Provinciales
Spinelli tras alerta de EE.UU. por bioinsumos: “No vamos a perder mercados”
En medio de la preocupación expresada por la Cámara de Elaboradores de Té (Ceta), por la advertencia desde Estados Unidos sobre la importación de té producido con la utilización de bioinsumos de fabricación local no habilitados en ese país, el diputado provincial y vicegobernador electo, Lucas Romero Spinelli, aseguró que el gobierno de la provincia no permitirá que se cierre ningún mercado a los productos misioneros.
Spinelli se refirió al tema en la sesión de ayer de la Legislatura, luego de que el diputado radical Ariel Pianesi pidiera al pleno el tratamiento preferencial de un proyecto de declaración, expresando la preocupación de la Cámara por una situación que vinculó a la Ley XVI N° 124, que prohíbe el glifosato y lo reemplaza por bioinsumos orgánicos, sancionada en junio de este año.
El vicegobernador electo defendió la legislación que pretende erradicar completamente el agroquímico de Monsanto de la producción misionera para 2025 y la calificó como una “herramienta de vanguardia en el país”.
“Nosotros hemos sancionado en esta Legislatura la ley de promoción del uso de los bioinsumos, una ley que ha estado cerca de cinco años en comisión, una ley que debe ser la ley que más personas han venido a hablar a la Comisión y a exponer sus puntos de vista”, argumentó.
“No solamente nos ocupamos de trabajar una norma, sino también de conseguir que una empresa que tenía radicación en Buenos Aires venga a la provincia y apostar fuertemente a la distribución de los bioinsumos, los biofertilizantes, los estimuladores de crecimiento; los biopesticidas y el nuevo bioherbicida”, remarcó.
“Ahora, estamos trabajando en el decreto reglamentario, que va a considerar rubros; depende de las plantaciones, los tiempos”, explicó Spinelli.
Señaló que la prohibición del glifosato tampoco es inmediata, sino progresiva, y se concretará en un plazo de dos años, teniendo en cuenta las necesidades de los diferentes rubros agrícolas.
“Establecimos la prohibición de acá a un plazo de dos años y lo vamos a ir trabajando en conjunto con todas las cadenas productivas de la producción misionera”, afirmó Spinelli y sentenció: “Por supuesto que no vamos a prohibir un producto en una determinada actividad, haciéndole perder un mercado; siempre hemos apoyado a la producción, siempre hemos apoyado al productor”.
El legislador opinó que las acciones judiciales prometidas por el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, así como una serie de denuncias presentadas en el Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ), pidiendo la inconstitucionalidad de la ley misionera, son operadas por intereses foráneos a la provincia.
“Son presentaciones armadas de sociedades relacionadas con el agro de la gran capital, traídas a los productores, asustándolos con que lo orgánico es malo y lo químico es bueno, porque rinde; un concepto totalmente equivocado”, apuntó.
Por su parte, el proyecto de declaración de Pianesi se aprobó por 37 votos y fue girado a comisión para su discusión y análisis.
La hora del té
El tema escaló en la semana, al conocerse la respuesta que la Asociación del Té de Estados Unidos (Tea Association of te USA Inc) dio a una consulta hecha por Crispin Beitía, de la Cámara de Elaboradores de Té Argentino (Ceta), sobre el uso de bioinsumos alternativos al glifosato.
La nota dirigida a Beitía, de la institución tealera norteamericana fundada en 1899, abre con una mención sobre nuevas legislaciones estadounidenses para el manejo e importación de alimentos, y cierra con la advertencia velada sobre la prohibición de ingreso del té misionero al mercado norteamericano.
“Entendemos que el Gobierno de Misiones ha promulgado una legislación que prohíbe efectivamente el uso de glifosato en aproximadamente dos años”, señala el escrito.
“También entendemos que el glifosato será sustituido en Misiones por un producto de producción local”, agrega y advierte: “Nos gustaría señalar que si se produjera un cambio en el establecimiento de una tolerancia de importación para este nuevo producto químico producido localmente, todos los té que utilicen dicho producto químico se considerarán adulterados y no se permitirá su consumo”.
La institución no se pronuncia a favor ni en contra del glifosato, como tampoco rechaza su sustitución por herbicidas de tipo orgánico, sino que plantea la requisitoria de su homologación en territorio estadounidense.
Los tealeros norteamericanos informan al directivo de la Ceta que la homologación de cualquier nuevo herbicida corresponde a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, en inglés) y conlleva un proceso de 24 meses.
