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Spinelli tras alerta de EE.UU. por bioinsumos: “No vamos a perder mercados”

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En medio de la preocupación expresada por la Cámara de Elaboradores de Té (Ceta), por la advertencia desde Estados Unidos sobre la importación de té producido con la utilización de bioinsumos de fabricación local no habilitados en ese país, el diputado provincial y vicegobernador electo, Lucas Romero Spinelli, aseguró que el gobierno de la provincia no permitirá que se cierre ningún mercado a los productos misioneros.

Spinelli se refirió al tema en la sesión de ayer de la Legislatura, luego de que el diputado radical Ariel Pianesi pidiera al pleno el tratamiento preferencial de un proyecto de declaración, expresando la preocupación de la Cámara por una situación que vinculó a la Ley XVI N° 124, que prohíbe el glifosato y lo reemplaza por bioinsumos orgánicos, sancionada en junio de este año.

El vicegobernador electo defendió la legislación que pretende erradicar completamente el agroquímico de Monsanto de la producción misionera para 2025 y la calificó como una “herramienta de vanguardia en el país”.

“Nosotros hemos sancionado en esta Legislatura la ley de promoción del uso de los bioinsumos, una ley que ha estado cerca de cinco años en comisión, una ley que debe ser la ley que más personas han venido a hablar a la Comisión y a exponer sus puntos de vista”, argumentó.

“No solamente nos ocupamos de trabajar una norma, sino también de conseguir que una empresa que tenía radicación en Buenos Aires venga a la provincia y apostar fuertemente a la distribución de los bioinsumos, los biofertilizantes, los estimuladores de crecimiento; los biopesticidas y el nuevo bioherbicida”, remarcó.

“Ahora, estamos trabajando en el decreto reglamentario, que va a considerar rubros; depende de las plantaciones, los tiempos”, explicó Spinelli.

Señaló que la prohibición del glifosato tampoco es inmediata, sino progresiva, y se concretará en un plazo de dos años, teniendo en cuenta las necesidades de los diferentes rubros agrícolas.

“Establecimos la prohibición de acá a un plazo de dos años y lo vamos a ir trabajando en conjunto con todas las cadenas productivas de la producción misionera”, afirmó Spinelli y sentenció: “Por supuesto que no vamos a prohibir un producto en una determinada actividad, haciéndole perder un mercado; siempre hemos apoyado a la producción, siempre hemos apoyado al productor”.

El legislador opinó que las acciones judiciales prometidas por el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, así como una serie de denuncias presentadas en el Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ), pidiendo la inconstitucionalidad de la ley misionera, son operadas por intereses foráneos a la provincia.

“Son presentaciones armadas de sociedades relacionadas con el agro de la gran capital, traídas a los productores, asustándolos con que lo orgánico es malo y lo químico es bueno, porque rinde; un concepto totalmente equivocado”, apuntó.

Por su parte, el proyecto de declaración de Pianesi se aprobó por 37 votos y fue girado a comisión para su discusión y análisis.

La hora del té

El tema escaló en la semana, al conocerse la respuesta que la Asociación del Té de Estados Unidos (Tea Association of te USA Inc) dio a una consulta hecha por Crispin Beitía, de la Cámara de Elaboradores de Té Argentino (Ceta), sobre el uso de bioinsumos alternativos al glifosato.

La nota dirigida a Beitía, de la institución tealera norteamericana fundada en 1899, abre con una mención sobre nuevas legislaciones estadounidenses para el manejo e importación de alimentos, y cierra con la advertencia velada sobre la prohibición de ingreso del té misionero al mercado norteamericano.

“Entendemos que el Gobierno de Misiones ha promulgado una legislación que prohíbe efectivamente el uso de glifosato en aproximadamente dos años”, señala el escrito.

“También entendemos que el glifosato será sustituido en Misiones por un producto de producción local”, agrega y advierte: “Nos gustaría señalar que si se produjera un cambio en el establecimiento de una tolerancia de importación para este nuevo producto químico producido localmente, todos los té que utilicen dicho producto químico se considerarán adulterados y no se permitirá su consumo”.

La institución no se pronuncia a favor ni en contra del glifosato, como tampoco rechaza su sustitución por herbicidas de tipo orgánico, sino que plantea la requisitoria de su homologación en territorio estadounidense.

Los tealeros norteamericanos informan al directivo de la Ceta que la homologación de cualquier nuevo herbicida corresponde a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, en inglés) y conlleva un proceso de 24 meses.

“Si se está trabajando para desarrollar y/o registrar nuevos productos químicos para su uso en el té en su origen, le recomendamos encarecidamente que informe al fabricante del producto químico que debe presentar una solicitud a la EPA solicitando que se establezca una tolerancia de importación para ese producto químico en los Estados Unidos”, recomiendan.

