Provinciales
Misiones, en el eje de una fuerza militar contra el narcotráfico y el cuidado de recursos naturales
POSADAS. La provincia de Misiones quedará en el eje de las acciones de una denominada Fuerza de despliegue Rápido (FDR), cuya creación puso en marcha el Gobierno Nacional para la lucha contra el tráfico de drogas y el cuidado de los recursos naturales, según informes divulgados en Buenos Aires.
La iniciativa, que también comprende en forma especial a los demás estados fronterizos del norte de la Argentina, vulnerable para el narcotráfico, y todo otro punto donde se considere que están en riesgo los recursos naturales, prevé la conformación de la FDR con el Ejército, la Fuerza Área y la Armada.
Una síntesis del objetivo de la Nación, se ubica en la necesidad establecer medidas desde el Ministerio de Defensa para brindar apoyo logístico al Ministerio de Seguridad en todo lo que tiene que ver con operativos contra los carteles de droga en la frontera y el cuidado de recursos naturales.
En ese contexto se supo que también el proyecto apunta a mantener bajo control todo tipo de expresiones sociales que adquieran un cariz violento, como podrían ser los reclamos colectivos o de comunidades específicas, como los pueblos originarios, en atención a los recientes antecedentes de la Patagonia con los mapuches.
El plan de creación de la FDR contempla la compra de helicópteros, el abastecimiento de camiones de brigada, armamento moderno y aviones, lo cual contribuirá con la ampliación de la actual Fuerza de Despliegue Rápido que funciona bajo la órbita exclusiva del Ejército, a la Armada y la Fuerza Aérea.
A pesar del avance del proyecto, la fuentes consultadas advirtieron que “nada se hará por fuera de la ley”, ante una consulta realizada por el periódico porteño Infobae acerca de la expresa prohibición que rige para cualquier injerencia de las Fuerzas Armadas en cuestiones internas del país.
Se sabe sí que la FDR intervendrá como apoyo logístico en operativos de Prefectura, Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria o las policías provinciales, en el marco de una “reestructuración y modernización en la práctica de las Fuerzas Armadas”, según definiciones conocidas en ámbitos del Gobierno.
Con respecto a la localización de la proyectada fuerza, se supo que se instalará en un sitio centralizado de la Argentina para desplegarse rápidamente a diferentes puntos del país, aunque no está claro aún el lugar. Podría ser Córdoba o Tucumán, según esta línea.
En principio, la fuerza a crearse contará con elementos de su similar en la actualidad, como la IV Brigada Aerotransportada, la X Brigada Mecanizada, la Agrupación de Fuerzas Especiales y la Companía de Buzos de Ejército, entre otros, pero deberá sumar unidades de las otras dos fuerzas.
De acuerdo con las mismas fuentes citadas por el diario porteño, en el Gobierno observan que muchos operativos de las fuerzas de seguridad contra el narcotráfico se podrían fortalecer con la ayuda de un apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, por ejemplo en la frontera norte o en la hidrovía del Uruguay y el Paraná con el incremento de los operativos contra las bandas de narcotraficantes.
En tanto, desde las Fuerzas Armadas ven que hace falta una mayor presencia militar para cuidar los recursos naturales. Una alerta que se observó el año pasado fueron los ataques de vandalismo del grupo RAM en la zona de Vaca Muerta donde se puso como blanco a pozos petroleros o refinerías de gas, según los ejemplos enunciados.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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Manifestación tras detención de Ángel Rivero
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