“Si se está trabajando para desarrollar y/o registrar nuevos productos químicos para su uso en el té en su origen, le recomendamos encarecidamente que informe al fabricante del producto químico que debe presentar una solicitud a la EPA solicitando que se establezca una tolerancia de importación para ese producto químico en los Estados Unidos”, recomiendan.
Alarma productiva
La advertencia estadounidense y lo extendido de los plazos para la aprobación del uso de los nuevos bioinsumos en ese país, destino del 66% de las exportaciones de té argentino, encendió la alarma entre los productores misioneros, que producen el grueso de lo exportado al mercado norteamericano.
Una serie de productores presentó un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, pidiendo la declaración de inconstitucionalidad de la ley aprobada por la Legislatura en junio y defendida ayer por Spinelli, que pone como plazo el año 2025 para eliminar la utilización del glifosato en las plantaciones.
A la controversia se sumó el ruralista Pino, quien planteó recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y extender el reclamo a todas las provincias que pretendan introducir modificaciones en los modelos de producción.
“Vamos a plantear la inconstitucionalidad de esta famosa ley de glifosato, pero apuntando no sólo a la provincia de Misiones, porque en Chubut tenemos la misma situación”, afirmó el ruralista.
La nota de la asociación tealera estadounidense a la Ceta.
Tras suspender el servicio en Misiones hace dos años, la aerolínea Jet Smart retomará la ruta Posadas–Buenos Aires con un vuelo inaugural el próximo 1 de noviembre. Los pasajes ya se encuentran disponibles con tarifas desde $46.300 por tramo, con impuestos y tasas incluidas.
En su visita realizada este lunes a la ciudad de Posadas, el country manager de Jet Smart, Gonzalo Pérez Corral, expresó su satisfacción por volver a Misiones y destacó el trabajo realizado junto al gobierno provincial para concretar el regreso de la empresa.
“Muy contentos de estar nuevamente en la Casa de Gobierno de Misiones con el gobernador Hugo Passalacqua y el ministro de Turismo José María Arrúa. Venimos a contarles sobre la apertura de la venta de los vuelos que van a conectar Buenos Aires con Posadas a partir del 1 de noviembre”, señaló.
El directivo explicó que los pasajes ya se encuentran disponibles con tarifas desde $46.300 por tramo, con impuestos y tasas incluidas, y señaló que la nueva operación ampliará las posibilidades de conexión tanto para los misioneros como para quienes viajen desde otras regiones del país.
“Agradecemos el compromiso tanto del gobernador como del ministro por su trabajo incesante para que Posadas sea nuevamente un destino de Jet Smart”, manifestó.
Mesa de trabajo
Corral fue recibido por el mandatario provincial en el marco de un encuentro de trabajo centrado en el fortalecimiento de la conectividad aérea de Misiones y en los preparativos para el inicio de la nueva línea aérea de la compañía que conectará Posadas y Buenos Aires.
Durante la reunión, las autoridades repasaron el cronograma previsto para el comienzo de la nueva conexión, cuyo vuelo inaugural tendrá lugar el próximo 1 de noviembre, además de intercambiar perspectivas sobre el impacto que tendrá la incorporación de esta alternativa para el desarrollo del turismo, la actividad económica y la movilidad de los misioneros.
“Es muy importante para Misiones, porque somos una provincia turística y porque somos más de un millón y medio de misioneros. Además, Buenos Aires nos queda lejos, por lo que ampliar la cantidad de vuelos agiliza la economía en todos los sentidos. También favorece el flujo de empresas y de inversiones. Por eso, contar con una mayor conectividad aérea es algo muy positivo para toda la provincia”, remarcó Passalacqua durante la reunión.
En ese marco, el ministro Arrúa destacó que el Gobierno provincial avanza con obras en el aeropuerto de Posadas para acompañar el crecimiento de la conectividad aérea y responder a la mayor demanda de operaciones.
Finalmente, Corral sostuvo que la articulación entre el Estado y la empresa fue determinante para restablecer la operación y consideró que existe una demanda que podrá recuperarse con una mayor oferta de vuelos. “Se ve que este año hubo una disminución de pasajeros, en gran parte por la falta de oferta, pero sabemos que la demanda está y, con precios accesibles, creemos que este vuelo será un éxito”, anticipó.
En ese sentido, remarcó que el trabajo conjunto entre los sectores público y privado resulta fundamental para seguir fortaleciendo la conectividad en la provincia de Misiones. “El empuje que le ponen acá en la provincia para que nosotros lleguemos es muy importante. Ese trabajo mancomunado entre el sector público y el privado fue clave para restablecer este vuelo”, aseguró.
