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Spinelli tras alerta de EE.UU. por bioinsumos: “No vamos a perder mercados”

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En medio de la preocupación expresada por la Cámara de Elaboradores de Té (Ceta), por la advertencia desde Estados Unidos sobre la importación de té producido con la utilización de bioinsumos de fabricación local no habilitados en ese país, el diputado provincial y vicegobernador electo, Lucas Romero Spinelli, aseguró que el gobierno de la provincia no permitirá que se cierre ningún mercado a los productos misioneros.

Spinelli se refirió al tema en la sesión de ayer de la Legislatura, luego de que el diputado radical Ariel Pianesi pidiera al pleno el tratamiento preferencial de un proyecto de declaración, expresando la preocupación de la Cámara por una situación que vinculó a la Ley XVI N° 124, que prohíbe el glifosato y lo reemplaza por bioinsumos orgánicos, sancionada en junio de este año.

El vicegobernador electo defendió la legislación que pretende erradicar completamente el agroquímico de Monsanto de la producción misionera para 2025 y la calificó como una “herramienta de vanguardia en el país”.

“Nosotros hemos sancionado en esta Legislatura la ley de promoción del uso de los bioinsumos, una ley que ha estado cerca de cinco años en comisión, una ley que debe ser la ley que más personas han venido a hablar a la Comisión y a exponer sus puntos de vista”, argumentó.

“No solamente nos ocupamos de trabajar una norma, sino también de conseguir que una empresa que tenía radicación en Buenos Aires venga a la provincia y apostar fuertemente a la distribución de los bioinsumos, los biofertilizantes, los estimuladores de crecimiento; los biopesticidas y el nuevo bioherbicida”, remarcó.

“Ahora, estamos trabajando en el decreto reglamentario, que va a considerar rubros; depende de las plantaciones, los tiempos”, explicó Spinelli.

Señaló que la prohibición del glifosato tampoco es inmediata, sino progresiva, y se concretará en un plazo de dos años, teniendo en cuenta las necesidades de los diferentes rubros agrícolas.

“Establecimos la prohibición de acá a un plazo de dos años y lo vamos a ir trabajando en conjunto con todas las cadenas productivas de la producción misionera”, afirmó Spinelli y sentenció: “Por supuesto que no vamos a prohibir un producto en una determinada actividad, haciéndole perder un mercado; siempre hemos apoyado a la producción, siempre hemos apoyado al productor”.

El legislador opinó que las acciones judiciales prometidas por el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, así como una serie de denuncias presentadas en el Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ), pidiendo la inconstitucionalidad de la ley misionera, son operadas por intereses foráneos a la provincia.

“Son presentaciones armadas de sociedades relacionadas con el agro de la gran capital, traídas a los productores, asustándolos con que lo orgánico es malo y lo químico es bueno, porque rinde; un concepto totalmente equivocado”, apuntó.

Por su parte, el proyecto de declaración de Pianesi se aprobó por 37 votos y fue girado a comisión para su discusión y análisis.

La hora del té

El tema escaló en la semana, al conocerse la respuesta que la Asociación del Té de Estados Unidos (Tea Association of te USA Inc) dio a una consulta hecha por Crispin Beitía, de la Cámara de Elaboradores de Té Argentino (Ceta), sobre el uso de bioinsumos alternativos al glifosato.

La nota dirigida a Beitía, de la institución tealera norteamericana fundada en 1899, abre con una mención sobre nuevas legislaciones estadounidenses para el manejo e importación de alimentos, y cierra con la advertencia velada sobre la prohibición de ingreso del té misionero al mercado norteamericano.

“Entendemos que el Gobierno de Misiones ha promulgado una legislación que prohíbe efectivamente el uso de glifosato en aproximadamente dos años”, señala el escrito.

“También entendemos que el glifosato será sustituido en Misiones por un producto de producción local”, agrega y advierte: “Nos gustaría señalar que si se produjera un cambio en el establecimiento de una tolerancia de importación para este nuevo producto químico producido localmente, todos los té que utilicen dicho producto químico se considerarán adulterados y no se permitirá su consumo”.

La institución no se pronuncia a favor ni en contra del glifosato, como tampoco rechaza su sustitución por herbicidas de tipo orgánico, sino que plantea la requisitoria de su homologación en territorio estadounidense.

Los tealeros norteamericanos informan al directivo de la Ceta que la homologación de cualquier nuevo herbicida corresponde a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, en inglés) y conlleva un proceso de 24 meses.

“Si se está trabajando para desarrollar y/o registrar nuevos productos químicos para su uso en el té en su origen, le recomendamos encarecidamente que informe al fabricante del producto químico que debe presentar una solicitud a la EPA solicitando que se establezca una tolerancia de importación para ese producto químico en los Estados Unidos”, recomiendan.

Alarma productiva

La advertencia estadounidense y lo extendido de los plazos para la aprobación del uso de los nuevos bioinsumos en ese país, destino del 66% de las exportaciones de té argentino, encendió la alarma entre los productores misioneros, que producen el grueso de lo exportado al mercado norteamericano.

