Provinciales
“No habrá cambios”: Sturzenegger ratificó la desregulación yerbatera
Este miércoles pasado, autoridades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) participaron de una reunión convocada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en la sede de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en Buenos Aires, para analizar la situación del sector yerbatero.
Por el Inym asistieron un representante por cada uno de los sectores del directorio. Participaron el presidente del instituto, Rodrigo Correa; Carlos Luis Czajkowski por cooperativas, Ricardo Maciel en representación del Gobierno de Misiones, Mariel Gabur por el Gobierno de Corrientes, Carmelo Rojas, por los trabajadores tareferos, Luis Konopacki por secaderos, Rubén Henrikson por industria y Roberto Ferreira, en representación del sector productivo.
También estuvieron presentes el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, junto a integrantes de su equipo técnico.
Informe del sector productivo
Durante el encuentro, el director por la Producción, Roberto Ferreira, entregó a Sturzenegger un informe elaborado por organizaciones de productores con el objetivo de demostrar que la desregulación del mercado no generó beneficios para ninguno de los eslabones de la cadena yerbatera.
El documento reclama la restitución de las facultades que perdió el Inym tras la entrada en vigencia del DNU 70/2023 y está acompañado por estadísticas sobre producción, consumo, exportaciones y stocks.
Según explicó Ferreira al finalizar la reunión, los productores plantearon que las medidas de desregulación “no favorecieron en ningún aspecto al sector productivo” y rechazaron el argumento de que la crisis actual sea consecuencia de una supuesta sobreproducción.
“Las estadísticas muestran que no existe una superproducción ni un sobrestock de yerba mate. La producción se mantiene relativamente estable y las exportaciones tampoco registran variaciones significativas que expliquen la caída del precio que recibe el productor”, sostuvo.
Asimismo, remarcó que el consumo interno de yerba mate es relativamente estable y que una baja del precio al consumidor no genera un aumento significativo de la demanda.
“La familia que consume dos kilos de yerba por mes va a seguir consumiendo dos kilos, aunque el producto sea más barato. No ocurre como con otros alimentos”, ejemplificó.
Pérdida del poder de negociación
Ferreira también cuestionó el desequilibrio existente entre pequeños productores e industrias.
Explicó que un productor con 50 toneladas anuales de hoja verde no tiene capacidad para negociar con empresas que procesan y comercializan cientos de millones de kilos por año y que, además, manejan toda la cadena comercial y financiera.
En ese sentido, señaló que mientras el consumidor paga la yerba al contado, muchos productores cobran a 90 días mediante cheques, lo que reduce aún más su rentabilidad en un contexto de inflación y aumento permanente de los costos de producción.
También explicó que le comunicó al ministro Sturzenegger que pese al crecimiento de las exportaciones y a la estabilidad del consumo interno, esos indicadores no se traducen en una mejora para el productor.
“El productor sigue financiando la inflación porque todos sus costos aumentan, pero el precio de la hoja verde permanece prácticamente congelado”, afirmó.
Durante la reunión, los representantes del sector también explicaron las particularidades del cultivo de la yerba mate, destacando que se trata de una especie perenne cuya producción comienza entre tres y cinco años después de la plantación, por lo que no puede reemplazarse rápidamente por otros cultivos.
Además, remarcaron que muchos pequeños productores sobreviven gracias a la diversificación de sus chacras y advirtieron que tanto productores como tareferos comenzaron a migrar hacia Brasil en busca de mejores oportunidades laborales.
“No se intervendrá en los precios”
De acuerdo con Ferreira, la respuesta del ministro Sturzenegger fue contundente.
El funcionario nacional reiteró que el Gobierno no intervendrá en la fijación de precios de la hoja verde ni devolverá las facultades regulatorias al Inym. En cambio, indicó que la administración nacional “continuará solo promoviendo políticas vinculadas a la producción, la apertura de mercados y la promoción de las exportaciones. No se intervendrá en los precios”, sostuvo.
Sartori cuestionó la postura nacional
Tras conocerse el resultado del encuentro, el ministro del Agro y la Producción de Misiones, Facundo López Sartori, expresó su desacuerdo a través de su cuenta de X.
“Después de dos horas de reunión, el ministro Federico Sturzenegger fue categórico: no habrá cambios. Escuchar cómo se defiende con orgullo una desregulación que está destruyendo la economía yerbatera indigna. Detrás de cada decisión hay miles de productores, cooperativas y trabajadores rurales que hoy no llegan a cubrir sus costos. No están modernizando la economía: están dejando morir una de las economías regionales más importantes del país”.
Visión opuesta del diputado Núñez
En contrapartida, el diputado provincial Adrián Núñez respaldó la postura del Gobierno nacional y sostuvo que el futuro del sector pasa por la apertura de mercados y no por la regulación de precios.
“Este encuentro marca el rumbo de lo que viene: la verdadera salida para que la yerba crezca es desarrollar nuevos mercados, no fijar precios. Las viejas recetas de intervenir y poner precios artificiales ya demostraron que terminan limitando el potencial del sector. El camino es abrir puertas, competir y potenciar las exportaciones. Dándole libertad y reglas claras al que produce, Misiones tiene todo para seguir conquistando el mundo con su yerba mate”.
Federico Sturzenegger convocó al directorio del Inym para el 8 de julio
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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Manifestación tras detención de Ángel Rivero
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