Provinciales
Spinelli tras alerta de EE.UU. por bioinsumos: “No vamos a perder mercados”
En medio de la preocupación expresada por la Cámara de Elaboradores de Té (Ceta), por la advertencia desde Estados Unidos sobre la importación de té producido con la utilización de bioinsumos de fabricación local no habilitados en ese país, el diputado provincial y vicegobernador electo, Lucas Romero Spinelli, aseguró que el gobierno de la provincia no permitirá que se cierre ningún mercado a los productos misioneros.
Spinelli se refirió al tema en la sesión de ayer de la Legislatura, luego de que el diputado radical Ariel Pianesi pidiera al pleno el tratamiento preferencial de un proyecto de declaración, expresando la preocupación de la Cámara por una situación que vinculó a la Ley XVI N° 124, que prohíbe el glifosato y lo reemplaza por bioinsumos orgánicos, sancionada en junio de este año.
El vicegobernador electo defendió la legislación que pretende erradicar completamente el agroquímico de Monsanto de la producción misionera para 2025 y la calificó como una “herramienta de vanguardia en el país”.
“Nosotros hemos sancionado en esta Legislatura la ley de promoción del uso de los bioinsumos, una ley que ha estado cerca de cinco años en comisión, una ley que debe ser la ley que más personas han venido a hablar a la Comisión y a exponer sus puntos de vista”, argumentó.
“No solamente nos ocupamos de trabajar una norma, sino también de conseguir que una empresa que tenía radicación en Buenos Aires venga a la provincia y apostar fuertemente a la distribución de los bioinsumos, los biofertilizantes, los estimuladores de crecimiento; los biopesticidas y el nuevo bioherbicida”, remarcó.
“Ahora, estamos trabajando en el decreto reglamentario, que va a considerar rubros; depende de las plantaciones, los tiempos”, explicó Spinelli.
Señaló que la prohibición del glifosato tampoco es inmediata, sino progresiva, y se concretará en un plazo de dos años, teniendo en cuenta las necesidades de los diferentes rubros agrícolas.
“Establecimos la prohibición de acá a un plazo de dos años y lo vamos a ir trabajando en conjunto con todas las cadenas productivas de la producción misionera”, afirmó Spinelli y sentenció: “Por supuesto que no vamos a prohibir un producto en una determinada actividad, haciéndole perder un mercado; siempre hemos apoyado a la producción, siempre hemos apoyado al productor”.
El legislador opinó que las acciones judiciales prometidas por el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, así como una serie de denuncias presentadas en el Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ), pidiendo la inconstitucionalidad de la ley misionera, son operadas por intereses foráneos a la provincia.
“Son presentaciones armadas de sociedades relacionadas con el agro de la gran capital, traídas a los productores, asustándolos con que lo orgánico es malo y lo químico es bueno, porque rinde; un concepto totalmente equivocado”, apuntó.
Por su parte, el proyecto de declaración de Pianesi se aprobó por 37 votos y fue girado a comisión para su discusión y análisis.
La hora del té
El tema escaló en la semana, al conocerse la respuesta que la Asociación del Té de Estados Unidos (Tea Association of te USA Inc) dio a una consulta hecha por Crispin Beitía, de la Cámara de Elaboradores de Té Argentino (Ceta), sobre el uso de bioinsumos alternativos al glifosato.
La nota dirigida a Beitía, de la institución tealera norteamericana fundada en 1899, abre con una mención sobre nuevas legislaciones estadounidenses para el manejo e importación de alimentos, y cierra con la advertencia velada sobre la prohibición de ingreso del té misionero al mercado norteamericano.
“Entendemos que el Gobierno de Misiones ha promulgado una legislación que prohíbe efectivamente el uso de glifosato en aproximadamente dos años”, señala el escrito.
“También entendemos que el glifosato será sustituido en Misiones por un producto de producción local”, agrega y advierte: “Nos gustaría señalar que si se produjera un cambio en el establecimiento de una tolerancia de importación para este nuevo producto químico producido localmente, todos los té que utilicen dicho producto químico se considerarán adulterados y no se permitirá su consumo”.
