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Spinelli tras alerta de EE.UU. por bioinsumos: “No vamos a perder mercados”

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En medio de la preocupación expresada por la Cámara de Elaboradores de Té (Ceta), por la advertencia desde Estados Unidos sobre la importación de té producido con la utilización de bioinsumos de fabricación local no habilitados en ese país, el diputado provincial y vicegobernador electo, Lucas Romero Spinelli, aseguró que el gobierno de la provincia no permitirá que se cierre ningún mercado a los productos misioneros.

Spinelli se refirió al tema en la sesión de ayer de la Legislatura, luego de que el diputado radical Ariel Pianesi pidiera al pleno el tratamiento preferencial de un proyecto de declaración, expresando la preocupación de la Cámara por una situación que vinculó a la Ley XVI N° 124, que prohíbe el glifosato y lo reemplaza por bioinsumos orgánicos, sancionada en junio de este año.

El vicegobernador electo defendió la legislación que pretende erradicar completamente el agroquímico de Monsanto de la producción misionera para 2025 y la calificó como una “herramienta de vanguardia en el país”.

“Nosotros hemos sancionado en esta Legislatura la ley de promoción del uso de los bioinsumos, una ley que ha estado cerca de cinco años en comisión, una ley que debe ser la ley que más personas han venido a hablar a la Comisión y a exponer sus puntos de vista”, argumentó.

“No solamente nos ocupamos de trabajar una norma, sino también de conseguir que una empresa que tenía radicación en Buenos Aires venga a la provincia y apostar fuertemente a la distribución de los bioinsumos, los biofertilizantes, los estimuladores de crecimiento; los biopesticidas y el nuevo bioherbicida”, remarcó.

“Ahora, estamos trabajando en el decreto reglamentario, que va a considerar rubros; depende de las plantaciones, los tiempos”, explicó Spinelli.

Señaló que la prohibición del glifosato tampoco es inmediata, sino progresiva, y se concretará en un plazo de dos años, teniendo en cuenta las necesidades de los diferentes rubros agrícolas.

“Establecimos la prohibición de acá a un plazo de dos años y lo vamos a ir trabajando en conjunto con todas las cadenas productivas de la producción misionera”, afirmó Spinelli y sentenció: “Por supuesto que no vamos a prohibir un producto en una determinada actividad, haciéndole perder un mercado; siempre hemos apoyado a la producción, siempre hemos apoyado al productor”.

El legislador opinó que las acciones judiciales prometidas por el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, así como una serie de denuncias presentadas en el Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ), pidiendo la inconstitucionalidad de la ley misionera, son operadas por intereses foráneos a la provincia.

“Son presentaciones armadas de sociedades relacionadas con el agro de la gran capital, traídas a los productores, asustándolos con que lo orgánico es malo y lo químico es bueno, porque rinde; un concepto totalmente equivocado”, apuntó.

Por su parte, el proyecto de declaración de Pianesi se aprobó por 37 votos y fue girado a comisión para su discusión y análisis.

La hora del té

El tema escaló en la semana, al conocerse la respuesta que la Asociación del Té de Estados Unidos (Tea Association of te USA Inc) dio a una consulta hecha por Crispin Beitía, de la Cámara de Elaboradores de Té Argentino (Ceta), sobre el uso de bioinsumos alternativos al glifosato.

La nota dirigida a Beitía, de la institución tealera norteamericana fundada en 1899, abre con una mención sobre nuevas legislaciones estadounidenses para el manejo e importación de alimentos, y cierra con la advertencia velada sobre la prohibición de ingreso del té misionero al mercado norteamericano.

“Entendemos que el Gobierno de Misiones ha promulgado una legislación que prohíbe efectivamente el uso de glifosato en aproximadamente dos años”, señala el escrito.

“También entendemos que el glifosato será sustituido en Misiones por un producto de producción local”, agrega y advierte: “Nos gustaría señalar que si se produjera un cambio en el establecimiento de una tolerancia de importación para este nuevo producto químico producido localmente, todos los té que utilicen dicho producto químico se considerarán adulterados y no se permitirá su consumo”.

La institución no se pronuncia a favor ni en contra del glifosato, como tampoco rechaza su sustitución por herbicidas de tipo orgánico, sino que plantea la requisitoria de su homologación en territorio estadounidense.

Los tealeros norteamericanos informan al directivo de la Ceta que la homologación de cualquier nuevo herbicida corresponde a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, en inglés) y conlleva un proceso de 24 meses.

“Si se está trabajando para desarrollar y/o registrar nuevos productos químicos para su uso en el té en su origen, le recomendamos encarecidamente que informe al fabricante del producto químico que debe presentar una solicitud a la EPA solicitando que se establezca una tolerancia de importación para ese producto químico en los Estados Unidos”, recomiendan.

Alarma productiva

La advertencia estadounidense y lo extendido de los plazos para la aprobación del uso de los nuevos bioinsumos en ese país, destino del 66% de las exportaciones de té argentino, encendió la alarma entre los productores misioneros, que producen el grueso de lo exportado al mercado norteamericano.

Una serie de productores presentó un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, pidiendo la declaración de inconstitucionalidad de la ley aprobada por la Legislatura en junio y defendida ayer por Spinelli, que pone como plazo el año 2025 para eliminar la utilización del glifosato en las plantaciones.

A la controversia se sumó el ruralista Pino, quien planteó recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y extender el reclamo a todas las provincias que pretendan introducir modificaciones en los modelos de producción.