Una serie de productores presentó un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, pidiendo la declaración de inconstitucionalidad de la ley aprobada por la Legislatura en junio y defendida ayer por Spinelli, que pone como plazo el año 2025 para eliminar la utilización del glifosato en las plantaciones.

A la controversia se sumó el ruralista Pino, quien planteó recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y extender el reclamo a todas las provincias que pretendan introducir modificaciones en los modelos de producción.

“Vamos a plantear la inconstitucionalidad de esta famosa ley de glifosato, pero apuntando no sólo a la provincia de Misiones, porque en Chubut tenemos la misma situación”, afirmó el ruralista.

La nota de la asociación tealera estadounidense a la Ceta.

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Asistieron con abrigos y alimentos a doce comunidades mbya de San Ignacio

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Con temperaturas de un dígito, este martes la Dirección de Asuntos Guaraníes de Misiones encabezó el primer operativo Yro’y -o de invierno- en comunidades mbya de la localidad de San Ignacio y planifica nuevas reuniones con intendentes para trasladar el beneficio a otros puntos de la provincia.

La actividad consistió en la entrega de abrigos, calzados, frazadas y porciones de comida caliente, lo que alcanzó a 12 aldeas y alrededor de 150 personas, durante una jornada que contó con el acompañamiento de funcionarios municipales y efectivos de la Policía de Misiones. 

El trabajo en conjunto, la prevención y la asistencia en épocas de frío extremo son fundamentales”, reconocieron desde el organismo que funciona como nexo entre comunidades originarias y el gobierno provincial, a través del Ministerio de Derechos Humanos.

“Con la llegada del invierno y las temperaturas extremas, reafirmamos nuestro compromiso de prevenir y proteger a quienes más lo necesitan. Nos unimos en un operativo territorial para cuidar a nuestras comunidades mbya guaraníes ante el inicio del frío”, añadieron.

Respecto al despliegue de la asistencia ante el frío, el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez detalló: “Primero hicimos un punto central con los caciques para explicarles el trabajo a realizar y después, junto a ellos, fuimos comunidad por comunidad, donde desplegamos la logística y asistimos a las familias en cada aldea”.

Por estas horas, los organismos implicados se encuentran planificando, junto a otros intendentes, las fechas para arribar con el beneficio a otros puntos de la geografía provincial que alberga a más de 130 comunidades actualmente.

Entrega de comunida caliente en 12 comunidades mbya de San Ignacio

 

 

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El Concejo de Oberá respaldó a los yerbateros y reclamó avances judiciales

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En el marco de la sesión ordinaria realizada este martes 23 de junio, el Concejo Deliberante de Oberá dio lectura a una manifestación de apoyo al sector yerbatero denominada “Carta en Apoyo a los Productores Yerbateros”, un documento elaborado en respuesta a la compleja situación que atraviesa la actividad y a los reclamos que vienen sosteniendo los productores por precios justos para la materia prima y mejores condiciones para el desarrollo del sector.

La iniciativa fue presentada durante el espacio de “Expresiones Temáticas de la Actualidad”, uno de los segmentos de la sesión destinado al tratamiento de temas de interés social, económico y productivo. El documento lleva la firma del presidente del Concejo Deliberante, Pablo Ariel Ullón; de la vicepresidenta del cuerpo Verónica Noguera  y de los concejales Marcelo Luis Sedoff, María Luisa Blum y Maximilian F. Binder, todos del bloque oficialista “Encuentro Misionero”. 

En la carta, los ediles expresaron su acompañamiento a las acciones judiciales impulsadas por distintas organizaciones de productores yerbateros que solicitaron ante la Justicia Federal una medida cautelar y la declaración de inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, norma que eliminó facultades clave del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), entre ellas la de fijar precios para la materia prima.

“Queremos manifestar nuestro apoyo a quienes desempeñan sus tareas laborales dentro de este ámbito”, señala el documento, que además destaca la importancia de garantizar condiciones de equidad y sustentabilidad para una actividad que constituye uno de los principales motores económicos y sociales de Misiones.

El documento conto solo con la firma de los ediles Renovadores

La sesión, que comenzó a las 9 horas, contó con la presencia del histórico dirigente yerbatero Hugo Sand, acompañado por productores de la zona, el dirigente de la CTA Leandro Sánchez, el pastor de la Iglesia Luterana Fabián Paré y otros referentes sociales y productivos de Oberá.

Durante su intervención, Sand agradeció el respaldo institucional brindado por el cuerpo deliberativo y destacó que el reclamo excede a los productores. “Este acompañamiento no es solamente a la lucha de los productores, sino también a la de los trabajadores de la yerba mate”, afirmó.

El dirigente sostuvo además que la crisis que atraviesa el sector tiene un origen político. “El problema que tenemos en este momento es un problema político. Por eso celebramos que en este ámbito estemos discutiendo estos temas”, expresó.