La institución no se pronuncia a favor ni en contra del glifosato, como tampoco rechaza su sustitución por herbicidas de tipo orgánico, sino que plantea la requisitoria de su homologación en territorio estadounidense.
Los tealeros norteamericanos informan al directivo de la Ceta que la homologación de cualquier nuevo herbicida corresponde a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, en inglés) y conlleva un proceso de 24 meses.
“Si se está trabajando para desarrollar y/o registrar nuevos productos químicos para su uso en el té en su origen, le recomendamos encarecidamente que informe al fabricante del producto químico que debe presentar una solicitud a la EPA solicitando que se establezca una tolerancia de importación para ese producto químico en los Estados Unidos”, recomiendan.
Alarma productiva
La advertencia estadounidense y lo extendido de los plazos para la aprobación del uso de los nuevos bioinsumos en ese país, destino del 66% de las exportaciones de té argentino, encendió la alarma entre los productores misioneros, que producen el grueso de lo exportado al mercado norteamericano.
Una serie de productores presentó un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, pidiendo la declaración de inconstitucionalidad de la ley aprobada por la Legislatura en junio y defendida ayer por Spinelli, que pone como plazo el año 2025 para eliminar la utilización del glifosato en las plantaciones.
A la controversia se sumó el ruralista Pino, quien planteó recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y extender el reclamo a todas las provincias que pretendan introducir modificaciones en los modelos de producción.
“Vamos a plantear la inconstitucionalidad de esta famosa ley de glifosato, pero apuntando no sólo a la provincia de Misiones, porque en Chubut tenemos la misma situación”, afirmó el ruralista.

La nota de la asociación tealera estadounidense a la Ceta.
Provinciales
Caravana de yerbateros llegó a Puerto Iguazú
Cerca de las 13.30, una extensa caravana de camiones, camionetas y colectivos conducidos por productores y trabajadores yerbateros, arribó a la intersección de las rutas 101 y 12 en Puerto Iguazú.
“Estamos al frente de la caravana y son muchísimos los que vienen detrás, entre camiones cargados con los tractores, camionetas y colectivos que trasladan a productores y tareferos. Es muy larga la caravana”, confirmó a LVM Jorge Skripczuk, productor oriundo de Aristóbulo del Valle, quien decidió hacerse presente junto a un grupo de productores que viajó en colectivo.
El objetivo de la movilización a la que bautizaron “Tractorazo”, fue protestar contra la desregulación del sector, logrando mayor visibilidad ante la llegada del presidente Javier Milei, quien participará de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en el hotel Loi Suites de esa ciudad.
Se trata de quienes sostienen una de las principales economías regionales de la provincia y cuyos reclamos se remontan a los últimos tres años, cuando el DNU 70/2023, impulsado por el mandatario nacional, desreguló el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y provocó la caída del precio de la hoja verde a un valor mínimo de $70, cuando hasta ese año rondaba los $400.
De esa manera, la medida modificó el equilibrio dentro de la cadena productiva en la que conviven alrededor de 12 mil productores, con secaderos y grandes industrias que concentran la mayor capacidad de compra.
Los productores reconocen que la desregulación debilitó a los eslabones más bajos de la cadena productiva, ante la caída del precio de la materia prima, el incremento de los costos de producción y los plazos de pago por parte de los secaderos.
A las protestas en la ciudad de las Cataratas también se sumaron sindicatos y gremios que nuclean a los trabajadores del Estado, ATE y CTA, como también organizaciones sociales, políticas y estudiantiles.

Productores llegaron a Iguazú/ Fotos: Marcos Otaño
Provinciales
Emergencia yerbatera y precio mínimo: el proyecto llegó a la Legislatura
La diputada Arabela Soler presentó ayer en la Cámara de Representantes de Misiones un proyecto de ley elaborado por pequeños productores yerbateros que propone declarar por un año la emergencia de la producción primaria y establecer un precio mínimo sostén obligatorio para la hoja verde.
La iniciativa, denominada “Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera”, contempla un régimen extraordinario para los productores que tengan hasta 50 hectáreas cultivadas con yerba mate.
El objetivo, según establece el artículo 1, es “preservar la continuidad de la producción, asegurar la sustentabilidad económica de las explotaciones comprendidas y garantizar un Precio Mínimo Sostén para la hoja verde”.