Corral junto a Passalacqua y Arrúa
El conflicto territorial entre la comunidad mbya Puente Quemado II y el empresario forestal Alfredo Ruff, quien reclama la restitución de los lotes 71 al 78 en Garuhapé, sumó un nuevo capítulo de “tensión y amenazas” esta mañana.
Según consta la denuncia pública realizada por el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), este lunes el empresario arribó al predio relevado en el marco de la Ley 26.160, sobre el que exige la devolución del territorio, y ante los integrantes de la comunidad “insistió constantemente en el derecho de propiedad privada por sobre los derechos indígenas”.
A través de un comunicado, Emipa aseguró que Ruff se dirigió a los miembros de la comunidad y lanzó: “Ustedes son paraguayos” y “usurpadores”.
En un video que fue adjunto al escrito difundido en sus redes sociales, también se escucha la frase: “Vamos a seguir trabajando y si hay que empujar con máquinas, vamos a empujar con máquinas“.
Acorde al mismo comunicado, en su defensa, los mbya intentaron explicarle sobre la preexistencia y los alcances de la normativa nacional e internacional que protegen los derechos de los Pueblos Indígenas, en alusión a la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17; Convenio 169 de la OIT, Ley 24.071 instrumento que obliga al Estado a garantizar la consulta previa, libre e informada ante medidas que los afecten-; Declaración ONU (2007), así como convenios y tratados internacionales de jerarquía constitucional.
Sin embargo, aseguran que “no fueron escuchados y siguieron las acusaciones”.
En pos de dar respuestas a este conflicto, el Ministerio de Derechos Humanos y la Dirección de Asuntos Guaraníes tienen prevista una mesa de diálogo el 7 de agosto, para abordar la situación derivada del desalojo de familias el pasado 28 de julio.
A dicha mesa de trabajo serán convocados representantes de la Policía de Misiones, del ministerio de Gobierno, del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, de la Municipalidad de Garuhapé, de la parte propietaria del inmueble, del Consejo de Caciques, caciques de otras comunidades mbya guaraní y un intérprete.
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Remiseros rechazan trasladar a mbyas a Puente Quemado II por amenazas
En medio del conflicto territorial que involucra a la comunidad mbya Puente Quemado II y al empresario forestal Alfredo Ruff, este domingo se viralizó un audio en el que un hombre “sugirió” a un remisero no trasladar a los integrantes de la tekoa, lo que infundió miedo y propagó temor entre quienes prestan el servicio particular en Garuhapé.
“No vayas a venir más acá para el lugar donde los paisanos están haciendo protestas porque ya te tienen marcado los milicos. No vayas a traer más paisanos para acá”, se escucha en el audio enviado por un hombre que se identificó como César.
Luego de este episodio, uno de los remiseros locales aseguró que no ofrecerá el traslado a los miembros de la comunidad por temor a represalias. “Yo no voy a llevar más gente porque no quiero problemas con los colonos y menos con la autoridad”, manifestó un chofer de la zona consultado por La Voz de Misiones.
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Esta comunidad se encuentra ubicada a 22 kilómetros de la ruta nacional 12, por lo que la única forma de acceder es a pie o a través de vehículos contratados de manera particular.
En los últimos años, Puente Quemado II fue blanco de denuncias por parte del empresario forestal Ruff, quien reclama la restitución de los lotes 71 al 78, territorio que fue relevado en el marco de la Ley 26.160.
El martes 28 de julio, siete familias fueron desalojadas del predio mediante una medida judicial ordenada el pasado 17 de julio por el juez de Instrucción Dos de Jardín América, a cargo del juez Roberto Sena, y suspendida tras la apelación presentada por abogados del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa).
La ilegalidad del procedimiento fue advertida por el Ministerio Público Fiscal, por lo que, tras 48 horas de la ejecución, la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo de Héctor Simón, dictaminó dejar sin efecto el desalojo.
Finalmente, este domingo los miembros de la comunidad regresaron al predio y allí se encontraron con personal policial. Además, según material fotográfico difundido por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, el propio empresario habría arribado al lugar cubriendo su rostro con un pasamontaña.
Entre las normativas vigentes que amparan a las comunidades se encuentran: la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17; Convenio 169 de la OIT; Ley 24.071, instrumento que obliga al Estado a garantizar la consulta previa, libre e informada ante medidas que los afecten-; Declaración ONU (2007), así como convenios y tratados internacionales de jerarquía constitucional.
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