Alarma productiva

La advertencia estadounidense y lo extendido de los plazos para la aprobación del uso de los nuevos bioinsumos en ese país, destino del 66% de las exportaciones de té argentino, encendió la alarma entre los productores misioneros, que producen el grueso de lo exportado al mercado norteamericano.

Una serie de productores presentó un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, pidiendo la declaración de inconstitucionalidad de la ley aprobada por la Legislatura en junio y defendida ayer por Spinelli, que pone como plazo el año 2025 para eliminar la utilización del glifosato en las plantaciones.

A la controversia se sumó el ruralista Pino, quien planteó recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y extender el reclamo a todas las provincias que pretendan introducir modificaciones en los modelos de producción.

“Vamos a plantear la inconstitucionalidad de esta famosa ley de glifosato, pero apuntando no sólo a la provincia de Misiones, porque en Chubut tenemos la misma situación”, afirmó el ruralista.

La nota de la asociación tealera estadounidense a la Ceta.

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La Mesa No a las Represas cuestionó la “promoción” de Corpus en la Unam

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El movimiento social y ambiental de Misiones, que se opone a la construcción de grandes represas hidroeléctricas en la región, se expresó luego de que se presentara el proyecto hidroeléctrico Corpus Pindo-í durante las XVI Jornadas de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Extensión y Vinculación (JIDeTEV 2026), en la Facultad de Ingeniería de Oberá.

El evento fue concretado en el marco de las actividades por los 52 años de la Unam, el pasado 25 de agosto, junto a la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná (Comip).

En un comunicado al que tuvo acceso este medio, la Mesa Provincial No a las Represas manifestó “preocupación” por el accionar de las autoridades de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones, al “promocionar la construcción de la mega represa de Corpus Christi” junto a las autoridades de la Comip.

En ese sentido, recordaron que dicha represa se encuentra prohibida por la ley provincial XI – Nº 5, que refrenda el resultado del plebiscito de 1996, en el que el electorado misionero rechazó la construcción de cualquier emplazamiento sobre el río Paraná con el 88,63 % de los votos, el 14 de abril de 1996.

Seguidamente, cuestionaron el contenido del nuevo proyecto hidroeléctrico, al considerar que se presenta “erróneamente como generador de energía renovable, siendo que en octubre de 2015 se promulgó en nuestro País la Ley 27191 que en su capítulo 1, artículo 2, inciso b, establece como límite a las hidroeléctricas para ser consideradas renovables los 50 Mw”.

Para finalizar, recordaron que el interés por reflotar la iniciativa no solo proviene de sectores políticos y empresariales de Argentina, sino también del vecino país: “La obra se presenta como un proyecto para el desarrollo de Misiones, cuando en realidad hemos podido corroborar que desde Paraguay existe una fuerte campaña de presión para la construcción de nuevas hidroeléctricas sobre el río Paraná ante la necesidad de energía que les ocasionarían las instalaciones de gigantescos centros de datos para IA acordados con Taiwán”.

De esta manera, enfatizaron “el No a Corpus sigue vigente”.

Presentaron el proyecto Corpus Pindo-í en jornadas de investigación de la Unam

 

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Instalaron un pozo perforado y paneles solares en Puente Quemado II

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Luego de la mesa de diálogo realizada el 31 de julio pasado, en la que Arauco Argentina S.A. se comprometió a invertir en un pozo perforado y la instalación de paneles solares, esta semana las obras fueron concretadas en el predio que habita la comunidad mbya guaraní Puente Quemado II en Garuhapé.

En ese contexto, la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes y Arauco visitaron la comunidad con la presencia del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), como representantes legales, e hicieron efectivas las instalaciones mediante un pozo de 166 metros de profundidad y la distribución y conexión de ocho paneles solares, los cuales garantizarían el funcionamiento de la bomba de extracción de agua. 

Seguidamente, procedieron a capacitar al cacique, Santiago Ramos, y a integrantes de la comunidad para el correcto uso del sistema que beneficiará a un total de 46 personas distribuídas en 7 familias.

“En el marco del proceso de diálogo y articulación institucional para acompañar a la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones continúa acompañando las acciones y acuerdos alcanzados entre las instituciones involucradas”, expresó la cartera de Derechos Humanos a través de un comunicado institucional.

Y añadió: “En las últimas horas se realizó una nueva prueba del equipamiento, constatándose su correcto funcionamiento y un buen caudal de agua, lo que representa un avance significativo para mejorar el acceso a este recurso esencial para las familias de la comunidad”.

“Estos avances forman parte del trabajo iniciado tras la convocatoria a una mesa de diálogo interinstitucional, con la participación de organismos provinciales y nacionales, autoridades locales e integrantes de la comunidad”, aseguraron.