El proyecto plantea declarar la emergencia en todo el territorio provincial durante 360 días, para los productores alcanzados por la norma. La medida busca, de acuerdo con el texto, “preservar la continuidad de las explotaciones productivas, proteger el trabajo rural, evitar el deterioro del patrimonio productivo y garantizar condiciones de sustentabilidad económica”.
La emergencia podría extenderse por otro período de 360 días, ya sea por decisión del Poder Ejecutivo provincial o de la Legislatura, a solicitud fundada de la autoridad de aplicación.
Precio
El eje central de los productores es la creación de un Precio Mínimo Sostén para la hoja verde, que tendría carácter obligatorio para quienes compren materia prima a los productores incluidos en el régimen.
El artículo 5 establece que ese valor deberá contemplar “la totalidad de los costos directos e indirectos de una explotación eficiente”, además del pago de la mano de obra según la legislación vigente y los valores establecidos para la tarefa.
También deberá incluir las obligaciones tributarias, previsionales y de seguridad social vinculadas con la actividad y “un margen de utilidad que permita la reproducción económica y la continuidad de las unidades productivas”.
El precio deberá actualizarse cada 90 días como máximo, aunque la autoridad de aplicación podrá establecer períodos menores ante circunstancias excepcionales.
A su vez, el artículo 6 dispone que el precio será de “cumplimiento obligatorio” para quienes adquieran la hoja verde de los productores alcanzados. Cualquier acuerdo que establezca un valor inferior será considerado inoponible y el comprador continuará obligado a pagar la diferencia.
“Todo pacto, convenio, cláusula o modalidad contractual que establezca, directa o indirectamente, un precio inferior” al mínimo sostén no liberará al adquirente de abonar la diferencia correspondiente, señala el proyecto.
Control
La iniciativa también prevé mecanismos de fiscalización para controlar que el precio establecido sea efectivamente abonado.
La autoridad de aplicación podrá solicitar contratos, liquidaciones, comprobantes, medios de pago y registraciones contables, además de realizar inspecciones, auditorías y verificaciones sobre las operaciones.
El proyecto incluso contempla la implementación de sistemas de trazabilidad “física, documental y financiera” para las operaciones de comercialización de hoja verde.
En caso de detectar un incumplimiento, la autoridad podrá intimar al responsable a regularizar la operación y pagar al productor las diferencias adeudadas. Esto incluirá los intereses correspondientes y las cargas legales vinculadas con la operación.
Multas y sanciones
La propuesta considera infracciones, entre otras conductas, comprar hoja verde por debajo del Precio Mínimo Sostén, omitir total o parcialmente su pago, simular operaciones para evitar la aplicación de la ley u obstaculizar las tareas de fiscalización.
Las sanciones previstas van desde apercibimientos y multas hasta la suspensión de registros, autorizaciones o habilitaciones vinculadas con la actividad. También se contempla la “inhabilitación temporal para acceder a programas provinciales de promoción, asistencia, financiamiento o beneficios fiscales relacionados con la actividad yerbatera”.
Los fondos obtenidos mediante las multas, según el artículo 13, deberán destinarse exclusivamente al “fortalecimiento de las acciones de fiscalización, control, asistencia técnica, modernización administrativa y demás políticas públicas vinculadas al cumplimiento de los objetivos de la presente ley”.
Quiénes quedarían incluidos
El régimen alcanzaría a personas humanas o jurídicas que desarrollen tareas de implantación, cultivo, conservación, cosecha y comercialización de hoja verde proveniente de explotaciones ubicadas en Misiones, siempre que la superficie cultivada no supere las 50 hectáreas.
Para evitar que el límite sea eludido mediante el fraccionamiento de explotaciones, el proyecto establece que se computarán las superficies de las distintas unidades productivas pertenecientes a una misma persona o a personas vinculadas económicamente.
También quedarían excluidas las explotaciones que, mediante “la división, fraccionamiento o simulación de una unidad productiva mayor”, intenten eludir el límite establecido.