En otro tramo de su exposición, reiteró el pedido al mentor de Encuentro Misionero, el diputado provincial Carlos Rovira, y a los representantes de los distintos espacios políticos, para que gestionen ante el Gobierno nacional la restitución de las facultades del Inym.

Hugo Sand durante su agradecimiento a los concejales acompañado por sus pares dirigentes de la CTA

“Le pedimos a Rovira, a los funcionarios oficialistas y también a los opositores que hablen con Javier Milei y solucionen esto. Ellos tienen la posibilidad de resolver el problema”, pidió.

Asimismo, reclamó una pronta actuación de la Justicia Federal en las causas promovidas por las asociaciones de productores contra el DNU 70/2023. “Que la Justicia no duerma sobre los expedientes. Hay miles de familias que están sufriendo. ¿Dónde están los jueces que deberían estar resolviendo este problema de inconstitucionalidad de un decreto que de necesidad y urgencia no tiene absolutamente nada?”, cuestionó.

Finalmente, los concejales remarcaron, en el documento expuesto, que la cuestión reviste una trascendencia institucional y colectiva que afecta a miles de familias misioneras, por lo que consideraron necesario que el Poder Judicial analice el planteo con especial atención y celeridad.

Debate sobre la yerba en Oberá: “El problema es político y el impacto, social”

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Concejales denuncian tanque con barro y cuatro días sin agua en Piray

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Dos concejales del bloque Juntos Podemos denunciaron el estado “deplorable” en el que se encuentra el servicio de agua potable en Puerto Piray, ante la presencia de barro en uno de los tanques, el corte del suministro durante al menos cuatro días y la ausencia de respuestas por parte de las autoridades afines y el gobierno local. 

Todo comenzó en horas de la noche del pasado miércoles 17 de junio, cuando el servicio de agua fue interrumpido debido a una presunta “falla temporal”, que luego terminó convirtiéndose en una emergencia sanitaria y social.

“Con el correr de las horas, los vecinos agotaron las reservas almacenadas en sus tanques domiciliarios y muchos debieron recurrir a juntar agua de lluvia para poder higienizarse o realizar tareas básicas del hogar”, repudiaron los concejales a través de un comunicado.

Y alertaron: “Puerto Piray atraviesa una de las peores crisis de abastecimiento de agua de los últimos años. A pesar de contar con dos plantas potabilizadoras y de administrar un presupuesto millonario, la localidad lleva más de cuatro días consecutivos sin agua potable, dejando a cientos de familias en una situación desesperante”.

En este contexto, apuntaron contra el municipio: “Mientras miles de vecinos sobreviven sin agua potable, la Municipalidad guarda silencio y la crisis expone una grave falta de planificación”. 

Escalada del conflicto

La situación alcanzó un punto crítico durante el fin de semana, cuando los concejales Elizabeth Mercado y Adrián Duarte, recorrieron los sectores afectados para constatar el estado del sistema de abastecimiento y escuchar los reclamos de los vecinos.

En el tanque de almacenamiento, desde donde se distribuye el agua a toda la localidad, hallaron una estructura completamente vacía y con más de un metro de barro acumulado en su interior, además de residuos y animales: “Una imagen que refleja el nivel de abandono y falta de mantenimiento de una infraestructura esencial para la salud pública”, consideraron.

Tanque municipal cubierto con barro en Puerto Piray

La recorrida continuó en la toma de agua sobre el río Paraná, lugar donde se realiza la captación y potabilización del recurso. Allí tampoco encontraron explicaciones ni respuestas concretas sobre cuándo se normalizará el servicio.

Nos preocupa profundamente la nula información brindada por la Intendencia y su gabinete. Los vecinos no saben qué está ocurriendo realmente ni cuánto tiempo más deberán esperar para recuperar un servicio básico y esencial”, manifestó la concejal Mercado.

La edil también cuestionó la falta de previsión de la gestión municipal, ya que tras el recorrido constataron que una de las bombas se encontraba fuera de servicio y la situación se agravó cuando la segunda dejó de funcionar, obligando a enviar ambas a reparación.

“La crisis vuelve a poner bajo la lupa las prioridades de la administración municipal. Mientras el Ejecutivo destinó cerca de 100 millones de pesos a la adquisición de camionetas, no logró garantizar el funcionamiento de un sistema que abastece de agua a toda la comunidad”, concluyeron los ediles.

Repudio vecinal

Durante la jornada del domingo, un grupo de vecinos autoconvocados se manifestó frente al edificio municipal exigiendo soluciones urgentes. Sin embargo, tampoco obtuvieron respuestas oficiales.

Este lunes, pese a las intensas lluvias registradas en la zona, la realidad sigue siendo la misma: “Puerto Piray continúa sin agua y sin explicaciones”, señalaron.

Quienes encabezan el reclamo sostienen que la crisis no puede atribuirse únicamente a una falla técnica, sino que “lo ocurrido deja al descubierto una combinación de falta de planificación, ausencia de mantenimiento preventivo, escasa inversión en infraestructura crítica y una preocupante falta de comunicación con la comunidad”, remarcaron.

 

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