“Vamos a plantear la inconstitucionalidad de esta famosa ley de glifosato, pero apuntando no sólo a la provincia de Misiones, porque en Chubut tenemos la misma situación”, afirmó el ruralista.

proyecto de declaración-ariel-pianesi

La nota de la asociación tealera estadounidense a la Ceta.

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Se levantó el paro y este jueves vuelve el transporte urbano en Montecarlo

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Se levantó el paro y este jueves vuelve el transporte urbano en Montecarlo

Tras llegar a un acuerdo con la empresa Transporte Urbano Montecarlo (TUM), este jueves se reactivará el servicio de colectivos en la ciudad.

La medida de fuerza comenzó el lunes de manera sorpresiva por un reclamo salarial de los choferes, quienes esta tarde, tras negociar con la compañía, decidieron retomar el servicio de transporte a primera hora de mañana.

Los trabajadores habían recibido una primera parte del sueldo el martes, durante el segundo día con las unidades paralizadas, mientras asistían a sus lugares de trabajo.

Sin embargo, durante la jornada de hoy continuaron con la medida en reclamo del depósito total de los haberes. Además, señalaban que la empresa estaba abonando salarios con una escala salarial “atrasada”.

Según confirmó un trabajador de la localidad a LVM, la empresa se comprometió a “cancelar los faltantes de los haberes en las próximas horas”.

Montecarlo sin colectivos desde el lunes por reclamo salarial de choferes

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Montecarlo sin colectivos desde el lunes por reclamo salarial de choferes

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Montecarlo sin colectivos desde el lunes por reclamo salarial de choferes

La ciudad de Montecarlo cumple este miércoles su tercer día consecutivo sin servicio de transporte urbano de pasajeros, a raíz de un paro de choferes iniciado el lunes en reclamo del pago de salarios.

Por estas horas, los trabajadores mantienen diálogo con representantes de la empresa Transporte Urbano Montecarlo (TUM) para destrabar el conflicto y, según advirtió un chofer a LVM, la medida no se va levantar “hasta que se llegue a un acuerdo”.

El paro comenzó de manera sorpresiva el lunes dejando sin servicio a los usuarios de la localidad debido a que la empresa no había depositado los salarios de los choferes.

Para la madrugada del martes, TUM abonó la mitad de los sueldos pero con una escala salarial “vieja”, apuntó el mismo trabajador a este medio.

En esa línea, explicó que compañía lleva retrasos en la actualización de la escala salarial “con dos períodos pendientes de aplicación”.

Cabe mencionar que los choferes se presentaron en sus lugares de trabajo para cumplir sus horarios, sin sacar las unidades a la calle para prestar el servicio.

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Comunidad mbya regresó al predio del que fue desalojada en Garuhapé

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Los ocho integrantes de la comunidad mbya Puente Quemado II regresaron al predio en el que residen, sobre el Lote 178, Parcela 141 del Paraje Cañafístola, de donde el pasado martes 5 de mayo fueron desalojados “de manera encubierta” y demorados durante toda la tarde en la comisaría local.

El regreso se produjo hoy a la siesta, acompañados por miembros del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), quienes los respaldan legalmente. “Estamos en el lugar, en el lote donde la comunidad decidió retomar su territorio y están todos acá”, anticipó a La Voz de Misiones una integrante de la organización.

“Alrededor de las 15 llegaron efectivos de la Policía, tomaron fotos, se subieron a la camioneta y se fueron, pero creemos que podrían haber ido a buscar refuerzos”, señaló.

Sobre el estado del predio, detalló: “Hace unos días les dijeron que tenían permiso para buscar sus cosas, pero cuando voliveron se encontraron con casas destruidas, objetos tirados y otros perdidos, incluso la documentación personal”.

El arribo se dio a una semana de lo que calificaron como un “desalojo encubierto”, con traslado y demora policial, protagonizada por ocho integrantes de la comunidad, bajo una orden del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del juez Manuel Balanda Gómez, tras una denuncia por presunta “usurpación de territorio”, presentada por el empresario Alfredo Ruff

En ese momento, el cacique Santiago Ramos y otros siete integrantes de la comunidad fueron demorados en la Comisaría de Garuhapé, dependiente de la Unidad Regional IV, junto a varias mujeres llevadas con sus bebés y niños en brazos. 

Ante una demora policial que se prolongó durante varias horas, el hecho fue repudiado públicamente por organizaciones como Emipa y la Red Eclesial del Gran Chaco Guaraní (REGCHAG), quienes remarcaron la “gravedad” de la causa por “violar derechos indígenas” e incluir el traslado de menores.

“Resulta particularmente grave que se pretenda encuadrar como “usurpación” una ocupación ancestral protegida por la Constitución Nacional Argentina, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ya que nadie puede ser considerado usurpador en su propio territorio”, manifestaron a través de un comunicado.

Y ahondaron: “El traslado y permanencia de mujeres, niños y niñas en sede policial constituye una situación de especial gravedad que vulnera estándares internacionales de protección y exige una intervención inmediata”. 

Por estas horas los miembros de la comunidad temen al regreso de la fuerza provincial con nuevas actuaciones, pese a que recientemente presentaron un pedido de nulidad absoluta ante la Justicia provincial, junto a una denuncia por “graves irregularidades en el operativo policial realizado la semana pasada sobre territorio indígena reconocido por el Estado”.

Arribo de efectivos policiales al predio de la comunidad en la tarde de hoy

Estado de algunas de las viviendas tras el desalojo el pasado 5 de mayo

Liberan mbyas tras diez horas demorados por conflicto territorial en Garuhapé

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