El Poder Ejecutivo provincial será la autoridad de aplicación y deberá reglamentar la norma dentro de los 30 días posteriores a su publicación. Además, podrá establecer convenios con el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), organismos nacionales y municipios para coordinar los mecanismos de control.
La iniciativa presentada por la diputada Soler plantea así una herramienta de emergencia con vigencia transitoria, pero con un mecanismo de protección concreto para los pequeños productores ante la crisis que atraviesan por la desregulación del Inym: fijar un piso obligatorio para el valor de la hoja verde que contemple los costos de producción y permita sostener la actividad en las chacras misioneras.
Yerbateros marchan a Iguazú con carta a Milei: “No son bienvenidos”
Provinciales
Yerbateros marchan a Iguazú con carta a Milei: “No son bienvenidos”
De cara al arribo del presidente Javier Milei a Puerto Iguazú, en el marco de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), productores, asociaciones y miembros de cooperativas yerbateras emitieron una carta dirigida al presidente y al equipo de gobierno que lo acompañaría durante esta jornada.
“Nobleza obliga, lo primero que tenemos que decirles es que no son bienvenidos a la Tierra de la Yerba Mate por una razón muy clara: sus políticas están destruyendo a esta economía regional que durante 100 años dignificó, dinamizó, generó crecimiento y desarrollo para miles de familias”, relatan los referentes del sector en las primeras líneas de la misiva.
Se trata de uno de los momentos de mayor tensión del sector, ante la caída del precio de la materia prima, el incremento de los costos de producción y los plazos de pago por parte de secaderos, por lo que apuntaron contra el libre mercado: “La falsa eficiencia del modelo de libre mercado que pregonan es evidente en cada rincón de nuestro territorio yerbatero y está multiplicando el hambre y la pobreza”.
Seguidamente, enumeraron los factores del modelo económico que impactan negativamente sobre el sector yerbatero. En principio, mencionaron la falta de competencia real por concentración de monopolios. “En mercados con alta concentración, como el yerbatero, la desregulación no generó una baja de precios por competencia. Por el contrario, facilitó que las grandes empresas aumentaran sus márgenes de ganancia a costa de los trabajadores rurales, productores primarios y también consumidores”, explicaron.
También, refirieron a la caída del consumo: “El consumo interno de yerba mate en Argentina se mantiene con una tendencia a la baja, afectado por la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. Las familias redujeron sus compras o cambiaron a formatos y empaques más económicos ante la suba de precios y la merma de ingresos”.
A su vez, aludieron a la destrucción de herramientas que garantizaban calidad al producto y crecimiento en el mercado, tras la desregulación del Inym y la desarticulación de áreas claves como la Técnica, Registro y Fiscalización, y la eliminación de resoluciones históricas del Instituto.
El reclamo continuó apuntando contra el aumento de la pobreza, la caída del precio de la hoja verde, la inflación y los altos costos para la producción (incluyendo subas de combustible, fertilizantes esenciales y costos operativos básicos).
“El desplome de los precios de la hoja verde por debajo de los costos de producción y la fuerte caída del volumen de cosecha tienen su correlato en cada uno de los municipios de Misiones, frenan la dinamización de la economía local y regional”, agregan sobre la crisis a nivel regional.
Y concluyen: “Tanta ruina generada por ustedes, autodefinidos como “el mejor equipo económico de la historia”, queremos decirles que tenemos claro que “no hay mal que dure 100 años” y que “a cada chancho le llega su San Martín”. Por eso, desde aquí, arraigados profundamente a la tierra colorada, con memoria y compromiso con la historia, seguimos trabajando para recuperar todas las facultades del Inym y hacer que los próximos cien años de la yerba mate sean virtuosos, sobre todo para los sectores más vulnerables”.
La misiva lleva las firmas del Movimiento Agrario de Misiones (MAM), la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam), Impulso Yerbatero y la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (ACPYN), como también de los referentes Julio Petterson, Hugo Sand, Antonio Franza, Jorge Skripczuk y Salvador Torres.
El documento es llevado en manos de quienes por estas horas se encuentran marchando en colectivo, desde diferentes localidades de la provincia, y desde Andresito en camiones y tractores por la ruta 101 rumbo a Puerto Iguazú.
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