabajo iniciado tras la convocatoria a una mesa de diálogo interinstitucional, con la participación de organismos provinciales y nacionales, autoridades locales e integrantes de la comunidad”, aseguraron.
Al ser consultado sobre la obra, Ramos se mostró agradecido, pero aseguró que aún quedan detalles por ultimar: “Hicieron la obra y ya está funcionando. Pero todavía faltan los tanques y las torres para que el agua llegue a las viviendas”, cuyas tareas se realizarían próximamente bajo la órbita del municipio.
Según consta el mismo comunicado emitido por DDHH, “la Municipalidad de Garuhapé avanzará en las próximas etapas con el relevamiento y posterior instalación de la red de distribución interna, que incluirá tanques y mangueras para garantizar la llegada del agua a los distintos sectores de la comunidad”.
“El acceso al agua constituye uno de los compromisos concretos surgidos de este espacio de trabajo conjunto. El Ministerio de Derechos Humanos de Misiones reafirma su compromiso de continuar acompañando a Puente Quemado II, promoviendo el diálogo, el respeto y la construcción de soluciones que garanticen y protejan los derechos de las comunidades”, concluyeron.
Provinciales
Intendentes rechazan proyecto de nuevo peaje sobre ruta 12: “Es inconstitucional”
Ayer miércoles, intendentes y autoridades de distintos municipios misioneros se reunieron en la localidad de Puerto Rico, donde firmaron un documento en rechazo a la iniciativa del gobierno nacional que busca instalar una casilla de peaje sobre la ruta 12, a la altura de Capioví y recientemente cambió la ubicación a Garuhapé, sobre la misma arteria.
En el escrito, apuntaron contra el gobierno nacional por la falta de inversiones en rutas nacionales: “El gobierno nacional, que no invierte en las rutas los recursos que recauda para esas obras vía ‘Impuesto a los Combustibles’, decidió instalar una nueva casilla de peaje sobre la ruta 12, inicialmente en Capioví, kilómetro 1462, pero luego optó por colocarla en Garuhapé, kilómetro 1483, a solo 68 kilómetros de la casilla que ya opera en Colonia Victoria, kilómetro 1551”.
Seguidamente, remarcaron la “inconstitucionalidad” del sistema proyectado, al considerar la inexistencia de otras arterias en la zona: “no existen caminos alternativos libres de pago y se configura una doble imposición, atento a que los usuarios ya contribuyen mediante el Impuesto a los Combustibles”.
Al mismo tiempo, consideraron desventajas para el traslado de la producción: “El cobro sin base legal ni contraprestación adecuada implica una restricción ilegítima. De persistir con un método de financiamiento vial inadecuado como es el cobro de peaje directo en ruta, claramente inconstitucional e inviable técnicamente y que ha sido y es un fracaso y una estafa, la producción no podrá trasladarse con eficiencia, la circulación interna se verá restringida y el acceso a los mercados será cada vez menos competitivo”.
En ese contexto, respaldaron su rechazo en el Artículo 75 de la Constitución Nacional Argentina, que atribuye al Congreso la potestad exclusiva de establecer contribuciones, y recordaron la vulneración del derecho a transitar libremente, tal como lo expresa el Artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina, y con esto el derecho de propiedad detallado en el Artículo 17.
“Es inconcebible que el Estado nacional abandone su obligación de mantener en buen estado de transitabilidad la Red Vial Nacional, más aún cuando se mal administran los miles de millones de pesos que se recaudan anualmente del Impuesto a los Combustibles, que son malversados y desviados a otros fines que no tienen nada que ver para cual fue creado”, concluyeron.
Del encuentro participaron los intendentes de Puerto Rico, Carlos Gustavo Koth; de El Alcázar, Eduardo Vázquez; de Garuhapé, Gerardo Schmied; de Capioví, Ramón Arrua; de Ruiz de Montoya, Victor Vogel y de Puerto Leoni, Elvio Vázquez, con sus respectivos equipos y junto a integrantes de los Honorables Concejos Deliberantes de los municipios de Puerto Rico, Puerto Leoni, El Alcázar, Ruiz de Montoya, el diputado provincial Arnhold Alejandro, como así integrantes de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Producción y Servicios del departamento Libertador General San Martín, representada por su presidente Luis Stefens.
A fin de llegar a un consenso, solicitaron a los funcionarios y legisladores nacionales “que reflexionen y acuerden la revisión de esta iniciativa, que profundiza el clima de malestar e incertidumbre que aqueja a los vecinos de la zona y a los misioneros en general”.
Se trata de un nuevo pronunciamiento tras el cuestionamiento realizado días atrás por el gobernador Hugo Passalacqua, quien también reclamó la necesidad de obras, mantenimiento e inversión vial, y rechazó nuevas cargas que castiguen aún más “el bolsillo de las familias”.
Rechazo al nuevo peaje: Unos 15 intendentes firmaron un documento hace instantes. La localidad misionera de Puerto Rico fue el punto de encuentro este miércoles. Fue a las 17 en contra del proyecto del Gobierno nacional de instalar una nueva estación de cobro en Ruta Nac. N° 12. pic.twitter.com/LUne1leEgR
— Daniel Leopardi (@danileopardi) August 26, 2026
Passalacqua cuestionó el nuevo peaje que Nación proyecta en Puerto Rico
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