Al ser consultado sobre la obra, Ramos se mostró agradecido, pero aseguró que aún quedan detalles por ultimar: “Hicieron la obra y ya está funcionando. Pero todavía faltan los tanques y las torres para que el agua llegue a las viviendas”, cuyas tareas se realizarían próximamente bajo la órbita del municipio.

Según consta el mismo comunicado emitido por DDHH, “la Municipalidad de Garuhapé avanzará en las próximas etapas con el relevamiento y posterior instalación de la red de distribución interna, que incluirá tanques y mangueras para garantizar la llegada del agua a los distintos sectores de la comunidad”.

“El acceso al agua constituye uno de los compromisos concretos surgidos de este espacio de trabajo conjunto. El Ministerio de Derechos Humanos de Misiones reafirma su compromiso de continuar acompañando a Puente Quemado II, promoviendo el diálogo, el respeto y la construcción de soluciones que garanticen y protejan los derechos de las comunidades”, concluyeron.

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Intendentes rechazan proyecto de nuevo peaje sobre ruta 12: “Es inconstitucional”

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Ayer miércoles, intendentes y autoridades de distintos municipios misioneros se reunieron en la localidad de Puerto Rico, donde firmaron un documento en rechazo a la iniciativa del gobierno nacional que busca instalar una casilla de peaje sobre la ruta 12, a la altura de Capioví y recientemente cambió la ubicación a Garuhapé, sobre la misma arteria.

En el escrito, apuntaron contra el gobierno nacional por la falta de inversiones en rutas nacionales: “El gobierno nacional, que no invierte en las rutas los recursos que recauda para esas obras vía ‘Impuesto a los Combustibles’, decidió instalar una nueva casilla de peaje sobre la ruta 12, inicialmente en Capioví, kilómetro 1462, pero luego optó por colocarla en Garuhapé, kilómetro 1483, a solo 68 kilómetros de la casilla que ya opera en Colonia Victoria, kilómetro 1551”.

Seguidamente, remarcaron la “inconstitucionalidad” del sistema proyectado, al considerar la inexistencia de otras arterias en la zona: “no existen caminos alternativos libres de pago y se configura una doble imposición, atento a que los usuarios ya contribuyen mediante el Impuesto a los Combustibles”.

Al mismo tiempo, consideraron desventajas para el traslado de la producción: “El cobro sin base legal ni contraprestación adecuada implica una restricción ilegítima. De persistir con un método de financiamiento vial inadecuado como es el cobro de peaje directo en ruta, claramente inconstitucional e inviable técnicamente y que ha sido y es un fracaso y una estafa, la producción no podrá trasladarse con eficiencia, la circulación interna se verá restringida y el acceso a los mercados será cada vez menos competitivo”. 

En ese contexto, respaldaron su rechazo en el Artículo 75 de la Constitución Nacional Argentina, que atribuye al Congreso la potestad exclusiva de establecer contribuciones, y recordaron la vulneración del derecho a transitar libremente, tal como lo expresa el Artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina, y con esto el derecho de propiedad detallado en el Artículo 17.

Es inconcebible que el Estado nacional abandone su obligación de mantener en buen estado de transitabilidad la Red Vial Nacional, más aún cuando se mal administran los miles de millones de pesos que se recaudan anualmente del Impuesto a los Combustibles, que son malversados y desviados a otros fines que no tienen nada que ver para cual fue creado”, concluyeron. 

Del encuentro participaron los intendentes de Puerto Rico, Carlos Gustavo Koth; de El Alcázar, Eduardo Vázquez; de Garuhapé, Gerardo Schmied; de Capioví, Ramón Arrua; de Ruiz de Montoya, Victor Vogel y de Puerto Leoni, Elvio Vázquez, con sus respectivos equipos y junto a integrantes de los Honorables Concejos Deliberantes de los municipios de Puerto Rico, Puerto Leoni, El Alcázar, Ruiz de Montoya, el diputado provincial Arnhold Alejandro, como así integrantes de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Producción y Servicios del departamento Libertador General San Martín, representada por su presidente Luis Stefens.

A fin de llegar a un consenso, solicitaron a los funcionarios y legisladores nacionales “que reflexionen y acuerden la revisión de esta iniciativa, que profundiza el clima de malestar e incertidumbre que aqueja a los vecinos de la zona y a los misioneros en general”.

Se trata de un nuevo pronunciamiento tras el cuestionamiento realizado días atrás por el gobernador Hugo Passalacquaquien también reclamó la necesidad de obras, mantenimiento e inversión vial, y rechazó nuevas cargas que castiguen aún más “el bolsillo de las familias”.

Passalacqua cuestionó el nuevo peaje que Nación proyecta en Puerto Rico

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